Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española

Este Proyecto de Ley busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión, autonomía y accesibilidad universal, en línea con el artículo 49 de la Constitución. Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la dependencia.

Se establece la accesibilidad universal como un derecho, se asimilan grados de dependencia a discapacidad y se crea un Programa Estatal para financiar mejoras en accesibilidad. Se refuerza la protección de mujeres y niños con discapacidad y se aborda la IA. Se promueve un modelo de atención centrado en la persona, prohibiendo sujeciones innecesarias y reconceptualizando servicios como teleasistencia, asistencia personal y ayuda a domicilio.

La ley también introduce mejoras en centros de día, atención residencial y cuidados en viviendas, además de productos de apoyo y promoción de la autonomía. Se eliminan incompatibilidades de prestaciones y se agilizan trámites. Se actualizan normativas sobre propiedad horizontal, seguros, régimen local y patrimonio histórico para mejorar la accesibilidad y no discriminación. Se refuerza la protección contra delitos y se promueve la investigación e innovación en el sector.

Se ha aceptado la tramitación por procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad, sin especificar los grupos parlamentarios que lo solicitaron.

Enmienda 1: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

• Objeto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno por considerar que invade competencias autonómicas, se extralimita en sus títulos competenciales y no se adecua al marco constitucional y estatutario, especialmente en lo referente al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
• Modificación(es):
  • Argumenta que el proyecto promueve cambios sustanciales en materia de atención a personas con discapacidad y dependencia desde una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas en servicios sociales, políticas de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.
  • Señala que la Ley de dependencia original ya fue considerada inconstitucional en un 70% por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña por interferir en el ámbito de los servicios sociales catalanes y fijar el grado de dependencia al margen de las competencias de la Generalitat.
  • Critica que la propuesta actual ignora el modelo catalán de atención a la discapacidad y dependencia, que ya está adaptado a los principios de vida independiente, soporte personalizado e inclusión comunitaria.
  • Cuestiona la gestión centralizada del Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal sin transferirlo íntegramente a la Generalitat.
  • Expone observaciones adicionales:
    • La asimilación automática del 33% de discapacidad a cualquier situación de dependencia no es adecuada y puede generar inseguridad jurídica.
    • Es necesario adoptar la definición de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) para un enfoque social de la discapacidad.
    • La desinstitucionalización debe ser progresiva y bien financiada, evitando modelos asistencialistas.
    • Se debe prohibir la institucionalización forzosa, especialmente en discapacidad psicosocial.
    • Se debe potenciar la figura del asistente personal y garantizar el derecho a la vida independiente.
    • La asistencia personal debería ser universal para todas las personas con discapacidad.
    • La teleasistencia como derecho subjetivo es positiva, pero no sustituye a servicios presenciales.
    • Se debe garantizar el acceso a soportes comunitarios.
    • La accesibilidad debe incluir la comunicativa, cognitiva y social, no solo la física.
    • El registro estatal de tarjetas de estacionamiento es contrario al reparto competencial y no respeta la definición de discapacidad de la CDPD.
    • Es necesario eliminar progresivamente el empleo segregado.
    • Se deben establecer incentivos reales para el sector privado y garantizar el cumplimiento de cuotas de inserción laboral.
    • Se debe incorporar el modelo de presupuestos personales.
• Efecto: Solicita la devolución completa del proyecto de ley al Gobierno para su reformulación, argumentando la vulneración de competencias autonómicas y la necesidad de un enfoque menos centralista y más respetuoso con los estatutos de autonomía.

Enmienda 2: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

• Objeto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno por considerar que las modificaciones propuestas en relación con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tienen difícil encaje dentro del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, afectando especialmente a las competencias del País Vasco y Navarra.
• Modificación(es):
  • Reconoce que el texto relativo a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad ha subsanado cuestiones competenciales, pero considera que el texto sobre la Ley de Dependencia presenta una significativa interferencia estatal.
  • Argumenta que la Ley 39/2006 ya generó debate competencial por incardinarse en una materia de competencia exclusiva autonómica.
  • Critica que el proyecto detalla aspectos como las condiciones específicas de acceso a servicios y tipos de prestaciones (productos de apoyo, órganos de valoración, capacidad económica, participación en costes, acreditación de calidad, estándares de empleo), lo que considera una injerencia estatal que no deja margen suficiente para el desarrollo autonómico.
  • Considera que la intervención del Consejo Territorial de Servicios Sociales excede el régimen ordinario de cooperación voluntaria, llegando a ser de obligado cumplimiento y habilitando al Gobierno estatal para su aprobación reglamentaria.
  • Sostiene que la salvaguarda de las competencias autonómicas exige que los criterios del Consejo Territorial sean solo aplicables a las CCAA que se sumen voluntariamente.
  • Señala un incremento presupuestario no analizado adecuadamente en la memoria y la ausencia de un compromiso explícito de cofinanciación estatal.
• Efecto: Solicita la devolución del proyecto de ley al considerar que la extensión y refuerzo de los derechos de las personas en situación de dependencia debe respetar las competencias autonómicas y contar con un análisis económico previo suficiente.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Las enmiendas presentadas a la iniciativa legislativa plantean una oposición frontal a la continuidad de su tramitación, solicitando su devolución al Gobierno. Las dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), coinciden en argumentar una invasión de competencias autonómicas por parte del Estado.

La enmienda de Junts per Catalunya argumenta que el proyecto de ley adopta una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas en servicios sociales y atención a la dependencia. Critica la gestión centralizada de fondos y la falta de respeto al modelo catalán de atención, además de señalar aspectos específicos como la asimilación automática de discapacidad a dependencia, la necesidad de adoptar la definición de la Convención de la ONU, y la falta de progresividad en la desinstitucionalización.

Por su parte, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se centra en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, considerando que las modificaciones propuestas detallan aspectos que deberían ser competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, como la determinación de la capacidad económica, los criterios de participación en costes o los estándares de calidad de empleo. Señala que la intervención del Consejo Territorial de Servicios Sociales excede el ámbito de cooperación voluntaria y que el proyecto no contempla un análisis económico previo suficiente ni un compromiso explícito de cofinanciación estatal.

Ambas enmiendas coinciden en la necesidad de respetar el marco competencial autonómico y solicitan la devolución del proyecto para su reformulación, poniendo de manifiesto una profunda discrepancia sobre el alcance de la intervención estatal en materias de servicios sociales y dependencia.

Resumen del debate en Comisión (comparecencia) sobre el Proyecto de Ley 121/000064
Modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Intervención / Grupo	Argumentos principales a favor	Argumentos o matices críticos	Posición final
Presidente del CERMI (Luis Cayo Pérez Bueno)	– Recibe la iniciativa con “favorable”. – Destaca que la reforma concreta el artículo 49 de la Constitución (derechos, autonomía, accesibilidad universal). – Señala la participación previa del movimiento social en la elaboración del texto. – Pide apoyo constructivo de los grupos parlamentarios y una tramitación rápida. – Subraya dos prioridades: regular un copago justo en la dependencia y potenciar la asistencia personal. – Insiste en la necesidad de financiación estructural para el bloque de autonomía y dependencia.	– No se presentan argumentos en contra.	Apoyo pleno (solicita que el proyecto salga “propio” del Parlamento).
Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera)	– Agradece la comparecencia y reconoce la ley de dependencia como pilar del Estado de bienestar. – Coincide en la necesidad de sostenibilidad financiera, profesionalización y enfoque de género en los cuidados.	– No se expresan objeciones.	Apoyo.
Grupo Plurinacional SUMAR (Sr. Martínez Hierro)	– Valora el proyecto como “consenso” y culminación lógica del artículo 49. – Resalta la alineación con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. – Destaca la necesidad de financiación estructural del nuevo modelo de cuidados.	– No se registran críticas.	Apoyo.
Grupo Socialista (Sr. Sáez Cruz)	– Felicita la iniciativa y la considera un avance social. – Señala que la reforma incorpora la Convención de la ONU y el nuevo mandato constitucional. – Reitera la necesidad de reforzar la financiación y la autonomía personal.	– No se expresan objeciones.	Apoyo.
Grupo Popular (Sr. Belda Pérez‑Pedrero)	– Reconoce la importancia del proyecto y pide que se mantenga el diálogo con el movimiento social. – Pregunta si la reforma eliminará la “lacra” del copago y si será sostenible a medio‑largo plazo.	– No se presentan argumentos en contra, solo preguntas de aclaración.	Apoyo (condicionado a respuestas sobre copago y financiación).
Otros grupos (VOX, etc.)	– No intervinieron directamente sobre este proyecto de ley; sus intervenciones se centraron en otras proposiciones no de ley.	– No se menciona oposición al proyecto de ley.	No se menciona.

Acuerdos y matices relevantes

• Amplio consenso: Todas las intervenciones que abordaron el proyecto de ley expresaron apoyo y resaltaron la necesidad de reforzar la financiación, eliminar el copago injusto y potenciar la asistencia personal.
• Puntos de mejora solicitados:
  1. Copago en dependencia – El CERMI recuerda una iniciativa popular (ILP) pendiente desde 2015 y pide que se regule.
  2. Financiación estructural – Reiterado por CERMI, SUMAR y el Grupo Socialista; se solicita un aporte económico “extraordinario” y sostenible.
  3. Asistencia personal – Se pide que el modelo de cuidados incluya este recurso como la prestación más inclusiva.
• No se registran argumentos en contra ni propuestas de enmienda que rechacen el texto; los debates se centraron en perfeccionarlo y garantizar su viabilidad financiera.

Conclusión
En la comparecencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, el proyecto de ley 121/000064 recibió un acuerdo amplio entre los grupos parlamentarios presentes (CERMI, Mixto, SUMAR, Socialista y Popular). Los debates se limitaron a matices de mejora (copago, financiación y desarrollo de la asistencia personal) sin que se expresara oposición directa al contenido esencial del proyecto. No se menciona ningún voto en contra ni rechazo dentro del fragmento analizado.

Resumen del Debate de totalidad (expediente 121/000064)

Objeto del debate
Votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, que pedía la devolución al Gobierno del proyecto de ley que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 39/2006 de Dependencia.

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1. Argumentos a favor de la reforma (defendidos por el Gobierno y los grupos que la apoyan)

Interventor	Principales argumentos
Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Bustinduy Amador)	• La reforma actualiza la normativa a la realidad demográfica y laboral de 2025. • Cambia el modelo asistencialista por uno centrado en la persona, la autonomía y la atención domiciliaria. • Crea un fondo estatal de accesibilidad universal y modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar obras de accesibilidad. • Reconoce y valora el trabajo de los cuidadores, ampliando prestaciones y fomentando investigación. • Asegura que la financiación del sistema de dependencia se incrementará (más de 3 700 M€ en 2025, +7,5 % respecto a 2024) y que el Estado cubrirá el 50 % de los costes, como establece el acuerdo de gobierno.
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Martínez Hierro)	• La reforma concreta la consagración constitucional del artículo 49 y responde a la larga marcha del movimiento de personas con discapacidad. • Introduce nuevas prestaciones (p.ej. ayuda transitoria, teleasistencia como derecho, reconocimiento de cuidadores no profesionales). • Mejora la accesibilidad, la compatibilidad con el empleo y la calidad del trabajo de cuidados. • Defiende que el texto respeta las competencias autonómicas y que, aunque quedan aspectos mejorables, la vía de enmiendas parciales permitirá ajustarlo.
Grupo Mixto (Santana Perera)	• Apoya el proyecto por los avances en accesibilidad, asistencia personal y reconocimiento de la doble discriminación (discapacidad + género). • Advierte que sin recursos concretos los derechos quedarían en “palabras bonitas”.
Grupo Vasco (EAJ‑PNV – Vaquero Montero)	• Retira la enmienda a la totalidad y propone trabajar con enmiendas parciales para corregir los puntos que consideran invasivos de competencias y de financiación.
Grupo Euskal Herria Bildu (Pozueta Fernández)	• Ve la reforma como una oportunidad para avanzar en derechos y calidad de vida, pero pide garantías de financiación y respeto a las competencias autonómicas.
Grupo Republicà (Salvador i Duch)	• Vota a favor de la tramitación, reconociendo la invasión competencial pero asegurando que puede resolverse en la fase de enmiendas.
Grupo Socialista (Sáez Cruz)	• Subraya la necesidad de financiar los nuevos derechos y el papel del fondo de accesibilidad. • Destaca la reducción de burocracia y la equiparación de grados de dependencia y discapacidad.
Grupo Popular (Belda Pérez‑Pedrero)	• Reconoce la necesidad de recursos y la importancia de la financiación, pero considera que el proyecto avanza en la dirección correcta y está dispuesto a colaborar en su mejora.

Punto clave: la mayoría de los grupos que apoyan la reforma reconocen que aún quedan cuestiones por afinar (principalmente financiación y algunos aspectos competenciales), pero consideran que la vía de enmiendas parciales es suficiente para corregirlas y que la reforma debe seguir adelante.

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2. Argumentos en contra de la reforma (defendidos por Junts per Catalunya y sus aliados)

Interventor	Principales argumentos
Junts per Catalunya (Cruset Domènech)	• Invasión competencial: la ley asume competencias exclusivas de las comunidades autónomas (servicios sociales, dependencia, autonomía personal) vulnerando el Estatuto de Autonomía de Cataluña. • Falta de financiación: no se incluye cálculo del impacto presupuestario ni compromiso estatal de cofinanciación; la contribución del Estado está muy por debajo del 50 % exigido por la ley de dependencia. • Consecuencias reales: cita cifras de muertos en listas de espera (≈ 70 000 en Cataluña, 103 000 en España desde 2017) y la reducción del gasto per cápita para dependientes (‑27 % entre 2010 y 2024). • Acusa al Gobierno de “palabras sin acción” y de usar la ley como presión política sobre los partidos nacionalistas.
VOX (De Meer Méndez)	• Reitera la acusación de centralismo y vulneración de competencias catalanas. • Señala la ausencia de recursos económicos y la “papeleta mojada” de la reforma. • Critica la falta de coherencia entre la aprobación de la ley ELA (con financiación) y la actual propuesta sin garantías de fondos.
Otros grupos que votaron contra la enmienda (aunque no presentaron una enmienda propia)	• Comparten la preocupación por la competencia (Euskadi, Cataluña) y por la financiación insuficiente. • Piden que la normativa respete el marco autonómico y que se garantice el 50 % de la financiación estatal.

Resumen del rechazo: Junts y VOX sostienen que la reforma, tal como está redactada, es ilegítima porque centraliza competencias y carece de los recursos necesarios para su puesta en práctica.

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3. Resultado de la votación

• Votos emitidos: 347
• A favor de la enmienda a la totalidad (rechazo del proyecto): 7
• En contra: 171
• Abstenciones: 169

Conclusión: La enmienda a la totalidad presentada por Junts per Catalunya fue rechazada con una amplia mayoría de votos en contra. El proyecto de ley continuará su tramitación, pasando ahora a la fase de enmiendas parciales, donde los grupos parlamentarios podrán seguir discutiendo los puntos de competencia y financiación señalados.

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Este resumen se basa exclusivamente en el fragmento del Diario de Sesiones proporcionado y no incluye información externa.

El Pleno ha avocado el debate y la votación final del Proyecto de Ley 121/000064, que modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la dependencia. Antes de la avocación, la gestión correspondía a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.