Comparecencia de don Alejandro Hernández Royo, abogado penalista, acordada por la citada Comisión, para informar sobre el objeto de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio

A continuación, se presenta un resumen imparcial de la comparecencia del abogado penalista Alejandro Hernández Royo ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en el marco de la Subcomisión relativa a la Lucha contra los Discursos de Odio.

Tipo de documento parlamentario: Comparecencia en Comisión.

Resumen de la comparecencia:

El abogado penalista Alejandro Hernández Royo compareció para informar sobre el objeto de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio. Su intervención se centró en una crítica a la regulación actual del delito de odio en el Código Penal español, argumentando que esta ha llevado a una limitación desproporcionada de la libertad de expresión y a una expansión del derecho penal ("ius puniendi").

Argumentos principales y grupos que los defendieron:

• Crítica a la regulación del delito de odio:

  • Alejandro Hernández Royo (compareciente): Argumentó que la reforma de 2015 del artículo 510 del Código Penal, si bien con un origen lícito en la protección de valores constitucionales, ha derivado en una deficiente técnica legislativa. Señaló que la inclusión de la "incitación indirecta" y las penas desproporcionadas, incluso superiores a las de delitos de lesiones graves, convierten el delito de odio en un "cajón de sastre" peligroso para la libertad de expresión. Considera que esta regulación se utiliza para limitar discursos políticos, perseguir al disidente o al "políticamente incorrecto", y que no ha servido para disminuir los delitos de odio, sino para aumentar la autocensura y limitar el debate público. Cuestionó la idoneidad de considerar a ciertos colectivos (como independentistas catalanes, miembros de hinchadas de fútbol, o incluso partidos políticos) como sujetos pasivos del delito de odio, argumentando que no son colectivos especialmente vulnerables. Defendió que la crítica política, incluso en materia de inmigración o natalidad, debe estar amparada por la libertad de expresión y no ser perseguida bajo la figura del delito de odio. Citó sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo que, a su juicio, amparan la libertad de expresión incluso para negar el holocausto, siempre que no haya incitación directa a cometer delitos.
  • Grupo Parlamentario VOX (Sra. De Meer): Apoyó la visión del compareciente, argumentando que el delito de odio se utiliza para "amordazar" discursos críticos con políticas oficiales (fronteras abiertas, feminismo, ley de violencia de género, globalismo) y que la disidencia es respondida con descalificativos en lugar de argumentos. Denunció que su propio grupo ha sido objeto de señalamiento y violencia, y que la regulación actual fomenta el miedo y la autocensura.
  • Grupo Parlamentario Popular (Sra. Acedo Reyes): Si bien reconoció la existencia de discursos de odio y la necesidad de combatirlos, compartió la preocupación del compareciente sobre la dificultad de trazar la línea entre la crítica política y el delito, y la necesidad de no vulnerar la libertad de expresión. Cuestionó la objetividad en la definición de "odio" y la proporcionalidad de la intervención legal. Pidió profundizar en propuestas para evitar la colisión de derechos y preguntó sobre el impacto de la posible eliminación de la acusación popular.

• Defensa de la libertad de expresión y crítica a la intervención penal:

  • Alejandro Hernández Royo (compareciente): Enfatizó que la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, está en peligro debido a la actual regulación del artículo 510. Argumentó que el derecho penal debe ser la "última ratio" y que no toda conducta indeseable socialmente debe ser penalizada. Criticó la falta de claridad en la tipificación y la aplicación dispar de la ley, así como la falta de proporcionalidad de las penas.

• Necesidad de proteger colectivos vulnerables y la intervención penal:

  • Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sra. Rivera Arias): Defendió la obligación de los Estados de prohibir las formas más graves de discurso de odio que inciten a la violencia o discriminación, especialmente hacia colectivos vulnerables. Argumentó que la libertad de expresión no puede amparar la negación del holocausto o la criminalización de colectivos como los menores migrantes o la negación de la violencia machista. Cuestionó la tesis del compareciente y preguntó por mecanismos para combatir discursos de odio sin impedir el debate político.
  • Grupo Parlamentario Socialista (Sr. Gutiérrez Santiago): Rechazó la idea de que el delito de odio se utilice para amordazar discursos políticos, argumentando que los ataques sufridos por su partido (vandalismo, agresiones) no son libertad de expresión sino violencia, y que la diferencia con otros grupos es que ellos condenan toda violencia. Defendió que los discursos de odio son los que sufren colectivos vulnerables (racializados, migrantes, LGTBI, trans) y que la crítica a políticas migratorias o la comparación con situaciones como la de Ferraz no son equiparables a discursos de odio.
  • Grupo Parlamentario Popular (Sra. Acedo Reyes): Si bien reconoció la necesidad de proteger colectivos vulnerables, enfatizó la importancia de marcar límites claros para no censurar discursos y criticó el "bochorno" de la sesión, pidiendo respeto.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Desacuerdo fundamental: Existe un claro desacuerdo entre el compareciente y los grupos parlamentarios de SUMAR y Socialista sobre el alcance y la aplicación del delito de odio. Mientras el compareciente critica la expansión del derecho penal y la limitación de la libertad de expresión, estos grupos defienden la necesidad de proteger a colectivos vulnerables y consideran que la regulación actual es necesaria para combatir discursos que incitan a la violencia y la discriminación.
• Matices: El Grupo Parlamentario Popular y VOX se alinean más con las preocupaciones del compareciente sobre la libertad de expresión y el uso político del delito de odio, aunque el PP también reconoce la necesidad de proteger a colectivos vulnerables.
• Libertad de expresión vs. Discurso de odio: El debate central gira en torno a dónde trazar la línea entre la libertad de expresión y los discursos que deben ser penalizados. El compareciente aboga por una interpretación más restrictiva del delito de odio y una mayor protección de la libertad de expresión, mientras que los grupos de izquierda defienden una intervención penal más activa para proteger a los colectivos más expuestos.
• Uso político del delito de odio: El compareciente y VOX coinciden en que el delito de odio se utiliza con fines políticos para silenciar disidencias, mientras que SUMAR y el PSOE consideran que la crítica a ciertos discursos (machistas, racistas, LGTBI-fóbicos) no es censura sino protección de derechos.

No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones:

• Detalles específicos sobre el contenido de la Subcomisión más allá de su objeto.
• La intervención del abogado penalista Alejandro Hernández Royo en relación con otros comparecientes o temas no directamente vinculados a su exposición.
• Información sobre los otros comparecientes mencionados en el orden del día (CERMI, Impulso Ciudadano, Naizen) más allá de su mera inclusión en la sesión.