Comparecencia de doña Emiliana Vicente González, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, acordada por la citada Comisión, en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española

El fragmento del Diario de Sesiones corresponde a la comparecencia de doña Emiliana Vicente González, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, en relación con un Proyecto de Ley destinado a modificar la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Resumen de la comparecencia:

Doña Emiliana Vicente González, en representación del Consejo General del Trabajo Social, expuso la visión de la profesión sobre el proyecto de ley, destacando la importancia de los cuidados, la perspectiva de género, los determinantes sociales de la salud y el sistema público de servicios sociales.

Argumentos principales y puntos clave:

• A favor del proyecto de ley (con matices):

  • Se valora positivamente la conexión entre los grados de dependencia y discapacidad, así como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la Ley ELA.
  • Se considera que la ley avanza en la promoción de la autonomía personal, un aspecto que considera fundamental y que a veces queda eclipsado por el término "dependencia".
  • Se subraya la necesidad de incrementar la financiación y garantizar la equidad territorial en el acceso a los servicios, criticando las disparidades entre comunidades autónomas.
  • Se aboga por un modelo residencial centrado en la persona, con unidades de convivencia más pequeñas y alejadas de los grandes centros, especialmente en zonas rurales.
  • Se destaca la importancia de reforzar el servicio de ayuda a domicilio y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
  • Se propone la simplificación de trámites administrativos y la transformación digital, pero con atención a la brecha digital que afecta a colectivos vulnerables.
  • Se enfatiza la necesidad de personalizar los servicios y prestaciones, incrementando la intensidad y flexibilidad de los mismos.
  • Se propone una estrategia estatal de coordinación y cohesión que incluya a los ayuntamientos.
  • Se recalca la perspectiva de género en los cuidados y la necesidad de corresponsabilidad.
  • Se defiende la profesionalización y el reconocimiento del trabajo social, solicitando su intervención en todas las fases del proceso de atención y su reconocimiento como profesión sanitaria.
  • Se subraya la importancia del diagnóstico y el informe social como elementos centrales.
  • Se considera positiva la asimilación entre grados de dependencia y discapacidad.
  • Se proponen disposiciones adicionales para reconocer la esencialidad del sistema público de servicios sociales y las emergencias sociales.

• Deficiencias y preocupaciones señaladas:

  • Tiempos de espera excesivos y trámites burocráticos asfixiantes.
  • Disparidades territoriales en el acceso a los servicios.
  • Falta de personal y elevada carga de gestión en los servicios comunitarios.
  • Privatización de servicios y cuestionamiento de las condiciones laborales del personal.
  • Infrafinanciación y insuficiencia de recursos.
  • Burocratización, lentitud y falta de transparencia.
  • Desinstitucionalización y la necesidad de que no suponga una merma en las plazas residenciales o una falta de personal capacitado.
  • La brecha digital que puede excluir a personas vulnerables.
  • La ratio de profesionales (una trabajadora social por cada 9500 habitantes, frente a la deseada de 1 por cada 3000).

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

La compareciente, si bien valora positivamente el proyecto de ley y los avances que supone, señala importantes matices y deficiencias que considera cruciales para su correcta implementación. Hay un acuerdo general en la necesidad de reformar el sistema, pero se insiste en la urgencia de abordar la financiación, la equidad territorial, la mejora de las condiciones laborales y la simplificación de los trámites. Se observa una preocupación compartida por la desinstitucionalización y su correcta aplicación, así como por la brecha digital.

Grupos parlamentarios que intervinieron y sus posturas:

• SUMAR: Expresó una visión positiva de la reforma, compartiendo el diagnóstico y recogiendo las aportaciones para el trabajo legislativo. Destacó la importancia de la desinstitucionalización y la vida en comunidad.
• VOX: Mostró preocupación por la desinstitucionalización y la posible merma de plazas residenciales, así como por la necesidad de personal capacitado y la inequidad territorial.
• Socialista: Valoró positivamente la conexión entre dependencia y discapacidad, la ruptura con el modelo asistencialista y la garantía de igualdad de acceso a los servicios. Reconoció la necesidad de mayor financiación y la importancia del consenso.
• Popular: Compartió los objetivos de la ley pero criticó la falta de financiación concreta y planes evaluables. Cuestionó si la ley aborda factores estructurales de exclusión y si garantiza derechos efectivos. Puso énfasis en la necesidad de financiación y la igualdad territorial, especialmente en el mundo rural.

En resumen, la comparecencia de la Presidenta del Consejo General del Trabajo Social puso de manifiesto la complejidad del sistema de cuidados y dependencia, reconociendo los avances del proyecto de ley pero subrayando la necesidad de abordar de manera efectiva la financiación, la equidad territorial, la calidad de los servicios y las condiciones de los profesionales para garantizar derechos reales y no solo declarativos.