Proposición de Ley de nacionalización de Repsol y de su reconversión en una empresa pública al servicio de una transición energética verde y justa

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición de ley tiene como objetivo nacionalizar la compañía energética Repsol y transformarla en una empresa pública que dirija la transición energética de España hacia un modelo verde y justo. La normativa plantea que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera inicialmente el 25 % de las acciones de Repsol y, antes del 29 de octubre de 2026, alcance el 51 % del capital, convirtiéndola en mayoritaria. Se prevé la creación de un consejo asesor científico permanente y la elaboración de un plan estratégico 2026‑2030 con la hoja de ruta “Horizonte Repsol 205: 100 % renovable”. La ley incluye una moratoria hasta 2030 sobre nuevas exploraciones de hidrocarburos, límites a la producción fósil (no superiores a los niveles de 1990) y el cierre de proyectos de carbono como el Marcellus Shale. La Fundación Repsol quedaría dedicada a la educación climática.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 27 de febrero 2026: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con su resumen descriptivo.
• No se registran, en los documentos facilitados, debates en comisión, enmiendas, ni votaciones posteriores.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
Hasta la fecha de la última publicación (27 /02/2026) no existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni de la posición de partidos o grupos parlamentarios. Por lo tanto, no se dispone de información sobre apoyos ni rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición se encuentra en la fase inicial de tramitación, recién presentada ante el Congreso. No ha sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada; sigue en trámite.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién presentada, la iniciativa debe pasar por las etapas habituales del procedimiento legislativo: asignación a la comisión competente, debate y posible incorporación de enmiendas, seguida de votación en el Pleno del Congreso. Si el Congreso la aprueba, el texto se remitirá al Senado para su examen y, en caso de ser también aprobado allí, se enviará al Rey para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial del Estado, convirtiéndose en ley. En su estado actual, la propuesta aún no ha generado efectos legales ni administrativos.