Proposición no de Ley relativa al rechazo del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, a la no aplicación provisional del mismo y a la defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura social y profesional y los derechos del campesinado

1. De qué trata la iniciativa
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR solicita al Gobierno español que rechace el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, así como su aplicación provisional. El texto argumenta que dicho acuerdo vulnera la soberanía alimentaria, el medio ambiente y los derechos del campesinado. Además, pide mantener la coherencia con la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”, garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de reducción de riesgos de desastres (UNDRR), oponerse a los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y reforzar una PAC que apoye la agricultura y ganadería social y profesional.

2. Qué ha ocurrido en su trámite

• 3 de febrero de 2026: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del resumen de la proposición no de Ley.
• Hasta la fecha de los documentos proporcionados no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones, votaciones ni acuerdos posteriores.

3. Qué apoyos y rechazos recibió
No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni del posicionamiento de partidos o grupos parlamentarios en los documentos entregados.

4. Estado actual de la iniciativa
La iniciativa se encuentra en trámite parlamentario sin haber concluido su proceso legislativo. No ha sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada.

5. Importancia del resultado dentro del proceso legislativo
Al tratarse de una proposición no de Ley, su aprobación por el Congreso no genera una norma jurídica, sino que constituye una solicitud formal al Gobierno para que adopte una posición concreta respecto al Acuerdo UE‑Mercosur y a la política agrícola. Si la Cámara la aprueba, el Gobierno estaría obligado a responder y, en su caso, a presentar un informe o a adoptar medidas acordes con la petición. En caso de que la iniciativa no avance o sea rechazada, la solicitud quedaría sin efecto y el Gobierno mantendría su postura actual sobre el acuerdo y la PAC.