Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, para dotar de carácter obligatorio al objetivo de alcanzar una inversión pública equivalente al 1% del PIB en el sistema universitario

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR busca modificar la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario para establecer, de forma obligatoria, el objetivo de destinar al menos el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación de la universidad pública. La reforma propone una ruta progresiva coordinada con las comunidades autónomas y las propias universidades, la inclusión de plazos y mecanismos de seguimiento, y la creación de un pacto de Estado que garantice una financiación suficiente, homogénea y comparable con la media europea. El objetivo declarado es eliminar desigualdades territoriales, asegurar recursos para investigación, docencia y modernización de infraestructuras, y reforzar el papel social y de liderazgo de la universidad pública.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 12 de diciembre de 2025: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Hasta la fecha de los documentos proporcionados no se registran debates, enmiendas, informes de comisión, ni votaciones posteriores.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?

• No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni del posicionamiento de partidos o grupos parlamentarios más allá de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?

• Según la información disponible, la proposición sigue en trámite sin haber sido aprobada, rechazada, archivada ni retirada. Se encuentra en la fase inicial de presentación.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?

• Al estar todavía en trámite, la iniciativa debe pasar por las etapas habituales: examen en comisión, posible incorporación de enmiendas, debate y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobada, traslado al Senado para su examen. Sólo tras superar todas esas fases podría incorporarse a la legislación y, en su caso, convertirse en norma de rango orgánico que obligue a destinar el 1 % del PIB a la universidad pública. Mientras tanto, la propuesta no produce efectos legales.