Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Esta Proposición de Ley modifica la Ley 1/2005 para transponer las Directivas (UE) 2023/958 y (UE) 2023/959, actualizando el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).

Los puntos clave incluyen la ampliación del RCDE UE al transporte marítimo y la creación de un nuevo régimen para edificios y transporte por carretera. Se ajusta la asignación gratuita de derechos, se introducen planes de neutralidad climática y se refuerza el régimen sancionador.

Además, se implementa el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) y se detallan disposiciones transitorias y modificaciones en anexos para reflejar estas novedades, buscando una mayor eficacia en la reducción de emisiones y el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE.

El presente documento corresponde a un Debate de toma en consideración de una proposición de ley.

Iniciativa: Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Expediente 122/000170).

Grupo proponente: Grupo Parlamentario Socialista.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Socialista: Defiende la proposición de ley argumentando que es una obligación legal y una exigencia europea, crucial para la industria, el medio ambiente y la economía española. Destaca que la ley incorpora dos directivas europeas del paquete "Objetivo 55" para reducir emisiones contaminantes, alineándose con el objetivo de neutralidad climática de Europa para 2050 y el Pacto Verde Europeo. Señala que España no puede quedarse fuera del mercado europeo, ni permitir que su industria compita en desventaja o incurrir en sanciones millonarias. Resalta que la ley promueve la reducción de emisiones al poner precio al carbono, impulsa tecnologías limpias como el hidrógeno verde, incluye el transporte marítimo y prevé la inclusión del transporte por carretera y la edificación a partir de 2027, además de movilizar fondos europeos del Fondo Social del Clima. Apela a la responsabilidad y a la altura de miras para apartar las cuestiones de partido y priorizar las cuestiones de país, instando al apoyo de todas las fuerzas políticas por responsabilidad, compromiso y futuro.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Considera urgente tramitar la proposición de ley, no solo para evitar multas millonarias y la inseguridad jurídica, sino como una oportunidad para que España lidere un sistema de comercio de emisiones más ambicioso y justo. Señala que el mercado de créditos de carbono ha reducido emisiones, aunque podría ser más ambicioso, y que la trasposición de las directivas acelerará la descarbonización, incentivará tecnologías limpias y pondrá precio al carbono en las importaciones. Destaca la inclusión del transporte por carretera y la edificación en el régimen, pero subraya la urgencia del Fondo Social del Clima para proteger a los sectores vulnerables. Votarán a favor, pero exigirán mayor ambición y que el Gobierno cumpla sus compromisos.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Apoyará la toma en consideración de la ley, aunque considera que llega tarde y mal, evidenciando la debilidad del Gobierno y su desconexión entre objetivos declarados y políticas desplegadas. Señala el retraso de España en la transición ecológica y la incapacidad para reducir emisiones, incluso retrocediendo en algunos aspectos. Critica la falta de ambición y la dependencia de combustibles fósiles. Apoyarán la iniciativa, pero advierten que exigirán al Gobierno coherencia, mayor ambición en la reducción de emisiones y la puesta en marcha de mecanismos de revisión de objetivos.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Votará a favor de la toma en consideración, pero critica al Gobierno por retirar el proyecto de ley anterior para tumbar sus enmiendas, calificando su actuación de autoritaria y poco plural. Señala que sus enmiendas buscaban eliminar el impuesto a la generación eléctrica y prorrogar la vida útil de las plantas de cogeneración, medidas que consideran necesarias para la industria y los ganaderos. Anuncian que seguirán presentando sus enmiendas y que el PSOE podría no contar con sus votos si no se atienden las necesidades de los ganaderos catalanes.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX: Presenta una enmienda a la totalidad para derogar la ley, argumentando que es un impuesto que perjudica a los españoles y a la industria, y que el impacto de España en las emisiones globales es mínimo (0,58%). Critican que la ley impone cargas gravosas a los españoles mientras otros países como China o Marruecos aumentan sus emisiones. Consideran que la ley es un "impuesto al CO2" que destruye la industria española, el empleo y el futuro de los trabajadores. Argumentan que la industria española está en retroceso y que las políticas del Gobierno son dogmáticas e ideológicas, sin impacto real en el clima global. Critican la política energética del Gobierno, la dependencia del gas ruso y el posible cierre de centrales nucleares.
• Grupo Parlamentario Popular: Señala que la proposición de ley llega tarde y mal, y critica al Gobierno por retirar el proyecto anterior en lugar de aceptar sus enmiendas sobre la factura eléctrica y la cogeneración. Argumentan que la ley no destina adecuadamente los ingresos de los derechos de emisión a compensar a las compañías y que la fiscalidad debería incentivar la agricultura y el sector forestal. Exigen mayor transparencia en el destino de los ingresos y la creación de un fondo nacional de transición industrial. Critican la exclusión del transporte marítimo y las cargas adicionales que supone.

Acuerdo/Desacuerdo/Matices:

• Acuerdo: Existe un acuerdo generalizado en la necesidad de abordar la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptar la legislación española a las directivas europeas.
• Desacuerdo: El principal punto de desacuerdo radica en la forma de abordar la reducción de emisiones y sus consecuencias económicas y sociales. VOX se opone frontalmente a la ley por considerarla un impuesto perjudicial para la industria y los españoles. El PP critica la gestión del Gobierno, la falta de aceptación de sus enmiendas y la necesidad de mayor transparencia en el destino de los ingresos. Junts per Catalunya y EH Bildu, aunque apoyan la toma en consideración, señalan la tardanza y la insuficiencia de la propuesta, y critican la gestión del Gobierno y la falta de atención a sectores específicos como la cogeneración o los ganaderos.
• Matices: El Grupo Parlamentario Socialista defiende la ley como una necesidad y una oportunidad, mientras que otros grupos expresan reservas sobre la gestión del Gobierno y la necesidad de mejoras en la tramitación parlamentaria.

Resultado de la votación: La toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista fue aprobada por 176 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.

El grupo parlamentario que ha retirado su firma es: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

Esto significa que dicho grupo deja de ser coautor de la proposición y ya no respalda oficialmente su contenido, aunque la iniciativa puede continuar si otros grupos mantienen su apoyo.

La Proposición de Ley para modificar la Ley 1/2005 sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ha sido admitida a trámite, siendo el Grupo Parlamentario Socialista su autor.

Se ha acordado que la propuesta para modificar la ley sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero sea tramitada con urgencia por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la cual tendrá la capacidad de aprobarla definitivamente. Se abre un plazo de ocho días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus enmiendas.