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N° de exp.

Comparecencia de don Xavier Vilajoana Eduardo, Presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda

Número de expendiente
- Ver iniciativa original
Tipo
Otras comparecencias en Comisión
Fechas
Presentado el 11/06/2026 , calificado el 16/06/2026
Autor
  • Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
Comisiones
  • Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
Estado Actual
Concluido
Tramitación seguida por la iniciativa
  • Comisión de Vivienda y Agenda Urbana Celebración desde 16/06/2026 hasta 16/06/2026
  • Concluido desde 16/06/2026 Nota: Celebrada en la sesión de la Comisión del día 15/06/2026.
Iniciativas de origen
Fecha de actualización
1/7/2026

Resumen

Contenido IA

1. De qué trata la iniciativa
La proposición de ley busca reformar la normativa administrativa y procesal que regula la ordenación territorial y urbanística para garantizar mayor seguridad jurídica. Entre sus principales medidas se propone:

  • Introducir la nulidad parcial de planes urbanísticos cuando los defectos sean subsanables, evitando la anulación total por errores formales menores.
  • Agilizar la tramitación de licencias, estableciendo plazos de tres meses (cuatro si requieren informes) y reforzar el “silencio administrativo positivo”.
  • Aplicar bonificaciones automáticas de impuestos (IVA reducido y ICIO al 90 %) a la vivienda de protección oficial y a la vivienda asequible.
  • Fomentar la colaboración entre el sector promotor, cooperativas y el tercer sector, y mejorar la infraestructura y movilidad en zonas con despoblación.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

  • Presentación: La proposición fue remitida a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana (expediente 219/000673).
  • Comparecencia: El 15 de junio 2026, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Xavier Vilajoana Eduardo, compareció ante la comisión para exponer los argumentos de la iniciativa.
  • Debates y preguntas: Los grupos parlamentarios (Junts per Catalunya, SUMAR, VOX, Socialista, Popular y otros) formularon preguntas y matices sobre la seguridad jurídica, el silencio administrativo, la reducción de impuestos, la capacidad productiva del sector y la coordinación con competencias autonómicas. No se registró una votación ni una posición de “contra”.
  • Acuerdos y matices: Se constató un amplio consenso sobre la necesidad de reformar la nulidad total y de agilizar licencias; se señalaron dudas sobre la viabilidad práctica, la financiación y la coordinación territorial.

3. Qué apoyos y rechazos recibió

  • No hubo votación formal; por tanto, no existen mayorías, rechazos ni abstenciones cuantificadas.
  • Los grupos parlamentarios expresaron, en su mayoría, apoyo al objetivo de mayor seguridad jurídica y a la simplificación de trámites, aunque solicitaron aclaraciones y garantías (p.ej., constitucionalidad, detalle de bonificaciones fiscales, capacidad del sector). No se registró oposición explícita.

4. Estado actual de la iniciativa

  • La proposición de ley sigue en trámite dentro de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. No ha sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada; está pendiente de posteriores informes, posibles enmiendas y votación en la comisión y, en su caso, en el pleno del Congreso.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo

  • El consenso preliminar y la comparecencia han permitido que la iniciativa avance a la fase de estudio y posible enmienda dentro de la comisión. Si la comisión emite un informe favorable, la proposición pasará al pleno del Congreso para su debate y votación. En caso de ser aprobada en el Congreso, el texto seguirá al Senado para su examen y, de ser finalmente aprobado por ambas cámaras, se convertiría en ley, modificando el marco jurídico de la ordenación territorial y urbanística. En la situación actual, la iniciativa aún no ha generado efectos legislativos concretos.

Documentos

Publicaciones del 15/6/2026

Comisión de Vivienda y Agenda Urbana

Diario de sesiones

Ver diario original Contenido IA

Resumen de la comparecencia de don Xavier Vilajoana Eduardo – Presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE)
Expediente 219/000673 – Comisión de Vivienda y Agenda Urbana (Sesión 26, 15 de junio 2026)

1. Argumentos principales del compareciente

Tema Argumento expuesto por el presidente de la APCE Comentario breve (para la ciudadanía)
Seguridad jurídica en la ordenación territorial La falta de seguridad jurídica (nulidades de planes por defectos formales menores) paraliza la construcción de viviendas y perjudica a municipios, promotores y ciudadanos. Propone que la nulidad sea proporcional: que los defectos subsanables no anulen todo el planeamiento, sino que se permita la nulidad parcial y la corrección de los errores. La “seguridad jurídica” es la garantía de que los permisos y planes aprobados no se anulen de golpe por un detalle administrativo.
Consenso técnico Existe un amplio consenso entre técnicos, ayuntamientos y operadores (públicos y privados) sobre la necesidad de reformar el artículo 55 de la Ley del Suelo para evitar la “nulidad en cascada”. El problema no es ideológico sino la incapacidad política de transformar ese consenso en ley. “Consenso técnico” = acuerdo entre expertos y administraciones sobre qué es necesario cambiar.
Ejemplos de nulidades desproporcionadas - Tarragona (2020): anulación total de un POUM que preveía 36 000 viviendas por falta de un informe de hidrocarburos.
- Canet de Mar (2023): anulación de un POUM por una justificación insuficiente de la perspectiva de género.		 Estos casos ilustran cómo un pequeño error puede destruir años de planificación y cientos de viviendas.
Contribución del sector promotor La APCE ha realizado ≈ 80 % de la vivienda de protección oficial (VPO) y el 90 % de la producción de viviendas en los últimos años. El sector no se opone a la vivienda asequible; al contrario, la construye. El promotor privado es el principal agente que lleva a cabo la construcción de viviendas protegidas.
Vivienda asequible para el 90 % de la población La vivienda “asequible” ya no es solo para vulnerables, sino para la clase media. El sector está dispuesto a seguir construyendo este tipo de viviendas. “Asequible” = precios que pueden pagar la mayoría de los hogares, no solo los más necesitados.
Cooperativas y tercer sector Apoya el cooperativismo siempre que sea rentable; sin rentabilidad, la gestión recae en la Administración, que no tiene capacidad para escalar. Las cooperativas pueden ser una vía, pero deben ser viables económicamente.
Falta de capital y necesidad de estabilidad No hay suficiente capital público para financiar toda la oferta de vivienda; se necesita estabilidad jurídica que permita a los promotores planificar y atraer inversión. Sin garantías legales, los inversores no se arriesgan a financiar nuevas construcciones.
Mano de obra Existe escasez de personal cualificado; la APCE está trabajando con la Fundación Laboral de la Construcción para atraer y formar jóvenes. El sector necesita más trabajadores, tanto cualificados como de base.
Silencio administrativo positivo En teoría es útil, pero en la práctica la falta de licencias en tiempo (más de 3‑4 meses) impide su efectividad. Propone que la Administración entregue licencias en tres meses (cuatro si hay informes). “Silencio administrativo” = si la administración no responde en plazo, se entiende que la solicitud está aprobada.
Carga fiscal Aproximadamente 30 % del coste de una vivienda corresponde a impuestos (IVA, ICIO, etc.). Propone bonificaciones automáticas (IVA reducido, ICIO al 90 %) para viviendas de protección oficial y asequibles. Reducciones fiscales directas bajarían el precio final para el comprador/alquilador.
Infraestructura y despoblación La falta de transporte público y servicios hace inviable la construcción en zonas periféricas; la solución pasa por mejorar la movilidad y la infraestructura antes de impulsar la oferta. No basta con construir casas; hay que garantizar que la gente pueda desplazarse fácilmente.

2. Posiciones de los grupos parlamentarios

Grupo Comentario / Pregunta Valoración respecto a los argumentos de la APCE
Junts per Catalunya (Sra. Madrenas) Agradece la comparecencia, insiste en la autonomía municipal y la necesidad de contratación pública para vivienda. Señala que cualquier reforma no debe vulnerar competencias autonómicas. Matiz: comparte la necesidad de seguridad jurídica, pero subraya que la normativa debe respetar competencias catalanas.
SUMAR (Sra. Vergara) Pregunta si la propuesta podría ser impugnada por el Tribunal Constitucional y solicita comparativas con otras iniciativas (PNV, Socialistas). Interroga sobre el papel del sector promotor en vivienda asequible y en cooperativas. Matiz: reconoce la importancia de la seguridad jurídica, pero busca garantías constitucionales y mayor compromiso del sector con modelos no lucrativos.
VOX (Sr. Hernández) Agradece la intervención y plantea dudas sobre la capacidad productiva del sector y la infraestructura eléctrica para absorber un gran número de viviendas. Matiz: no cuestiona la seguridad jurídica, pero duda de la factibilidad práctica de la propuesta a gran escala.
Socialista (Sr. Ramírez) Coincide en que hay un consenso técnico que no se ha traducido en ley; critica la “ideología” de la derecha que complica la reforma. Pregunta por la capacidad del sector y la falta de mano de obra. Acuerdo en la necesidad de reforma; refuerzo de la crítica a la falta de voluntad política.
Popular (Sr. Pérez Osma) Solicita aclaraciones sobre el silencio administrativo positivo, la reducción de impuestos y la viabilidad de inversiones en zonas despobladas. Acuerdo en la necesidad de simplificar trámites y reducir cargas fiscales; busca detalles de aplicación.
Otros grupos (PP, etc.) No se registran intervenciones específicas en el fragmento. —

En general, no se registró un voto ni una posición de “contra”; los grupos parlamentarios expresaron preguntas y matices que complementan o profundizan los argumentos de la APCE, sin rechazar de forma explícita sus propuestas.

3. Acuerdo, desacuerdo y matices relevantes

Aspecto Resultado en la comparecencia
Seguridad jurídica / nulidad parcial Amplio consenso entre el compareciente y los grupos: todos reconocen que la nulidad total por defectos menores es un obstáculo.
Silencio administrativo positivo Matiz: la APCE lo considera útil en teoría, pero señala que la práctica es insuficiente; el PP pide más claridad sobre su aplicación.
Reducción de impuestos (IVA, ICIO) Acuerdo parcial: la APCE propone bonificaciones automáticas; el PP solicita detalles, los demás grupos no se pronuncian en contra.
Capacidad productiva del sector Cuestionamiento por VOX y Socialistas: dudas sobre si el sector puede construir 700 000‑1 000 000 de viviendas al año y sobre la infraestructura eléctrica.
Competencias autonómicas Matiz por Junts: la reforma no debe vulnerar competencias de la Generalitat.
Cooperativas y modelo no lucrativo Acuerdo en que pueden ser útiles siempre que sean rentables; la APCE insiste en la necesidad de viabilidad económica.
Necesidad de inversión pública Acuerdo en que el sector privado necesita apoyo público (suelo, financiación) y que la falta de capital público es un límite.
Infraestructura y despoblación Acuerdo en que la vivienda sola no basta; se requiere transporte y servicios.

4. Conclusión para la ciudadanía

  • Qué se propone: Cambiar la normativa para que los errores administrativos no anulen planes completos, permitir correcciones parciales y agilizar licencias (3‑4 meses).
  • Por qué es importante: Evitar que años de planificación y cientos de viviendas queden “en papel” y acelerar la construcción de viviendas, especialmente asequibles, para el 90 % de la población.
  • Quién apoya la medida: La mayoría de los grupos parlamentarios (Junts, SUMAR, VOX, Socialistas, Popular) están de acuerdo en la necesidad de mayor seguridad jurídica, aunque piden garantías constitucionales, claridad fiscal y evaluación de la capacidad productiva.
  • Qué dudas quedan: ¿Se podrán cumplir los plazos de licencias? ¿Se reducirán efectivamente los impuestos? ¿El sector tiene la capacidad de construir la cantidad de viviendas que se necesita? ¿Cómo se garantizará la coordinación entre administraciones y la infraestructura necesaria?

En la comparecencia no se tomó una decisión final, pero se constató un consenso amplio sobre la urgencia de reformar la seguridad jurídica y se identificaron los puntos de discusión que deberán resolverse en el proceso legislativo.