Proposición no de Ley de rechazo integral a las reformas legislativas promovidas por el Gobierno y su entorno en el ámbito de la Justicia

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX solicita al Congreso que rechace integralmente las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno en materia de Justicia, concretamente la “Ley Bolaños” y la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Además, pide que se abstenga de cualquier propuesta que pueda afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, que se eliminen iniciativas que protejan la ofensa a convicciones religiosas o modifiquen las causas de abstención y recusación de magistrados, y que se limite el indulto para excluir a funcionarios implicados en corrupción o delitos contra la integridad del Estado.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 21 de enero de 2026: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del resumen ejecutivo de la proposición.
• Hasta la fecha de la información disponible no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones vinculadas a la iniciativa.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni del posicionamiento de partidos o grupos parlamentarios más allá de la presentación por parte del Grupo Parlamentario VOX.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según la última publicación (21 / 01 / 2026), la proposición se encuentra en fase de tramitación inicial. No consta que haya sido aprobada, rechazada, archivada o retirada; sigue pendiente de ser remitida a la comisión correspondiente y de iniciar su debate parlamentario.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la proposición esté aún en trámite significa que, de seguir su curso, deberá ser examinada por la comisión competente, debatida en el Pleno y sometida a votación. Si fuera aprobada, constituiría una resolución del Congreso que rechazaría las reformas judiciales señaladas y orientaría la actuación legislativa futura en materia de Justicia, aunque, al tratarse de una proposición no de Ley, no tendría carácter de norma jurídica inmediata. En caso de no avanzar o ser rechazada, la iniciativa quedaría sin efecto y las reformas del Gobierno continuarían su proceso legislativo habitual.