Interpelación urgente relativa a la posición del Gobierno sobre la consolidación de sus puestos de trabajo como personal fijo de la Administración pública de los trabajadores y trabajadoras del sector público en situación de abuso de temporalidad o fraude, tanto aquellos en activo como los ya cesados

Este documento es una Interpelación Urgente en el Congreso de los Diputados.

Resumen del debate:

La interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Podemos), aborda la situación de los trabajadores públicos con contratos temporales en situación de abuso de temporalidad o fraude.

Argumentos principales y grupos que los defendieron:

• Grupo Parlamentario Mixto (Podemos):

  • Argumento a favor de la fijeza: Sostiene que España incumple la directiva europea sobre trabajo de duración determinada desde hace más de veinticinco años. Critica la Ley 20/2021 por considerarla un "parche" que no aborda las causas del problema y que ha generado ceses injustos y inseguridad jurídica. Cita sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el pronunciamiento del Abogado General del TJUE, que indican que la única opción conforme al derecho europeo es transformar la relación temporal abusiva en fija o, en su defecto, una indemnización. Argumentan que el mérito y la capacidad se demuestran con años de servicio en precariedad. Proponen enmiendas a la ley de función pública para ofrecer una solución justa, incluyendo a los trabajadores cesados, y advierten que no votarán a favor de la ley si no se soluciona esta situación.
  • Crítica a la gestión del Gobierno: Acusan al Gobierno de "secar el piso mientras el grifo sigue abierto", cesando personal temporal para luego contratar a más. Consideran que la lentitud del Gobierno y la falta de voluntad política son los principales obstáculos, no la falta de jurisprudencia europea.

• Gobierno (Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública):

  • Reconocimiento del problema y defensa de la gestión: Coincide en la importancia de la defensa de lo público, la calidad de los servicios y la necesidad de reducir la temporalidad. Atribuye el problema estructural a los recortes del anterior Gobierno del Partido Popular. Destaca los esfuerzos realizados por el Gobierno actual, incluyendo la Ley 20/2021 y el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
  • Datos de estabilización: Señala que se han estabilizado 377.000 plazas, superando el compromiso con Bruselas, y que la temporalidad en la Administración General del Estado es del 4,7%, muy por debajo del 8% exigido por la UE. Indica que el problema principal de temporalidad se concentra en las comunidades autónomas (más del 30%) y en las entidades locales (35,8%).
  • Interpretación de las sentencias del TJUE: Afirma que el Abogado General del TJUE no dijo que hubiera que convertir en fijos automáticamente a los trabajadores, que el marco constitucional español no permite la conversión automática de temporal a fijo, y que los procesos de estabilización son medidas complementarias. Subraya que las reformas impulsadas por el Gobierno demuestran los esfuerzos para adecuar las normas a la directiva europea.
  • Apelación al consenso y crítica a Podemos: Insta a la corresponsabilidad y al consenso para aprobar las enmiendas a la ley de función pública, advirtiendo que sería una "gran decepción" que Podemos tumbe la ley. Cuestiona la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha en cuanto a la creación de empleo público y la gestión de recursos.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Desacuerdo fundamental: Existe un desacuerdo claro sobre la interpretación de las sentencias del TJUE y la vía para solucionar el abuso de temporalidad. Podemos insiste en la fijeza como única solución real, mientras que el Gobierno defiende los procesos de estabilización y la ley de función pública como vías adecuadas, sin saltarse la Constitución.
• Matices relevantes:
  • Ambas partes coinciden en la gravedad del problema de la temporalidad y la necesidad de reducirla, así como en la defensa de los servicios públicos.
  • El Gobierno destaca que el problema principal de temporalidad reside en las comunidades autónomas y ayuntamientos, no en la Administración General del Estado.
  • Podemos expresa decepción por la respuesta del Gobierno, a la que considera evasiva y carente de voluntad política para una solución definitiva, y advierte que no apoyará la ley de función pública si no se abordan estas enmiendas.
  • El Gobierno apela al consenso y a la responsabilidad de todos los grupos para sacar adelante la ley de función pública, considerando que sería un retroceso que Podemos no la apoyase.

No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones:

• El número de expediente completo.
• El tipo de documento parlamentario (aunque por el formato y contenido se deduce que es un debate en el Pleno).
• La posición del Grupo Parlamentario Popular u otros grupos, más allá de las referencias del Ministro y la diputada de Podemos.
• Detalles específicos sobre las enmiendas presentadas por Podemos.
• La fecha exacta de las sentencias del TJUE mencionadas (solo se indica el mes y año).
• El nombre del Abogado General del TJUE en el asunto C481/24 Obadal.
• El número de interinos que quedan por obtener una solución, más allá de la cifra de 900.000 mencionada por Podemos.
• El número de plazas estabilizadas que menciona el Ministro (337.000) difiere ligeramente del mencionado por la diputada (300.000).
• El número de expediente de la interpelación al final del documento, que parece corresponder a otro tema.

Esta iniciativa legislativa, presentada como una interpelación, busca conocer la posición del Gobierno respecto a la consolidación de los puestos de trabajo del personal del sector público que se encuentra en situación de abuso de temporalidad o fraude. El objetivo principal es garantizar la fijeza en la Administración pública para estos trabajadores, abarcando tanto a los que están actualmente en servicio como a aquellos que ya han sido cesados. Se trata de una medida para regularizar y estabilizar la situación laboral de un colectivo afectado por la precariedad y el fraude en la contratación pública.