Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la actuación de oficio frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo, los homenajes a terroristas condenados y las conductas de violencia callejera con finalidad terrorista

1. ¿De qué trata la iniciativa?
Propone modificar la Ley 50/1981, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para establecer que la Fiscalía actúe de oficio contra cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas condenados y conductas de violencia callejera con finalidad terrorista. La reforma incluye la apertura inmediata de diligencias investigadoras y la creación, por parte del Consejo Fiscal, de una circular con criterios y protocolos de coordinación con la Policía Judicial, así como un sistema de seguimiento estadístico.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 13 de marzo de 2026: publicación del resumen de la iniciativa en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Se incorpora un nuevo apartado al artículo 3 de la Ley 50/1981 que establece la obligación de actuación de oficio y la apertura de diligencias.
• Se prevé que, durante los tres meses siguientes a su entrada en vigor, el Consejo Fiscal emita la circular con los criterios y protocolos mencionados.
• No se registran aún debates en comisión, enmiendas, ni votaciones.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
Hasta la fecha no se han celebrado votaciones ni se han registrado apoyos o rechazos por parte de partidos o grupos parlamentarios.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Se encuentra en fase de tramitación inicial en el Congreso; aún no ha sido debatida ni votada en comisión ni en pleno.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Si la iniciativa avanza y es aprobada en las siguientes etapas (comisión, pleno y, en su caso, Senado), la modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, obligando a la Fiscalía a intervenir de oficio en los casos descritos y estableciendo los protocolos de coordinación y seguimiento previstos. En caso contrario, la propuesta quedará archivada y no producirá efectos legales.