Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial

Debate de convalidación del Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, sobre medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial

El debate se centró en la convalidación del Real Decreto-ley 6/2025, que actualiza las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales, garantizando así mayores recursos para financiar servicios públicos como sanidad, educación y vivienda.

Argumentos a favor:

• Gobierno (Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda): Defendió la medida como necesaria y esperada para asegurar que las administraciones territoriales cuenten con mayores recursos. Destacó que las comunidades autónomas recibirán las mayores entregas a cuenta de la historia en 2025, con un incremento del 9,5% respecto al año anterior. Subrayó que esta actualización se desliga de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que no ocurría en gobiernos anteriores del Partido Popular, y que busca reforzar la autonomía financiera de las comunidades y ayuntamientos. También recordó las transferencias adicionales realizadas durante la pandemia y otras crisis, así como el aumento de la financiación a ayuntamientos en comparación con gobiernos anteriores.

Argumentos en contra y matices:

• Grupo Parlamentario Mixto (EH Bildu): Si bien entendió la necesidad de la medida para garantizar las entregas a cuenta, su principal crítica se centró en el modelo de financiación. Abogó por un modelo de concierto económico para Galicia, que permita a la comunidad tener la llave de sus recursos y capacidad de decisión sobre su destino. Señaló que el modelo actual es perjudicial para Galicia, con una diferencia de más de 5.000 millones de euros entre lo que paga al Estado y lo que recibe. Criticó al PP por centrarse en datos menores y no abordar el problema de fondo.
• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Similar al anterior, defendió la necesidad de la medida pero insistió en la urgencia de reformar el modelo de financiación territorial. Abogó por un modelo de concierto económico para Galicia, argumentando que el sistema actual es perjudicial y supone una pérdida de miles de millones de euros anuales. Criticó al PP por anteponer la obediencia a Madrid a los intereses de Galicia.
• Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común-Podem (Podemos): Reconoció la medida como un parche ante la falta de presupuestos, pero consideró que podría haber ido más allá en justicia fiscal. Insistió en la necesidad de reformas estructurales profundas en la financiación territorial, incluyendo un aumento de la presión fiscal sobre los más ricos y una mayor participación de los ayuntamientos en los tributos estatales.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Señaló que el decreto no tiene incidencia en el sistema financiero del País Vasco, ya que esta comunidad no está incluida en este modelo de financiación. Consideró la medida necesaria para evitar tensiones de tesorería y se mostró a favor de que las comunidades autónomas y administraciones locales dispongan de recursos suficientes.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Explicó que, si bien los ayuntamientos vascos recibirán financiación a través de sus instituciones forales, existen cortapisas como las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria que limitan su capacidad de inversión. Abogó por flexibilizar estas reglas y criticó el argumento de "privilegios" contra los sistemas propios de financiación. Denunció también un ataque reciente al euskera por parte del Tribunal Supremo.
• Grupo Parlamentario Republicano (ERC): Celebró la medida, pero criticó la falta de valentía del PSOE en materia fiscal, señalando la no reforma de la Ley Montoro y la ausencia de una regla de gasto para 2025. Destacó que la medida se ha conseguido gracias a la presión de su grupo y que no es un regalo, sino justicia. Abogó por una reforma real del sistema de financiación.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Compartió la necesidad de la actualización y de desvincularla de los presupuestos generales del Estado, pero criticó que la materialización de los ingresos sea en julio, considerando que es muy tarde para los ayuntamientos. Señaló que la no actualización en enero se debió al voto en contra del PP. Abogó por ir más allá de una actualización técnica y avanzar hacia un modelo que ponga a disposición la recaudación real. Criticó la Ley Montoro y la tasa de reposición, y reclamó un nuevo modelo de financiación local basado en variables sociales.
• Grupo Parlamentario VOX: Criticó la técnica legislativa del uso del real decreto ley y la falta de presupuestos generales del Estado. Argumentó que el elevado nivel de deuda pública genera resultados financieros indeseados. Cuestionó la coherencia de quienes critican la subida de impuestos pero piden más recursos. Abogó por simplificar la estructura del Estado autonómico, que consideró derrochador, ineficiente y creador de desigualdades. Señaló que las comunidades autónomas no mejoran los servicios esenciales a pesar de aumentar su gasto.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Consideró la presentación del decreto un fracaso del Gobierno, ya que estas medidas debían estar incluidas en los presupuestos generales del Estado, cuya ausencia calificó de anomalía democrática. Criticó que se aprueben en julio unas entregas a cuenta que debían pagarse desde enero, generando problemas de tesorería a las comunidades y ayuntamientos. Señaló que el Gobierno se ha quedado con la recaudación y ha trasladado los problemas financieros. Abogó por un modelo de financiación que garantice la igualdad de los españoles y criticó la negociación bilateral con Esquerra.

Resultado:

El Real Decreto-ley 6/2025 fue convalidado por una amplia mayoría (308 votos a favor, 39 en contra y 1 abstención). Posteriormente, se votó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, siendo aprobada por 343 votos a favor y 5 abstenciones.

Se ha convalidado el Real Decreto-ley 6/2025 y se ha acordado su tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.