Interpelación urgente sobre las gestiones, actuaciones y encomiendas del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con la amnistía, su intervención en los pactos con los partidos independentistas para mantener al Ejecutivo y su responsabilidad en el progresivo deterioro de las instituciones

Resumen de la Interpelación Urgente sobre la Amnistía y la Actuación del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Expediente 172/000003)

Este documento recoge el debate de una interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La interpelación se centra en las gestiones del ministro respecto a la ley de amnistía, su papel en los pactos para la investidura del presidente del Gobierno y su supuesta responsabilidad en el deterioro de las instituciones.

Argumentos del Grupo Parlamentario Popular (GPP):

• Ley de Amnistía: El GPP considera la ley de amnistía como una "anomalía democrática" y un "chantaje" para la investidura de Pedro Sánchez. Sostienen que la ley ha sido pactada con los independentistas, que asume su relato y que convierte al Estado en culpable. Acusan al ministro Bolaños de ser el principal impulsor ("muñidor") de esta ley, calificándolo de "ministro de la amnistía".
• Pactos con Independentistas: El GPP critica los acuerdos, tanto públicos como ocultos, alcanzados con partidos independentistas y Bildu para la investidura. Señalan la entrega de la alcaldía de Pamplona como un ejemplo de estos pactos. Consideran que se han "comprado" votos ofreciendo impunidad a delincuentes.
• Deterioro Institucional: El GPP acusa al Gobierno de "colonizar" las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, y ponerlas al servicio del partido. Mencionan la anulación por el Tribunal Supremo del nombramiento de Dolores Delgado, la oposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al nombramiento del Fiscal General del Estado y la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado como pruebas de injerencias y ataques a la independencia judicial. Critican también la aprobación de comisiones de investigación para que políticos investiguen a jueces y fuerzas de seguridad.
• Mentiras y Falta de Transparencia: El GPP acusa al ministro y al Gobierno de mentir reiteradamente sobre la ley de amnistía, asegurando que era inconstitucional mientras negociaban su contenido. Señalan que el ministro Bolaños viajó a Bruselas para presentar una proposición de ley del PSOE, pero actuando en nombre del Gobierno, y que la Comisión Europea tuvo que desmentirle.

Argumentos del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Félix Bolaños):

• Legitimidad Democrática: El ministro defiende que el Gobierno se formó legítimamente al obtener el apoyo de 179 diputados, representando la soberanía popular. Cuestiona al GPP sobre qué ofreció a Junts per Catalunya para la investidura de Feijóo, acusándoles de cinismo.
• Ley de Amnistía: Bolaños afirma que la ley de amnistía es constitucional y sólida jurídicamente, acorde al derecho y los valores de la Unión Europea de reconciliación y convivencia. Sostiene que la ley busca la normalización institucional, política y social en Cataluña y que beneficiará a toda la sociedad española. Compara la ley con más de cincuenta y dos amnistías en la UE desde la Segunda Guerra Mundial, argumentando que la gestión del PP en Cataluña fue un "desastre" y que la ley actual está teniendo éxito en la convivencia.
• Renovación del CGPJ: El ministro acusa al PP de incumplir la Constitución y la ley al no renovar el CGPJ durante cinco años. Relata un acuerdo alcanzado en octubre de 2022 para la renovación, que el PP rompió por presiones de la "derecha mediática judicial y política". Defiende que el Gobierno trabaja por el prestigio de los jueces y magistrados frente a ataques de independentistas y de la "larga mano" del PP que pretende influir en el Poder Judicial.
• Crítica al GPP: Bolaños considera que el discurso del GPP es indistinguible del de la ultraderecha (VOX). Les acusa de tener experiencia en comportamientos contrarios a la separación de poderes y de romper un disco duro para impedir una investigación judicial. Les insta a romper con VOX y a volver a la moderación.

Acuerdo, Desacuerdo o Matices Relevantes:

• Desacuerdo Total: Existe un desacuerdo fundamental en todos los puntos clave de la interpelación. El GPP considera la ley de amnistía inconstitucional y un ataque a la democracia, mientras que el ministro la defiende como constitucional y necesaria para la convivencia.
• Acuerdo en la Temática, Desacuerdo en la Valoración: Ambos interlocutores coinciden en que los temas a debatir son la ley de amnistía, los pactos de investidura y el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, sus valoraciones y enfoques sobre estos temas son diametralmente opuestos.
• Matices en la Crítica Institucional: Mientras el GPP ve una "colonización" de las instituciones, el ministro defiende que se nombran personas progresistas para puestos de responsabilidad, lo cual, según él, extraña al GPP.
• Acusaciones Mutuas: Ambos grupos se acusan mutuamente de falta de escrúpulos, de mentir, de ser poco fiables y de tener discursos afines a los extremos políticos. El ministro llega a calificar al GPP de "ultra" y de ser "indistinguibles" de VOX.

Tipo de Documento Parlamentario:

El documento corresponde a un Debate de Interpelación Urgente en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Se propone la creación de una Comisión de Investigación para examinar las actuaciones del Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El objetivo principal es analizar su rol en la tramitación de la ley de amnistía, su participación en los pactos con partidos independentistas para la investidura y su posible responsabilidad en el deterioro de las instituciones.

La comisión se centrará en:

• Evaluar las gestiones relacionadas con la amnistía.
• Analizar la intervención en los acuerdos de investidura.
• Determinar la responsabilidad en el deterioro institucional.
• Proponer medidas para salvaguardar la independencia judicial y la separación de poderes.

La comisión tendrá una duración de seis meses, con posibilidad de prórroga, y presentará un dictamen al Pleno del Congreso.