Proposición no de Ley relativa al refuerzo del acompañamiento integral a las mujeres víctimas de violencia de género tras la denuncia, con especial atención a los momentos críticos del proceso penal

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular tiene como objetivo reforzar el acompañamiento integral a las mujeres que son víctimas de violencia de género después de presentar la denuncia. Se centra en garantizar una atención continua y especializada durante los momentos críticos del proceso penal, con el fin de evitar la revictimización y mejorar la eficacia del sistema de protección.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• Presentación: La iniciativa se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 24 de febrero de 2026.
• Contenido principal: Propone desplegar las medidas del Pacto de Estado con profesionales de referencia, crear en un plazo de seis meses un protocolo de “momento crítico”, establecer estándares evaluables de apoyo psicosocial, mejorar la coordinación entre justicia, seguridad y servicios sociales, e incluir indicadores específicos en el informe anual del Pacto.
• Etapas posteriores: Hasta la fecha de los documentos facilitados, no se registran debates, enmiendas, votaciones ni informes de comisiones.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En los documentos suministrados no aparecen resultados de votaciones, mayorías, abstenciones ni la posición de partidos o grupos parlamentarios. Por lo tanto, no se dispone de información sobre apoyos o rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La iniciativa se encuentra en la fase inicial de trámite tras su presentación. No se ha registrado ninguna votación ni resolución que la haya aprobado, rechazado, archivado o retirado.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar todavía en trámite, la proposición debe pasar por las etapas habituales de examen parlamentario: posible remisión a una comisión, debate y votación en el Pleno. Si fuera aprobada, el texto podría incorporarse a la normativa del Pacto de Estado y generar la creación de los protocolos y estándares propuestos, pero, por el momento, no ha generado efectos legislativos ni se ha convertido en ley.