Comparecencia de don José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, acordada por la citada Comisión, en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española

El Diario de Sesiones de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de noviembre de 2025, recoge la comparecencia de don José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La comparecencia se enmarca en el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Resumen de la comparecencia de don José Manuel Ramírez Navarro:

El Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales expuso la situación actual de las personas en situación de dependencia, destacando que miles de ellas fallecen anualmente esperando una prestación o servicio, y que las listas de espera y los tiempos de espera han aumentado. Subrayó la importancia de la ley de dependencia como generadora de derechos, pero criticó la falta de transparencia en la publicación de datos y la discrecionalidad en el cambio de criterios estadísticos.

Sus principales argumentos y propuestas se centraron en cuatro puntos:

1. Crecimiento económico y cohesión social: Argumentó que el crecimiento económico debería ser una oportunidad para mejorar la cohesión social y los cuidados, ya que este sector tiene gran potencial de empleo e innovación. Criticó que la inversión en servicios sociales ha disminuido como porcentaje del PIB desde 2020 y propuso que todas las Administraciones alcancen al menos el 2% del PIB en inversión en servicios sociales.
2. Sensibilidad hacia las ayudas de emergencia social: Solicitó que las ayudas de emergencia social de las entidades locales dejen de ser consideradas subvenciones, mediante la adición de una letra j) al artículo 2 de la Ley General de Subvenciones. Señaló que esto no tendría coste y agilizaría la respuesta a personas y familias en situaciones de necesidad.
3. Medidas relativas a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: A pesar de considerar la ley de dependencia como positiva, señaló que aún queda mucho por recorrer. Criticó la falta de financiación suficiente, los plazos de espera excesivos, el exceso de burocracia, las escasas cuantías de las prestaciones y la baja intensidad de los servicios. Presentó veinticinco propuestas, entre las que destacaron:
   • Aumentar la inversión en atención a la dependencia.
   • Equiparar los salarios de los profesionales del sector a los del sistema sanitario.
   • Abordar la falta de personal y hacer servicios "a la carta".
   • Invertir en innovación tecnológica (domótica, robótica).
   • Universalizar la teleasistencia y ofrecer transporte adaptado.
   • Incrementar la cuantía de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
   • Promover la alta de personas cuidadoras no profesionales en la Seguridad Social.
   • Reformar la normativa de residencias y permitir modelos alternativos.
   • Desarrollar una prestación económica vinculada al servicio residencial con cuantía suficiente.
   • Promover la figura del asistente personal.
   • Revisar las aportaciones del copago, señalando que debe regularse como tasa.
   • Agilizar procedimientos, simplificar documentación y personalizar atenciones.
   • Mejorar la participación de las entidades locales y conectar la atención primaria con la dependencia.
   • Evaluar el impacto de género de la feminización de los cuidados.
4. Transparencia y opacidad: Denunció la falta de transparencia y la opacidad del Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas en la publicación de datos relevantes, instando a la aprobación de una moción que exija un plan de estadísticas de servicios sociales.

Intervenciones de los Grupos Parlamentarios:

• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera): Agradeció la intervención, calificándola de muy interesante y un referente. Destacó la importancia de la fiscalización de estadísticas y datos por parte del Ministerio, y tomó nota de las recomendaciones.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Martínez Hierro): Compartió la complejidad de los desafíos del sistema de atención a la dependencia y la necesidad de reforzarlo. Coincidió en la importancia de agilizar procedimientos, mejorar prestaciones, coordinación y corregir desigualdades. Preguntó por la valoración del plan de choque del Ministerio y la necesidad de actuar con determinación para reducir listas de espera. Abogó por un sistema centrado en apoyos y por la financiación como asunto de Estado.
• Grupo Parlamentario VOX (Sra. De Meer Méndez): Felicitó al compareciente por sus informes y planteó tres cuestiones: la inequidad autonómica, la desinstitucionalización y si la reforma supondrá mejoras sustanciales.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sra. Plaza García): Afirmó que la ley de dependencia es una buena ley, pero que necesita adaptarse. Coincidió en la necesidad de modificar ambas leyes para reforzar la autonomía, agilizar procedimientos y garantizar derechos. Destacó la financiación, señalando el incremento presupuestario estatal, y las desigualdades territoriales. Preguntó si el sistema actual funciona como "low cost" por la ley o por recortes, y si la reforma dotará al sistema de los recursos necesarios.
• Grupo Parlamentario Popular (Sra. Rodríguez Calleja): Expresó sorpresa por el cierre del plazo de enmiendas antes de escuchar a los expertos. Cuestionó la tramitación conjunta de ambas leyes, temiendo la dilución de prioridades. Señaló los datos demoledores sobre listas de espera y fallecimientos, y preguntó si la tendencia regresiva en inversión se debe a la falta de presupuestos o a recortes encubiertos. Consultó si la modificación sobre ayudas de emergencia social se resolverá en esta ley y si el Gobierno podría solucionarlo de forma más ágil. Preguntó si la ley debe incorporar la cofinanciación del 50-50 y la opinión sobre la financiación a la carta a comunidades autónomas.
• Respuesta del Sr. Ramírez Navarro: Coincidió en la falta de información y la necesidad de mayor financiación. Aceptó la financiación del 50% pero pidió transparencia en las cuentas autonómicas y conocer el copago recaudado. Señaló que el plan de choque ha supuesto un incremento, pero la falta de presupuestos paraliza la financiación. Criticó los sistemas "low cost" y la contradicción en la desinstitucionalización. Abogó por la atención centrada en la persona y la necesidad de recursos para la vida independiente. Consideró que la ley es una oportunidad para reducir desigualdades territoriales, mencionando a Canarias, Cataluña y Murcia como comunidades con problemas endémicos. Finalizó enfatizando la promoción y el respeto de los derechos humanos.

Acuerdo, Desacuerdo o Matices Relevantes:

• Consenso general: Hubo un amplio consenso entre los grupos parlamentarios y el compareciente sobre la necesidad de reformar la legislación para mejorar la atención a la dependencia y los derechos de las personas con discapacidad. Se reconoció la importancia de la ley de dependencia, pero también la urgencia de adaptarla a las necesidades actuales.
• Financiación: La financiación fue un punto central de debate. Mientras el compareciente y algunos grupos (SUMAR, PSOE) señalaron la necesidad de un aumento significativo y la criticaron la falta de presupuestos, otros (PP) cuestionaron la suficiencia de la financiación estatal actual y la posibilidad de recortes encubiertos. El PP también criticó la tramitación conjunta de ambas leyes.
• Desigualdades Territoriales: Se reconoció la existencia de importantes desigualdades entre comunidades autónomas en la aplicación de la ley de dependencia, y se planteó la necesidad de abordarlas, aunque con diferentes enfoques sobre la responsabilidad y las soluciones.
• Transparencia: El compareciente y algunos grupos (PP) insistieron en la necesidad de mayor transparencia en la gestión y publicación de datos por parte de las administraciones.
• Modelo de Atención: Hubo un debate sobre el modelo de atención, con el compareciente abogando por la desinstitucionalización, la vida independiente, la atención centrada en la persona y la necesidad de recursos alternativos a las residencias. Algunos grupos (SUMAR, PSOE) compartieron esta visión, mientras que VOX y PP plantearon preguntas sobre los detalles y la viabilidad de estos cambios.
• Ayudas de Emergencia Social: La propuesta de modificar la Ley General de Subvenciones para las ayudas de emergencia social fue bien recibida por algunos grupos (PP, PSOE), quienes consideraron que era una medida sencilla y sensible.

En resumen, la comparecencia puso de manifiesto la urgencia de abordar las deficiencias del sistema de dependencia y discapacidad, con un fuerte énfasis en la necesidad de mayor financiación, transparencia y un cambio de modelo hacia la autonomía y la vida independiente, si bien existieron matices y diferencias en cuanto a las prioridades y las vías para lograr estos objetivos.