Interpelación urgente relativa a la inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña

Este documento es un fragmento de un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados de España, específicamente una Interpelación Urgente sobre la inseguridad ciudadana y la ocupación ilegal en Cataluña.

Resumen del debate:

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Huguet Tous, inició la interpelación expresando su preocupación por el aumento de la criminalidad y la ocupación ilegal en Cataluña, citando estadísticas que muestran un incremento superior a la media española en delitos como robos en domicilios, sustracción de vehículos y hurtos. Atribuyó esta situación a la "permisividad" de las administraciones y a la falta de coordinación entre el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos. También señaló la desmotivación de los Mossos d'Esquadra debido a la "utilización política" y el déficit de plazas en la Guardia Civil y la Policía Nacional. Criticó la lentitud de la Administración de Justicia y la ineficacia de reformas legislativas recientes para atajar la multirreincidencia y la ocupación.

El Ministro del Interior, Sr. Grande-Marlaska, respondió a la interpelación, calificando la preocupación por la seguridad como minoritaria entre los españoles (2,3%). Atribuyó el aumento de la criminalidad principalmente a la ciberdelincuencia y las ciberestafas. Respecto a la ocupación ilegal, afirmó que los delitos de usurpación (que no constituyen morada) descendieron en 2023 y que la actuación policial es diferente según si el inmueble es morada o no. Negó la falta de medios en las fuerzas y cuerpos de seguridad, asegurando que se han recuperado y aumentado las plantillas desde 2018. Destacó la "perfecta" coordinación entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

En su turno de réplica, el Sr. Huguet Tous insistió en la necesidad de coordinación y criticó al Ministro por no abordar la multirreincidencia y la falta de juzgados. Citó al alcalde de Barcelona (de un partido afín al gobierno) para respaldar la idea de que la inseguridad es una preocupación ciudadana y que se necesitan más recursos judiciales y herramientas legales.

El Ministro del Interior, en su réplica final, reiteró que la ocupación de inmuebles que no constituyen morada no es equiparable a allanamiento de morada y que la cifra de estos delitos ha disminuido. Volvió a defender el aumento de efectivos policiales y criticó la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Desacuerdo total en la valoración de la situación de la inseguridad ciudadana y la ocupación ilegal en Cataluña. El PP la considera un problema grave y creciente, mientras que el Gobierno la minimiza y la atribuye a causas específicas como la ciberdelincuencia.
• Desacuerdo sobre la suficiencia de medios y la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El PP denuncia déficit y desmotivación, mientras que el Gobierno asegura que hay medios suficientes y una coordinación "perfecta".
• Desacuerdo sobre la eficacia de las medidas legislativas y judiciales. El PP critica la ineficacia de reformas y la lentitud judicial, mientras que el Gobierno defiende sus actuaciones y señala la necesidad de renovar el CGPJ.
• Matiz relevante en la distinción entre allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, un punto clave en el argumento del Ministro del Interior para matizar las cifras de ocupación ilegal.
• Matiz relevante en la atribución de competencias. El PP defiende la competencia exclusiva del Estado en seguridad pública, mientras que el Gobierno, sin negarla, enfatiza el modelo de Estado de las autonomías y el desarrollo legislativo de las competencias.

Esta interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno aborda la creciente inseguridad ciudadana y la ocupación ilegal de viviendas, con un foco particular en Cataluña. Se denuncian datos alarmantes sobre criminalidad y se critica la gestión gubernamental, que según el texto, debilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y favorece a los ocupantes ilegales. La interpelación cuestiona la Ley de Vivienda por su impacto en la propiedad privada y la inseguridad jurídica, diferenciando claramente entre desalojo de okupas y protección de vulnerables. Se busca una respuesta del Gobierno a esta problemática.