Proposición no de Ley relativa al refuerzo del acompañamiento integral y de la protección efectiva de todas las personas implicadas en procedimientos por acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular tiene como objetivo reforzar el Protocolo RD 247/2024 para la prevención y atención del acoso sexual y por razón de sexo dentro de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos. Busca garantizar un acompañamiento integral y temprano a las personas implicadas en procedimientos por acoso, proteger a testigos y colaboradores, evitar represalias, establecer programas de corrección de conductas, hacer obligatoria la difusión y formación del protocolo, y contemplar medidas de restitución frente a denuncias falsas. En conjunto, pretende una aplicación homogénea, eficaz y creíble del marco de protección en toda la AGE.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 24 febrero 2026: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como proposición del Grupo Parlamentario Popular.
• Hasta la fecha de los documentos facilitados no se registran debates, enmiendas, informes de comisión ni votaciones.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?

• No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni de la posición de partidos o grupos parlamentarios. Por tanto, no se pueden cuantificar apoyos ni rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?

• La proposición se encuentra en la fase inicial de trámite legislativo, a la espera de ser remitida a la comisión competente para su estudio y posterior debate. No ha sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?

• Si la proposición avanza y es aprobada por el Congreso, el texto pasará al Senado para su examen. Una eventual aprobación en ambas cámaras permitiría la modificación o ampliación del Protocolo RD 247/2024, incorporando las medidas propuestas y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tendría carácter de norma de rango reglamentario que obligaría a todas las administraciones públicas a su cumplimiento. En la actualidad, al estar aún en trámite, la iniciativa no produce efectos legales hasta que concluya el proceso legislativo.