Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (procedente del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo)

¿De qué trata la iniciativa? La iniciativa busca simplificar y mejorar la protección por desempleo, así como adaptar la legislación española a una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y laboral. Esto implica modificar permisos como el de lactancia y el parental para promover la igualdad entre progenitores, y reformar los subsidios por desempleo para ampliar la cobertura, flexibilizar los requisitos y mejorar la empleabilidad. También se ajusta la compatibilidad de las prestaciones con el empleo y se agilizan los procedimientos para el reintegro de pagos indebidos.

¿Qué ha ocurrido en su trámite? La iniciativa se presenta como un Real Decreto-ley, lo que indica que fue aprobado por el Gobierno y entró en vigor de forma inmediata. Posteriormente, debe ser convalidado o derogado por el Congreso de los Diputados. El documento proporcionado es una publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, indicando que está en trámite parlamentario para su posible convalidación.

¿Qué apoyos y rechazos recibió? El documento proporcionado no contiene información sobre votaciones, apoyos o rechazos. Solo describe el contenido y propósito del Real Decreto-ley.

¿En qué estado está la iniciativa actualmente? La iniciativa se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, pendiente de convalidación o derogación.

¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo? Al tratarse de un Real Decreto-ley, su estado actual en el Congreso es crucial. La decisión que tome el Congreso determinará si las medidas adoptadas por el Gobierno se mantienen y se convierten en ley, o si son rechazadas y pierden su vigencia.