Comparecencia de don Víctor Bayarri Catalán, consultor social y colaborador del CERMI y otras entidades sociales, acordada por la citada Comisión, en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española

Resumen de la comparecencia de don Víctor Bayarri Catalán en relación con el Proyecto de Ley para la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Tipo de documento: Comparecencia en Comisión.

Contexto: La comparecencia se enmarca en el debate del Proyecto de Ley que busca modificar dos normativas clave: la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El objetivo es reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal, en línea con el artículo 49 de la Constitución Española.

Compareciente: Don Víctor Bayarri Catalán, consultor social y colaborador del CERMI y otras entidades sociales.

Argumentos principales y propuestas de don Víctor Bayarri Catalán:

• Unificación de normativas: Propone la fusión de la Ley de Discapacidad y la Ley de Dependencia en un único texto legal refundido, argumentando que la distinción entre ambas es artificial y genera duplicidad de trámites para las personas.
• Derecho a la vida independiente y a la inclusión comunitaria: Subraya que este derecho, reconocido por la ONU y ratificado por España, no se está cumpliendo en la práctica. Considera que la falta de acciones públicas y privadas para hacerlo efectivo coarta la libertad de las personas con discapacidad.
• Asistencia personal: Señala que la asistencia personal está poco desarrollada en la mayoría de los territorios españoles, incumpliendo el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Prestación universal y presupuesto personal: Aboga por una prestación universal vinculada a la Seguridad Social que garantice a cada persona los fondos necesarios para contratar los servicios que considere necesarios, basándose en la intensidad de sus necesidades de apoyo y no en el concepto obsoleto de "dependencia".
• Apoyo a familiares y convivientes: Propone la creación de un servicio de apoyo específico para los familiares y convivientes que cuidan de personas con discapacidad o en situación de dependencia, reconociendo su labor y facilitando su aprendizaje y desempeño.
• Desinstitucionalización y vida independiente: Defiende un plan de transición hacia la vida independiente y la desinstitucionalización, que implique la progresiva eliminación de las residencias tal como existen hoy en día y su sustitución por apartamentos y viviendas con servicios adaptados.
• Agilización de trámites: Critica la lentitud de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, proponiendo plazos máximos de treinta días para la resolución y la posibilidad de reconocimiento automático entre ambos sistemas.
• Incremento de la inversión en servicios sociales: Señala que España gasta la mitad de lo que deberían en servicios sociales en comparación con otros países europeos, y aboga por un incremento presupuestario significativo.
• Retorno social y económico de la inversión: Destaca que invertir en servicios sociales y en la vida comunitaria genera un importante retorno económico y humano.
• Ley Orgánica: Considera que, al tratarse de derechos fundamentales, la ley debería tener rango de Ley Orgánica.

Posiciones de los Grupos Parlamentarios:

• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Santana Perera): Valora positivamente la comparecencia por ser propositiva y útil. Pregunta cómo garantizar que las políticas públicas se alineen con el modelo de derechos, accesibilidad universal y vida independiente de la Convención de la ONU. Destaca la importancia de centrar las decisiones en la persona y de tener en cuenta a las familias. Coincide en la necesidad de eliminar el modelo residencial actual y en que la ley debería ser orgánica.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sr. Cruset Domènech): Lamenta que la ley pueda no ver la luz debido a los incumplimientos del Gobierno. Pregunta por qué las prestaciones para la vida independiente son una inversión importante, cuál es la base científica para unificar valoraciones, qué reformas son prioritarias para la desinstitucionalización, en qué se fundamenta la propuesta de apoyo a familiares y en qué experiencia vital se basa el compareciente para sus propuestas.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Martínez Hierro): Coincide en la necesidad de reforzar el sistema de dependencia y actualizar la normativa. Considera que la reforma es clave para avanzar hacia un modelo de desinstitucionalización y vida comunitaria, promoviendo la autonomía e independencia. Recoge las aportaciones del compareciente para el proceso legislativo.
• Grupo Parlamentario VOX (Sra. De Meer Méndez): No hace uso del turno de palabra.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sra. Andrés Añón): Coincide en la defensa de una mayor inversión pública, la profesionalización de los cuidados y el enfoque centrado en la persona. Señala que el Gobierno ha incrementado notablemente la financiación estatal. Pregunta si es compatible reducir impuestos con financiar adecuadamente la dependencia y la discapacidad.
• Grupo Parlamentario Popular (Sra. Tomás Olivares): Señala debilidades en la ley, como la brecha entre la ambición de derechos y la financiación, y la falta de armonización entre los sistemas de dependencia y discapacidad. Pregunta si la tramitación conjunta de ambas leyes no diluye prioridades. Cuestiona la financiación estatal y la posibilidad de recortes encubiertos. Pregunta si la modificación propuesta sobre ayudas de emergencia social es la vía más ágil. Cuestiona la financiación a la carta con algunas comunidades autónomas y pide propuestas para solventar desigualdades territoriales.
• Grupo Parlamentario Popular (Sra. Vázquez Jiménez): Pregunta por los obstáculos para la coordinación sociosanitaria y qué debería incorporar la reforma para hacerla efectiva. Cuestiona si el proyecto de ley incorpora suficientes indicadores de evaluación y dónde identifica los mayores riesgos (financiación, personal, gobernanza o modelo de gestión).

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Existe un amplio consenso entre el compareciente y la mayoría de los grupos parlamentarios en la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sobre discapacidad y dependencia, así como en la importancia de avanzar hacia un modelo centrado en la persona, la autonomía y la vida independiente.
• Se observa un acuerdo general en la crítica a la lentitud de los procedimientos, la falta de financiación suficiente y las desigualdades territoriales.
• Los matices surgen en cuanto a la forma de abordar estas cuestiones. Mientras el compareciente aboga por medidas más audaces como la unificación de leyes, prestaciones universales y un cambio de paradigma en la financiación, algunos grupos parlamentarios muestran cautela o prefieren enfoques más graduales.
• El Grupo Popular expresa preocupación por la tramitación conjunta de ambas leyes y la posible dilución de prioridades, además de cuestionar la financiación y la agilidad de ciertas medidas.
• El Grupo Socialista defiende el esfuerzo del Gobierno en materia de financiación y profesionalización, aunque reconoce la necesidad de seguir mejorando.
• El Grupo Plurinacional SUMAR se alinea con la necesidad de desinstitucionalización y vida comunitaria, recogiendo las aportaciones del compareciente.
• El Grupo Mixto y Junts per Catalunya muestran preocupación por la falta de avances y la posible paralización legislativa.

En general, la comparecencia puso de manifiesto la complejidad de los sistemas de dependencia y discapacidad, la necesidad de reformas profundas y la existencia de un debate sobre la ambición de las medidas propuestas frente a la viabilidad y el consenso político.