Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española

Este Proyecto de Ley busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión, autonomía y accesibilidad universal, en línea con el artículo 49 de la Constitución. Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la dependencia.

Se establece la accesibilidad universal como un derecho, se asimilan grados de dependencia a discapacidad y se crea un Programa Estatal para financiar mejoras en accesibilidad. Se refuerza la protección de mujeres y niños con discapacidad y se aborda la IA. Se promueve un modelo de atención centrado en la persona, prohibiendo sujeciones innecesarias y reconceptualizando servicios como teleasistencia, asistencia personal y ayuda a domicilio.

La ley también introduce mejoras en centros de día, atención residencial y cuidados en viviendas, además de productos de apoyo y promoción de la autonomía. Se eliminan incompatibilidades de prestaciones y se agilizan trámites. Se actualizan normativas sobre propiedad horizontal, seguros, régimen local y patrimonio histórico para mejorar la accesibilidad y no discriminación. Se refuerza la protección contra delitos y se promueve la investigación e innovación en el sector.

Se ha aceptado la tramitación por procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad, sin especificar los grupos parlamentarios que lo solicitaron.

Enmienda 1: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

• Objeto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno por considerar que invade competencias autonómicas, se extralimita en sus títulos competenciales y no se adecua al marco constitucional y estatutario, especialmente en lo referente al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
• Modificación(es):
  • Argumenta que el proyecto promueve cambios sustanciales en materia de atención a personas con discapacidad y dependencia desde una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas en servicios sociales, políticas de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.
  • Señala que la Ley de dependencia original ya fue considerada inconstitucional en un 70% por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña por interferir en el ámbito de los servicios sociales catalanes y fijar el grado de dependencia al margen de las competencias de la Generalitat.
  • Critica que la propuesta actual ignora el modelo catalán de atención a la discapacidad y dependencia, que ya está adaptado a los principios de vida independiente, soporte personalizado e inclusión comunitaria.
  • Cuestiona la gestión centralizada del Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal sin transferirlo íntegramente a la Generalitat.
  • Expone observaciones adicionales:
    • La asimilación automática del 33% de discapacidad a cualquier situación de dependencia no es adecuada y puede generar inseguridad jurídica.
    • Es necesario adoptar la definición de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) para un enfoque social de la discapacidad.
    • La desinstitucionalización debe ser progresiva y bien financiada, evitando modelos asistencialistas.
    • Se debe prohibir la institucionalización forzosa, especialmente en discapacidad psicosocial.
    • Se debe potenciar la figura del asistente personal y garantizar el derecho a la vida independiente.
    • La asistencia personal debería ser universal para todas las personas con discapacidad.
    • La teleasistencia como derecho subjetivo es positiva, pero no sustituye a servicios presenciales.
    • Se debe garantizar el acceso a soportes comunitarios.
    • La accesibilidad debe incluir la comunicativa, cognitiva y social, no solo la física.
    • El registro estatal de tarjetas de estacionamiento es contrario al reparto competencial y no respeta la definición de discapacidad de la CDPD.
    • Es necesario eliminar progresivamente el empleo segregado.
    • Se deben establecer incentivos reales para el sector privado y garantizar el cumplimiento de cuotas de inserción laboral.
    • Se debe incorporar el modelo de presupuestos personales.
• Efecto: Solicita la devolución completa del proyecto de ley al Gobierno para su reformulación, argumentando la vulneración de competencias autonómicas y la necesidad de un enfoque menos centralista y más respetuoso con los estatutos de autonomía.

Enmienda 2: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

• Objeto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno por considerar que las modificaciones propuestas en relación con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tienen difícil encaje dentro del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, afectando especialmente a las competencias del País Vasco y Navarra.
• Modificación(es):
  • Reconoce que el texto relativo a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad ha subsanado cuestiones competenciales, pero considera que el texto sobre la Ley de Dependencia presenta una significativa interferencia estatal.
  • Argumenta que la Ley 39/2006 ya generó debate competencial por incardinarse en una materia de competencia exclusiva autonómica.
  • Critica que el proyecto detalla aspectos como las condiciones específicas de acceso a servicios y tipos de prestaciones (productos de apoyo, órganos de valoración, capacidad económica, participación en costes, acreditación de calidad, estándares de empleo), lo que considera una injerencia estatal que no deja margen suficiente para el desarrollo autonómico.
  • Considera que la intervención del Consejo Territorial de Servicios Sociales excede el régimen ordinario de cooperación voluntaria, llegando a ser de obligado cumplimiento y habilitando al Gobierno estatal para su aprobación reglamentaria.
  • Sostiene que la salvaguarda de las competencias autonómicas exige que los criterios del Consejo Territorial sean solo aplicables a las CCAA que se sumen voluntariamente.
  • Señala un incremento presupuestario no analizado adecuadamente en la memoria y la ausencia de un compromiso explícito de cofinanciación estatal.
• Efecto: Solicita la devolución del proyecto de ley al considerar que la extensión y refuerzo de los derechos de las personas en situación de dependencia debe respetar las competencias autonómicas y contar con un análisis económico previo suficiente.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Las enmiendas presentadas a la iniciativa legislativa plantean una oposición frontal a la continuidad de su tramitación, solicitando su devolución al Gobierno. Las dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), coinciden en argumentar una invasión de competencias autonómicas por parte del Estado.

La enmienda de Junts per Catalunya argumenta que el proyecto de ley adopta una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas en servicios sociales y atención a la dependencia. Critica la gestión centralizada de fondos y la falta de respeto al modelo catalán de atención, además de señalar aspectos específicos como la asimilación automática de discapacidad a dependencia, la necesidad de adoptar la definición de la Convención de la ONU, y la falta de progresividad en la desinstitucionalización.

Por su parte, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se centra en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, considerando que las modificaciones propuestas detallan aspectos que deberían ser competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, como la determinación de la capacidad económica, los criterios de participación en costes o los estándares de calidad de empleo. Señala que la intervención del Consejo Territorial de Servicios Sociales excede el ámbito de cooperación voluntaria y que el proyecto no contempla un análisis económico previo suficiente ni un compromiso explícito de cofinanciación estatal.

Ambas enmiendas coinciden en la necesidad de respetar el marco competencial autonómico y solicitan la devolución del proyecto para su reformulación, poniendo de manifiesto una profunda discrepancia sobre el alcance de la intervención estatal en materias de servicios sociales y dependencia.

Resumen del debate en Comisión (comparecencia) sobre el Proyecto de Ley 121/000064
Modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Intervención / Grupo	Argumentos principales a favor	Argumentos o matices críticos	Posición final
Presidente del CERMI (Luis Cayo Pérez Bueno)	– Recibe la iniciativa con “favorable”. – Destaca que la reforma concreta el artículo 49 de la Constitución (derechos, autonomía, accesibilidad universal). – Señala la participación previa del movimiento social en la elaboración del texto. – Pide apoyo constructivo de los grupos parlamentarios y una tramitación rápida. – Subraya dos prioridades: regular un copago justo en la dependencia y potenciar la asistencia personal. – Insiste en la necesidad de financiación estructural para el bloque de autonomía y dependencia.	– No se presentan argumentos en contra.	Apoyo pleno (solicita que el proyecto salga “propio” del Parlamento).
Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera)	– Agradece la comparecencia y reconoce la ley de dependencia como pilar del Estado de bienestar. – Coincide en la necesidad de sostenibilidad financiera, profesionalización y enfoque de género en los cuidados.	– No se expresan objeciones.	Apoyo.
Grupo Plurinacional SUMAR (Sr. Martínez Hierro)	– Valora el proyecto como “consenso” y culminación lógica del artículo 49. – Resalta la alineación con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. – Destaca la necesidad de financiación estructural del nuevo modelo de cuidados.	– No se registran críticas.	Apoyo.
Grupo Socialista (Sr. Sáez Cruz)	– Felicita la iniciativa y la considera un avance social. – Señala que la reforma incorpora la Convención de la ONU y el nuevo mandato constitucional. – Reitera la necesidad de reforzar la financiación y la autonomía personal.	– No se expresan objeciones.	Apoyo.
Grupo Popular (Sr. Belda Pérez‑Pedrero)	– Reconoce la importancia del proyecto y pide que se mantenga el diálogo con el movimiento social. – Pregunta si la reforma eliminará la “lacra” del copago y si será sostenible a medio‑largo plazo.	– No se presentan argumentos en contra, solo preguntas de aclaración.	Apoyo (condicionado a respuestas sobre copago y financiación).
Otros grupos (VOX, etc.)	– No intervinieron directamente sobre este proyecto de ley; sus intervenciones se centraron en otras proposiciones no de ley.	– No se menciona oposición al proyecto de ley.	No se menciona.

Acuerdos y matices relevantes

• Amplio consenso: Todas las intervenciones que abordaron el proyecto de ley expresaron apoyo y resaltaron la necesidad de reforzar la financiación, eliminar el copago injusto y potenciar la asistencia personal.
• Puntos de mejora solicitados:
  1. Copago en dependencia – El CERMI recuerda una iniciativa popular (ILP) pendiente desde 2015 y pide que se regule.
  2. Financiación estructural – Reiterado por CERMI, SUMAR y el Grupo Socialista; se solicita un aporte económico “extraordinario” y sostenible.
  3. Asistencia personal – Se pide que el modelo de cuidados incluya este recurso como la prestación más inclusiva.
• No se registran argumentos en contra ni propuestas de enmienda que rechacen el texto; los debates se centraron en perfeccionarlo y garantizar su viabilidad financiera.

Conclusión
En la comparecencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, el proyecto de ley 121/000064 recibió un acuerdo amplio entre los grupos parlamentarios presentes (CERMI, Mixto, SUMAR, Socialista y Popular). Los debates se limitaron a matices de mejora (copago, financiación y desarrollo de la asistencia personal) sin que se expresara oposición directa al contenido esencial del proyecto. No se menciona ningún voto en contra ni rechazo dentro del fragmento analizado.

Resumen del Debate de totalidad (expediente 121/000064)

Objeto del debate
Votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, que pedía la devolución al Gobierno del proyecto de ley que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 39/2006 de Dependencia.

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1. Argumentos a favor de la reforma (defendidos por el Gobierno y los grupos que la apoyan)

Interventor	Principales argumentos
Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Bustinduy Amador)	• La reforma actualiza la normativa a la realidad demográfica y laboral de 2025. • Cambia el modelo asistencialista por uno centrado en la persona, la autonomía y la atención domiciliaria. • Crea un fondo estatal de accesibilidad universal y modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar obras de accesibilidad. • Reconoce y valora el trabajo de los cuidadores, ampliando prestaciones y fomentando investigación. • Asegura que la financiación del sistema de dependencia se incrementará (más de 3 700 M€ en 2025, +7,5 % respecto a 2024) y que el Estado cubrirá el 50 % de los costes, como establece el acuerdo de gobierno.
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Martínez Hierro)	• La reforma concreta la consagración constitucional del artículo 49 y responde a la larga marcha del movimiento de personas con discapacidad. • Introduce nuevas prestaciones (p.ej. ayuda transitoria, teleasistencia como derecho, reconocimiento de cuidadores no profesionales). • Mejora la accesibilidad, la compatibilidad con el empleo y la calidad del trabajo de cuidados. • Defiende que el texto respeta las competencias autonómicas y que, aunque quedan aspectos mejorables, la vía de enmiendas parciales permitirá ajustarlo.
Grupo Mixto (Santana Perera)	• Apoya el proyecto por los avances en accesibilidad, asistencia personal y reconocimiento de la doble discriminación (discapacidad + género). • Advierte que sin recursos concretos los derechos quedarían en “palabras bonitas”.
Grupo Vasco (EAJ‑PNV – Vaquero Montero)	• Retira la enmienda a la totalidad y propone trabajar con enmiendas parciales para corregir los puntos que consideran invasivos de competencias y de financiación.
Grupo Euskal Herria Bildu (Pozueta Fernández)	• Ve la reforma como una oportunidad para avanzar en derechos y calidad de vida, pero pide garantías de financiación y respeto a las competencias autonómicas.
Grupo Republicà (Salvador i Duch)	• Vota a favor de la tramitación, reconociendo la invasión competencial pero asegurando que puede resolverse en la fase de enmiendas.
Grupo Socialista (Sáez Cruz)	• Subraya la necesidad de financiar los nuevos derechos y el papel del fondo de accesibilidad. • Destaca la reducción de burocracia y la equiparación de grados de dependencia y discapacidad.
Grupo Popular (Belda Pérez‑Pedrero)	• Reconoce la necesidad de recursos y la importancia de la financiación, pero considera que el proyecto avanza en la dirección correcta y está dispuesto a colaborar en su mejora.

Punto clave: la mayoría de los grupos que apoyan la reforma reconocen que aún quedan cuestiones por afinar (principalmente financiación y algunos aspectos competenciales), pero consideran que la vía de enmiendas parciales es suficiente para corregirlas y que la reforma debe seguir adelante.

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2. Argumentos en contra de la reforma (defendidos por Junts per Catalunya y sus aliados)

Interventor	Principales argumentos
Junts per Catalunya (Cruset Domènech)	• Invasión competencial: la ley asume competencias exclusivas de las comunidades autónomas (servicios sociales, dependencia, autonomía personal) vulnerando el Estatuto de Autonomía de Cataluña. • Falta de financiación: no se incluye cálculo del impacto presupuestario ni compromiso estatal de cofinanciación; la contribución del Estado está muy por debajo del 50 % exigido por la ley de dependencia. • Consecuencias reales: cita cifras de muertos en listas de espera (≈ 70 000 en Cataluña, 103 000 en España desde 2017) y la reducción del gasto per cápita para dependientes (‑27 % entre 2010 y 2024). • Acusa al Gobierno de “palabras sin acción” y de usar la ley como presión política sobre los partidos nacionalistas.
VOX (De Meer Méndez)	• Reitera la acusación de centralismo y vulneración de competencias catalanas. • Señala la ausencia de recursos económicos y la “papeleta mojada” de la reforma. • Critica la falta de coherencia entre la aprobación de la ley ELA (con financiación) y la actual propuesta sin garantías de fondos.
Otros grupos que votaron contra la enmienda (aunque no presentaron una enmienda propia)	• Comparten la preocupación por la competencia (Euskadi, Cataluña) y por la financiación insuficiente. • Piden que la normativa respete el marco autonómico y que se garantice el 50 % de la financiación estatal.

Resumen del rechazo: Junts y VOX sostienen que la reforma, tal como está redactada, es ilegítima porque centraliza competencias y carece de los recursos necesarios para su puesta en práctica.

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3. Resultado de la votación

• Votos emitidos: 347
• A favor de la enmienda a la totalidad (rechazo del proyecto): 7
• En contra: 171
• Abstenciones: 169

Conclusión: La enmienda a la totalidad presentada por Junts per Catalunya fue rechazada con una amplia mayoría de votos en contra. El proyecto de ley continuará su tramitación, pasando ahora a la fase de enmiendas parciales, donde los grupos parlamentarios podrán seguir discutiendo los puntos de competencia y financiación señalados.

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Este resumen se basa exclusivamente en el fragmento del Diario de Sesiones proporcionado y no incluye información externa.

Resumen de la Avocación del proyecto de ley 121/000064
“Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de la Ley 39/2006, para reforzar la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal (artículo 49 CE)”

Aspecto	Información que aparece en el fragmento
Argumentos a favor	No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones.
Argumentos en contra	No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones.
Grupos parlamentarios que defendieron cada posición	No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones.
Resultado de la votación	338 diputados votaron a favor de la avocación, 6 se abstuvieron. No hubo votos en contra.
Acuerdo / desacuerdo	Acuerdo amplio: la iniciativa quedó “avocada a Pleno”, es decir, remitida al Pleno para su deliberación y votación final, con una mayoría abrumadora a favor. No se registraron matices de oposición.
Interpretación del tipo de documento	La “avocación” es el procedimiento mediante el cual el Pleno asume la competencia para debatir y votar directamente una iniciativa legislativa que había sido tramitada en comisión. En este caso, el Pleno decidió asumir la iniciativa y pasarla a votación final.

Nota aclaratoria

• Avocación: paso parlamentario que transfiere la iniciativa del ámbito de la comisión al Pleno, permitiendo su debate y votación final.
• Abstención: voto que no se cuenta ni como a favor ni como en contra; en este caso, solo 6 diputados se abstuvieron.

En resumen, el documento registra únicamente la solicitud de avocación y el resultado de la votación, con un amplio consenso a favor y sin que se hayan expuesto públicamente argumentos ni posiciones de los grupos parlamentarios en el fragmento consultado.

El Pleno ha avocado el debate y la votación final del Proyecto de Ley 121/000064, que modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la dependencia. Antes de la avocación, la gestión correspondía a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.

Documento demasiado largo, no puede ser analizado por los modelos.

Resumen del dictamen (Comisión de Derechos Sociales y Consumo – Nº 603, 9 jul 2026) sobre el proyecto de ley 121/000064

Objetivo del dictamen
Emitir el dictamen a la vista del informe de la ponencia del proyecto de ley que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con el fin de reforzar la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal (artículo 49 CE).

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1. Argumentos principales a favor

Grupo / Intervención	Principales argumentos a favor
Grupo Mixto (Podemos) – Noemí Santana	Reconoce avances (nuevos servicios, fortalecimiento de la asistencia personal, reconocimiento de cuidadores) pero insiste en que la ley necesita financiación suficiente y garantías de pago para que los derechos sean reales. Propone una prestación económica vinculada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cuidadores.
Grupo Parlamentario Vasco – Vaquero	Defiende la competencia autonómica: la reforma debe respetar el reparto competencial y evitar “invasiones” de la comunidad foral. Apoya las enmiendas parciales que limitan el alcance competencial y que mejoran el texto, siempre que el Gobierno garantice la co‑financiación.
Euskal Herria Bildu – Pozueta	Destaca la claridad competencial, la reducción del plazo máximo de valoración a tres meses, la incorporación del asistente personal como derecho y la perspectiva de género. Señala que la ley avanza en la protección de cuidadores y en la accesibilidad universal.
ERC – Jordi Salvador	Subraya la reducción de listas de espera (‑21 %), el aumento de prestaciones (ej. 660 €/mes para grado III) y la necesidad de financiación garantizada. Apoya la reforma como paso histórico, aunque reclama que la financiación sea sostenible.
SUMAR – Lander Martínez	Resalta la mejora de la autonomía, la ampliación de derechos (acceso a prestaciones, reconocimiento de cuidadores no familiares) y la aprobación del Real Decreto‑ley de financiación que cubre el 50 % del gasto. Invita a los grupos a votar a favor para consolidar el consenso.
PSOE – Inés Plaza	Enfatiza el consenso alcanzado, la incorporación de nuevos conceptos (vida independiente, derechos de personas cuidadoras, compatibilidad de prestaciones) y la garantía del 50 % de co‑financiación. Considera que la ley, mejorada por el trabajo parlamentario, es un avance significativo.
VOX – Blanca Armario	Acepta la necesidad de reforzar derechos, pero insiste en que la memoria económica y la financiación real son imprescindibles. Apoya enmiendas que eviten que la norma quede sin recursos.

En conjunto, la mayoría de los grupos reconoce que el proyecto introduce nuevos derechos, reconocimiento de cuidadores, mejora de la accesibilidad y una mayor protección de la autonomía, pero todos coinciden en que la financiación y el respeto a la competencia autonómica son condiciones esenciales para que la reforma sea eficaz.

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2. Argumentos principales en contra / críticas

Grupo / Intervención	Principales críticas
Junts per Catalunya – Pilar Calvo	Califica el proyecto de “cheque sin fondo”, advierte de que la falta de garantía de financiación (no hay memoria económica) obligará a Cataluña a asumir costes sin respaldo estatal. Exige que el Estado cubra al menos el 50 % de los gastos y respete la competencia autonómica.
PP – Enrique Belda	Señala la ausencia de presupuesto y la falta de información sobre la sostenibilidad financiera. Critica la acumulación de transacciones que complica la norma y pide que se aclare cómo se pagarán las nuevas prestaciones a partir de 2027.
VOX	Reitera que sin una memoria económica la ley es meramente declaratoria. Advierte de la fragmentación competencial (17 comunidades) y de la imposibilidad de garantizar derechos sin recursos.
Podemos (aunque a favor)	Señala que la ley no garantiza la financiación de los derechos reconocidos y que los recortes de competencias (PP) ponen en riesgo la efectividad de la normativa.
Euskadi	Reitera que la reforma puede erosionar competencias autonómicas si no se limita su alcance.

En síntesis, las críticas se centran en dos ejes: (1) la carencia de una memoria económica y de compromisos claros de financiación (especialmente el 50 % estatal) y (2) el riesgo de vulnerar la competencia autonómica, lo que podría generar desigualdades entre comunidades.

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3. Resultado de la votación y matices

• Votación del dictamen final: 20 votos a favor, 17 en contra → dictamen aprobado.
• Enmiendas transaccionales: de 12 propuestas, 9 fueron aprobadas y 3 rechazadas.
• Enmiendas parciales de los grupos: la gran mayoría fueron rechazadas (solo unas pocas fueron aprobadas, como la enmienda 38 del Grupo Mixto y la enmienda 109 de un diputado).
• Correcciones técnicas (5) fueron aprobadas con amplio respaldo (19 a favor, 3 en contra, 15 abstenciones).

Interpretación

• Existe consenso parcial: la mayoría de los grupos apoyó la aprobación del proyecto pese a sus reservas sobre financiación y competencias.
• La reprobación de la mayoría de las enmiendas muestra que, aunque se aceptó la reforma global, los grupos no lograron incorporar la mayoría de sus propuestas específicas.
• Los grupos que defendieron la necesidad de garantías financieras (Junts, PP, VOX) mantuvieron su postura crítica, pero no impidieron la aprobación del dictamen.
• Los grupos progresistas (Podemos, Euskadi, Bildu, ERC, SUMAR, PSOE) coincidieron en que la ley representa un paso adelante, aunque con “límites” que deberán superarse en el futuro.

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4. Conclusión

El dictamen del proyecto de ley 121/000064 fue aprobado en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, reflejando un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de reforzar los derechos de las personas con discapacidad y de dependencia. Sin embargo, el debate dejó clara la división respecto a la financiación y al respeto de la competencia autonómica: los grupos que demandan garantías económicas y una mayor protección de las competencias regionales expresaron su desacuerdo mediante la mayoría de sus enmiendas, mientras que los grupos que defendieron la reforma como avance social apoyaron la iniciativa pese a reconocer que aún quedan pendientes mejoras en financiación y en la universalidad del sistema de cuidados.

Este resumen se basa exclusivamente en el fragmento del Diario de Sesiones proporcionado.

Resumen del proceso de aprobación del proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (expediente 121/000064).

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1. Argumentos a favor y los grupos que los defendieron

Grupo parlamentario	Principales argumentos a favor
Socialista (Grupo Parlamentario Socialista)	Destaca que la norma avanza hacia un modelo de cuidados basado en derechos, autonomía personal y vida independiente; reconoce a la cuidadora principal, elimina incompatibilidades de prestaciones y amplía la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Subraya la financiación estatal de 2 218 M€ (casi 5 veces la de 2018) y el compromiso de que el Estado cubra el 50 % del gasto certificado.
Plurinacional SUMAR	Recalca la necesidad de reconocer el trabajo de cuidados como pilar del Estado del bienestar, la incorporación de la perspectiva de género y la eliminación de copagos. Apoya la enmienda transaccional que consolida la financiación y la corrección técnica.
Euskal Herria Bildu	Señala la mejora del procedimiento de valoración (plazo máximo de tres meses), la incorporación del derecho a la asistencia personal y la transparencia en la titularidad de plazas. Defiende la ampliación de derechos sin crear nuevas barreras y la necesidad de una financiación estable.
PNV (Grupo Vasco)	Insiste en el respeto competencial (las comunidades autónomas deben gestionar sin imposiciones uniformes) y en la garantía del 50 % de financiación estatal, que ya está comprometida. Valora la ampliación de prestaciones, la protección de cuidadores y la creación de una ventanilla única.
Junts per Catalunya	Defiende el control total de Cataluña sobre sus servicios sociales y la corresponsabilidad económica al 50 %. Resalta la eliminación de listas de espera y la necesidad de que el Estado aporte recursos suficientes para evitar que las comunidades asuman costes desproporcionados.
Euskal Herria Bildu (reiterado)	Aporta datos sobre la carga financiera que recae sobre las comunidades (72,9 % del gasto total) y exige que el acuerdo de financiación sea respetado.
BNG (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu)	Pide un aumento de la financiación (50 % del gasto certificado) y la ampliación de prestaciones y asistencia personal, aunque reconoce que la propuesta no es lo suficientemente ambiciosa.
Otros grupos que apoyaron (Mixto, Plural SUMAR, etc.)	En general, coincidieron en que la reforma introduce mejoras importantes (reconocimiento de la cuidadora, mayor autonomía, reducción de copagos, mayor financiación) y que, pese a sus limitaciones, es un paso adelante para millones de personas.

2. Argumentos en contra y los grupos que los presentaron

Grupo parlamentario	Principales argumentos en contra
Popular (Grupo Popular)	Asegura que, aunque el contenido de la ley es positivo, la financiación sigue siendo insuficiente y que el compromiso del 50 % del gasto certificado no está garantizado de forma concreta. Rechaza la ausencia de una memoria económica clara y advierte de riesgos presupuestarios.
VOX	Critica la falta de garantías de financiación y la posible imposición de costes a las comunidades autónomas, que según ellos generaría desigualdades territoriales. Además, cuestiona la inclusión de personas solicitantes de asilo y la supuesta “ideología” de la reforma, argumentando que la ley no debe crear nuevas etiquetas sin recursos reales.
Otros grupos que votaron en contra (PP y VOX)	Votaron “no” en la votación final (33 votos en contra). Sus intervenciones subrayan la necesidad de un mayor respaldo económico y la defensa del modelo de competencias autonómicas sin que el Estado imponga uniformidad.

3. Resultado de la votación y matices

Ítem	Resultado
Aprobación del dictamen	179 votos a favor, 33 en contra, 137 abstenciones. La iniciativa quedó aprobada.
Enmiendas	Todas las enmiendas fueron rechazadas excepto: • Enmienda transaccional en Comisión 12 (presentada por el Grupo Socialista y Plurinacional SUMAR) – aprobada (179 sí / 169 no). • Enmienda de corrección técnica n.º 1 (presentada por Plurinacional SUMAR) – aprobada (178 sí / 171 no).
Acuerdo general	La mayoría de los grupos progresistas (Socialista, SUMAR, Bildu, PNV, Junts, BNG, Mixto) apoyaron la ley y sus enmiendas clave. Los grupos de la derecha (Popular y VOX) se opusieron, principalmente por la falta de garantías financieras y por consideraciones de competencia territorial.
Matices	- Algunas voces (por ejemplo, del Grupo Socialista) reconocieron que la reforma no es “todo lo ambiciosa que hubieran querido”, pero la consideraron suficiente para avanzar. - El Grupo Popular, aunque crítico, no impidió la aprobación al abstenerse en gran parte. - VOX mantuvo una postura firme contra la norma, señalando que la ausencia de financiación real convierte los derechos en “papel mojado”.

4. Conclusión

El proyecto de ley fue aprobado con una mayoría clara de votos a favor, pese a la oposición de los grupos Popular y VOX, que centraron sus críticas en la insuficiencia y la falta de garantías de financiación, así como en la posible vulneración de competencias autonómicas. Los grupos que defendieron la iniciativa resaltaron la ampliación de derechos, la inclusión de la figura de la cuidadora, la mejora de la accesibilidad y la financiación estatal comprometida, considerándola un paso significativo hacia un modelo de cuidados más justo y universal.