Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española

Este Proyecto de Ley busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión, autonomía y accesibilidad universal, en línea con el artículo 49 de la Constitución. Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la dependencia.

Se establece la accesibilidad universal como un derecho, se asimilan grados de dependencia a discapacidad y se crea un Programa Estatal para financiar mejoras en accesibilidad. Se refuerza la protección de mujeres y niños con discapacidad y se aborda la IA. Se promueve un modelo de atención centrado en la persona, prohibiendo sujeciones innecesarias y reconceptualizando servicios como teleasistencia, asistencia personal y ayuda a domicilio.

La ley también introduce mejoras en centros de día, atención residencial y cuidados en viviendas, además de productos de apoyo y promoción de la autonomía. Se eliminan incompatibilidades de prestaciones y se agilizan trámites. Se actualizan normativas sobre propiedad horizontal, seguros, régimen local y patrimonio histórico para mejorar la accesibilidad y no discriminación. Se refuerza la protección contra delitos y se promueve la investigación e innovación en el sector.

Se ha aceptado la tramitación por procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad, sin especificar los grupos parlamentarios que lo solicitaron.

Enmienda 1: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

• Objeto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno por considerar que invade competencias autonómicas, se extralimita en sus títulos competenciales y no se adecua al marco constitucional y estatutario, especialmente en lo referente al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
• Modificación(es):
  • Argumenta que el proyecto promueve cambios sustanciales en materia de atención a personas con discapacidad y dependencia desde una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas en servicios sociales, políticas de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.
  • Señala que la Ley de dependencia original ya fue considerada inconstitucional en un 70% por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña por interferir en el ámbito de los servicios sociales catalanes y fijar el grado de dependencia al margen de las competencias de la Generalitat.
  • Critica que la propuesta actual ignora el modelo catalán de atención a la discapacidad y dependencia, que ya está adaptado a los principios de vida independiente, soporte personalizado e inclusión comunitaria.
  • Cuestiona la gestión centralizada del Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal sin transferirlo íntegramente a la Generalitat.
  • Expone observaciones adicionales:
    • La asimilación automática del 33% de discapacidad a cualquier situación de dependencia no es adecuada y puede generar inseguridad jurídica.
    • Es necesario adoptar la definición de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) para un enfoque social de la discapacidad.
    • La desinstitucionalización debe ser progresiva y bien financiada, evitando modelos asistencialistas.
    • Se debe prohibir la institucionalización forzosa, especialmente en discapacidad psicosocial.
    • Se debe potenciar la figura del asistente personal y garantizar el derecho a la vida independiente.
    • La asistencia personal debería ser universal para todas las personas con discapacidad.
    • La teleasistencia como derecho subjetivo es positiva, pero no sustituye a servicios presenciales.
    • Se debe garantizar el acceso a soportes comunitarios.
    • La accesibilidad debe incluir la comunicativa, cognitiva y social, no solo la física.
    • El registro estatal de tarjetas de estacionamiento es contrario al reparto competencial y no respeta la definición de discapacidad de la CDPD.
    • Es necesario eliminar progresivamente el empleo segregado.
    • Se deben establecer incentivos reales para el sector privado y garantizar el cumplimiento de cuotas de inserción laboral.
    • Se debe incorporar el modelo de presupuestos personales.
• Efecto: Solicita la devolución completa del proyecto de ley al Gobierno para su reformulación, argumentando la vulneración de competencias autonómicas y la necesidad de un enfoque menos centralista y más respetuoso con los estatutos de autonomía.

Enmienda 2: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

• Objeto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno por considerar que las modificaciones propuestas en relación con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tienen difícil encaje dentro del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, afectando especialmente a las competencias del País Vasco y Navarra.
• Modificación(es):
  • Reconoce que el texto relativo a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad ha subsanado cuestiones competenciales, pero considera que el texto sobre la Ley de Dependencia presenta una significativa interferencia estatal.
  • Argumenta que la Ley 39/2006 ya generó debate competencial por incardinarse en una materia de competencia exclusiva autonómica.
  • Critica que el proyecto detalla aspectos como las condiciones específicas de acceso a servicios y tipos de prestaciones (productos de apoyo, órganos de valoración, capacidad económica, participación en costes, acreditación de calidad, estándares de empleo), lo que considera una injerencia estatal que no deja margen suficiente para el desarrollo autonómico.
  • Considera que la intervención del Consejo Territorial de Servicios Sociales excede el régimen ordinario de cooperación voluntaria, llegando a ser de obligado cumplimiento y habilitando al Gobierno estatal para su aprobación reglamentaria.
  • Sostiene que la salvaguarda de las competencias autonómicas exige que los criterios del Consejo Territorial sean solo aplicables a las CCAA que se sumen voluntariamente.
  • Señala un incremento presupuestario no analizado adecuadamente en la memoria y la ausencia de un compromiso explícito de cofinanciación estatal.
• Efecto: Solicita la devolución del proyecto de ley al considerar que la extensión y refuerzo de los derechos de las personas en situación de dependencia debe respetar las competencias autonómicas y contar con un análisis económico previo suficiente.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Las enmiendas presentadas a la iniciativa legislativa plantean una oposición frontal a la continuidad de su tramitación, solicitando su devolución al Gobierno. Las dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), coinciden en argumentar una invasión de competencias autonómicas por parte del Estado.

La enmienda de Junts per Catalunya argumenta que el proyecto de ley adopta una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas en servicios sociales y atención a la dependencia. Critica la gestión centralizada de fondos y la falta de respeto al modelo catalán de atención, además de señalar aspectos específicos como la asimilación automática de discapacidad a dependencia, la necesidad de adoptar la definición de la Convención de la ONU, y la falta de progresividad en la desinstitucionalización.

Por su parte, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se centra en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, considerando que las modificaciones propuestas detallan aspectos que deberían ser competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, como la determinación de la capacidad económica, los criterios de participación en costes o los estándares de calidad de empleo. Señala que la intervención del Consejo Territorial de Servicios Sociales excede el ámbito de cooperación voluntaria y que el proyecto no contempla un análisis económico previo suficiente ni un compromiso explícito de cofinanciación estatal.

Ambas enmiendas coinciden en la necesidad de respetar el marco competencial autonómico y solicitan la devolución del proyecto para su reformulación, poniendo de manifiesto una profunda discrepancia sobre el alcance de la intervención estatal en materias de servicios sociales y dependencia.