Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

Resumen del Debate de Totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios (Exp. 121/000016)

Este debate de totalidad se centró en el Proyecto de Ley Orgánica presentado por el Gobierno con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente el Servicio Público de Justicia, así como de regular las acciones colectivas para la defensa de los consumidores.

Argumentos a favor:

• Gobierno (Ministro Bolaños García): Defendió la ley como fundamental para la mayor transformación de la justicia en décadas, buscando una justicia ágil, digital, útil para los ciudadanos y adaptada al siglo XXI. Destacó la creación de tribunales de instancia, oficinas de justicia en municipios, la potenciación de medios alternativos de solución de conflictos y un procedimiento único para demandas colectivas de consumidores. Señaló que la norma completa reformas ya iniciadas y es un compromiso con la Comisión Europea.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sr. Ruiz de Diego): Apoyó la ley por ser pionera en Europa, consagrar el derecho a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita, y atender demandas de la Abogacía. Subrayó que la ley está pensada para la ciudadanía, no solo para los profesionales, y que busca acercar la justicia a las personas.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sra. Martínez Barbero): Consideró la ley un paso decisivo para modernizar la justicia, pasando de un modelo arcaico a uno contemporáneo. Votaron en contra de la enmienda a la totalidad del PP, valorando positivamente la creación de tribunales de instancia, oficinas de justicia en municipios y un procedimiento único para consumidores. Pidieron al Gobierno un esfuerzo negociador para garantizar la no disminución de efectivos y retribuciones.
• Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil): Aunque consideró la norma mejorable, la vio necesaria y con aspectos que pueden ser corregidos mediante enmiendas. No apoyaron la enmienda a la totalidad del PP, considerándola propaganda y estrategia de confrontación.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sr. Legarda Uriarte): No apoyaron la enmienda a la totalidad del PP, considerando que las reformas de la administración de justicia (digital, organizativa y procesal) están relacionadas y no desconectadas. Vieron la devolución del proyecto como una demora injustificable.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sr. Cervera Pinart): Aunque manifestaron que el proyecto era un "cajón de sastre", no apoyaron la enmienda a la totalidad del PP. Su prioridad fue la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya y la preservación de los juzgados de paz.
• Grupo Parlamentario Republicano (Sra. Vallugera Balañà): Votaron en contra de la enmienda a la totalidad para permitir que la ley continuara su tramitación con enmiendas parciales. Destacaron los avances en materia lingüística y la importancia de los juzgados de paz, aunque expresaron preocupación por el ámbito de los consumidores y la falta de financiación.

Argumentos en contra (Enmienda a la totalidad de devolución):

• Grupo Parlamentario Popular (Sra. Moro Almaraz): Presentaron una enmienda a la totalidad argumentando que el proyecto atenta contra la buena técnica normativa, la seguridad jurídica y las advertencias del Consejo de Estado. Criticaron la introducción de reglas importadas de otros sistemas jurídicos (EE.UU.) en materia de acciones colectivas de consumidores, considerando que rompen el modelo español, son de dudosa constitucionalidad y perjudiciales para el tejido económico. Señalaron la falta de consenso y la heterogeneidad de las materias incluidas.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Rechazo de la enmienda a la totalidad del PP: La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular fue rechazada en votación (170 votos a favor, 178 en contra). Esto permitió que el proyecto de ley continuara su tramitación parlamentaria.
• Amplitud y heterogeneidad de la norma: Varios grupos, incluido el proponente de la enmienda a la totalidad, señalaron que el proyecto de ley agrupaba materias diversas que en legislaturas anteriores se habían tramitado por separado.
• Acciones colectivas de consumidores: Hubo un debate significativo sobre la transposición de la Directiva europea en materia de acciones colectivas. El PP criticó el modelo propuesto por considerarlo favorable a fondos de inversión internacionales y perjudicial para el sistema español.
• Justicia de proximidad y juzgados de paz: Grupos como el Mixto, Junts per Catalunya y Republicano expresaron preocupación por la posible centralización y el vaciado de competencias de los juzgados de paz en aras de la eficiencia, defendiendo su importancia para la justicia de proximidad.
• Financiación y personal: Se señaló la necesidad de un incremento de personal y financiación para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio de justicia.
• Uso de lenguas cooficiales: Se destacó como un avance la garantía del uso de lenguas cooficiales en procedimientos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, aunque se expresó preocupación por su aplicación efectiva en el contexto de la tramitación electrónica.

En resumen, el debate de totalidad evidenció un desacuerdo fundamental entre el Gobierno y sus aliados, por un lado, que defendían la necesidad y los avances de la ley para modernizar la justicia y proteger a los consumidores, y el Grupo Popular, por otro, que la consideraba defectuosa en su técnica legislativa, inconstitucional en algunos aspectos y perjudicial para el modelo español de protección al consumidor.

Resumen del Dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios (Exp. 121/000016)

Este documento recoge la ratificación de la ponencia y la emisión del dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica mencionado.

Ratificación de la Ponencia:

• La ponencia designada para informar el proyecto de ley fue ratificada.
• El Grupo Parlamentario Popular no prestó su apoyo a esta ratificación, argumentando que la convocatoria y celebración de la sesión se producían en un momento de "drama" y "situación terrible" en España, lo que dificultaba la asistencia de algunos de sus diputados.
• La votación resultó en 20 votos a favor y 12 en contra, procediendo a la ratificación.

Emisión del Dictamen:

Durante el debate para emitir el dictamen, los grupos parlamentarios expusieron sus posiciones y acuerdos:

• Grupo Parlamentario Mixto (representado por la Sra. Velarde): Mantuvo sus enmiendas, pero anunció su voto a favor del dictamen. Destacó la importancia de la ley para la eficiencia de la justicia y celebró acuerdos transaccionales para incluir la violencia sexual, la trata y las violencias machistas en la infancia, así como el acceso a justicia gratuita para las víctimas. Mantuvo su enmienda sobre las mutualidades, argumentando la necesidad de una jubilación justa para procuradores y abogados.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (representado por el Sr. Legarda): Alcanzó un acuerdo razonable y anunció su voto favorable al informe. Mantuvo enmiendas para el Pleno. Señaló la relevancia de una transacción para reducir la temporalidad en el empleo público en la Administración de Justicia, especialmente en el País Vasco, y la necesidad de abordar la preceptividad del euskera en las plazas.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (representado por el Sr. Matute): Retiró la mayoría de sus enmiendas, a excepción de la 434, para la cual se alcanzó una transacción que aborda la catalogación del euskera como requisito y no solo mérito. Anunció su voto a favor del dictamen.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (representado por el Sr. Pagès): Llegó a un acuerdo con el Partido Socialista, retirando la mayoría de sus enmiendas. Valoró positivamente el cambio de modelo organizativo de la justicia hacia oficinas judiciales, pero expresó preocupación por el riesgo de "administrativización" de la justicia. Defendió la importancia de mantener los juzgados de paz y las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia, así como la justicia en catalán. Anunció su voto afirmativo al dictamen.
• Grupo Parlamentario Republicano (representado por la Sra. Vallugera): Identificó cuatro "líneas rojas" que considera haber conseguido: la no inclusión de acciones colectivas de consumidores y usuarios en la ley, la preservación de los juzgados de paz, la inclusión de previsiones de la LOGILS ("solo sí es sí") y la vinculación con la lengua. Anunció su voto a favor del dictamen, aunque expresó preocupación por la falta de recursos para la implementación y la posible dilución de la creatividad individual de los jueces en los tribunales.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (representado por el Sr. Santiago): Valoró positivamente el avance en la reforma del modelo organizativo de la justicia y el amplio consenso en aspectos centrales. Lamentó la retirada del bloque relativo a consumidores y usuarios. Consideró que había margen para profundizar en la reforma organizativa y en la mejora de las condiciones laborales del personal de justicia. Destacó la recogida de enmiendas sobre medios adecuados de solución de controversias y especialización en infancia y adolescencia. Mantuvo enmiendas sobre medidas contra la despoblación, mejora de condiciones laborales, y la supresión de las "golden visa". Solicitó el apoyo a la enmienda 144 sobre la pasarela de mutualistas al RETA. Anunció su apoyo al dictamen.
• Grupo Parlamentario VOX (representado por el Sr. Aizcorbe): Criticó la tramitación "precipitada" y el "desprecio a las mínimas normas legislativas", así como la inclusión de "consignas ideológicas" y lenguaje inclusivo. Consideró que la ley apuntala un "fallido Estado de las autonomías" y genera desigualdades territoriales. Se opuso a la cesión de competencias al Gobierno Vasco sobre funcionarios de la Administración Local. Criticó la modificación de la Ley Concursal y las funciones atribuidas a la Inspección de Trabajo. Consideró que la disposición final decimosexta quater nueva abre la vía para eludir condenas y beneficiar a separatistas y herederos de ETA. Anunció su oposición a la ley.
• Grupo Parlamentario Socialista (representado por el Sr. Aranda): Destacó la importancia de la ley para cambiar el paradigma de la justicia y el amplio trabajo realizado para alcanzar acuerdos con siete grupos parlamentarios. Agradeció la labor de los ponentes y de los grupos que han contribuido al consenso. Puso en valor la preservación de los juzgados de paz, la eliminación de las "golden visa", la regularización de jueces sustitutos, la especialidad de los juzgados de infancia, familia y discapacidad, y el trabajo en mediación. Anunció que se aprobaron 25 enmiendas transaccionales y 81 previas, sumando un total de 106. Anunció su voto a favor del dictamen.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (representado por el Sr. De Rosa): Expresó su tristeza por la "falta de sensibilidad" del Grupo Socialista al tramitar la ley en un momento de "muerte, devastación y sufrimiento" por la DANA. Criticó la "política fría, mecánica y sin corazón" y la "prisa" por aprobar la ley. Consideró que se han introducido "enmiendas intrusas" ajenas a la justicia y que el Gobierno ha actuado por "puro interés" para pagar a sus socios. Cuestionó la viabilidad y financiación de la ley por parte de las comunidades autónomas. Criticó la introducción de enmiendas sobre ley electoral, funcionarios del País Vasco, y la modificación de la Ley 23/2014, relacionándola con Puigdemont. Manifestó su desacuerdo con la modificación de los juzgados de paz y la falta de dotación económica. Anunció su voto en contra del dictamen.

Acuerdos y Desacuerdos:

• Acuerdo General: La mayoría de los grupos parlamentarios (Mixto, Vasco, Euskal Herria Bildu, Junts per Catalunya, Republicano, SUMAR y Socialista) anunciaron su voto a favor del dictamen, destacando los acuerdos alcanzados en diversas materias.
• Desacuerdo: El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario VOX manifestaron su oposición al dictamen, criticando la forma de tramitación, el contenido de la ley y la inclusión de aspectos ajenos a la justicia.
• Matices Relevantes:
  • La retirada de enmiendas fue una constante, fruto de los acuerdos transaccionales alcanzados.
  • Se produjeron discrepancias sobre la oportunidad de la tramitación en el contexto de la DANA, especialmente por parte del Grupo Popular.
  • Hubo diferentes enfoques sobre la inclusión de acciones colectivas de consumidores y usuarios, con SUMAR lamentando su retirada y el Grupo Republicano celebrando que no se incluyeran en esta ley.
  • La preservación de los juzgados de paz fue un punto de acuerdo para varios grupos, aunque el PP mantuvo su desacuerdo con la fórmula pactada.
  • La cuestión de la temporalidad en el empleo público y el uso del euskera fue un punto clave para el PNV y Euskal Herria Bildu.
  • La eliminación de las "golden visa" fue un punto positivo para SUMAR y el Socialista, y criticado por VOX.
  • La situación de los mutualistas de la abogacía y la procura generó debate, con SUMAR y el Socialista defendiendo enmiendas al respecto, mientras el PP se mostró en contra de tratarlo en esta ley.
  • VOX criticó duramente la ley por considerarla un ataque al Estado y a la unidad nacional, y por la inclusión de disposiciones ajenas a la justicia.

Votación del Dictamen:

• Tras la votación de las enmiendas, la mayoría fueron rechazadas. Se aprobaron varias enmiendas transaccionales y algunas enmiendas del Grupo Socialista.
• El dictamen del informe, con las enmiendas y enmiendas transaccionales aprobadas, fue aprobado por 20 votos a favor y 17 en contra.

Resumen del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Expediente 121/000016)

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados recoge la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Argumentos principales y posicionamientos de los grupos parlamentarios:

• A favor:

  • Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la ley como un paso histórico para modernizar la justicia, adaptándola al siglo XXI con la creación de Tribunales de Instancia, oficinas de justicia municipales y la apuesta por medios alternativos de solución de controversias. Destacaron que la ley responde a las necesidades de los ciudadanos y profesionales del derecho, y que su aprobación es crucial para no perder fondos europeos.
  • Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Consideró que la ley avanza en la modernización de la justicia, acercándola a los ciudadanos y combatiendo el despoblamiento. Resaltaron la especialización de órganos judiciales para la protección de menores y la mejora de las condiciones laborales del personal de justicia. Lamentaron la retirada del bloque sobre acciones colectivas de consumidores y usuarios.
  • Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Mostró su opinión favorable general, destacando los avances en la reforma organizativa, la implantación de Tribunales de Instancia y oficinas de justicia municipales, y la no desaparición de los Jueces de Paz. Señalaron la oportunidad perdida de adecuar la Administración de Justicia a la estructura territorial del Estado.
  • Grupo Parlamentario Mixto (BNG): A pesar de ser críticos con algunos aspectos, como la no consolidación de la reforma en juzgados de Paz y la retirada de la parte de acciones colectivas, anunciaron su voto favorable por considerar que la ley ha mejorado respecto al texto original y ha logrado avances importantes.
  • Grupo Parlamentario Republicano: Manifestó un posicionamiento positivo respecto a la ley y a las enmiendas presentadas, aunque retiraron todas sus enmiendas. Destacaron la importancia de los Jueces de Paz y la necesidad de que la justicia sea ágil y no lenta.
  • Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Expresó satisfacción por los avances logrados en materias como la solución de contenciosos, la protección integral de la infancia y la adolescencia, y la planta judicial. Señalaron que, a pesar de las limitaciones de tiempo, se han conseguido avances positivos.
  • Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: Agradeció el trabajo realizado y destacó que la ley representa la mayor transformación de la justicia en décadas, siendo crucial para su modernización y eficiencia, y para la obtención de fondos europeos.

• En contra:

  • Grupo Parlamentario VOX: Criticó duramente la tramitación de la ley, calificándola de "fake" y de rápida e incompatible con un estudio profundo. Argumentaron que la reforma es a conveniencia del Gobierno y sus socios, está repleta de consignas ideológicas, carece de un desarrollo eficaz de la carrera del personal de justicia y entorpece la libertad de empresa. Se opusieron a la cesión de competencias al Gobierno Vasco y a la modificación de la Ley Concursal.
  • Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Consideró la ley como una imposición ("sí o sí") y una falta de respeto a las Cortes Generales. Señalaron que la ley es difícil de interpretar, que se desoye a los letrados y que se carga a ayuntamientos y comunidades con costes. Argumentaron que la ley no es un hito y está "manchada de indignidad" por la incorporación de asuntos ajenos a la justicia. Criticaron la falta de consenso y la tramitación apresurada.

Acuerdos, desacuerdos y matices relevantes:

• Acuerdo general: Hubo un amplio acuerdo en la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el Servicio Público de Justicia, adaptándolo a las exigencias del siglo XXI.
• Desacuerdos significativos:
  • Los grupos de la derecha (PP y VOX) mostraron un rechazo frontal a la ley, criticando su tramitación, contenido y la falta de consenso.
  • Hubo debate sobre la retirada del bloque relativo a las acciones colectivas para la protección de consumidores y usuarios, lamentado por algunos grupos.
  • La cuestión de los Jueces de Paz y la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de justicia fue un punto de discusión, con matices en las posturas de los grupos nacionalistas y republicanos.
  • La situación de los mutualistas de la abogacía y la procura, y la necesidad de una pasarela al RETA, fue un tema recurrente, con diferentes enfoques y propuestas.
• Matices:
  • Grupos como el Mixto (BNG) y el Vasco (EAJ-PNV) votaron a favor a pesar de tener críticas, valorando los avances logrados y la mejora respecto al texto original.
  • El Grupo Parlamentario Republicano, si bien con críticas a la tramitación, consideró positiva la línea general de la ley y la incorporación de aspectos como la protección de la infancia y la adolescencia.

Resultado de la votación:

El Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado en votación de conjunto por 179 votos a favor y 168 en contra. Se aprobaron varias enmiendas y correcciones técnicas, mientras que la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición fueron rechazadas.

Resumen del Debate en Comisión de Justicia del Senado sobre el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Expediente 121/000016)

Este resumen se basa en el fragmento del Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia del Senado, celebrado el 28 de noviembre de 2024, y se centra en el debate y votación de las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Tipo de documento parlamentario: Dictamen.

Argumentos principales a favor y en contra de las propuestas de veto:

• Grupo Parlamentario Popular: Presentó la propuesta de veto número 1. Sus argumentos se centraron en la defensa de la homogeneidad y coherencia de la técnica legislativa, la seguridad jurídica, la necesidad de informes vinculantes preceptivos, y en contra de las "enmiendas intrusas" y la tramitación "atropellada y descabezada". Consideran que la ley se desvía de su objetivo principal de modernización y agilización, realizando cesiones a socios de gobierno y generando normas inconexas. Argumentan que la mayoría de los operadores jurídicos rechazan la norma.

• Grupo Parlamentario Mixto: Presentó la propuesta de veto número 2. La señora Gómez Enríquez dio por defendida la propuesta sin exponer argumentos detallados en este fragmento.

• Argumentos en contra de los vetos (defensa de la ley):

  • Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la ley como una modificación "más importante del sistema de justicia en nuestro país en el último siglo", que permitirá pasar de una justicia del siglo XIX a una del siglo XXI. Destacaron la agilización, la introducción de mecanismos alternativos de solución de conflictos (mediación, arbitraje, derecho colaborativo), la creación de tribunales de instancia para decisiones colegiadas, y la mejora de la vida de los ciudadanos. Criticaron al Partido Popular y a la "ultraderecha" por oponerse a los avances y por obstaculizar la labor del Gobierno.
  • Grupo Parlamentario Izquierda Confederal: Señaló que los vetos impiden el debate de enmiendas necesarias, como las relativas a los concursos de puestos de especialista en violencia de género, donde se evidenció la falta de expertas y la inacción desde 2020. Argumentaron que la oposición (PP y Vox) se opone a cualquier avance en el país.
  • Grupo Parlamentario Vasco: Lamentó el veto y la falta de debate sobre cuestiones de fondo. Señalaron que, aunque el tiempo para debatir en el Senado ha sido escaso, la reforma es de calado y necesaria. Mencionaron enmiendas presentadas sobre el papel de la procura y la capacitación para medios alternativos de solución de controversias.
  • Grupo Parlamentario Plural: Expresó sorpresa y lamento por el veto del Grupo Popular, argumentando que la mayoría del PP le permitiría modificar la ley en el articulado en lugar de vetarla en su totalidad. Señalaron que el veto impide la introducción de mejoras puntuales y sectoriales. Mencionaron las numerosas recomendaciones de colectivos y organismos que no se recogen en la ley.
  • Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia: Criticó la procedimentalización del debate, considerando que el veto impide la defensa de enmiendas y el debate parlamentario adecuado. Se opusieron al veto y reservaron su argumentación para el pleno.
  • Grupo Parlamentario Socialista (intervención posterior): Reiteró la importancia de la ley para modernizar la justicia, agilizarla y mejorar la vida de los ciudadanos. Destacaron los tribunales de instancia, los medios alternativos de solución de conflictos y las oficinas de justicia en municipios. Criticaron al Partido Popular por oponerse a todos estos puntos y a la idea de servicio público. Expresaron esperanza en que el PP reconsidere su postura en el pleno.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Desacuerdo total: Existe un claro desacuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular, que defendió el veto a la totalidad de la ley, y la mayoría de los demás grupos (Socialista, Izquierda Confederal, Vasco, Plural, Izquierdas por la Independencia), que defendieron la ley y se opusieron a los vetos.
• Aprobación del Veto Popular: La propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada por la comisión con 17 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención.
• Decaen el resto de las votaciones: Como consecuencia de la aprobación del veto número 1, el resto de las votaciones (incluida la propuesta de veto número 2) decayeron.
• Matices sobre la tramitación: Varios grupos (Vasco, Izquierdas por la Independencia) señalaron que el tiempo para debatir y acordar la ley en el Senado había sido escaso.
• Críticas a la técnica legislativa: El Grupo Popular criticó la técnica legislativa empleada, mientras que otros grupos defendieron la necesidad de la reforma.

Resultado de la votación:

La propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada por la Comisión de Justicia del Senado. Esto implica que el proyecto de ley, en su totalidad, no continuará su tramitación en la forma actual y será elevado al pleno del Senado.

Se presentan dos enmiendas al Artículo 1 de una ley orgánica, ambas propuestas por la senadora Carla Delgado Gómez. El objetivo principal de estas enmiendas es mejorar la forma en que se cubren las plazas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en las Secciones de las Audiencias Provinciales que conocen de recursos en esta materia.

La primera enmienda busca modificar el artículo 329.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Propone que los concursos para cubrir estos puestos se resuelvan a favor de quienes acrediten una especialización en violencia sobre la mujer, obtenida a través de pruebas selectivas. En su defecto, se priorizará a aquellos magistrados con más años de servicio en juzgados con competencia en violencia de género. Se establece también la obligatoriedad de realizar formación específica antes de tomar posesión del nuevo destino.

La segunda enmienda, que afecta al artículo 330.5.e) de la misma ley, se centra en los concursos para plazas de magistrados en las Secciones de las Audiencias Provinciales que revisan recursos sobre violencia de género. Al igual que la enmienda anterior, propone dar preferencia a quienes acrediten especialización y, en su defecto, a quienes tengan más experiencia en juzgados de violencia de género o en la jurisdicción penal. También se incluye la obligatoriedad de formación previa.

Ambas enmiendas se justifican como "mejora técnica", buscando optimizar el acceso y la especialización de los profesionales en la lucha contra la violencia de género dentro del ámbito judicial.

El Senado ha recibido dos propuestas de veto, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por senadores del Grupo Mixto (GPMX), contra el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Ambas propuestas argumentan que el proyecto de ley adolece de graves defectos de técnica legislativa, al mezclar materias muy diversas e inconexas, lo que genera inseguridad jurídica. Critican que el texto fusiona dos proyectos de ley anteriores que decayeron y que se han introducido numerosas enmiendas, algunas de ellas consideradas "intrusas" y ajenas al objeto principal de la reforma.

El Grupo Popular señala que la tramitación ha sido atípica y poco transparente, y que se han incorporado modificaciones sin la debida motivación. Consideran que la ley afecta a múltiples normativas sin una justificación clara y que la mezcla de materias dificulta el debate parlamentario y la calidad de la norma.

Por su parte, los senadores del GPMX, además de las críticas a la técnica legislativa, expresan su rechazo al proyecto por considerar que su tramitación ha sido precipitada y sectaria, excluyendo propuestas de la oposición. Denuncian la inclusión de enmiendas que, a su juicio, favorecen intereses de socios del Gobierno y que buscan debilitar la unidad nacional, como la introducción de requisitos de conocimiento del euskera en el País Vasco o la modificación de la Ley Electoral para beneficiar a partidos independentistas. También critican la promoción de jueces interinos y la posible facilitación de la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras que podrían beneficiar a prófugos de la justicia.

Ambas propuestas de veto solicitan que el Gobierno presente proyectos legislativos más homogéneos y tramitados de forma planificada y separada.

Este documento es un índice de enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios a un texto legislativo en trámite. Detalla qué artículos o disposiciones del texto original han sido objeto de modificación y qué grupo parlamentario ha propuesto cada enmienda.

Los grupos que han presentado enmiendas son:

• Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
• Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu)
• Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
• Distintos diputados de forma individual o como parte de grupos como el GPIC (Grupo Parlamentario Izquierda Confederal) y el GPPLU (Grupo Parlamentario Plural).

Las enmiendas se refieren a diversas partes del texto, incluyendo el Preámbulo, varios artículos (del 1 al 24), disposiciones adicionales, transitorias y finales. Este índice sirve para organizar y seguir el proceso de debate y votación de las propuestas de modificación del texto legislativo.

La Ponencia del Senado encargada de estudiar el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha emitido su informe. En él, se acuerda aprobar una propuesta de veto y rechazar otra propuesta de veto, así como no incorporar ninguna de las enmiendas presentadas al texto original. Además, se deja constancia de la intención de algunos senadores de presentar correcciones técnicas en el debate en Comisión, mientras que otros consideran que no es el momento oportuno para ello.

Estos documentos son "Votos Particulares" presentados por senadores y grupos parlamentarios al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Un voto particular es una opinión discrepante de uno o varios parlamentarios respecto a una decisión tomada por el pleno o una comisión. En este caso, los senadores y grupos firmantes expresan su desacuerdo con aspectos concretos del proyecto de ley que se va a debatir en el Pleno del Senado.

Los motivos de estos votos particulares se centran en:

• La propuesta de veto (es decir, rechazar el proyecto de ley en su totalidad).
• Enmiendas específicas (propuestas de modificación) que van desde el número 1 hasta el 97, abarcando diferentes bloques de artículos.

Estos votos particulares se presentan para ser defendidos en el Pleno del Senado, donde se tomará la decisión final sobre el proyecto de ley.

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado una propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Esta decisión se refiere al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El presente documento corresponde a un Dictamen de Comisión del Senado, referente al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Argumentos a favor y en contra:

• Grupo Parlamentario Popular (GPP): Presentó una propuesta de veto (Veto número 1) argumentando que el proyecto de ley carecía de coherencia, que se había tramitado de forma inusual y apresurada, y que contenía enmiendas "intrusas" ajenas al objeto principal de la ley, respondiendo a cesiones a socios de gobierno. Criticaron la falta de informes preceptivos y la modificación de numerosas leyes sin conexión aparente, lo que, a su juicio, contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional y los principios de buena técnica legislativa. Consideran que el proyecto de ley es una "chapuza legislativa" que no moderniza la justicia, sino que responde a intereses partidistas.
• Grupo Parlamentario Mixto: Defendió una propuesta de veto (Veto número 2). Sus argumentos se centraron en la falta de coherencia del proyecto, la incorporación de enmiendas de socios "separatistas y comunistas" que debilitan la cohesión nacional, y la tramitación precipitada. Criticaron el uso de lenguaje inclusivo y la posible politización de la carrera judicial. Consideran que la reforma, en lugar de regenerar el Poder Judicial, busca acabar con la unidad nacional y el Estado de derecho.
• Grupo Parlamentario Plural (Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego): Se opuso al veto del Partido Popular, considerando que el proyecto de ley supone un avance necesario para la transformación digital, organizativa y procesal de la justicia. Argumentaron que los aspectos de mejora están relacionados entre sí y que la tramitación, aunque apresurada, no justifica el veto. Valoraron positivamente el avance en la implementación del euskera en la justicia, pero lamentaron la falta de avances en el traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma Vasca. Presentaron enmiendas que no pudieron ser debatidas debido al veto.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Se opuso al veto del Partido Popular, considerando que el proyecto de ley es un avance importante para la eficiencia de la justicia, abordando aspectos organizativos y procesales. Señalaron que la tramitación en el Senado fue apresurada, pero que el veto del PP impedía el debate y la mejora del texto. Destacaron la importancia de las enmiendas presentadas por su grupo, que no pudieron ser debatidas.
• Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu): Se opuso al veto del Partido Popular, argumentando que el veto es un "sempiiterno veto castellano" que impide el avance en la "euskaldunización de la justicia". Defendieron la reserva de plazas con perfiles lingüísticos para el euskera como un avance cualitativo, aunque insuficiente. Consideran que el veto es una oportunidad perdida para mejorar la ley.
• Grupo Parlamentario Socialista: Defendió el proyecto de ley y se opuso a los vetos. Argumentaron que las objeciones del PP sobre la técnica legislativa son tópicas y que el veto del PP se debe a que no quieren que la ley salga adelante, negándose a una justicia más eficaz y ágil. Criticaron la tramitación del veto del PP al Reglamento del Senado y la falta de transparencia en la actuación del PP. Defendieron que la ley supone una reforma histórica para una justicia del siglo XXI.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Hubo un desacuerdo fundamental entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Mixto, por un lado, y el resto de los grupos parlamentarios (Socialista, Plural, Vasco, Izquierdas por la Independencia, Izquierda Confederal), por otro.
• El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Mixto presentaron propuestas de veto que fueron aprobadas en el Pleno del Senado (Veto número 1 del GPP fue aprobado con 147 votos a favor, 113 en contra). Esto implica que el proyecto de ley, en los términos en que fue aprobado por el Congreso, no continuará su tramitación en el Senado y se dará cuenta de ello al Gobierno y al Congreso de los Diputados.
• Los grupos que se opusieron al veto defendieron la necesidad de modernizar la justicia y consideraron que el proyecto de ley, a pesar de sus posibles imperfecciones, suponía un avance.
• Se observaron matices en las intervenciones de los grupos que apoyaban el proyecto, como la crítica a la tramitación apresurada en el Senado o la presentación de enmiendas que no pudieron ser debatidas debido al veto.

El Senado ha aprobado un veto a un Proyecto de Ley Orgánica sobre medidas de eficiencia en el Servicio Público de Justicia. Este veto, junto con las razones que lo justifican, ha sido enviado al Gobierno y al Congreso de los Diputados. El proceso ahora continúa según lo establecido en la Constitución, donde el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre esta decisión del Senado.

El Senado ha vetado el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esto significa que el Senado no está de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados y ha decidido paralizar su tramitación. El veto se acompaña de un mensaje que explica las razones de esta decisión, las cuales se detallan en documentos previos y en las intervenciones de los senadores. Ahora, el proyecto de ley vuelve al Congreso de los Diputados, que deberá decidir si mantiene su texto original o si acepta las modificaciones propuestas por el Senado.

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente al Pleno del 19 de diciembre de 2024 recoge el debate y votación del veto del Senado al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Número de expediente: 121/000016).

Tras la presentación del veto del Senado, varios grupos parlamentarios fijaron su posición:

• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Velarde Gómez): Defendió la necesidad de la ley para la eficiencia de la justicia, destacando la consecución de la especialización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer para asumir competencias en violencia sexual, así como el compromiso de no legitimar desahucios. Expresó su descontento con la inclusión de enmiendas sobre vivienda y desahucios en esta ley, señalando que no era el objeto de la misma y que el Gobierno debería haberlas vetado previamente.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (Sr. Iñarritu García): Mantuvo su apoyo a la ley, considerándola satisfactoria a pesar de su complejidad y la negociación acelerada. Destacó la reducción de la temporalidad en el empleo público de justicia y el reconocimiento del euskera como lengua cooficial en la atención al ciudadano. Lamentó el error en la votación de una enmienda que agiliza juicios en casos de usurpación, pidiendo disculpas por el mismo y trabajando para revertirlo.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (Sr. Pagès i Massó): Consideró que la propuesta del Gobierno no mejoraba la justicia, sino que la administrativizaba y alejaba del ciudadano. Criticó la falta de atención a las competencias autonómicas y la necesidad de acercar la justicia al ciudadano. Señaló que la ley dejaba en el tintero aspectos importantes como la obligatoriedad del conocimiento de las lenguas cooficiales y la estabilización de funcionarios.
• Grupo Parlamentario Republicano (Sra. Vallugera Balañà): Expresó su apoyo a la ley, a pesar de las críticas a algunos discursos de otros grupos. Compartió la necesidad de requisitos para el conocimiento de lenguas cooficiales y la mejora de la función pública. Defendió que su grupo no se debe a intereses económicos y que sus principios son innegociables.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Santiago Romero): Señaló que la ley reforma aspectos importantes del sistema jurisdiccional, como los tribunales de instancia y la justicia restaurativa, y que incluye la estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Criticó el veto de las derechas y reiteró su compromiso con la protección de los consumidores y usuarios.
• Grupo Parlamentario VOX (Sr. Aizcorbe Torra): Criticó el proyecto de ley por considerarlo incoherente, con desprecio a las normas legislativas y al servicio de intereses particulares y del separatismo. Argumentó que la ley apuntala el Estado de las autonomías y que el Gobierno no respeta las decisiones judiciales.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sr. Aranda Vargas): Defendió el levantamiento del veto del Senado, criticando la actitud del PP de bloquear la ley en lugar de debatirla. Destacó los avances que la ley supone para la justicia y acusó al PP de renunciar a la política para buscar el poder.
• Grupo Parlamentario Popular (Sra. Moro Almaraz): Explicó que el veto se debe a que la ley, a pesar de contener aspectos positivos, sacrifica a las víctimas de violencia de género y abre líneas de desprotección en el poder judicial, además de ceder competencias a comunidades autónomas. Argumentó que no se puede votar a favor de un texto con tantas objeciones.

Tras los debates, se procedió a la votación del veto del Senado. El resultado fue de 177 votos a favor y 170 en contra, lo que supuso el levantamiento del veto del Senado y la ratificación del texto inicialmente aprobado por el Congreso.

Se ha detectado un error en la publicación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta iniciativa busca corregir dicho error, sustituyendo el Anexo II.2, que detalla las cuantías mensuales en euros para diferentes cargos judiciales según el grupo de población y por representación. El proyecto de ley, en su conjunto, tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la administración de justicia.