Proposición no de Ley sobre una nueva regulación para los créditos rápidos en defensa del consumidor

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR busca crear un nuevo marco regulador para los “créditos rápidos”. Su objetivo es eliminar prácticas usureras, proteger a consumidores vulnerables y establecer un sistema de supervisión que incluya registro obligatorio de entidades, criterios claros de abusividad, ampliación del ámbito regulado (sin límite inferior), modelos contractuales estándar, control del Banco de España, prohibición de publicidad engañosa y un estudio asistido por IA para detectar fraudes, con sanciones efectivas.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 7 febrero 2025: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del resumen de la proposición.
• 18 febrero 2026: Se somete a votación la proposición en los términos de una enmienda transaccional presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Mixto (representado por las diputadas Valido García y Santana Perera).

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En la votación del 18 de febrero de 2026 se registraron:

• Votos a favor: 176
• Votos en contra: 31
• Abstenciones: 137
• No votaron: 6

Los grupos parlamentarios que firmaron la enmienda (Socialista, SUMAR, Republicano y Mixto) aparecen como actores institucionales, sin valoración adicional.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, ya que obtuvo mayoría de votos a favor.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al ser una proposición no de Ley, su aprobación no la convierte directamente en norma jurídica. El paso siguiente es que el texto sea remitido al Gobierno, que podrá incorporarlo en la elaboración de una futura ley o medida reguladora sobre los créditos rápidos. En consecuencia, la iniciativa pasa a la fase de consideración ejecutiva, donde podrá influir en la agenda legislativa y en la posible creación de normativa vinculante.