Proposición no de Ley relativa a la retirada de dispositivos de control de tráfico por razones de seguridad vial y ciberseguridad

Esta Proposición no de Ley insta al Gobierno a abordar los riesgos de seguridad vial y ciberseguridad asociados a dispositivos de control de tráfico de origen extranjero, particularmente los chinos. Se señala la preocupación por la posible vulnerabilidad de estos sistemas, su potencial para el ciberespionaje y la pérdida de soberanía tecnológica. La iniciativa propone dos acciones clave: la realización de una auditoría técnica y jurídica independiente de los dispositivos instalados y la suspensión inmediata de la compra, instalación y renovación de contratos de radares y cámaras fabricados o con componentes chinos vetados internacionalmente. El objetivo es salvaguardar la seguridad nacional y la de los ciudadanos españoles.

Tipo de documento parlamentario: Debate en Comisión (Comisión sobre Seguridad Vial).

Iniciativa: Proposición no de Ley (PNL) relativa a la retirada de dispositivos de control de tráfico por razones de seguridad vial y ciberseguridad (Número de expediente 161/002655).

Resumen del debate:

La Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, planteaba la necesidad de retirar dispositivos de control de tráfico de origen extranjero, especialmente chinos, por motivos de seguridad vial, ciberseguridad, soberanía nacional y protección de la intimidad de los ciudadanos.

Argumentos a favor (Grupo Parlamentario VOX): El Grupo Parlamentario VOX, a través del señor Alcaraz Martos, argumentó que el Gobierno está entregando irresponsablemente infraestructuras críticas a tecnologías bajo el control de regímenes que no comparten los valores democráticos de España, refiriéndose específicamente a empresas tecnológicas chinas como Dahua o Hikvision. Señaló que estos dispositivos registran matrículas, itinerarios y ubicaciones de ciudadanos en tiempo real, lo que representa una amenaza directa a la seguridad nacional y la ciberseguridad. Mencionó que aliados estratégicos como Estados Unidos, Dinamarca, Lituania, Países Bajos y Australia han prohibido o retirado estos equipos por sospechas de ciberespionaje, y que incluso las Fuerzas Armadas españolas han advertido sobre los riesgos. VOX exigió una auditoría técnica y jurídica independiente de todos los dispositivos de control de tráfico de origen extranjero (especialmente chinos) y la suspensión inmediata de la compra, instalación y renovación de contratos con tecnología vetada por los aliados internacionales.

Argumentos con matices o en contra:

• El Grupo Parlamentario Popular, a través del señor Ibáñez Hernando, coincidió en gran medida con la preocupación sobre la contratación de tecnología china en ámbitos sensibles y apoyó la idea de una auditoría. Sin embargo, presentó una enmienda al segundo punto de la PNL, argumentando que el criterio determinante para la retirada o suspensión de contratos debe ser el riesgo acreditado y no exclusivamente la nacionalidad del fabricante. Propuso que las decisiones se basen en criterios técnicos, evaluaciones de organismos competentes y el marco europeo de ciberseguridad, especialmente para proveedores identificados como de alto riesgo. El Grupo Popular esperaba que su enmienda fuera aceptada para poder votar favorablemente.
• El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, representado por la señora Vergara Román, compartió la necesidad de garantizar la máxima seguridad en los sistemas de gestión de tráfico. No obstante, enfatizó que las decisiones sobre la retirada o sustitución de equipos deben basarse en evaluaciones técnicas objetivas e informes de organismos competentes, y no únicamente en el país de origen. Subrayó la importancia de proteger los datos personales y la información sensible, asegurando mecanismos de control público y reforzando los medios humanos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
• El Grupo Parlamentario Socialista, con la intervención del señor Almirón Ruiz, sostuvo que la seguridad de las infraestructuras públicas debe abordarse con criterios técnicos, análisis de riesgos y evidencias, no solo por el país de origen. Afirmó que los dispositivos a los que se refiere la iniciativa están conectados a una red privada interna sometida al Esquema Nacional de Seguridad y que no se han constatado problemas de seguridad. Argumentó que el Esquema Nacional de Seguridad ya establece un modelo de análisis y gestión de riesgos, incluyendo la cadena de suministro. Para el PSOE, la cuestión es si un dispositivo cumple los estándares de seguridad y si las vulnerabilidades están correctamente gestionadas, no su nacionalidad.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

El Grupo Parlamentario VOX (proponente) aceptó la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que buscaba que la suspensión de la compra e instalación de dispositivos se basara en "riesgos acreditados" en lugar de una prohibición genérica por "tecnología vetada por nuestros aliados internacionales". A pesar de este acuerdo entre VOX y PP sobre el texto enmendado, los grupos SUMAR y Socialista mantuvieron su posición de que las decisiones deben basarse en criterios técnicos y riesgos probados, no solo en el origen.

Resultado de la votación:

La Proposición no de Ley, con la enmienda del Grupo Popular incorporada, fue rechazada con 17 votos a favor y 18 en contra.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular

• Objeto: Modificar el segundo punto del "instamiento" (petitum) de la Proposición no de Ley original, que se refiere a la suspensión de la compra e instalación de dispositivos de control de tráfico.
• Modificación(es):
  • Se elimina la exigencia de "suspender de forma inmediata" la compra, instalación y renovación de contratos de los dispositivos.
  • Se amplía el alcance de los dispositivos afectados, pasando de "radares y cámaras de vigilancia" a incluir "demás dispositivos tecnológicos destinados al control del tráfico".
  • Se modifica el criterio para la suspensión: en lugar de basarse en que los dispositivos sean "fabricados o con componentes chinos vetados internacionalmente", se requiere un "previo informe de los organismos nacionales competentes en materia de ciberseguridad y seguridad nacional" que determine la existencia de riesgos.
  • Se especifican los tipos de riesgos a considerar: "seguridad nacional, la ciberseguridad o la protección de datos".
  • Se añade una indicación para prestar "especial atención a aquellos proveedores considerados de alto riesgo por España, la Unión Europea o nuestros países aliados", generalizando el enfoque más allá de la procedencia china específica.
• Efecto: La enmienda suaviza la inmediatez de la acción propuesta y amplía el tipo de dispositivos afectados. Introduce un requisito de evaluación técnica y jurídica por parte de organismos nacionales competentes antes de proceder a la suspensión, lo que dota de mayor rigor técnico y legal al proceso. Además, diversifica los criterios de riesgo (incluyendo protección de datos) y generaliza el objetivo de la medida a cualquier proveedor de alto riesgo, no solo a los de origen chino, aunque manteniendo una atención preferente a estos.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

La iniciativa original buscaba que el Gobierno realizara una auditoría de dispositivos de control de tráfico extranjeros, con especial énfasis en los de procedencia china, y suspendiera de forma inmediata la compra e instalación de radares y cámaras con componentes chinos vetados internacionalmente. Tras la aplicación de la única enmienda presentada, el primer punto de la iniciativa permanece inalterado, manteniendo la solicitud de una auditoría técnica y jurídica independiente. Sin embargo, el segundo punto se modifica sustancialmente. La exigencia de una suspensión "inmediata" se elimina, y el alcance de los dispositivos afectados se amplía para incluir "demás dispositivos tecnológicos" además de radares y cámaras. El criterio para la suspensión se vuelve más específico y técnico: ya no se basa en un veto internacional general a componentes chinos, sino en un informe previo de organismos nacionales competentes que determine riesgos para la seguridad nacional, la ciberseguridad o la protección de datos. Se mantiene una atención especial a proveedores de alto riesgo identificados por España, la Unión Europea o sus aliados, lo que amplía el foco más allá de la procedencia china específica. En resumen, la iniciativa final propone un enfoque más deliberativo, técnicamente fundamentado y de mayor alcance en la gestión de riesgos de seguridad en la infraestructura de control de tráfico, priorizando la evaluación nacional y la protección de datos, además de la seguridad nacional y la ciberseguridad.

Resultado iniciativa: Rechazada