Proposición no de Ley para la reducción y simplificación de trámites administrativos

Esta Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, busca aumentar la competitividad española a través de la simplificación y reducción de trámites administrativos. Se alinea con las directrices europeas para fortalecer la economía y la industria.

Los puntos clave incluyen la revisión de la normativa nacional bajo principios de proporcionalidad como 'una más, una menos', la digitalización e interoperabilidad de trámites administrativos, la agilización de plazos y autorizaciones, y la implementación de análisis de datos para la mejora continua. El objetivo es lograr una administración pública más eficiente y accesible, beneficiando a ciudadanos y empresas.

A continuación, se presenta un resumen del debate parlamentario sobre la Proposición no de Ley para la reducción y simplificación de trámites administrativos (Número de expediente 161/001529), celebrado en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados.

Resumen del Debate:

La Proposición no de Ley (PNL) fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites administrativos para empresas, autónomos y ciudadanos, modernizando la Administración Pública.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la iniciativa argumentando que la burocracia excesiva supone un coste económico significativo para España (estimado en 70.000 millones de euros de PIB anual) y que la simplificación es una prioridad nacional. Señalaron que la PNL refuerza la hoja de ruta del Gobierno en esta materia y busca sumar consensos políticos. Se propusieron medidas concretas como la revisión de normas bajo el principio "una más, una menos", la digitalización de trámites, la reducción de plazos y el uso de herramientas digitales. Se citaron ejemplos de éxito en municipios como Granollers y Barcelona.
• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Apoyó la simplificación administrativa, pero presentó una enmienda para asegurar que no se vulneren derechos, especialmente el uso de las lenguas cooficiales en la relación con la Administración y para garantizar la posibilidad de relación presencial y plazos de alegación adecuados, evitando la exclusión digital.
• Grupo Parlamentario SUMAR: Anunció su voto favorable, coincidiendo en la necesidad de una Administración al servicio de la ciudadanía y del tejido productivo, especialmente de las PYMES. Insistieron en eliminar trámites duplicados, automatizar documentos y digitalizar con criterio.
• Grupo Parlamentario Republicano (ERC): Manifestó su voto favorable, defendiendo que la Administración debe estar al servicio de la ciudadanía y del tejido productivo. Destacaron la importancia de la simplificación para las PYMES y la necesidad de eliminar trámites duplicados y digitalizar con criterio.

Argumentos en contra y matices:

• Grupo Parlamentario VOX: Criticó la PNL por considerarla una propuesta de "suma cero" ("una más, una menos") que no reduce la maraña normativa. Señalaron que la fragmentación del mercado dentro de España es un obstáculo para la productividad y que la transferencia de competencias de industria a las comunidades autónomas aumenta la complejidad administrativa. Presentaron una enmienda para abordar las causas reales de la complejidad normativa.
• Grupo Parlamentario Popular: Consideró la PNL "vaga" y sin ambición, carente de medidas concretas. Argumentaron que el Gobierno debería haber incluido estas propuestas en la Ley de Industria y criticaron la falta de consenso en la tramitación de dicha ley. Destacaron la necesidad de una reforma estructural para mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera, mencionando ejemplos de comunidades autónomas con políticas de simplificación.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Hubo un acuerdo generalizado en la necesidad de simplificar y reducir trámites administrativos, reconociendo el problema de la burocracia.
• El Grupo Parlamentario Socialista defendió la PNL como un refuerzo a las acciones del Gobierno.
• El BNG y SUMAR expresaron su apoyo, pero con matices importantes relacionados con la salvaguarda de derechos lingüísticos, la garantía de acceso presencial y la no exclusión digital.
• VOX y el Grupo Popular criticaron la iniciativa por considerarla insuficiente y carente de medidas concretas, señalando la responsabilidad del Gobierno en la complejidad normativa y proponiendo enfoques alternativos.
• La PNL fue aprobada con 18 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto

• Objeto: Modifica los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • En el punto 2, se añade una cláusula que especifica que los avances en digitalización no implicarán una reducción o retroceso en los derechos de las personas administradas, mencionando explícitamente los derechos lingüísticos y el mantenimiento de la atención presencial con personal y horario suficientes.
  • En el punto 3, se añade una cláusula que establece que la agilización de plazos y trámites no supondrá la eliminación o reducción de los procesos de participación ciudadana o de exposición pública.
  • Se incluye una versión de los mismos puntos en gallego.
• Efecto: Introduce salvaguardas para proteger los derechos de los ciudadanos en el proceso de digitalización y simplificación administrativa, asegurando que no se vean mermados por la agilización de trámites.

Enmienda del Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Modifica los puntos 1, 2, 3, 4, y añade nuevos puntos 5 y 6 a la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • En el punto 1, se añade la necesidad de abordar un proceso urgente de simplificación normativa y administrativa para eliminar duplicidades regulatorias entre distintos niveles de la Administración, antes de continuar con la revisión de la normativa nacional.
  • En el punto 2, se añade la urgencia en la promoción de medidas para avanzar en la digitalización y se garantiza la atención presencial en todo caso.
  • En el punto 3, se propone reducir las trabas burocráticas eliminando las impuestas por agendas supranacionales como la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, y suprimiendo el gasto político e ideológico destinado a propaganda y adoctrinamiento, además de agilizar plazos y trámites.
  • En el punto 4, se amplía la solicitud de implementación de medidas de análisis y evaluación para incluir el incremento de capacidades y medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI, la JSCD y otros organismos competentes en ciberdefensa y soberanía de datos.
  • Se añade un nuevo punto 5 que insta a realizar una auditoría de las entidades del sector público institucional de la AGE, administraciones regionales y locales para identificar duplicidades y proponer racionalización y simplificación de su estructura.
  • Se añade un nuevo punto 6 que promueve la creación de una carpeta ciudadana única, interoperable y que concentre todas las relaciones con las Administraciones Públicas, garantizando su accesibilidad universal y reforzando la presencialidad.
• Efecto: Refuerza el carácter urgente de la simplificación, introduce una crítica a ciertas agendas políticas y prioriza la seguridad y la eficiencia en la gestión pública, además de proponer medidas concretas de auditoría y unificación de servicios digitales.

Enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

• Objeto: Sustituye la redacción de los puntos 1, 2, 3 y 4 de la proposición no de ley original y añade nuevos puntos 5 y 6.
• Modificación(es):
  • El punto 1 se sustituye por la propuesta de impulsar anualmente un Decreto de Simplificación y Mejora de la Calidad Regulatoria, que incluya la sustitución preferente de licencias por declaración responsable, la aplicación del silencio administrativo positivo como regla general, y un mecanismo de evaluación continua, con especial atención a las PYMES.
  • El punto 2 se modifica para garantizar la interoperabilidad real entre administraciones, la trazabilidad de expedientes mediante uso compartido de datos en tiempo real y servicios digitales comunes, e incorporar criterios de gobierno inteligente.
  • El punto 3 se enfoca en fijar plazos máximos comunes y exigibles en procedimientos clave y agilizar autorizaciones, priorizando grandes proyectos de inversión estratégicos.
  • El punto 4 se sustituye por la propuesta de estudiar la implantación de un sistema de evaluación continua de procedimientos y programas con indicadores públicos sobre tiempos, cargas y coste administrativo, y la elaboración de informes periódicos de reducción de trabas.
  • Se añade un nuevo punto 5 que propone reducir los costes de gestión administrativa mediante una medición ex ante y ex post del coste regulatorio neto de nuevas normas y reformas, con el objetivo de una disminución anual del coste administrativo agregado.
  • Se añade un nuevo punto 6 que insta a reforzar la colaboración con el sector privado y las Comunidades Autónomas, y a promover estos principios de simplificación en la Unión Europea.
• Efecto: Introduce medidas más concretas y ambiciosas para la simplificación administrativa, como la declaración responsable, el silencio administrativo positivo, la priorización de proyectos estratégicos y la medición del coste regulatorio. Busca una mayor eficiencia y competitividad a través de la mejora de la calidad regulatoria y la colaboración interadministrativa y público-privada.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

La proposición no de ley, tras la incorporación de las enmiendas presentadas, se consolida como una iniciativa que busca incrementar la competitividad a través de la reducción y simplificación de trámites administrativos. Se mantiene el impulso a la revisión de la normativa nacional y a la digitalización de los procedimientos, pero se incorporan matices y refuerzos significativos.

En primer lugar, se enfatiza la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos en el proceso de digitalización, asegurando que no se vean afectados los derechos lingüísticos ni la atención presencial, y garantizando que la agilización de trámites no implique la supresión de la participación ciudadana o la exposición pública.

Por otro lado, se introduce un enfoque más proactivo y urgente en la simplificación, instando a la eliminación de duplicidades regulatorias, a la promoción decidida de la digitalización con garantía de atención presencial, y a la reducción de trabas burocráticas, con una crítica explícita a la imposición de agendas supranacionales y al gasto político ideológico. Se amplían las medidas de análisis y evaluación para incluir la ciberseguridad y la soberanía de datos, y se propone una auditoría exhaustiva del sector público institucional para racionalizar estructuras, así como la creación de una carpeta ciudadana única e interoperable.

Finalmente, se eleva el nivel de ambición con la propuesta de un Decreto anual de Simplificación y Mejora de la Calidad Regulatoria, que contemple la declaración responsable, el silencio administrativo positivo como regla general, y la evaluación continua de cargas, con especial atención a las PYMES. Se busca una interoperabilidad real y trazabilidad de expedientes mediante el uso de datos compartidos y servicios digitales comunes, priorizando proyectos estratégicos y fijando plazos máximos exigibles. Se incorpora la medición del coste regulatorio neto y la promoción de estos principios de simplificación a nivel europeo, reforzando la colaboración público-privada y autonómica.

En conjunto, la iniciativa se transforma en un mandato más detallado y exigente al Gobierno para modernizar la Administración Pública, mejorar la competitividad empresarial y garantizar la seguridad jurídica y los derechos ciudadanos en un entorno cada vez más digitalizado.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción que insta al Gobierno a tomar medidas para mejorar la competitividad de España. Estas medidas se basan en las conclusiones de los Consejos Europeos de abril y octubre de 2024 y se centran en cuatro áreas principales:

1. Revisión normativa: Se pide al Gobierno que continúe revisando las leyes nacionales para eliminar la burocracia innecesaria, asegurar el cumplimiento de las normativas europeas y evitar la sobrerregulación. El objetivo es que la administración pública sea más ágil y responda mejor a las necesidades de empresas y ciudadanos. Se menciona el principio de "una más, una menos" para la creación y eliminación de regulaciones.
2. Digitalización: Se insta a seguir avanzando en la digitalización de los trámites administrativos, asegurando que los diferentes niveles de la administración pública puedan comunicarse entre sí (interoperabilidad) para facilitar la gestión a ciudadanos y empresas.
3. Agilización de trámites: Se pide agilizar la revisión de plazos y autorizaciones administrativas para modernizar la administración pública y mejorar la competitividad.
4. Análisis y evaluación: Se propone seguir implementando herramientas digitales y análisis de datos para controlar y mejorar continuamente la reducción de trabas administrativas, contando con la colaboración de agentes sociales y el sector productivo.