Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad

Este Proyecto de Ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer un procedimiento judicial específico para determinar la edad de menores cuando esta sea incierta. Busca garantizar el interés superior del menor y su dignidad, alineándose con normativas internacionales.

Los puntos clave incluyen la presunción de minoría de edad, la celeridad procesal, el derecho a ser oído y asistido, y la prohibición de pruebas médicas invasivas. La competencia recae en juzgados especializados y la legitimación es amplia, incluyendo al propio menor. Se prevé la intervención de peritos multidisciplinares y se agilizan los plazos procesales y de apelación.

La iniciativa también modifica otras leyes para asegurar la coherencia del sistema, garantizando asistencia jurídica gratuita y la inscripción registral de la edad determinada. Su entrada en vigor se producirá seis meses después de su publicación.

Enmienda de Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Enmienda a la totalidad de devolución del Proyecto de Ley.
• Modificación(es):
  • Se argumenta que el Proyecto de Ley incentiva la inmigración ilegal y el negocio de las mafias al judicializar un proceso que antes era administrativo, dotándolo de mayores garantías y derechos (justicia gratuita, intérprete) y sustrayendo poder de decisión al Ministerio Fiscal.
  • Se considera que la modificación, al elevar a rango de ley un procedimiento que antes se regulaba en el Reglamento de Extranjería, puede alentar un "efecto llamada" y una posible inoperancia del procedimiento por falta de medios, lo que podría favorecer la permanencia ilegal en España.
  • Se señala la simultaneidad con la tramitación de un proyecto de ley orgánica complementario para la responsabilidad penal de los menores.
• Efecto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, argumentando que el momento actual, marcado por una emergencia migratoria, no es propicio para este tipo de cambios legislativos, los cuales no han supuesto merma en los derechos del menor hasta la fecha.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

• Objeto: Enmienda a la totalidad de devolución del Proyecto de Ley.
• Modificación(es):
  • Se critica el retraso del Gobierno en cumplir el mandato de la Disposición final vigésima cuarta de la Ley Orgánica 8/2021, que venció en junio de 2022, y la inclusión tardía de los proyectos en los Planes Anuales Normativos.
  • Se argumenta que la presentación de estos proyectos en un contexto de emergencia migratoria, con un elevado número de llegadas irregulares, puede tensionar los sistemas de protección autonómicos, ya que la competencia en materia migratoria es estatal y la de tutela de menores es autonómica.
  • Se señala que el traslado del procedimiento al ámbito judicial, que antes era administrativo por parte de la Fiscalía de Menores, podría generar mayores dilaciones debido al volumen de peticiones y la limitación de recursos para las pruebas de determinación de edad.
  • Se advierte que la presunción de minoría de edad, sumada a un mayor periodo de espera judicial, podría saturar los sistemas de protección autonómicos y generar una carga económica insostenible para estas administraciones.
  • Se considera que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, unida a estas reformas, podría provocar la saturación de los órganos judiciales si no se incrementan los recursos.
  • Se argumenta que la reforma podría incentivar que inmigrantes irregulares se declaren menores de edad para evitar expedientes de devolución, complicando la gestión migratoria.
  • Se concluye que, si bien es necesario reformar el sistema, el criterio de oportunidad no es el adecuado en el momento actual, y que la reforma no ha sido necesaria hasta ahora para la protección del menor.
• Efecto: Solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, argumentando que el momento actual, con una crisis migratoria y la saturación de los sistemas judiciales y de protección, no es el más oportuno para implementar este cambio legislativo, a pesar de que los principios y el espíritu de la norma sean correctos.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Las enmiendas presentadas a la totalidad proponen la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, argumentando principalmente que el momento actual, marcado por una crisis migratoria y la saturación de los sistemas judiciales y de protección, no es el más propicio para implementar los cambios propuestos. Los proponentes de las enmiendas consideran que la judicialización del procedimiento de determinación de la edad, la ampliación de garantías y derechos para los solicitantes, y la posible falta de recursos podrían generar dilaciones, un "efecto llamada" y una carga económica insostenible para las administraciones autonómicas. A pesar de reconocer la necesidad de reformar el sistema y la coherencia de los principios de la iniciativa con el derecho internacional y la protección del menor, las enmiendas a la totalidad consideran que el criterio de oportunidad para la entrada en vigor de esta ley no es el adecuado en las circunstancias actuales. Por lo tanto, si estas enmiendas fueran aceptadas, el Proyecto de Ley sería devuelto al Gobierno sin entrar en trámite de enmiendas al articulado.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde a un Debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad (expediente 121/000040).

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Socialista: Defiende la ley como una mejora garantista para los menores, cumpliendo compromisos internacionales y recomendaciones de organismos como el Comité de Derechos del Niño. Se busca un procedimiento judicial ágil, rápido y garantista, que proteja la dignidad y la intimidad del menor, prohibiendo pruebas invasivas. Se destaca la importancia de la presunción de minoría de edad y la asistencia jurídica gratuita. Se comprometen a tener en cuenta las reivindicaciones de territorios con especial presión migratoria y a dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia para evitar demoras. Se subraya que la ley protege a menores vulnerables y que oponerse a ella es ser cruel y negar los derechos de los menores.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Considera que la ley actualiza la estrategia de la economía social y su marco normativo, adaptando el modelo a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Valora positivamente la reforma por ser necesaria y votará en contra de la enmienda a la totalidad de VOX, argumentando que carece de rigor y se basa en prejuicios. Defienden que la ley fomenta la igualdad de género y protege a los colectivos vulnerables.
• Grupo Parlamentario Republicano: Vota en contra de la enmienda a la totalidad de VOX, argumentando que la ley pone a las personas por encima del capital, algo que la derecha considera intolerable. Defienden que la economía social es cooperación, solidaridad y democracia económica, y que la ley da herramientas a quienes trabajan sin especular. Consideran que la ley moderniza y fortalece el sector, creando empleo digno y estable, y fomenta la igualdad de género.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Considera que la enmienda de VOX carece de fundamento y es una muestra de su falta de coherencia. Argumentan que la ley beneficia especialmente a agricultores y trabajadores del campo, y que VOX, al oponerse, demuestra hipocresía. Defienden que la gestión democrática y el principio de igualdad son pilares de la economía social y que la ley cumple con el mandato constitucional de velar por la igualdad efectiva. Apoyan la regulación de los planes de igualdad en cooperativas, ya que es una demanda del sector.
• Grupo Parlamentario Socialista: Considera que la enmienda a la totalidad de VOX y su intervención son una falta de respeto a la economía social. Critican la falta de trabajo en la enmienda de VOX y su enfoque en "agenda ideológica" y "sectarismo". Defienden que la igualdad está impregnada en la Constitución y que los objetivos de las comisiones de igualdad (participación, corresponsabilidad, conciliación, prevención de violencia y acoso) son positivos. Argumentan que la oposición de VOX se debe a que les incomoda la gobernanza democrática y la participación en las cooperativas.
• Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria): Ve en la tramitación de la ley una oportunidad para abordar un asunto que llevan tiempo pidiendo que se atienda. Su preocupación es que la reforma genere mayores demoras, por lo que exigen garantías de que se tendrán en cuenta las excepcionalidades de los territorios fronterizos y la saturación de los centros. Votarán en contra de la enmienda a la totalidad con el compromiso de que se cumplan estas garantías.
• Grupo Parlamentario Mixto (Podemos): Considera que la ley busca proteger a menores de edad y cumplir con la ley de protección de la infancia y obligaciones internacionales. Ven favorable que se establezca como procedimiento judicial con asistencia legal gratuita y presunción de minoría de edad. Critican al PP y VOX por impregnar el proyecto de ley de "odio y mentiras" y por oponerse a los derechos fundamentales de los menores migrantes. Destacan la solidaridad del pueblo canario y de las entidades sociales.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Considera que la enmienda de VOX puede ir "directamente a la basura" porque vincula inmigración ilegal y criminalidad, y es impermeable a la situación de los niños en desamparo. Defienden que la ley materializa el mandato de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y que el derecho internacional prima el interés superior del menor. Comparten que se establezca un procedimiento judicial para determinar la edad, pero advierten que podría alargar los plazos y saturar los servicios de acogida si no se acompaña de recursos económicos suficientes. Votarán en contra de la enmienda del PP por los mismos motivos.
• Grupo Parlamentario Republicano: Se suma a la solicitud de la comisión de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas, exigiendo rendición de cuentas por negligencia. Señalan que las muertes habrían sido evitables y que la gestión del gobierno valenciano fue tardía y negligente. Consideran que la ley debe ir más allá de la inmediatez y apostar por soluciones anticipadas y estructurales ante el cambio climático.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Solicita la comisión de investigación para esclarecer la falta de previsión, la actuación tardía e ineficiente y la falta de transparencia del gobierno valenciano. Destacan que la investigación judicial ya ha imputado a un alto cargo y que la información recibida consolida la idea de informaciones contradictorias y falsas. Votarán a favor de la comisión para que se conozca la verdad, se acompañe a las víctimas y se aprenda para evitar que estos hechos se repitan.
• Grupo Parlamentario Mixto (Euskal Herria Bildu): Apoya la creación de la comisión de investigación para aclarar lo sucedido y proponer mejoras. Señalan que la Generalitat fue avisada a tiempo pero no tomó medidas preventivas ni lanzó alarmas a la población. Consideran que la ineptitud y falta de preparación en emergencias se paga en vidas y que la prevención es clave.
• Grupo Parlamentario Socialista: Considera que regular el procedimiento de determinación de la edad es una necesidad y prioridad para proteger a los menores en desamparo. Argumentan que el actual procedimiento genera problemas jurídicos y que es urgente continuar con la tramitación de la ley. Destacan las mejoras que aporta el proyecto, como la asistencia jurídica gratuita y la prohibición de pruebas invasivas.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX: Presenta una enmienda a la totalidad argumentando que el proyecto de ley es una adaptación cosmética y una injerencia en un sector autónomo. Consideran que el Ejecutivo está más interesado en el marketing que en las soluciones y que la ley no aborda los retos reales de las cooperativas. Critican que la ley impone cargas burocráticas y conceptos ajenos a la naturaleza del cooperativismo, y que busca colonizar y marcar a las cooperativas con su impronta ideológica. Consideran que la ley genera mayor colapso en los juzgados, mayor coste económico y un incremento del efecto llamada, perjudicando a los españoles.
• Grupo Parlamentario Popular: Presenta una enmienda a la totalidad argumentando que la ley genera nuevos problemas graves a los sectores afectados, especialmente a las personas con discapacidad. Consideran que el cambio de modelo es excluyente y lesivo, y que la exclusión de los centros de empleo empresariales limita las capacidades y el impacto de la economía social. Critican la falta de debate pausado y la ausencia de negociación con los grupos. Consideran que la ley va en contra de lo que se hace en otros países y que el Gobierno no está destinando suficientes profesionales ni recursos.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo: Todos los grupos parlamentarios, excepto VOX, coinciden en la necesidad de mejorar el procedimiento de determinación de la edad de los menores y en la importancia de proteger a los menores. También hay un acuerdo general en la necesidad de investigar la gestión de la DANA.
• Desacuerdo: VOX y el Partido Popular presentan enmiendas a la totalidad contra el Proyecto de Ley de la Economía Social, argumentando que es una ley cosmética, ideológica y que genera problemas. VOX también se opone a la ley sobre determinación de edad, argumentando que es un fraude y que generará colapso judicial y un efecto llamada. El Partido Popular, aunque no presenta enmienda a la totalidad a la ley de determinación de edad, sí expresa discrepancias sustanciales y considera que no es el momento adecuado para la reforma.
• Matices relevantes:
  • El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Republicano, aunque votan en contra de la enmienda a la totalidad de VOX a la ley de economía social, señalan que la ley es mejorable y que presentarán enmiendas.
  • El Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) expresan preocupación por el posible colapso judicial y la saturación de los servicios de protección de menores derivados de la ley de determinación de edad, y exigen garantías y recursos para los territorios fronterizos.
  • El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y el Grupo Parlamentario Republicano, si bien apoyan la comisión de investigación sobre la DANA, critican la gestión del gobierno valenciano y la falta de acción del gobierno central en algunos aspectos.
  • El Grupo Parlamentario Mixto (Euskal Herria Bildu) apoya la comisión de investigación sobre la DANA, pero critica la gestión de todas las administraciones y la falta de prevención ante el cambio climático.
  • El Grupo Parlamentario Popular critica la gestión del Gobierno central en la DANA, mientras que los grupos de la izquierda critican la gestión del gobierno valenciano.

En resumen, el debate sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, se saldó con el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios VOX y Popular en el Congreso. Esto significa que el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria.

Se ha acordado la tramitación por procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley para regular el procedimiento de determinación de la edad, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.