Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social

Este Proyecto de Ley integral busca modernizar el marco legal de la economía social en España. Se proponen modificaciones sustanciales a las leyes de Cooperativas, Empresas de Inserción y Economía Social. Entre los puntos clave, se actualizan las normativas para facilitar la participación digital de los socios cooperativos, reforzar la igualdad de género y combatir las falsas cooperativas. Para las empresas de inserción, se desvincula la vulnerabilidad de la persona de factores externos y se actualizan los itinerarios de inserción. Además, se clarifican las tipologías de entidades de economía social y se promueve su fomento a través de políticas públicas y ayudas específicas. El objetivo es adaptar estas estructuras a los desafíos actuales, impulsando su contribución a la cohesión social y el empleo de calidad.

Enmienda 1: Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Devolución del Proyecto de Ley por considerarlo una reforma cosmética, ideológica y contraria a las necesidades reales del sector de la economía social.
• Modificación(es):
  • Critica la insuficiencia de las medidas propuestas para cooperativas y empresas de inserción, considerándolas superficiales y alejadas de las demandas del sector.
  • Argumenta que el proyecto introduce una agenda ideológica, especialmente en materia de género, que interfiere con los principios de libertad y autogestión del cooperativismo y la economía social.
  • Señala la imposición de obligaciones como la "Comisión de Igualdad" y los "planes de igualdad" como una intromisión y una carga burocrática innecesaria.
  • Considera que se ignoran medidas estructurales importantes como incentivos fiscales, acceso a financiación y eliminación de barreras administrativas.
  • Cuestiona la ampliación desproporcionada de colectivos considerados "vulnerables" en las empresas de inserción, argumentando que fomenta la dependencia estatal.
  • Critica la exclusión de centros especiales de empleo sin iniciativa social del ámbito de la economía social, lo que afectaría negativamente a trabajadores con discapacidad.
  • Considera que el "contrato para la transición al empleo ordinario" y la extensión del tiempo de contratación en empresas de inserción podrían perpetuar situaciones precarias.
  • Argumenta que la clasificación de entidades de economía social como "prestadoras de Servicios de Interés Económico General" incrementa su dependencia de ayudas públicas y el control gubernamental, afectando su autonomía.
  • Afirma que el proyecto impone cargas ideológicas y administrativas que dificultan la actividad de las entidades, en lugar de fomentar su crecimiento y competitividad.
• Efecto: Esta enmienda a la totalidad solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, argumentando que no responde a las necesidades del sector y que su enfoque es ideológico y perjudicial para la autonomía y competitividad de las entidades de la economía social.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

El Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, tras el análisis de las enmiendas presentadas, se enfrenta a una propuesta de devolución total por parte de un grupo parlamentario. La principal objeción radica en considerar que la iniciativa gubernamental es una reforma superficial y cosmética, que no aborda las necesidades estructurales y las demandas históricas del sector cooperativo y de las empresas de inserción.

Se critica la introducción de medidas consideradas de índole ideológica, particularmente en materia de igualdad de género, como la creación de comisiones y planes de igualdad obligatorios, así como la imposición de cuotas de presencia equilibrada en órganos de gobierno. Estos aspectos son vistos como una injerencia en la autonomía y autogestión de las entidades, incrementando la carga burocrática y alejándose de los principios fundacionales del cooperativismo.

Asimismo, se cuestiona la ampliación de los colectivos considerados vulnerables en las empresas de inserción, argumentando que podría fomentar la dependencia y perpetuar situaciones precarias en lugar de promover la inserción laboral estable. La exclusión de ciertos centros especiales de empleo del ámbito de la economía social también es señalada como un punto negativo.

Finalmente, se argumenta que la clasificación de entidades de economía social como prestadoras de Servicios de Interés Económico General podría mermar su autonomía al aumentar su dependencia de ayudas públicas y someterlas a un mayor control gubernamental. En resumen, la enmienda a la totalidad propone que el Proyecto de Ley sea devuelto al Gobierno para su reformulación, con el fin de elaborar una propuesta que, según su criterio, sea verdaderamente beneficiosa para el sector y no esté marcada por una agenda ideológica.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde a un Debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (Número de expediente: 121/000036).

Argumentos a favor:

• Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez): Defendió el proyecto de ley como una modernización necesaria de la legislación cooperativa, de las empresas de inserción y de la Ley de Economía Social. Destacó que la norma actualiza y optimiza la legislación cooperativa, mejora la participación de los miembros, promueve la igualdad entre hombres y mujeres e incorpora medidas para prevenir falsas cooperativas. Señaló que la ley responde a las demandas del sector, se alinea con marcos normativos internacionales (UE, ONU, OIT) y es el resultado de un diálogo con las entidades de la economía social. Criticó la enmienda a la totalidad de VOX por su falta de argumentación sólida y propuestas alternativas, y acusó a este grupo de tener una concepción caduca y de negacionista (climático, de igualdad, democrático). Subrayó la importancia de la economía social para el PIB español, el empleo y la cohesión territorial, y la calificó de "especialmente feminista" y resiliente.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sagastizabal Unzetabarrenetxea): Valoró positivamente el proyecto de ley, considerándolo una reforma necesaria para la economía social y el movimiento cooperativista. Votarán en contra de la enmienda de VOX, a la que califican de carente de rigor y basada en prejuicios. Destacaron que la ley ha sido negociada con el sector y que los argumentos de VOX sobre cargas burocráticas e ideología son infundados. Consideran que la tramitación de la ley es un paso significativo para apoyar un sector vital para la cohesión social y el desarrollo económico inclusivo y sostenible.
• Grupo Parlamentario Republicano (Salvador i Duch): Votarán en contra de la enmienda de devolución de VOX, argumentando que la ley pone a las personas por encima del capital, algo intolerable para la derecha. Defienden la economía social como cooperación, solidaridad y democracia económica, que crea riqueza colectiva y dignidad laboral. Señalan que la ley da herramientas a quienes trabajan sin especular y crea empleo estable, siendo una alternativa a la explotación laboral. Destacan que la economía social fomenta la igualdad de género, con mujeres cobrando un 24% más y teniendo mayor presencia en cargos de responsabilidad.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Martínez Barbero): Consideran que la enmienda a la totalidad de VOX carece de fundamento y es un ejemplo de su falta de coherencia, hablando más de las obsesiones de VOX que de la ley. Critican que VOX no conoce la ley y ataca modelos tradicionales como el cooperativismo, especialmente en el ámbito rural. Señalan que la ley se basa en principios cooperativos de gestión democrática e igualdad, y que el sector mismo pide la regulación de planes de igualdad. Defienden la ley como un paso para cumplir el mandato constitucional de igualdad efectiva y critican a VOX por defender a las "falsas cooperativas" y el fraude.
• Grupo Parlamentario Socialista (Garrido Jiménez): Consideran la enmienda a la totalidad de VOX una falta de respeto a la economía social española. Critican la intervención de VOX por su falta de contenido sobre la ley y su carácter de "sermón dominical". Señalan que la técnica legislativa de VOX se basa en buscar la palabra "igualdad" en el proyecto y hacer una enmienda genérica. Defienden la igualdad y la corresponsabilidad como principios constitucionales y critican que VOX se oponga a las comisiones de igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación. Argumentan que lo que molesta a VOX es la esencia misma de la economía social: gobernanza democrática, participación y reversión de beneficios.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (Otero Gabirondo): Apoyarán la creación de la comisión de investigación sobre la DANA, con la intención de que aclare lo sucedido y proponga mejoras. Reconocen la falta de previsión y la actuación tardía de la Generalitat Valenciana, y critican la gestión del Gobierno central. Subrayan la importancia de la prevención ante los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de reforzar el sistema de emergencias y protección civil.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX (Hernández Quero): Presentan una enmienda a la totalidad por considerar que el proyecto de ley es una "adaptación cosmética" que no aborda los retos reales de las cooperativas y supone una injerencia del Estado en un sector autónomo. Critican que la ley confunde el sector femenino con el feminista y que se olvida del principio de autonomía e independencia de las cooperativas. Argumentan que el cooperativismo es afín a la tradición conservadora y que la ley pretende colonizar y marcar ideológicamente a las cooperativas, convirtiéndolas en un apéndice del Estado. Consideran que la ley no se centra en los problemas reales de los cooperativistas (competencia desleal, impuestos, ataques a costumbres) y que VOX defiende los cuerpos intermedios y las comunidades naturales. Critican al Gobierno por su "marketing" y su "agenda ideológica", y acusan a la izquierda de querer controlar todo.
• Grupo Parlamentario Popular (Teniente Sánchez): Discrepan de aspectos sustanciales de la reforma, ya que consideran que genera nuevos problemas, especialmente para el colectivo de la discapacidad. Argumentan que la exclusión de los centros de empleo empresariales del ámbito de la economía social es un error mayúsculo que deja fuera a 1.694 centros y a 60.000 trabajadores con discapacidad, poniendo en riesgo la mitad del empleo protegido. Critican que la ley crea un "oligopolio" y limita las capacidades de la economía social. Consideran que el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia advierten de la necesidad de un debate más pausado y de fomentar la competencia. Argumentan que el Gobierno no negocia con los grupos y que la ley se ha presentado tarde y mal.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo: Todos los grupos parlamentarios que intervinieron en el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, a excepción de VOX, votaron en contra de la enmienda a la totalidad, mostrando su apoyo a la tramitación del proyecto.
• Desacuerdo: El Grupo Parlamentario VOX presentó una enmienda a la totalidad, argumentando que el proyecto de ley era una reforma cosmética, una injerencia del Estado y que no abordaba los problemas reales del sector, sino que respondía a una agenda ideológica.
• Matices: El Grupo Parlamentario Popular, si bien no presentó una enmienda a la totalidad, expresó discrepancias sustanciales con la reforma, especialmente en lo referente a la exclusión de los centros de empleo empresariales y su impacto en las personas con discapacidad. Manifestaron su intención de buscar consensos para mejorar los "defectos graves" de la ley durante la tramitación. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) apoyó la tramitación pero señaló que se podrían realizar mejoras en la fase de enmiendas.

Resumen del documento – Ratificación de la Ponencia y dictamen (expediente 121/000036)

1. Paso formal

• La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ratificó la ponencia que informó el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y, a continuación, aprobó el texto con competencia legislativa plena, tal y como exige el Reglamento de la Cámara.

2. Principales argumentos a favor

Grupo parlamentario	Argumentos destacados
SUMAR	La ley nace del diálogo con cooperativas, asociaciones y empresas de inserción; refuerza la digitalización, la economía verde y la cohesión territorial. Destaca la protección de los centros especiales de empleo y la garantía de que cada euro público genere ocho euros de valor social.
Esquerra Republicana	Apoya la ley porque sitúa a las personas en situación de vulnerabilidad en el centro, permite la contratación de personas sin hogar o en proceso de regularización y protege zonas rurales en riesgo de despoblación mediante un estudio del Ministerio.
Junts per Catalunya	Valora el acuerdo alcanzado con otras formaciones y la incorporación de sus enmiendas; subraya la importancia del sector social para la economía catalana y la necesidad de recuperar competencias competenciales.
Grupo Socialista	Resalta que la ley moderniza el marco normativo, la alinea con los retos del siglo XXI (transición ecológica, digitalización, igualdad) y consolida la economía social como pilar de la estrategia nacional.
Grupo Popular (PP) – aunque crítico, reconoce que algunas enmiendas fueron aceptadas y que la ley aporta certidumbre al sector.
Otros grupos (PNV, etc.)	Defienden enmiendas concretas que consideran útiles para sus regiones o sectores.

3. Principales argumentos en contra o críticas

Grupo parlamentario	Argumentos destacados
Grupo Popular (PP)	Critica la “reforma múltiple” que combina tres leyes distintas, considera que la reforma de la Ley de Cooperativas es insuficiente y denuncia la exclusión del 68 % de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, que representan el 58 % del empleo protegido. Señala irregularidades procedimentales (impedimento de avocación, limitación de comparecencias) y califica al proceso de “cicatería”.
VOX	Cuestiona la definición restrictiva de economía social que excluye a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial; considera que la ley introduce una regulación que favorece la contratación irregular y que la proliferación de planes de igualdad genera burocracia innecesaria.
Grupo Vasco	Manifiesta su desacuerdo con el veto del Gobierno a la enmienda 52 (motivo presupuestario) y pide que conste su queja en el acta.
Grupo Mixto / BNG / ERC	Señalan que algunas enmiendas (74, 79 del BNG; 125, 126, 134 del ERC) aparecen o desaparecen del guion de votación y solicitan que se aclare su situación.
Otros	Se registran peticiones de revisión de la forma de votación (individual vs. grupal) y de la inclusión de enmiendas retiradas.

4. Acuerdos y resultados de la votación

• Ratificación de la ponencia: aprobada por asentimiento.
• Votación de enmiendas: la gran mayoría de las enmiendas presentadas por los distintos grupos fueron rechazadas (más de 80 %). Solo dos enmiendas (n.º 175 y 179) lograron la mayoría tras la ponderación de un empate y fueron aprobadas.
• Texto final del proyecto de ley: votado con 19 votos a favor y 18 en contra, por lo que quedó aprobado.
• Correcciones técnicas (ortográficas y de estilo) fueron aprobadas por asentimiento.

5. Matices relevantes

• El proceso estuvo marcado por una intensa discusión sobre la vigencia de enmiendas “vivas” y la retirada o veto de algunas de ellas, lo que generó dudas sobre la exactitud del guion de votación.
• Se registró una discrepancia procedural (voto de la enmienda 126 y 136 inicialmente empatado, luego resuelto mediante ponderación).
• Varios grupos (BNG, ERC, Vasco) solicitaron que se les entregaran por escrito los documentos relativos a la retirada de enmiendas y al veto, indicando que la información no estaba disponible en ese momento.

Conclusión
La Comisión ratificó la ponencia, aprobó el dictamen y, tras un extenso debate y la votación de más de ciento cincuenta enmiendas, aprobó el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social con competencia legislativa plena. La mayoría de los grupos parlamentarios expresaron su apoyo al texto final, mientras que el PP y VOX mantuvieron críticas sustanciales sobre el alcance y la forma del proyecto.

Resumen del Informe de la Ponencia (Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social)

• Objetivo de la norma: actualizar y ampliar el marco jurídico de la economía social en España. La ley modifica la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007 de Empresas de Inserción y la Ley 5/2011 de Economía Social, introduciendo:

  • Nuevas reglas de participación digital y derechos de información de los socios.
  • Creación obligatoria de la Comisión de Igualdad y de planes de igualdad en cooperativas con ≥ 50 socios.
  • Refuerzo de la igualdad de género, la transparencia y la gestión democrática.
  • Mejora de la regulación de las empresas de inserción (ampliación de colectivos vulnerables, requisitos de contratación, itinerarios de inserción y mecanismos de suspensión/excedencia).
  • Incorporación de nuevas tipologías de entidades (empresa social, centros especiales de empleo, cooperativas de vivienda protegida, etc.) y actualización del Catálogo de Entidades de Economía Social.
  • Ajustes fiscales y de contratación pública para favorecer la participación de la economía social.

• Decisiones de la Ponencia:

  • Incorporación de enmiendas: la mayoría aprobó la inclusión de 55 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto (UPN, CC), Junts per Catalunya, Vasco (EAJ‑PNV), Socialista y Plurinacional SUMAR, BNG, Republicano y Popular.
  • Enmiendas transaccionales: se acordaron 21 paquetes que agrupan y sustituyen varias enmiendas; VOX se opuso a todas, Junts y Popular votaron parcialmente a favor/contra según el paquete.
  • Retiro de enmiendas: se propone suprimir las enmiendas 11 y 30 de Junts y las 39‑41 del grupo Vasco.
  • Mantenimiento de otras enmiendas: el resto de propuestas queda pendiente de debate en Comisión.
  • Observaciones técnicas: se incluyen las observaciones del letrado de la Comisión.

• Resultado: el texto final, con todas las enmiendas incorporadas, se adjunta como anexo al informe.

• Fase de tramitación: el informe de la Ponencia se ha remitido a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proyecto pasará a debate y votación en la Comisión; si se aprueba, seguirá a la fase de Pleno del Congreso para su votación definitiva.

Resumen del proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena)

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado, con plena competencia legislativa (artículo 75.2 CE), el proyecto de Ley que pretende modernizar y reforzar el marco normativo de la economía social en España.

Objetivo principal
Crear un marco legal integral que favorezca el desarrollo de cooperativas, empresas de inserción y demás entidades de economía social, impulsando la generación de empleo de calidad, la cohesión social y la sostenibilidad, en línea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social.

Cambios clave

1. Ley 27/1999 (Cooperativas)

   • Actualiza la definición, domicilio y participación digital de las cooperativas.
   • Introduce la obligación de disponer de página web corporativa (para cooperativas > 500 socios) y de comunicaciones electrónicas.
   • Crea la Comisión de Igualdad y refuerza los planes de igualdad y la igualdad de género en la gestión cooperativa.
   • Modifica la estructura de los órganos (Asamblea, Consejo Rector) y los derechos de información y participación de los socios, incluyendo voto por representante y participación telemática.

2. Ley 44/2007 (Empresas de inserción)

   • Amplía el objeto y el ámbito de actuación, definiendo con mayor precisión los itinerarios de inserción y los factores de vulnerabilidad.
   • Simplifica la calificación y los requisitos de las empresas de inserción, estableciendo ratios mínimas de contratación de personas en inserción y normas de estabilidad y competitividad.
   • Refuerza la coordinación entre servicios sociales y de empleo y la obligación de presentar balances sociales.

3. Ley 5/2011 (Economía Social)

   • Clarifica y amplía la tipología de entidades, incorpora nuevas formas (empresa social, comercio justo, etc.) y actualiza el Catálogo de Entidades.
   • Refuerza la promoción pública, la información estadística y la financiación de la economía social.
   • Introduce disposiciones sobre igualdad de género, apoyo a zonas rurales y competencias autonómicas.

4. Otros ajustes

   • Modifica la Ley 20/1990 (Régimen fiscal de cooperativas) para proteger a las cooperativas de vivienda.
   • Añade disposiciones sobre descalificación de cooperativas, competencia exclusiva de comunidades autónomas y nuevas obligaciones de transparencia y participación digital.

Estado de la iniciativa
Con la aprobación de la comisión, el texto queda listo para su tramitación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde será debatido y votado antes de pasar al Senado. El proyecto ya cuenta con la base legal necesaria para su posterior promulgación y entrada en vigor.

Resumen del texto aprobado por el Congreso y remitido al Senado para su tramitación legislativa:

• Objetivo general: crear una ley integral que modernice y refuerce la economía social, facilitando la creación, funcionamiento y desarrollo de cooperativas, empresas de inserción y otras entidades del sector social.

• Actualizaciones de la Ley de Cooperativas (27/1999)

  • Se incorpora la participación digital: obligación de disponer de página web corporativa (para cooperativas con más de 500 socios) y de permitir comunicaciones y votaciones electrónicas.
  • Se crea la Comisión de Igualdad dentro de la cooperativa para garantizar la igualdad de género.
  • Se amplían los derechos de información y participación de los socios, incluyendo acceso a documentos y posibilidad de representación.
  • Se modifican los requisitos de domicilio, quórums, convocatoria de asambleas y funcionamiento del Consejo Rector.
  • Se establecen normas para la descalificación de cooperativas que no cumplan con su objeto social o principios democráticos.

• Modificaciones a la Ley de Empresas de Inserción (44/2007)

  • Se amplía la definición de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social que pueden ser contratadas.
  • Se establecen itinerarios de inserción personalizados, con duración mínima de 6 meses y máxima de 3 años.
  • Se regulan los requisitos de calificación, funcionamiento y rendición de cuentas de las empresas de inserción.
  • Se introducen ayudas públicas, bonificaciones a la Seguridad Social y medidas de apoyo para la transición al empleo ordinario.
  • Se fijan normas de contratación, suspensión, excedencias y extinción de los contratos de inserción.

• Reforma de la Ley de Economía Social (5/2011)

  • Se amplía el catálogo de entidades que forman parte de la economía social, incluyendo empresas sociales, centros especiales de empleo, cooperativas de vivienda, comercio justo y otras formas reconocidas a nivel europeo.
  • Se crea un Catálogo Estatal de Entidades de Economía Social, de acceso público y actualizado electrónicamente.
  • Se establecen medidas de fomento, difusión, financiación y formación, con objetivos de eliminar obstáculos administrativos y promover la inclusión laboral, la innovación y la sostenibilidad.
  • Se introducen disposiciones para la transformación de empresas tradicionales en entidades de economía social y para el desarrollo de servicios esenciales en zonas rurales despobladas.

• Beneficios fiscales

  • Se reconoce a las cooperativas de vivienda como “cooperativas especialmente protegidas”, con ventajas tributarias específicas.
  • Se amplían los incentivos fiscales a cooperativas que cumplan con los nuevos requisitos de igualdad y no distribución de beneficios.

• Procedimientos y plazos

  • El proyecto se remite a la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado.
  • El plazo para presentar enmiendas y propuestas de veto finaliza el 5 de febrero de 2026.
  • Se establecen disposiciones transitorias para la adaptación de empresas de inserción, la publicación de planes de igualdad y la entrada en vigor de la norma (el día siguiente a su publicación en el BOE).

• Otros aspectos

  • Se crea la Comisión de Igualdad en cooperativas con más de 50 socios.
  • Se regulan los criterios de reserva de contratos públicos a favor de la economía social y las empresas de inserción.
  • Se incluyen normas de prevención de riesgos laborales y de participación de personas con discapacidad.
  • Se actualizan normas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital para simplificar la incorporación de nuevos miembros a la unidad de convivencia.

Los senadores Joan Baptista Bagué Roura y Eduard Pujol Bonell (GP + L) presentan, bajo el artículo 107 del Reglamento del Senado, una enmienda de adición a la Disposición final nueva de la reforma de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (transposición de las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE).

Objetivo principal
Incorporar requisitos técnicos para mejorar la transparencia y la equidad en la licitación y en la revisión de precios, con especial atención a la desagregación salarial por género y a la limitación de revisiones de precios.

Principales cambios propuestos

1. Presupuesto base de licitación

   • El órgano de contratación debe asegurar que el presupuesto base sea acorde a los precios de mercado.
   • El presupuesto debe desglosarse en el pliego, indicando costes directos, indirectos y gastos eventuales.
   • Cuando los salarios formen parte del precio total, el desglose debe incluir desagregación por género y categoría profesional, calculado a partir del convenio colectivo sectorial aplicable.
   • No será necesario un presupuesto base previo para acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición.

2. Procedencia y límites de la revisión de precios (artículo 103)

   • La revisión periódica solo será posible en contratos de obra, suministro de armamento/equipamiento, suministro de energía o cuando el periodo de recuperación de la inversión sea ≥ 5 años, con criterios definidos en el Real Decreto de desindexación.
   • Se excluyen de la revisión amortizaciones, costes financieros, gastos generales y beneficio industrial.
   • En contratos con periodo < 5 años, la revisión podrá admitirse si la participación de materias primas, bienes intermedios o energía supera el 20 % del presupuesto, indicando su peso y el índice oficial de revisión.
   • Para servicios, la revisión será posible si los costes salariales superan el 50 % del total o si el incremento salarial anual supera el 3 %; la fórmula de revisión será:
     [ \text{Revisión %} = \frac{\text{Incremento % salarios} \times \text{Peso % salarios}}{100} ]
     con un techo del 20 % del contrato.

3. Nuevo artículo 103 bis – Actualización por incremento de costes salariales

   • La actualización se inicia con la solicitud del contratista y no procede en caso de mora culpable.
   • Plazos de resolución: 1 mes para la propuesta provisional, 10 días hábiles para alegaciones, y 10 días hábiles para la resolución definitiva.
   • La actualización no afecta a la garantía definitiva y se paga en certificaciones mensuales o en la liquidación final.
   • En subcontratación, el contratista debe transferir la actualización a los subcontratistas y certificar el pago; el incumplimiento suspende el pago al contratista principal.

Justificación
Se califica como “mejora técnica”, orientada a una mayor precisión en la estimación de costes, a la igualdad de género en la contratación pública y a un control más estricto de las revisiones de precios.

Estado de la iniciativa
Se trata de una enmienda presentada en el Senado que aún debe ser debatida y votada en el proceso legislativo correspondiente.

Resumen del Índice de enmiendas (621/000021)

• Tipo de documento: Índice de enmiendas presentado en el Congreso de los Diputados (Serie A, nº 36, núm. exp. 121/000036).
• Objeto: Relación de todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley en trámite, indicando el artículo o disposición que modifican, el número de la enmienda y el autor o grupo parlamentario que la propone.

Estructura y principales datos

Sección del proyecto	Nº de enmiendas	Principales proponentes
Todo el proyecto	7	Fernando Carbonell Tatay, Paloma Gómez Enríquez y Ángel Pelayo Gordillo (GPMX)
Preámbulo	3, 23‑24	Joan Josep Queralt Jiménez (GPERB); Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
Artículo 1	8‑11, 25‑38	GPMX (3 enmiendas) + GPP (12 enmiendas)
Artículo 2	12, 18‑19, 40‑48	GPMX (1); EAJ‑PNV (2); GPP (9)
Artículo 3	13‑14, 50‑56	GPMX (2); GPP (7)
Artículo 4	4‑6, 57	GPERB (3); GPP (1)
Disposición adicional nueva	15, 20, 58‑60	GPMX (1); EAJ‑PNV (1); GPP (3)
Disposición transitoria tercera	61	GPP (1)
Disposiciones finales (1‑4 y nueva)	62‑67	GPP (5); GPMX (2); GPPLU (3); EAJ‑PNV (2)

• Total de enmiendas: 67.
• Grupos más activos:
  • GPMX (grupo de diputados de México) – 13 enmiendas distribuidas por todo el texto.
  • GPP (Grupo Parlamentario Popular en el Senado) – 38 enmiendas, concentradas en los artículos 1, 2 y disposiciones finales.
  • EAJ‑PNV (Grupo Parlamentario Vasco en el Senado) – 7 enmiendas.
  • GPERB y GPPLU – 5 enmiendas entre ambos.

Estado de la iniciativa

El documento solo enumera las enmiendas; no indica si han sido aprobadas, rechazadas o aún en debate. Su presencia en el Boletín Oficial de las Cortes Generales sugiere que el proyecto de ley está en fase de tramitación plenaria, donde se presentan y votan las enmiendas antes de la votación final del texto. No se especifica una fecha de conclusión.

Conclusión para el público general

Se trata de la lista completa de propuestas de modificación a un proyecto de ley que está siendo debatido en el Congreso. Los diputados y grupos parlamentarios han presentado 67 cambios, principalmente impulsados por los grupos GPMX y GPP. El proyecto sigue en proceso legislativo y aún falta la votación definitiva de estas enmiendas y del texto final.

Se rechazaron tres enmiendas presentadas al Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social por no ser congruentes con el objeto de la iniciativa.

1. Enmienda n.º 1 (Sres. Bagué Roura y Pujol Bonell – GP PLU): proponía añadir una disposición final que modificara los artículos 100 y 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (transposición de las Directivas UE 2014/23 y 2014/24) y crear el artículo 103 bis sobre actualización de precios por gastos salariales. Estas materias no guardan relación material con la economía social, por lo que la enmienda fue desestimada.

2. Enmienda n.º 17 (Sres. Bagué Roura y Pujol Bonell – GP PLU): pretendía incorporar una disposición final que alterara la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal. Tampoco existe conexión con el objetivo del proyecto de ley, pese a la justificación de “atender al tejido productivo y a la empleabilidad”.

3. Enmienda n.º 22 (Grupo Parlamentario Vasco – EAJ‑PNV): idéntica a la n.º 1, solicitaba modificar los mismos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y crear el artículo 103 bis. Se rechazó por la misma falta de congruencia.

El rechazo se basa en que las enmiendas intentan modificar normas que no influyen directamente en la actividad de entidades de economía social, a diferencia de lo que sí contempla el propio proyecto (p.ej., reserva de porcentaje de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción).

Estado de la iniciativa: el proyecto de ley sigue su tramitación legislativa; en esta fase se revisan y admiten o descartan enmiendas. Las tres propuestas aquí analizadas fueron no admitidas a trámite.

Publicación: 16 de febrero de 2026, conforme al artículo 191 del Reglamento de la Cámara (Palacio del Senado).