Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social

Este Proyecto de Ley integral busca modernizar el marco legal de la economía social en España. Se proponen modificaciones sustanciales a las leyes de Cooperativas, Empresas de Inserción y Economía Social. Entre los puntos clave, se actualizan las normativas para facilitar la participación digital de los socios cooperativos, reforzar la igualdad de género y combatir las falsas cooperativas. Para las empresas de inserción, se desvincula la vulnerabilidad de la persona de factores externos y se actualizan los itinerarios de inserción. Además, se clarifican las tipologías de entidades de economía social y se promueve su fomento a través de políticas públicas y ayudas específicas. El objetivo es adaptar estas estructuras a los desafíos actuales, impulsando su contribución a la cohesión social y el empleo de calidad.

Enmienda 1: Grupo Parlamentario VOX

• Objeto: Devolución del Proyecto de Ley por considerarlo una reforma cosmética, ideológica y contraria a las necesidades reales del sector de la economía social.
• Modificación(es):
  • Critica la insuficiencia de las medidas propuestas para cooperativas y empresas de inserción, considerándolas superficiales y alejadas de las demandas del sector.
  • Argumenta que el proyecto introduce una agenda ideológica, especialmente en materia de género, que interfiere con los principios de libertad y autogestión del cooperativismo y la economía social.
  • Señala la imposición de obligaciones como la "Comisión de Igualdad" y los "planes de igualdad" como una intromisión y una carga burocrática innecesaria.
  • Considera que se ignoran medidas estructurales importantes como incentivos fiscales, acceso a financiación y eliminación de barreras administrativas.
  • Cuestiona la ampliación desproporcionada de colectivos considerados "vulnerables" en las empresas de inserción, argumentando que fomenta la dependencia estatal.
  • Critica la exclusión de centros especiales de empleo sin iniciativa social del ámbito de la economía social, lo que afectaría negativamente a trabajadores con discapacidad.
  • Considera que el "contrato para la transición al empleo ordinario" y la extensión del tiempo de contratación en empresas de inserción podrían perpetuar situaciones precarias.
  • Argumenta que la clasificación de entidades de economía social como "prestadoras de Servicios de Interés Económico General" incrementa su dependencia de ayudas públicas y el control gubernamental, afectando su autonomía.
  • Afirma que el proyecto impone cargas ideológicas y administrativas que dificultan la actividad de las entidades, en lugar de fomentar su crecimiento y competitividad.
• Efecto: Esta enmienda a la totalidad solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, argumentando que no responde a las necesidades del sector y que su enfoque es ideológico y perjudicial para la autonomía y competitividad de las entidades de la economía social.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

El Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, tras el análisis de las enmiendas presentadas, se enfrenta a una propuesta de devolución total por parte de un grupo parlamentario. La principal objeción radica en considerar que la iniciativa gubernamental es una reforma superficial y cosmética, que no aborda las necesidades estructurales y las demandas históricas del sector cooperativo y de las empresas de inserción.

Se critica la introducción de medidas consideradas de índole ideológica, particularmente en materia de igualdad de género, como la creación de comisiones y planes de igualdad obligatorios, así como la imposición de cuotas de presencia equilibrada en órganos de gobierno. Estos aspectos son vistos como una injerencia en la autonomía y autogestión de las entidades, incrementando la carga burocrática y alejándose de los principios fundacionales del cooperativismo.

Asimismo, se cuestiona la ampliación de los colectivos considerados vulnerables en las empresas de inserción, argumentando que podría fomentar la dependencia y perpetuar situaciones precarias en lugar de promover la inserción laboral estable. La exclusión de ciertos centros especiales de empleo del ámbito de la economía social también es señalada como un punto negativo.

Finalmente, se argumenta que la clasificación de entidades de economía social como prestadoras de Servicios de Interés Económico General podría mermar su autonomía al aumentar su dependencia de ayudas públicas y someterlas a un mayor control gubernamental. En resumen, la enmienda a la totalidad propone que el Proyecto de Ley sea devuelto al Gobierno para su reformulación, con el fin de elaborar una propuesta que, según su criterio, sea verdaderamente beneficiosa para el sector y no esté marcada por una agenda ideológica.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde a un Debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social (Número de expediente: 121/000036).

Argumentos a favor:

• Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez): Defendió el proyecto de ley como una modernización necesaria de la legislación cooperativa, de las empresas de inserción y de la Ley de Economía Social. Destacó que la norma actualiza y optimiza la legislación cooperativa, mejora la participación de los miembros, promueve la igualdad entre hombres y mujeres e incorpora medidas para prevenir falsas cooperativas. Señaló que la ley responde a las demandas del sector, se alinea con marcos normativos internacionales (UE, ONU, OIT) y es el resultado de un diálogo con las entidades de la economía social. Criticó la enmienda a la totalidad de VOX por su falta de argumentación sólida y propuestas alternativas, y acusó a este grupo de tener una concepción caduca y de negacionista (climático, de igualdad, democrático). Subrayó la importancia de la economía social para el PIB español, el empleo y la cohesión territorial, y la calificó de "especialmente feminista" y resiliente.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sagastizabal Unzetabarrenetxea): Valoró positivamente el proyecto de ley, considerándolo una reforma necesaria para la economía social y el movimiento cooperativista. Votarán en contra de la enmienda de VOX, a la que califican de carente de rigor y basada en prejuicios. Destacaron que la ley ha sido negociada con el sector y que los argumentos de VOX sobre cargas burocráticas e ideología son infundados. Consideran que la tramitación de la ley es un paso significativo para apoyar un sector vital para la cohesión social y el desarrollo económico inclusivo y sostenible.
• Grupo Parlamentario Republicano (Salvador i Duch): Votarán en contra de la enmienda de devolución de VOX, argumentando que la ley pone a las personas por encima del capital, algo intolerable para la derecha. Defienden la economía social como cooperación, solidaridad y democracia económica, que crea riqueza colectiva y dignidad laboral. Señalan que la ley da herramientas a quienes trabajan sin especular y crea empleo estable, siendo una alternativa a la explotación laboral. Destacan que la economía social fomenta la igualdad de género, con mujeres cobrando un 24% más y teniendo mayor presencia en cargos de responsabilidad.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Martínez Barbero): Consideran que la enmienda a la totalidad de VOX carece de fundamento y es un ejemplo de su falta de coherencia, hablando más de las obsesiones de VOX que de la ley. Critican que VOX no conoce la ley y ataca modelos tradicionales como el cooperativismo, especialmente en el ámbito rural. Señalan que la ley se basa en principios cooperativos de gestión democrática e igualdad, y que el sector mismo pide la regulación de planes de igualdad. Defienden la ley como un paso para cumplir el mandato constitucional de igualdad efectiva y critican a VOX por defender a las "falsas cooperativas" y el fraude.
• Grupo Parlamentario Socialista (Garrido Jiménez): Consideran la enmienda a la totalidad de VOX una falta de respeto a la economía social española. Critican la intervención de VOX por su falta de contenido sobre la ley y su carácter de "sermón dominical". Señalan que la técnica legislativa de VOX se basa en buscar la palabra "igualdad" en el proyecto y hacer una enmienda genérica. Defienden la igualdad y la corresponsabilidad como principios constitucionales y critican que VOX se oponga a las comisiones de igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación. Argumentan que lo que molesta a VOX es la esencia misma de la economía social: gobernanza democrática, participación y reversión de beneficios.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (Otero Gabirondo): Apoyarán la creación de la comisión de investigación sobre la DANA, con la intención de que aclare lo sucedido y proponga mejoras. Reconocen la falta de previsión y la actuación tardía de la Generalitat Valenciana, y critican la gestión del Gobierno central. Subrayan la importancia de la prevención ante los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de reforzar el sistema de emergencias y protección civil.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario VOX (Hernández Quero): Presentan una enmienda a la totalidad por considerar que el proyecto de ley es una "adaptación cosmética" que no aborda los retos reales de las cooperativas y supone una injerencia del Estado en un sector autónomo. Critican que la ley confunde el sector femenino con el feminista y que se olvida del principio de autonomía e independencia de las cooperativas. Argumentan que el cooperativismo es afín a la tradición conservadora y que la ley pretende colonizar y marcar ideológicamente a las cooperativas, convirtiéndolas en un apéndice del Estado. Consideran que la ley no se centra en los problemas reales de los cooperativistas (competencia desleal, impuestos, ataques a costumbres) y que VOX defiende los cuerpos intermedios y las comunidades naturales. Critican al Gobierno por su "marketing" y su "agenda ideológica", y acusan a la izquierda de querer controlar todo.
• Grupo Parlamentario Popular (Teniente Sánchez): Discrepan de aspectos sustanciales de la reforma, ya que consideran que genera nuevos problemas, especialmente para el colectivo de la discapacidad. Argumentan que la exclusión de los centros de empleo empresariales del ámbito de la economía social es un error mayúsculo que deja fuera a 1.694 centros y a 60.000 trabajadores con discapacidad, poniendo en riesgo la mitad del empleo protegido. Critican que la ley crea un "oligopolio" y limita las capacidades de la economía social. Consideran que el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia advierten de la necesidad de un debate más pausado y de fomentar la competencia. Argumentan que el Gobierno no negocia con los grupos y que la ley se ha presentado tarde y mal.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo: Todos los grupos parlamentarios que intervinieron en el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, a excepción de VOX, votaron en contra de la enmienda a la totalidad, mostrando su apoyo a la tramitación del proyecto.
• Desacuerdo: El Grupo Parlamentario VOX presentó una enmienda a la totalidad, argumentando que el proyecto de ley era una reforma cosmética, una injerencia del Estado y que no abordaba los problemas reales del sector, sino que respondía a una agenda ideológica.
• Matices: El Grupo Parlamentario Popular, si bien no presentó una enmienda a la totalidad, expresó discrepancias sustanciales con la reforma, especialmente en lo referente a la exclusión de los centros de empleo empresariales y su impacto en las personas con discapacidad. Manifestaron su intención de buscar consensos para mejorar los "defectos graves" de la ley durante la tramitación. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) apoyó la tramitación pero señaló que se podrían realizar mejoras en la fase de enmiendas.