Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 26/2023, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón

1. ¿De qué trata la iniciativa?

La iniciativa se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso presentado por el Presidente del Gobierno contra varios artículos de un Decreto-ley del Gobierno de Aragón. Este decreto-ley establecía medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

El Presidente del Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del Decreto-ley 3/2022 del Gobierno de Aragón. El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, estimando parcialmente el recurso. Ha declarado inconstitucionales y nulos algunos apartados de los artículos 2, 3.1, 3.2 y el artículo 4. El artículo 5 se considera constitucional bajo una interpretación específica. El resto del recurso ha sido desestimado. El Congreso de los Diputados ha sido informado de esta sentencia y ha acordado su publicación.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?

La información proporcionada se centra en la decisión del Tribunal Constitucional y la acción posterior del Congreso de los Diputados. No detalla votaciones o apoyos/rechazos de partidos políticos en relación con el recurso de inconstitucionalidad o la sentencia.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?

La iniciativa se encuentra en su estado final, ya que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia. El Congreso de los Diputados ha tomado conocimiento de la misma y ha ordenado su publicación.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?

La sentencia del Tribunal Constitucional tiene como resultado la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de partes del Decreto-ley del Gobierno de Aragón. Esto significa que esas partes específicas del decreto-ley aragonés pierden su validez legal. El artículo 5 del decreto-ley se mantiene vigente, pero con una interpretación concreta establecida por el Tribunal.