Recurso de inconstitucionalidad número 5516/2023, promovido por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, contra los artículos 8 a) y c); 11.1 e); 15.1; 16.1 d); 18.2, 3 y 4; 19.1 y 3; 27.1 y 3; 28.1; 35; disposición adicional tercera; disposición transitoria primera, párrafo 2; disposición final primera, apartados uno, tres y seis; y disposición final quinta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

1. ¿De qué trata la iniciativa?
Se trata de un recurso de inconstitucionalidad (n.º 5516/2023) presentado por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears contra numerosos artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que regula el derecho a la vivienda.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 26 de septiembre 2023: La Providencia del Pleno del Congreso admitió a trámite el recurso.
• 30 de enero 2026: El Tribunal Constitucional dictó sentencia. Declaró constitucional la mayor parte de los preceptos impugnados y declaró pérdida de objeto de algunos artículos específicos, quedando sin efecto sólo esos fragmentos.
• 27 de enero 2026: La Mesa del Congreso tomó conocimiento de la sentencia y ordenó su remisión a los servicios jurídicos y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
El recurso fue admitido por mayoría del Pleno del Congreso (no se detallan votos específicos). En la sentencia del Tribunal Constitucional, la mayoría de los artículos impugnados fueron desestimados (declarados constitucionales) y sólo un conjunto limitado quedó sin efecto por pérdida de objeto. No se registran abstenciones ni votos parciales en la decisión judicial.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La sentencia del Tribunal Constitucional es definitiva y firme. La Ley 12/2023 permanece en vigor, salvo los artículos que se declararon sin efecto por pérdida de objeto.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
La resolución del Tribunal Constitucional constituye la última fase del control de constitucionalidad. Al confirmar la constitucionalidad de la mayor parte de la norma, la ley sigue aplicándose íntegramente, y los pocos preceptos anulados dejan de producir efectos. No hay más pasos legislativos pendientes respecto a este recurso.