Proposición de Ley sobre la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición de ley pretende reformar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para otorgar a los ayuntamientos mayor autonomía financiera. Entre los cambios propuestos se incluyen: la derogación de la normativa actual, la posibilidad de incurrir en déficit en situaciones de catástrofes o emergencias, la flexibilización de la regla de gasto mediante mediciones plurianuales y excepciones para municipios con finanzas sostenibles, la redistribución del techo de deuda pública entre Estado, comunidades autónomas y municipios, la incorporación de procesos participativos para fijar objetivos fiscales y la exención de sanciones a entes locales cuando el gasto excedente se destine a vivienda pública. Además, se contempla una reforma del marco de financiación local en los seis meses siguientes a la aprobación.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 12 de diciembre de 2025: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
• Hasta la fecha no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones en el Congreso.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No se dispone de datos de votaciones, apoyos ni rechazos. No se ha informado de ninguna votación ni de la posición de partidos o grupos parlamentarios más allá de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Republicano.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición de ley se encuentra en la fase inicial de trámite legislativo: ha sido presentada y publicada, pero aún no ha sido remitida a comisión, debatida ni votada. Por tanto, sigue en trámite.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién presentada, la iniciativa debe pasar por las etapas habituales del proceso legislativo: asignación a la comisión competente, elaboración de informes, debate en el Pleno y votación. Si supera esas fases, podría avanzar al Senado para su examen y, en caso de ser aprobada por ambas cámaras y recibir la sanción real, se convertiría en ley. En su estado actual, la propuesta aún no ha generado efectos legales ni presupuestarios.