Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España

Esta Proposición de Ley Orgánica busca restaurar la jurisdicción universal en España para perseguir graves violaciones de derechos humanos. La iniciativa reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los tribunales españoles juzguen delitos cometidos en el extranjero, como genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura y terrorismo, incluso si los responsables no son españoles, siempre que exista alguna conexión con España o no se haya iniciado un proceso efectivo en otro lugar. Se eliminan restricciones previas y se recupera la acción popular. Además, se prevé la reapertura de casos previamente archivados bajo la anterior legislación, garantizando así el acceso a la justicia para las víctimas y evitando la impunidad.

Este documento corresponde a un Debate de toma en consideración de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

Iniciativa analizada: Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España (Número de expediente: 122/000016), presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

Resumen del debate:

La proposición de ley busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para fortalecer la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España.

Argumentos a favor (Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y otros grupos que apoyaron la toma en consideración):

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Defendió la iniciativa argumentando que España ha sido un país pionero en la persecución de violaciones de derechos humanos fuera de sus fronteras, sirviendo de modelo internacional. Señalaron que la jurisdicción universal es esencial para combatir la impunidad de crímenes graves como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que las reformas de 2009 y 2014 limitaron indebidamente esta capacidad, archivando casos importantes y desprotegiendo a las víctimas. Subrayaron que la propuesta busca restaurar la capacidad de la justicia española para perseguir estos delitos, independientemente del lugar donde se cometan o la nacionalidad de las víctimas o victimarios, y que es un imperativo humanitario y una obligación internacional.
• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Apoyó la proposición para restaurar la jurisdicción universal, especialmente para crímenes que no prescriben según el derecho internacional. Señalaron la necesidad de herramientas jurídicas para actuar ante crímenes de guerra y lesa humanidad, mencionando la situación en Palestina. Sin embargo, señalaron dos incongruencias: que los crímenes del franquismo quedan al margen y que España aún no ha firmado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
• Grupo Parlamentario Republicano: Anunció su voto a favor, calificando la proposición como un paso necesario para fortalecer la justicia internacional y evitar la impunidad. Recordaron que ellos mismos habían presentado una iniciativa similar en 2017 y criticaron al Partido Popular por haber recortado la jurisdicción universal. Cuestionaron la compatibilidad de esta reforma con la "ley mordaza" y la ley de extranjería, y la capacidad de los jueces para diferenciar entre terrorismo y manifestación.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Manifestó que analizarán la proposición y, si prospera, presentarán enmiendas. Se mostraron críticos con la justicia española, pero reconocieron la importancia de la jurisdicción universal para la lucha contra la impunidad. Recordaron que en la anterior legislatura defendieron la prevalencia del derecho internacional.
• Grupo Parlamentario Socialista: Anunció su voto a favor, destacando que España fue pionera en la defensa de los derechos humanos con la reforma de 2009, pero que el Partido Popular la restringió en 2014. Subrayaron que el Gobierno está comprometido con los tribunales internacionales y que la propuesta busca que España siga siendo un referente en justicia universal.

Argumentos en contra (Grupo Parlamentario VOX y otros grupos que votaron en contra):

• Grupo Parlamentario VOX: Calificó la propuesta de "desvergüenza" y "cuentos chinos", argumentando que la ideología que representa SUMAR es la más mortífera de la historia. Criticaron la contradicción de SUMAR al querer extender la jurisdicción universal mientras supuestamente despojan a España de soberanía a través de la UE o un Estado plurinacional. Consideraron que la jurisdicción española ya está suficientemente regulada y que la propuesta es innecesaria y busca el "lawfare". Cuestionaron la omisión de crímenes en Cuba, Nicaragua y Bolivia en la exposición de motivos, y defendieron que la jurisdicción universal debería limitarse a los tratados internacionales.
• Grupo Parlamentario Popular: Anunció su voto en contra, a pesar de algunas coincidencias de fondo con sus propias propuestas anteriores sobre delitos como la sedición o los referéndums ilegales. Criticaron que la proposición de VOX transcribía parcialmente el artículo 2 de la Constitución, obviando la parte que reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones. Se opusieron a penas mayores para españoles nacionalizados que para españoles de origen y a la idea de que agredir a la policía sea delito solo si lo hacen independentistas. Consideraron que ilegalizar partidos separatistas por el mero hecho de serlo va en contra de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional.

Acuerdo/Desacuerdo y Matices Relevantes:

• Acuerdo: La proposición de ley fue aprobada en su toma en consideración con 178 votos a favor frente a 168 en contra. Esto significa que la mayoría de los grupos parlamentarios considera que la iniciativa debe continuar su tramitación.
• Desacuerdo: Hubo un claro desacuerdo entre los grupos parlamentarios. Mientras SUMAR y sus aliados (PSOE, BNG, parte del Mixto) defendieron la necesidad de reforzar la jurisdicción universal, VOX y el PP se opusieron, argumentando que la propuesta era innecesaria, contradictoria o contraria a la Constitución y a los intereses españoles.
• Matices Relevantes:
  • Algunos grupos (como el Mixto y el Republicano) mostraron preocupación por la posible falta de continuidad de la iniciativa una vez aprobada la toma en consideración, o por la compatibilidad de la reforma con otras leyes como la "ley mordaza".
  • El Grupo Mixto (BNG) señaló la incongruencia de que la propuesta no incluyera la persecución de crímenes del franquismo y que España no haya firmado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
  • El Grupo Popular, aunque votó en contra, reconoció algunas coincidencias de fondo con sus propias propuestas anteriores en materia de delitos como la sedición.
  • El Grupo Parlamentario VOX criticó duramente la ideología de SUMAR y la consideró la causa de muchos males, omitiendo crímenes cometidos por regímenes afines a su ideología en la exposición de motivos.
  • El Grupo Parlamentario Socialista defendió la gestión del Gobierno en materia de derechos humanos y la importancia del diálogo social.

En resumen, la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de jurisdicción universal y protección de derechos humanos superó la toma en consideración, contando con el apoyo de la mayoría de la Cámara, aunque con una oposición significativa por parte de VOX y el PP.

La Proposición de Ley Orgánica para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal ha sido admitida a trámite, siendo el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR su autor.

Se ha decidido que la Comisión de Justicia estudiará la propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial. Además, se abre un plazo de quince días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de modificación a esta reforma.