Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social

Este Proyecto de Ley integral busca modernizar el marco legal de la economía social en España. Se proponen modificaciones sustanciales a las leyes de Cooperativas, Empresas de Inserción y Economía Social. Entre los puntos clave, se actualizan las normativas para facilitar la participación digital de los socios cooperativos, reforzar la igualdad de género y combatir las falsas cooperativas. Para las empresas de inserción, se desvincula la vulnerabilidad de la persona de factores externos y se actualizan los itinerarios de inserción. Además, se clarifican las tipologías de entidades de economía social y se promueve su fomento a través de políticas públicas y ayudas específicas. El objetivo es adaptar estas estructuras a los desafíos actuales, impulsando su contribución a la cohesión social y el empleo de calidad.

Enmienda 1: Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Devolución del Proyecto de Ley por considerarlo una reforma cosmética, ideológica y contraria a las necesidades reales del sector de la economía social.
• Modificación(es):
  • Critica la insuficiencia de las medidas propuestas para cooperativas y empresas de inserción, considerándolas superficiales y alejadas de las demandas del sector.
  • Argumenta que el proyecto introduce una agenda ideológica, especialmente en materia de género, que interfiere con los principios de libertad y autogestión del cooperativismo y la economía social.
  • Señala la imposición de obligaciones como la "Comisión de Igualdad" y los "planes de igualdad" como una intromisión y una carga burocrática innecesaria.
  • Considera que se ignoran medidas estructurales importantes como incentivos fiscales, acceso a financiación y eliminación de barreras administrativas.
  • Cuestiona la ampliación desproporcionada de colectivos considerados "vulnerables" en las empresas de inserción, argumentando que fomenta la dependencia estatal.
  • Critica la exclusión de centros especiales de empleo sin iniciativa social del ámbito de la economía social, lo que afectaría negativamente a trabajadores con discapacidad.
  • Considera que el "contrato para la transición al empleo ordinario" y la extensión del tiempo de contratación en empresas de inserción podrían perpetuar situaciones precarias.
  • Argumenta que la clasificación de entidades de economía social como "prestadoras de Servicios de Interés Económico General" incrementa su dependencia de ayudas públicas y el control gubernamental, afectando su autonomía.
  • Afirma que el proyecto impone cargas ideológicas y administrativas que dificultan la actividad de las entidades, en lugar de fomentar su crecimiento y competitividad.
• Efecto: Esta enmienda a la totalidad solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, argumentando que no responde a las necesidades del sector y que su enfoque es ideológico y perjudicial para la autonomía y competitividad de las entidades de la economía social.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

El Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, tras el análisis de las enmiendas presentadas, se enfrenta a una propuesta de devolución total por parte de un grupo parlamentario. La principal objeción radica en considerar que la iniciativa gubernamental es una reforma superficial y cosmética, que no aborda las necesidades estructurales y las demandas históricas del sector cooperativo y de las empresas de inserción.

Se critica la introducción de medidas consideradas de índole ideológica, particularmente en materia de igualdad de género, como la creación de comisiones y planes de igualdad obligatorios, así como la imposición de cuotas de presencia equilibrada en órganos de gobierno. Estos aspectos son vistos como una injerencia en la autonomía y autogestión de las entidades, incrementando la carga burocrática y alejándose de los principios fundacionales del cooperativismo.

Asimismo, se cuestiona la ampliación de los colectivos considerados vulnerables en las empresas de inserción, argumentando que podría fomentar la dependencia y perpetuar situaciones precarias en lugar de promover la inserción laboral estable. La exclusión de ciertos centros especiales de empleo del ámbito de la economía social también es señalada como un punto negativo.

Finalmente, se argumenta que la clasificación de entidades de economía social como prestadoras de Servicios de Interés Económico General podría mermar su autonomía al aumentar su dependencia de ayudas públicas y someterlas a un mayor control gubernamental. En resumen, la enmienda a la totalidad propone que el Proyecto de Ley sea devuelto al Gobierno para su reformulación, con el fin de elaborar una propuesta que, según su criterio, sea verdaderamente beneficiosa para el sector y no esté marcada por una agenda ideológica.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde a un Debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (Número de expediente: 121/000036).

Argumentos a favor:

• Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez): Defendió el proyecto de ley como una modernización necesaria de la legislación cooperativa, de las empresas de inserción y de la Ley de Economía Social. Destacó que la norma actualiza y optimiza la legislación cooperativa, mejora la participación de los miembros, promueve la igualdad entre hombres y mujeres e incorpora medidas para prevenir falsas cooperativas. Señaló que la ley responde a las demandas del sector, se alinea con marcos normativos internacionales (UE, ONU, OIT) y es el resultado de un diálogo con las entidades de la economía social. Criticó la enmienda a la totalidad de VOX por su falta de argumentación sólida y propuestas alternativas, y acusó a este grupo de tener una concepción caduca y de negacionista (climático, de igualdad, democrático). Subrayó la importancia de la economía social para el PIB español, el empleo y la cohesión territorial, y la calificó de "especialmente feminista" y resiliente.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sagastizabal Unzetabarrenetxea): Valoró positivamente el proyecto de ley, considerándolo una reforma necesaria para la economía social y el movimiento cooperativista. Votarán en contra de la enmienda de VOX, a la que califican de carente de rigor y basada en prejuicios. Destacaron que la ley ha sido negociada con el sector y que los argumentos de VOX sobre cargas burocráticas e ideología son infundados. Consideran que la tramitación de la ley es un paso significativo para apoyar un sector vital para la cohesión social y el desarrollo económico inclusivo y sostenible.
• Grupo Parlamentario Republicano (Salvador i Duch): Votarán en contra de la enmienda de devolución de VOX, argumentando que la ley pone a las personas por encima del capital, algo intolerable para la derecha. Defienden la economía social como cooperación, solidaridad y democracia económica, que crea riqueza colectiva y dignidad laboral. Señalan que la ley da herramientas a quienes trabajan sin especular y crea empleo estable, siendo una alternativa a la explotación laboral. Destacan que la economía social fomenta la igualdad de género, con mujeres cobrando un 24% más y teniendo mayor presencia en cargos de responsabilidad.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Martínez Barbero): Consideran que la enmienda a la totalidad de VOX carece de fundamento y es un ejemplo de su falta de coherencia, hablando más de las obsesiones de VOX que de la ley. Critican que VOX no conoce la ley y ataca modelos tradicionales como el cooperativismo, especialmente en el ámbito rural. Señalan que la ley se basa en principios cooperativos de gestión democrática e igualdad, y que el sector mismo pide la regulación de planes de igualdad. Defienden la ley como un paso para cumplir el mandato constitucional de igualdad efectiva y critican a VOX por defender a las "falsas cooperativas" y el fraude.
• Grupo Parlamentario Socialista (Garrido Jiménez): Consideran la enmienda a la totalidad de VOX una falta de respeto a la economía social española. Critican la intervención de VOX por su falta de contenido sobre la ley y su carácter de "sermón dominical". Señalan que la técnica legislativa de VOX se basa en buscar la palabra "igualdad" en el proyecto y hacer una enmienda genérica. Defienden la igualdad y la corresponsabilidad como principios constitucionales y critican que VOX se oponga a las comisiones de igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación. Argumentan que lo que molesta a VOX es la esencia misma de la economía social: gobernanza democrática, participación y reversión de beneficios.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (Otero Gabirondo): Apoyarán la creación de la comisión de investigación sobre la DANA, con la intención de que aclare lo sucedido y proponga mejoras. Reconocen la falta de previsión y la actuación tardía de la Generalitat Valenciana, y critican la gestión del Gobierno central. Subrayan la importancia de la prevención ante los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de reforzar el sistema de emergencias y protección civil.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX (Hernández Quero): Presentan una enmienda a la totalidad por considerar que el proyecto de ley es una "adaptación cosmética" que no aborda los retos reales de las cooperativas y supone una injerencia del Estado en un sector autónomo. Critican que la ley confunde el sector femenino con el feminista y que se olvida del principio de autonomía e independencia de las cooperativas. Argumentan que el cooperativismo es afín a la tradición conservadora y que la ley pretende colonizar y marcar ideológicamente a las cooperativas, convirtiéndolas en un apéndice del Estado. Consideran que la ley no se centra en los problemas reales de los cooperativistas (competencia desleal, impuestos, ataques a costumbres) y que VOX defiende los cuerpos intermedios y las comunidades naturales. Critican al Gobierno por su "marketing" y su "agenda ideológica", y acusan a la izquierda de querer controlar todo.
• Grupo Parlamentario Popular (Teniente Sánchez): Discrepan de aspectos sustanciales de la reforma, ya que consideran que genera nuevos problemas, especialmente para el colectivo de la discapacidad. Argumentan que la exclusión de los centros de empleo empresariales del ámbito de la economía social es un error mayúsculo que deja fuera a 1.694 centros y a 60.000 trabajadores con discapacidad, poniendo en riesgo la mitad del empleo protegido. Critican que la ley crea un "oligopolio" y limita las capacidades de la economía social. Consideran que el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia advierten de la necesidad de un debate más pausado y de fomentar la competencia. Argumentan que el Gobierno no negocia con los grupos y que la ley se ha presentado tarde y mal.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo: Todos los grupos parlamentarios que intervinieron en el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, a excepción de VOX, votaron en contra de la enmienda a la totalidad, mostrando su apoyo a la tramitación del proyecto.
• Desacuerdo: El Grupo Parlamentario VOX presentó una enmienda a la totalidad, argumentando que el proyecto de ley era una reforma cosmética, una injerencia del Estado y que no abordaba los problemas reales del sector, sino que respondía a una agenda ideológica.
• Matices: El Grupo Parlamentario Popular, si bien no presentó una enmienda a la totalidad, expresó discrepancias sustanciales con la reforma, especialmente en lo referente a la exclusión de los centros de empleo empresariales y su impacto en las personas con discapacidad. Manifestaron su intención de buscar consensos para mejorar los "defectos graves" de la ley durante la tramitación. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) apoyó la tramitación pero señaló que se podrían realizar mejoras en la fase de enmiendas.

Resumen del documento – Ratificación de la Ponencia y dictamen (expediente 121/000036)

1. Paso formal

• La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ratificó la ponencia que informó el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y, a continuación, aprobó el texto con competencia legislativa plena, tal y como exige el Reglamento de la Cámara.

2. Principales argumentos a favor

Grupo parlamentario	Argumentos destacados
SUMAR	La ley nace del diálogo con cooperativas, asociaciones y empresas de inserción; refuerza la digitalización, la economía verde y la cohesión territorial. Destaca la protección de los centros especiales de empleo y la garantía de que cada euro público genere ocho euros de valor social.
Esquerra Republicana	Apoya la ley porque sitúa a las personas en situación de vulnerabilidad en el centro, permite la contratación de personas sin hogar o en proceso de regularización y protege zonas rurales en riesgo de despoblación mediante un estudio del Ministerio.
Junts per Catalunya	Valora el acuerdo alcanzado con otras formaciones y la incorporación de sus enmiendas; subraya la importancia del sector social para la economía catalana y la necesidad de recuperar competencias competenciales.
Grupo Socialista	Resalta que la ley moderniza el marco normativo, la alinea con los retos del siglo XXI (transición ecológica, digitalización, igualdad) y consolida la economía social como pilar de la estrategia nacional.
Grupo Popular (PP) – aunque crítico, reconoce que algunas enmiendas fueron aceptadas y que la ley aporta certidumbre al sector.
Otros grupos (PNV, etc.)	Defienden enmiendas concretas que consideran útiles para sus regiones o sectores.

3. Principales argumentos en contra o críticas

Grupo parlamentario	Argumentos destacados
Grupo Popular (PP)	Critica la “reforma múltiple” que combina tres leyes distintas, considera que la reforma de la Ley de Cooperativas es insuficiente y denuncia la exclusión del 68 % de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, que representan el 58 % del empleo protegido. Señala irregularidades procedimentales (impedimento de avocación, limitación de comparecencias) y califica al proceso de “cicatería”.
VOX	Cuestiona la definición restrictiva de economía social que excluye a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial; considera que la ley introduce una regulación que favorece la contratación irregular y que la proliferación de planes de igualdad genera burocracia innecesaria.
Grupo Vasco	Manifiesta su desacuerdo con el veto del Gobierno a la enmienda 52 (motivo presupuestario) y pide que conste su queja en el acta.
Grupo Mixto / BNG / ERC	Señalan que algunas enmiendas (74, 79 del BNG; 125, 126, 134 del ERC) aparecen o desaparecen del guion de votación y solicitan que se aclare su situación.
Otros	Se registran peticiones de revisión de la forma de votación (individual vs. grupal) y de la inclusión de enmiendas retiradas.

4. Acuerdos y resultados de la votación

• Ratificación de la ponencia: aprobada por asentimiento.
• Votación de enmiendas: la gran mayoría de las enmiendas presentadas por los distintos grupos fueron rechazadas (más de 80 %). Solo dos enmiendas (n.º 175 y 179) lograron la mayoría tras la ponderación de un empate y fueron aprobadas.
• Texto final del proyecto de ley: votado con 19 votos a favor y 18 en contra, por lo que quedó aprobado.
• Correcciones técnicas (ortográficas y de estilo) fueron aprobadas por asentimiento.

5. Matices relevantes

• El proceso estuvo marcado por una intensa discusión sobre la vigencia de enmiendas “vivas” y la retirada o veto de algunas de ellas, lo que generó dudas sobre la exactitud del guion de votación.
• Se registró una discrepancia procedural (voto de la enmienda 126 y 136 inicialmente empatado, luego resuelto mediante ponderación).
• Varios grupos (BNG, ERC, Vasco) solicitaron que se les entregaran por escrito los documentos relativos a la retirada de enmiendas y al veto, indicando que la información no estaba disponible en ese momento.

Conclusión
La Comisión ratificó la ponencia, aprobó el dictamen y, tras un extenso debate y la votación de más de ciento cincuenta enmiendas, aprobó el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social con competencia legislativa plena. La mayoría de los grupos parlamentarios expresaron su apoyo al texto final, mientras que el PP y VOX mantuvieron críticas sustanciales sobre el alcance y la forma del proyecto.

Resumen del Informe de la Ponencia (Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social)

• Objetivo de la norma: actualizar y ampliar el marco jurídico de la economía social en España. La ley modifica la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007 de Empresas de Inserción y la Ley 5/2011 de Economía Social, introduciendo:

  • Nuevas reglas de participación digital y derechos de información de los socios.
  • Creación obligatoria de la Comisión de Igualdad y de planes de igualdad en cooperativas con ≥ 50 socios.
  • Refuerzo de la igualdad de género, la transparencia y la gestión democrática.
  • Mejora de la regulación de las empresas de inserción (ampliación de colectivos vulnerables, requisitos de contratación, itinerarios de inserción y mecanismos de suspensión/excedencia).
  • Incorporación de nuevas tipologías de entidades (empresa social, centros especiales de empleo, cooperativas de vivienda protegida, etc.) y actualización del Catálogo de Entidades de Economía Social.
  • Ajustes fiscales y de contratación pública para favorecer la participación de la economía social.

• Decisiones de la Ponencia:

  • Incorporación de enmiendas: la mayoría aprobó la inclusión de 55 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto (UPN, CC), Junts per Catalunya, Vasco (EAJ‑PNV), Socialista y Plurinacional SUMAR, BNG, Republicano y Popular.
  • Enmiendas transaccionales: se acordaron 21 paquetes que agrupan y sustituyen varias enmiendas; VOX se opuso a todas, Junts y Popular votaron parcialmente a favor/contra según el paquete.
  • Retiro de enmiendas: se propone suprimir las enmiendas 11 y 30 de Junts y las 39‑41 del grupo Vasco.
  • Mantenimiento de otras enmiendas: el resto de propuestas queda pendiente de debate en Comisión.
  • Observaciones técnicas: se incluyen las observaciones del letrado de la Comisión.

• Resultado: el texto final, con todas las enmiendas incorporadas, se adjunta como anexo al informe.

• Fase de tramitación: el informe de la Ponencia se ha remitido a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proyecto pasará a debate y votación en la Comisión; si se aprueba, seguirá a la fase de Pleno del Congreso para su votación definitiva.

Resumen del proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena)

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado, con plena competencia legislativa (artículo 75.2 CE), el proyecto de Ley que pretende modernizar y reforzar el marco normativo de la economía social en España.

Objetivo principal
Crear un marco legal integral que favorezca el desarrollo de cooperativas, empresas de inserción y demás entidades de economía social, impulsando la generación de empleo de calidad, la cohesión social y la sostenibilidad, en línea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social.

Cambios clave

1. Ley 27/1999 (Cooperativas)

   • Actualiza la definición, domicilio y participación digital de las cooperativas.
   • Introduce la obligación de disponer de página web corporativa (para cooperativas > 500 socios) y de comunicaciones electrónicas.
   • Crea la Comisión de Igualdad y refuerza los planes de igualdad y la igualdad de género en la gestión cooperativa.
   • Modifica la estructura de los órganos (Asamblea, Consejo Rector) y los derechos de información y participación de los socios, incluyendo voto por representante y participación telemática.

2. Ley 44/2007 (Empresas de inserción)

   • Amplía el objeto y el ámbito de actuación, definiendo con mayor precisión los itinerarios de inserción y los factores de vulnerabilidad.
   • Simplifica la calificación y los requisitos de las empresas de inserción, estableciendo ratios mínimas de contratación de personas en inserción y normas de estabilidad y competitividad.
   • Refuerza la coordinación entre servicios sociales y de empleo y la obligación de presentar balances sociales.

3. Ley 5/2011 (Economía Social)

   • Clarifica y amplía la tipología de entidades, incorpora nuevas formas (empresa social, comercio justo, etc.) y actualiza el Catálogo de Entidades.
   • Refuerza la promoción pública, la información estadística y la financiación de la economía social.
   • Introduce disposiciones sobre igualdad de género, apoyo a zonas rurales y competencias autonómicas.

4. Otros ajustes

   • Modifica la Ley 20/1990 (Régimen fiscal de cooperativas) para proteger a las cooperativas de vivienda.
   • Añade disposiciones sobre descalificación de cooperativas, competencia exclusiva de comunidades autónomas y nuevas obligaciones de transparencia y participación digital.

Estado de la iniciativa
Con la aprobación de la comisión, el texto queda listo para su tramitación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde será debatido y votado antes de pasar al Senado. El proyecto ya cuenta con la base legal necesaria para su posterior promulgación y entrada en vigor.

Resumen del texto aprobado por el Congreso y remitido al Senado para su tramitación legislativa:

• Objetivo general: crear una ley integral que modernice y refuerce la economía social, facilitando la creación, funcionamiento y desarrollo de cooperativas, empresas de inserción y otras entidades del sector social.

• Actualizaciones de la Ley de Cooperativas (27/1999)

  • Se incorpora la participación digital: obligación de disponer de página web corporativa (para cooperativas con más de 500 socios) y de permitir comunicaciones y votaciones electrónicas.
  • Se crea la Comisión de Igualdad dentro de la cooperativa para garantizar la igualdad de género.
  • Se amplían los derechos de información y participación de los socios, incluyendo acceso a documentos y posibilidad de representación.
  • Se modifican los requisitos de domicilio, quórums, convocatoria de asambleas y funcionamiento del Consejo Rector.
  • Se establecen normas para la descalificación de cooperativas que no cumplan con su objeto social o principios democráticos.

• Modificaciones a la Ley de Empresas de Inserción (44/2007)

  • Se amplía la definición de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social que pueden ser contratadas.
  • Se establecen itinerarios de inserción personalizados, con duración mínima de 6 meses y máxima de 3 años.
  • Se regulan los requisitos de calificación, funcionamiento y rendición de cuentas de las empresas de inserción.
  • Se introducen ayudas públicas, bonificaciones a la Seguridad Social y medidas de apoyo para la transición al empleo ordinario.
  • Se fijan normas de contratación, suspensión, excedencias y extinción de los contratos de inserción.

• Reforma de la Ley de Economía Social (5/2011)

  • Se amplía el catálogo de entidades que forman parte de la economía social, incluyendo empresas sociales, centros especiales de empleo, cooperativas de vivienda, comercio justo y otras formas reconocidas a nivel europeo.
  • Se crea un Catálogo Estatal de Entidades de Economía Social, de acceso público y actualizado electrónicamente.
  • Se establecen medidas de fomento, difusión, financiación y formación, con objetivos de eliminar obstáculos administrativos y promover la inclusión laboral, la innovación y la sostenibilidad.
  • Se introducen disposiciones para la transformación de empresas tradicionales en entidades de economía social y para el desarrollo de servicios esenciales en zonas rurales despobladas.

• Beneficios fiscales

  • Se reconoce a las cooperativas de vivienda como “cooperativas especialmente protegidas”, con ventajas tributarias específicas.
  • Se amplían los incentivos fiscales a cooperativas que cumplan con los nuevos requisitos de igualdad y no distribución de beneficios.

• Procedimientos y plazos

  • El proyecto se remite a la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado.
  • El plazo para presentar enmiendas y propuestas de veto finaliza el 5 de febrero de 2026.
  • Se establecen disposiciones transitorias para la adaptación de empresas de inserción, la publicación de planes de igualdad y la entrada en vigor de la norma (el día siguiente a su publicación en el BOE).

• Otros aspectos

  • Se crea la Comisión de Igualdad en cooperativas con más de 50 socios.
  • Se regulan los criterios de reserva de contratos públicos a favor de la economía social y las empresas de inserción.
  • Se incluyen normas de prevención de riesgos laborales y de participación de personas con discapacidad.
  • Se actualizan normas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital para simplificar la incorporación de nuevos miembros a la unidad de convivencia.

Los senadores Joan Baptista Bagué Roura y Eduard Pujol Bonell (GP + L) presentan, bajo el artículo 107 del Reglamento del Senado, una enmienda de adición a la Disposición final nueva de la reforma de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (transposición de las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE).

Objetivo principal
Incorporar requisitos técnicos para mejorar la transparencia y la equidad en la licitación y en la revisión de precios, con especial atención a la desagregación salarial por género y a la limitación de revisiones de precios.

Principales cambios propuestos

1. Presupuesto base de licitación

   • El órgano de contratación debe asegurar que el presupuesto base sea acorde a los precios de mercado.
   • El presupuesto debe desglosarse en el pliego, indicando costes directos, indirectos y gastos eventuales.
   • Cuando los salarios formen parte del precio total, el desglose debe incluir desagregación por género y categoría profesional, calculado a partir del convenio colectivo sectorial aplicable.
   • No será necesario un presupuesto base previo para acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición.

2. Procedencia y límites de la revisión de precios (artículo 103)

   • La revisión periódica solo será posible en contratos de obra, suministro de armamento/equipamiento, suministro de energía o cuando el periodo de recuperación de la inversión sea ≥ 5 años, con criterios definidos en el Real Decreto de desindexación.
   • Se excluyen de la revisión amortizaciones, costes financieros, gastos generales y beneficio industrial.
   • En contratos con periodo < 5 años, la revisión podrá admitirse si la participación de materias primas, bienes intermedios o energía supera el 20 % del presupuesto, indicando su peso y el índice oficial de revisión.
   • Para servicios, la revisión será posible si los costes salariales superan el 50 % del total o si el incremento salarial anual supera el 3 %; la fórmula de revisión será:
     [ \text{Revisión %} = \frac{\text{Incremento % salarios} \times \text{Peso % salarios}}{100} ]
     con un techo del 20 % del contrato.

3. Nuevo artículo 103 bis – Actualización por incremento de costes salariales

   • La actualización se inicia con la solicitud del contratista y no procede en caso de mora culpable.
   • Plazos de resolución: 1 mes para la propuesta provisional, 10 días hábiles para alegaciones, y 10 días hábiles para la resolución definitiva.
   • La actualización no afecta a la garantía definitiva y se paga en certificaciones mensuales o en la liquidación final.
   • En subcontratación, el contratista debe transferir la actualización a los subcontratistas y certificar el pago; el incumplimiento suspende el pago al contratista principal.

Justificación
Se califica como “mejora técnica”, orientada a una mayor precisión en la estimación de costes, a la igualdad de género en la contratación pública y a un control más estricto de las revisiones de precios.

Estado de la iniciativa
Se trata de una enmienda presentada en el Senado que aún debe ser debatida y votada en el proceso legislativo correspondiente.

Resumen del Índice de enmiendas (621/000021)

• Tipo de documento: Índice de enmiendas presentado en el Congreso de los Diputados (Serie A, nº 36, núm. exp. 121/000036).
• Objeto: Relación de todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley en trámite, indicando el artículo o disposición que modifican, el número de la enmienda y el autor o grupo parlamentario que la propone.

Estructura y principales datos

Sección del proyecto	Nº de enmiendas	Principales proponentes
Todo el proyecto	7	Fernando Carbonell Tatay, Paloma Gómez Enríquez y Ángel Pelayo Gordillo (GPMX)
Preámbulo	3, 23‑24	Joan Josep Queralt Jiménez (GPERB); Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
Artículo 1	8‑11, 25‑38	GPMX (3 enmiendas) + GPP (12 enmiendas)
Artículo 2	12, 18‑19, 40‑48	GPMX (1); EAJ‑PNV (2); GPP (9)
Artículo 3	13‑14, 50‑56	GPMX (2); GPP (7)
Artículo 4	4‑6, 57	GPERB (3); GPP (1)
Disposición adicional nueva	15, 20, 58‑60	GPMX (1); EAJ‑PNV (1); GPP (3)
Disposición transitoria tercera	61	GPP (1)
Disposiciones finales (1‑4 y nueva)	62‑67	GPP (5); GPMX (2); GPPLU (3); EAJ‑PNV (2)

• Total de enmiendas: 67.
• Grupos más activos:
  • GPMX (grupo de diputados de México) – 13 enmiendas distribuidas por todo el texto.
  • GPP (Grupo Parlamentario Popular en el Senado) – 38 enmiendas, concentradas en los artículos 1, 2 y disposiciones finales.
  • EAJ‑PNV (Grupo Parlamentario Vasco en el Senado) – 7 enmiendas.
  • GPERB y GPPLU – 5 enmiendas entre ambos.

Estado de la iniciativa

El documento solo enumera las enmiendas; no indica si han sido aprobadas, rechazadas o aún en debate. Su presencia en el Boletín Oficial de las Cortes Generales sugiere que el proyecto de ley está en fase de tramitación plenaria, donde se presentan y votan las enmiendas antes de la votación final del texto. No se especifica una fecha de conclusión.

Conclusión para el público general

Se trata de la lista completa de propuestas de modificación a un proyecto de ley que está siendo debatido en el Congreso. Los diputados y grupos parlamentarios han presentado 67 cambios, principalmente impulsados por los grupos GPMX y GPP. El proyecto sigue en proceso legislativo y aún falta la votación definitiva de estas enmiendas y del texto final.

Se rechazaron tres enmiendas presentadas al Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social por no ser congruentes con el objeto de la iniciativa.

1. Enmienda n.º 1 (Sres. Bagué Roura y Pujol Bonell – GP PLU): proponía añadir una disposición final que modificara los artículos 100 y 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (transposición de las Directivas UE 2014/23 y 2014/24) y crear el artículo 103 bis sobre actualización de precios por gastos salariales. Estas materias no guardan relación material con la economía social, por lo que la enmienda fue desestimada.

2. Enmienda n.º 17 (Sres. Bagué Roura y Pujol Bonell – GP PLU): pretendía incorporar una disposición final que alterara la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal. Tampoco existe conexión con el objetivo del proyecto de ley, pese a la justificación de “atender al tejido productivo y a la empleabilidad”.

3. Enmienda n.º 22 (Grupo Parlamentario Vasco – EAJ‑PNV): idéntica a la n.º 1, solicitaba modificar los mismos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y crear el artículo 103 bis. Se rechazó por la misma falta de congruencia.

El rechazo se basa en que las enmiendas intentan modificar normas que no influyen directamente en la actividad de entidades de economía social, a diferencia de lo que sí contempla el propio proyecto (p.ej., reserva de porcentaje de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción).

Estado de la iniciativa: el proyecto de ley sigue su tramitación legislativa; en esta fase se revisan y admiten o descartan enmiendas. Las tres propuestas aquí analizadas fueron no admitidas a trámite.

Publicación: 16 de febrero de 2026, conforme al artículo 191 del Reglamento de la Cámara (Palacio del Senado).

Resumen del procedimiento de la Comisión de Trabajo y Economía Social (Sesión del 4 de marzo de 2026) sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (expediente 621/000021)

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1. Objetivo de la sesión

• Ratificar la ponencia del proyecto de ley.
• Debatir y votar las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
• Decidir si el informe de ponencia se eleva a dictamen de la comisión.

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2. Posiciones de los grupos parlamentarios

Grupo	Argumentos principales a favor / en contra	Resultado de la votación de sus enmiendas
Grupo Popular (PP)	Defiende que las 44 enmiendas presentadas “mejoran el texto”, lo hacen más útil, equilibrado y viable para el sector de la economía social. Asegura que el proyecto es clave para miles de empresas y trabajadores y que el Gobierno lo ha puesto en el eje de su política económica.	No se votaron enmiendas del PP porque el grupo retiró sus propuestas antes de la votación.
Grupo Socialista (PSOE)	Reconoce la importancia del proyecto y el consenso alcanzado en el Congreso, pero advierte que las enmiendas del PP “desvirtuarían” el texto consensuado. Está dispuesto a aceptar mejoras técnicas, pero rechaza cambios sustanciales.	No presentó enmiendas; por tanto, nada que votar.
Grupo Vasco	Asegura que la incorporación de las enmiendas del PP “cambia sustancialmente la ley” y, por ello, votará negativo.	Enmiendas del Grupo Vasco: 1 a favor – 25 en contra – 3 abstenciones → rechazadas.
Grupo Plural (Coalición de centro‑izquierda)	Manifiesta su voto en contra del informe de ponencia y mantendrá vivas sus enmiendas para el pleno.	Enmiendas del Grupo Plural: 0 a favor – 25 en contra – 4 abstenciones → rechazadas.
Izquierdas por la Independencia	Se reserva para el pleno, pero declara oposición al dictamen.	Enmiendas de Izquierdas: 1 a favor – 25 en contra – 3 abstenciones → rechazadas.
Grupo Mixto	No utilizó su turno de palabra; no presentó enmiendas.	Enmienda del Grupo Mixto: 1 a favor – 28 en contra → rechazada.
Otros grupos (ej. Izquierda Confederal)	No presentaron enmiendas; su portavoz indicó que seguiría la línea del Congreso.	No hubo votación.

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3. Resultado de la votación final

• Votación del informe de ponencia para elevarlo a dictamen de comisión (sin incorporar enmiendas):

  • A favor: 17
  • En contra: 11
  • Abstenciones: 1

• Conclusión: El proyecto fue dictaminado por la Comisión de Trabajo y Economía Social y pasará al Pleno del Senado para su debate y votación final.

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4. Acuerdos y matices relevantes

• Acuerdo mayoritario para aprobar el dictamen a pesar de que la gran mayoría de las enmiendas presentadas por los distintos grupos fueron rechazadas.
• Desacuerdo sustancial entre el Grupo Popular (que defendió sus enmiendas) y los grupos que las consideraron perjudiciales para el texto original (Vasco, Socialista, Plural, Izquierdas).
• Postura del Grupo Popular: considera que sus enmiendas aportan mejoras técnicas y hacen la ley más viable; sin embargo, el resto de la comisión las rechazó.
• Postura del Grupo Socialista: apoya el proyecto en su forma consensuada en el Congreso, pero se opone a las modificaciones del PP.
• Postura del Grupo Vasco: advierte que las enmiendas del PP “cambian sustancialmente” la ley y, por ello, vota negativamente.

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5. Próximos pasos

• Los senadores presentarán sus votos particulares dentro de las 24 horas siguientes.
• Un miembro de la comisión (designado por consenso) presentará el dictamen ante el Pleno del Senado.

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En síntesis: La Comisión ratificó la ponencia, debatió y rechazó prácticamente todas las enmiendas propuestas, y aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley, que ahora seguirá su tramitación en el Pleno del Senado. No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones ninguna otra fase legislativa ni resultados posteriores.

Se presentan dos propuestas de corrección de errores a enmiendas ya presentadas:

1. Congreso de los Diputados (Serie A, nº 36, expediente 121/000036).

   • Corrección a la enmienda que modifica la Disposición final tercera: debe leerse Disposición final cuarta.
   • Fecha de presentación: 17 de febrero de 2026.

2. Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP).

   • Corrección a la enmienda nº 65, de modificación, que afecta la Disposición final cuarta: debe leerse Disposición final quinta.
   • Fecha de presentación: 17 de febrero de 2026.

Ambas correcciones buscan ajustar la numeración de la disposición final correspondiente en los textos legislativos. Actualmente se encuentran en fase de presentación para su incorporación antes de la votación definitiva.

La Ponencia del Senado ha emitido su informe sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. Con mayoría aprueba el texto remitido por el Congreso, incorporando las enmiendas 23 a 67 presentadas por el Grupo Popular en el Senado, salvo la enmienda 63. Además, por unanimidad aprueba una serie de correcciones técnicas:

• Añade la redacción propuesta en el apartado 1 del análisis técnico al artículo 1.14.
• Corrige la referencia del artículo 2.2, creando un nuevo apartado e) en el artículo 2.3 de la Ley 44/2007 (régimen de empresas de inserción) en lugar de un inexistente artículo 1 bis).
• Suprime el apartado f) del artículo 5 bis 1 de la Ley 5/2011, al haberse derogado la Decisión 2012/21/UE el 16 de diciembre de 2025.
• Realiza otras correcciones gramaticales y de forma, siguiendo el informe técnico de la letrada de la Comisión, sin que constituyan enmiendas constitucionales.

El informe, firmado el 18 de febrero de 2026, se remite a la Comisión de Trabajo y Economía Social para su debate y posterior votación. En este momento la iniciativa está en la fase de informe de ponencia y aún no ha sido aprobada por el pleno del Senado.

Los senadores presentan, bajo el artículo 117 del Reglamento del Senado, votos particulares para la defensa en Pleno del Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. Cada voto indica las enmiendas que sus firmantes desean que se mantengan o se vuelvan a considerar:

• Paloma Gómez Enríquez y Fernando Carbonell Tatay (GPMX) – enmiendas 7 a 16.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ‑PNV) – enmiendas 18 a 22 (firmado por la portavoz Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz).
• Eduard Pujol Bonell y Joan Baptista Bagué Roura (GPPLU) – enmienda 2.
• Joan Josep Queralt Jiménez (GPERB) – enmiendas 3 a 6 (portavoz Gorka Elejabarrieta Díaz).
• Grupo Parlamentario Socialista – vuelta al texto del Congreso con las enmiendas 23 a 62 y 64 a 67 (portavoz adjunto Alfonso Gil Invernón).

Fecha de presentación: 4 de marzo de 2026 en el Palacio del Senado. El proyecto está en la fase de defensa en Pleno, previa a la votación final del Senado.

La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado, tras examinar el informe de la ponencia encargada de estudiar el proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, aprueba como dictamen el texto propuesto por dicha ponencia. Con este dictamen la iniciativa avanza a la siguiente fase legislativa (pleno del Senado). El acuerdo se formaliza el 4 de marzo de 2026, bajo la presidencia de Vicente Tirado Ochoa y la secretaría de Jorge García Vega. El objetivo de la norma es fomentar y fortalecer el sector de la economía social en España.

Resumen del proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (expediente 621/000021)

Tipo de documento: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Economía Social (informe de la comisión que se debate en el pleno del Senado).

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1. Argumentos a favor del proyecto

Grupo que defiende	Principales argumentos
Grupo Popular (PP) – senador De Arriba y demás portavoces del PP	• La economía social aporta el 11 % del PIB y más de un millón de puestos de trabajo. • El sector necesita un marco jurídico más sencillo: eliminar trámites innecesarios, suprimir la obligación de disponer de página web, reducir la carga regulatoria y evitar “intrusismo”. • El PP recuerda que, cuando estuvo en el Gobierno, impulsó la Ley de Cooperativas y otras normas que favorecieron al sector; por eso considera que la iniciativa actual debería basarse en esas bases y no en “bazar legislativo” que mezcla varias leyes.
Grupo Socialista (PSOE) – senadora Pérez Esteban y demás portavoces	• La economía social representa más del 10 % del PIB y cerca de 2 millones de empleos; es un pilar para la cohesión territorial y la inclusión. • El proyecto actual actualiza y unifica la normativa (Cooperativas, Empresas de inserción, Ley de Economía Social y Régimen fiscal), ofreciendo seguridad jurídica y facilitando la financiación (PERTE de economía social, 800 M€ de fondos). • Se ha alcanzado un consenso amplio en el Congreso; el texto refleja el diálogo con los agentes del sector y la voluntad de reforzar la economía social como eje de la política del Gobierno.
Esquerra Republicana / Izquierda Confederal – senadores Gaseni, Barcos, etc.	• Subrayan la dimensión social del proyecto: debe proteger a las personas vulnerables, facilitar la inserción laboral y promover cooperativas de vivienda con cesión de uso. • Proponen enmiendas para reconocer explícitamente el papel de las cooperativas de vivienda en la solución de la crisis habitacional y para garantizar que el modelo siga centrado en la finalidad social y no en la rentabilidad.
Vox – senadora Gómez	• Defiende la libertad económica: menos burocracia, menos subvenciones privilegiadas, igualdad de trato para todas las formas empresariales. • Advierte que el proyecto podría crear un “sistema de ayudas y tratamiento fiscal diferenciado” que distorsiona la competencia.
Grupo Vasco (Ahedo Céza) – senadora Ahedo	• Destaca la tradición cooperativa vasca (Mondragón) y la necesidad de modernizar la normativa para adaptarla a la realidad actual. • Apoya la actualización del marco legal como paso necesario para seguir impulsando el sector.
Otros grupos (Junts, Nacionalistas, etc.)	• Reafirman la importancia del sector para el desarrollo territorial y la generación de empleo, y solicitan que el proyecto mantenga su carácter inclusivo y territorial.

2. Argumentos en contra / críticas al proyecto

Grupo que critica	Principales objeciones
Grupo Popular (PP)	• Considera que el proyecto mezcla tres leyes distintas (Cooperativas, Empresas de inserción y Economía Social) creando un “bazar legislativo” que dificulta su aplicación. • Señala la inclusión de materias ajenas al objetivo (por ejemplo, referencias al ingreso mínimo vital o a la inmigración) como una carga ideológica. • Critica la falta de claridad y la posible “intrusismo” que el texto permitiría.
Grupo Socialista	• Rechaza la mayoría de las enmiendas presentadas por el PP (23‑67) porque, según ellos, “rompen la coherencia del texto” y pueden introducir “ideología” que desvirtúa el consenso alcanzado. • Argumenta que las enmiendas del PP eliminarían garantías esenciales (por ejemplo, la obligación de publicar información, la protección de la vulnerabilidad, la normativa de cooperativas).
Vox	• Advierte que el proyecto crea un régimen de ayudas y beneficios fiscales que favorece al sector frente a otras empresas, lo que consideraría una distorsión del mercado.
Esquerra Republicana (enmiendas específicas)	• Señala que el texto original no reconoce suficientemente el papel de las cooperativas de vivienda en la solución de la crisis habitacional y propone su inclusión explícita.
Grupo Vasco (Ahedo)	• Aunque apoya la actualización, critica que algunas enmiendas del PP (por ejemplo, la eliminación del “Fondo de Reserva Obligatorio”) podrían debilitar la seguridad jurídica de las cooperativas.
Otros (Izquierda Confederal, etc.)	• Proponen enmiendas para reforzar la dimensión territorial y la protección de los usuarios vulnerables, indicando que el texto actual no cubre suficientemente esos aspectos.

3. Acuerdos, desacuerdos y matices

• No hay acuerdo final: el proyecto sigue en fase de debate. El PP insiste en la retirada o modificación de gran parte de las disposiciones que considera “ideológicas” o “innecesarias”; el PSOE y sus aliados defienden el texto tal y como salió del Congreso, advirtiendo que las enmiendas del PP romperían la coherencia y el consenso alcanzado.

• Matices dentro de los grupos:

  • El PP presenta 67 enmiendas (23‑67) y retira algunas (por ejemplo, la nº 2).
  • El PSOE acepta solo las enmiendas técnicas aprobadas por la comisión (23‑62 y 64‑67) y rechaza las demás, calificándolas de “desestabilizadoras”.
  • Esquerra Republicana y otras formaciones de izquierda presentan enmiendas específicas (p.ej., sobre cooperativas de vivienda, inclusión de la vulnerabilidad) que buscan ampliar la dimensión social del texto.
  • Vox no propone enmiendas al proyecto, sino que se limita a expresar su postura crítica respecto a la carga regulatoria y a los supuestos privilegios.

• Puntos de convergencia: todos los grupos coinciden en que la economía social es relevante para la economía española (cifras de PIB y empleo) y que el sector necesita un marco jurídico actualizado. Las divergencias giran en torno a cómo debe actualizarse y qué contenidos deben incluirse o eliminarse.

• Procedimiento: el informe de la comisión fue aprobado sin modificaciones y se presentó el “voto particular” de los grupos. El debate de totalidad está abierto y, según el texto, se esperan votos particulares y la posible vuelta al Congreso para la fase de votación final.

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Conclusión
El proyecto de Ley integral de impulso de la economía social busca modernizar y unificar la normativa que regula cooperativas, empresas de inserción y demás entidades del sector, reconociendo su peso económico y social. El debate está polarizado: el PP quiere simplificar, eliminar supuestos privilegios y separar la legislación; el PSOE defiende el texto consensuado y advierte que las enmiendas del PP lo desestabilizarían; Vox aboga por menos intervención estatal; y las formaciones de izquierda (Esquerra Republicana, Izquierda Confederal) impulsan ampliaciones orientadas a la vulnerabilidad y la vivienda. Hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y el proyecto sigue pendiente de votación.

Se trata de un documento que recoge la retirada de una serie de enmiendas (n.º 621/000021) presentadas al Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. La retirada implica que esas propuestas de modificación ya no serán debatidas ni incorporadas al texto legislativo, por decisión de sus autores o tras acuerdos parlamentarios.

Objetivo de la norma
El proyecto de ley busca fomentar y regular la economía social en España, facilitando la creación y desarrollo de cooperativas, sociedades laborales, mutuales y otras formas de empresa con finalidad social, mediante medidas de apoyo financiero, simplificación administrativa y reconocimiento jurídico.

Estado de tramitación
El documento, firmado en el Palacio del Senado el 16 de marzo de 2026, corresponde a la fase posterior a la presentación de enmiendas y antes de la votación final del texto. Con la retirada de estas enmiendas, el proyecto avanza hacia la aprobación definitiva en el pleno del Congreso de los Diputados (y, posteriormente, del Senado).

Resumen del Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (expediente 121/000036)

Tipo de documento: Proyecto de Ley (votación en el Pleno del Senado).

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1. Resultado de la votación

Concepto	Resultado
Enmiendas presentadas	Se presentaron varias enmiendas. Todas fueron rechazadas excepto la enmienda n.º 19 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ‑PNV), que quedó incorporada definitivamente al dictamen del pleno.
Aprobación del texto principal	Tras el rechazo de las demás enmiendas, el proyecto fue aprobado en un solo acto (lo enmendado por la comisión y no afectado por votaciones anteriores) y quedó incorporado definitivamente al dictamen del pleno.

2. Argumentos a favor y en contra

No se menciona en este fragmento del Diario de Sesiones ningún argumento específico a favor o en contra del proyecto de ley, ni la exposición de posiciones de los grupos parlamentarios respecto al contenido del texto.

Lo único que aparece son los resultados de la votación de las enmiendas y la aprobación final del proyecto.

3. Grupos que intervinieron en la fase de enmiendas

Grupo parlamentario	Acción	Resultado
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ‑PNV)	Presentó la enmienda n.º 19.	Aprobada e incorporada al dictamen.
Otros grupos (no especificados)	Presentaron enmiendas que fueron rechazadas.	No se detalla cuál fue el grupo ni el contenido de esas enmiendas.

4. Acuerdos o desacuerdos relevantes

• Acuerdo parcial: Sólo la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco obtuvo el voto favorable y quedó incorporada.
• Desacuerdo mayoritario: El resto de las enmiendas fueron rechazadas, lo que indica una falta de consenso sobre las modificaciones propuestas.
• Aprobación del proyecto: A pesar de los desacuerdos sobre las enmiendas, el proyecto de ley en su forma principal fue aprobado por la mayoría del Pleno.

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Conclusión: El proyecto de ley para impulsar la economía social fue aprobado en el Senado. La única modificación aceptada provino del Grupo Parlamentario Vasco; todas las demás propuestas de cambio fueron rechazadas. El fragmento del Diario de Sesiones no contiene debates ni argumentos detallados sobre el contenido del proyecto, por lo que no es posible describir los razonamientos a favor o en contra más allá de los resultados de la votación.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ‑PNV) del Senado ha retirado la enmienda n.º 20. La retirada se formaliza en el Palacio del Senado el 18 de marzo de 2026 (continuación de la lista de enmiendas retiradas). Con esta acción la enmienda deja de estar en consideración para su votación, lo que simplifica la tramitación del proyecto en debate en el Senado. No se indica el contenido de la enmienda ni el texto legislativo al que se refería; el documento solo comunica la retirada y la fecha correspondiente.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 23)

• Objeto: Sustituir el penúltimo párrafo del apartado III del preámbulo.
• Modificación(es):
  • Se elimina la referencia a la “actualización del marco de normas” y se incorpora una redacción que enfatiza la necesidad de adaptar la normativa a la “realidad post‑crisis sanitaria” y a los objetivos de cohesión social y sostenibilidad.
• Efecto: Refuerza la justificación política del proyecto, alineando el preámbulo con la agenda de recuperación y con la estrategia europea de economía social.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 24)

• Objeto: Suprimir el último párrafo del apartado III del preámbulo.
• Modificación(es):
  • El párrafo que hacía referencia a la “desconexión de los conceptos de exclusión y vulnerabilidad” queda eliminado.
• Efecto: Simplifica el preámbulo, evitando redundancias y posibles ambigüedades conceptuales.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 25)

• Objeto: Modificar el artículo 3 bis de la Ley 27/1999 (Cooperativas) relativo a la página web corporativa.
• Modificación(es):
  • Se elimina la obligatoriedad de que las cooperativas con más de 500 socios dispongan de una página web corporativa.
  • Se introduce la posibilidad de que la creación, supresión o modificación de la web sea aprobada por la Asamblea General y quede inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas, con publicación mínima de un mes.
• Efecto: Reduce la carga administrativa para cooperativas medianas, manteniendo la transparencia mediante registro y publicación, pero sin imponer la obligación de disponer de una web.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 26)

• Objeto: Ampliar el alcance del artículo 12 bis (medidas de igualdad) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se añade la posibilidad de que las cooperativas adopten planes de igualdad cooperativos conjuntos para socios y trabajadores asalariados.
• Efecto: Facilita la coordinación de planes de igualdad en cooperativas con personal mixto, promoviendo la igualdad de trato entre socios y empleados.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 27)

• Objeto: Reformar el artículo 19 (órganos de la sociedad) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se introduce la opción de crear un Consejo Social en cooperativas de trabajo asociado y se cambia la obligación de “deben asegurar” la presencia equilibrada de mujeres y hombres por “adoptarán medidas para lograr” dicha igualdad.
• Efecto: Permite una mayor flexibilidad organizativa y reconoce la dificultad de cumplir de forma inmediata con cuotas de género, estableciendo un objetivo progresivo.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 28)

• Objeto: Modificar el artículo 24 (convocatoria de la Asamblea) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se elimina la obligatoriedad de la página web para la convocatoria y se permite la publicación en un diario de gran difusión cuando la cooperativa no disponga de web.
• Efecto: Garantiza la publicidad de la convocatoria aun cuando la cooperativa no tenga presencia digital, asegurando la participación de los socios.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 29)

• Objeto: Cambiar la letra d) del artículo 55 (fondo de reserva obligatorio) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se elimina la referencia a la “dotación ilimitada” del fondo y se establece que el importe de las aportaciones sociales cuyo reembolso haya prescripto se destinará al fondo.
• Efecto: Limita la acumulación del fondo de reserva y asegura que los recursos no reclamados se canalicen a la reserva obligatoria.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 30)

• Objeto: Suprimir el apartado 3 del artículo 79 (acuerdos intercooperativos) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se elimina la obligación de imputar al menos el 50 % de los resultados de los acuerdos intercooperativos al fondo de reserva obligatorio.
• Efecto: Elimina una restricción que dificultaba la flexibilidad de los acuerdos entre cooperativas, favoreciendo la colaboración sin afectar al fondo de reserva.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 31)

• Objeto: Modificar el artículo 80.7 (horas de trabajo de personal ajeno) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se eleva el límite máximo de horas anuales que pueden ser realizadas por personal contratado por cuenta ajena del 30 % al 40 %, con una excepción del 50 % para cooperativas con menos de diez socios.
• Efecto: Amplía la capacidad de contratación externa, adaptando la normativa a la realidad de cooperativas muy pequeñas.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 32)

• Objeto: Ampliar el artículo 83 bis (plan de igualdad cooperativo) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se permite que cooperativas con más de 50 trabajadores asalariados elaboren un único plan de igualdad que abarque tanto a socios como a empleados.
• Efecto: Facilita la gestión de planes de igualdad en cooperativas mixtas, garantizando la coherencia de las medidas.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 33)

• Objeto: Modificar el artículo 44 bis (Comisión de Igualdad) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • Se actualiza la composición y el mandato de la comisión (cuatro años, renovable una vez) y se precisan los requisitos de representación de género y experiencia en igualdad.
• Efecto: Refuerza la estructura de la Comisión, asegurando mayor profesionalidad y equilibrio de género.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº 34)

• Objeto: Suprimir la Disposición adicional segunda (información estadística) de la Ley 27/1999.
• Modificación(es):
  • El texto que obligaba al Ministerio a elaborar estadísticas sobre las entidades de economía social queda eliminado.
• Efecto: Reduce la carga administrativa del Ministerio y evita duplicidades con otras fuentes estadísticas.

Enmienda de Grupo Parlamentario Popular (enmienda nº

Enmienda de Grupo Parlamentario Vasco – Enmienda 19

• Objeto: Incorporar la enmienda número 19 aprobada por el Grupo Parlamentario Vasco al texto del proyecto.
• Modificación(es):
  1. Se modifica el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 27/1999, estableciendo que los estatutos podrán exigir a la persona socia un compromiso de permanencia no superior a cinco años, con excepciones para cooperativas agroalimentarias y de explotación comunitaria de la tierra.
• Efecto: Introduce un límite temporal a la obligación de permanencia de los socios, flexibilizando la salida voluntaria y evitando que la normativa obligue a compromisos excesivamente largos que pudieran resultar poco viables para ciertos sectores cooperativos.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 23

• Objeto: Sustituir el penúltimo párrafo del apartado III del preámbulo.
• Modificación(es): El nuevo texto refuerza la necesidad de actualizar la normativa cooperativa y de empresas de inserción, subrayando la adaptación a la transformación digital y a los nuevos retos de igualdad.
• Efecto: Refuerza la justificación política del proyecto y orienta la interpretación de las posteriores reformas hacia la digitalización y la igualdad de género.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 24

• Objeto: Suprimir el último párrafo del apartado III del preámbulo.
• Modificación(es): El párrafo eliminado contenía referencias redundantes a la necesidad de actualizar la normativa.
• Efecto: Simplifica el preámbulo, eliminando repeticiones y mejorando la claridad del texto.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 25

• Objeto: Modificar el apartado 3 del artículo 3 bis de la Ley 27/1999 (página web corporativa).
• Modificación(es):
  • Se elimina la obligatoriedad de que la página web corporativa sea obligatoria para cooperativas con más de 500 socios.
  • Se introduce la posibilidad de que la creación o supresión de la web sea aprobada por la Asamblea General y que su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas sea requisito para su puesta en funcionamiento.
  • Se añaden obligaciones de seguridad, accesibilidad y responsabilidad del órgano de administración.
• Efecto: Reduce la carga administrativa para cooperativas medianas, permite que la obligación de disponer de una web sea opcional y, cuando exista, garantiza mayor control y transparencia mediante su registro y publicación.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 26

• Objeto: Modificar el artículo 12 bis (medidas de igualdad).
• Modificación(es): Se amplía la redacción para permitir que las cooperativas elaboren planes de igualdad cooperativos conjuntos que incluyan tanto a personas socias como a trabajadoras asalariadas.
• Efecto: Facilita la coordinación de políticas de igualdad entre diferentes grupos de la cooperativa, favoreciendo la cohesión interna y la igualdad de oportunidades.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 27

• Objeto: Modificar el artículo 19 (órganos de la sociedad).
• Modificación(es):
  • Se introduce la posibilidad de crear un Consejo Social en cooperativas de trabajo asociado y la obligación de asegurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres (40 %–60 %).
  • Se sustituyen expresiones “deberán asegurar” por “adoptarán medidas para lograr”.
• Efecto: Refuerza la igualdad de género en los órganos sociales, reconoce la existencia de un órgano de representación de los socios trabajadores y flexibiliza la exigencia de cuotas estrictas, permitiendo planes de adaptación progresiva.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 28

• Objeto: Modificar el artículo 24 (convocatoria de la Asamblea).
• Modificación(es):
  • Se elimina la obligatoriedad de la página web corporativa para la convocatoria y se permite la publicación en un diario de gran difusión cuando la cooperativa no disponga de web o así lo exijan los estatutos.
  • Se mantiene la garantía de recepción de la convocatoria por todos los socios.
• Efecto: Asegura la publicidad de la convocatoria aun cuando la cooperativa no tenga página web, garantizando la participación de los socios y evitando la exclusión por falta de medios digitales.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 29

• Objeto: Modificar el artículo 55 (fondo de reserva obligatorio).
• Modificación(es): Se elimina la referencia a la “dotación permanente al fondo de reserva obligatorio sin límite”, estableciendo que la dotación estará sujeta a topes y a la normativa de los CCAA.
• Efecto: Limita la obligación de aportar al fondo de reserva, evitando que el mismo alcance importes desproporcionados y alineando la regla con la práctica de otros regímenes cooperativos.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 30

• Objeto: Modificar el artículo 79.3 (acuerdos intercooperativos).
• Modificación(es): Se elimina la obligación de imputar al menos el 50 % de los resultados de los acuerdos intercooperativos al fondo de reserva obligatorio.
• Efecto: Elimina una barrera que desincentivaba la cooperación entre cooperativas, facilitando la realización de acuerdos sin la carga de destinar la mitad de los resultados a reservas obligatorias.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 31

• Objeto: Modificar el artículo 80.7 (ratio de horas de trabajadores externos).
• Modificación(es): Se eleva el límite máximo de horas anuales realizadas por trabajadores con contrato ajeno del 30 % al 40 % (50 % en cooperativas con menos de diez socios).
• Efecto: Permite una mayor flexibilidad en la contratación de personal externo, adaptándose a la realidad de cooperativas con escasa plantilla y favoreciendo la competitividad.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 32

• Objeto: Modificar el artículo 83 bis (plan de igualdad cooperativo).
• Modificación(es): Se reconoce la posibilidad de que cooperativas con más de 50 trabajadores asalariados elaboren un único plan de igualdad aplicable a socios y a trabajadores por cuenta ajena, con participación paritaria en la comisión negociadora.
• Efecto: Facilita la gestión de planes de igualdad en cooperativas mixtas, garantizando la coherencia y la participación equilibrada de ambos grupos.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 33

• Objeto: Modificar el artículo 44 bis (Comisión de Igualdad).
• Modificación(es): Se añade un apartado 5 que permite a la cooperativa elaborar e implantar un único plan de igualdad cooperativo para socios trabajadores y trabajadores por cuenta ajena, con una comisión negociadora paritaria.
• Efecto: Simplifica la gestión de la igualdad en cooperativas con personal asalariado, asegurando la participación de ambas partes en la negociación del plan.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 34

• Objeto: Suprimir la Disposición adicional segunda (información estadística).
• Modificación(es): El texto que obligaba al Ministerio a elaborar estadísticas sobre la economía social queda eliminado.
• Efecto: Reduce la carga administrativa del Ministerio y elimina una obligación que se consideró redundante con otras fuentes estadísticas.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 35

• Objeto: Modificar el último inciso del artículo 18.3 (normas de disciplina social).
• Modificación(es): Se actualiza la referencia normativa al artículo 31 de la Ley 27/1999, adecuando el procedimiento de impugnación.
• Efecto: Alinea el procedimiento disciplinario con la normativa vigente, garantizando la correcta vía de recurso.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 36

• Objeto: Añadir un nuevo apartado 5 al artículo 44 bis (Comisión de Igualdad).
• Modificación(es): Se incorpora la posibilidad de que la Comisión de Igualdad elabore un único plan de igualdad cooperativo para socios trabajadores y trabajadores por cuenta ajena.
• Efecto: Refuerza la capacidad de la Comisión para gestionar la igualdad de forma integral en cooperativas con personal asalariado.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Popular – Enmienda 37

• Objeto: Mod

El Senado ha aprobado las enmiendas al Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y ha remitido el texto, junto con el mensaje motivado, al Congreso de los Diputados para que continúe su tramitación conforme al artículo 90.2 de la Constitución.

Objetivo de la norma
Actualizar y ampliar el marco jurídico que regula la economía social en España, con especial atención a:

• Cooperativas (Ley 27/1999): modernizar su funcionamiento interno, incorporar derechos digitales, crear una Comisión de Igualdad para garantizar planes de igualdad, y reforzar los mecanismos de descalificación de falsas cooperativas.
• Empresas de inserción (Ley 44/2007): adaptar sus requisitos y itinerarios de inserción a la realidad actual, ampliar la definición de vulnerabilidad, mejorar la ratio de acompañamiento y armonizar su regulación con la reforma laboral de 2021.
• Entidades de economía social (Ley 5/2011): definir nuevas tipologías, completar el catálogo de entidades, y actualizar las políticas de fomento y difusión para responder al Plan de Acción Europeo de Economía Social.

Principales cambios legislativos

1. Modificaciones al título I de la Ley 27/1999 (definición, domicilio, derechos de socios, convocatoria digital de la Asamblea General, composición y funcionamiento del Consejo Rector).
2. Creación de la Comisión de Igualdad dentro de los estatutos de las cooperativas que la establezcan.
3. Nuevas reglas sobre aportaciones obligatorias y uso del fondo de educación y promoción.
4. Ampliación de los supuestos de descalificación de cooperativas para combatir “falsas cooperativas”.
5. Ajustes en la Ley 44/2007 para actualizar los perfiles de contratación, requisitos de entidades promotoras y flexibilidad normativa que garantice estabilidad a las empresas de inserción.
6. Revisión de la Ley 5/2011 para clarificar tipologías, completar el catálogo de entidades y redefinir la política pública de impulso a la economía social.

Estado de la iniciativa
Con la aprobación senatorial, el proyecto vuelve al Congreso de los Diputados, donde será debatido y votado en el pleno para su posible aprobación definitiva.