Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para prevenir la práctica de la reduflación y proteger los derechos de las personas consumidoras

Esta Proposición de Ley busca atajar la 'reduflación', una práctica donde los productos disminuyen su tamaño o cantidad sin bajar el precio, a menudo de forma poco transparente para el consumidor. La iniciativa propone modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para obligar a las empresas a informar claramente sobre estas reducciones de cantidad que impliquen un aumento del precio por unidad de medida, especialmente cuando el envase se mantiene igual. Esta información deberá ser visible en el punto de venta durante al menos 90 días. El objetivo es garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas y evitar ser inducidos a error por cambios encubiertos en el tamaño de los productos.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde al Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para prevenir la práctica de la reduflación y proteger los derechos de las personas consumidoras (Número de expediente: 122/000132).

Argumentos a favor de la toma en consideración:

• Grupo Parlamentario Socialista (defensor de la iniciativa): La señora Iniesta Egido defendió la proposición de ley argumentando que busca proteger a los consumidores frente a prácticas empresariales abusivas como la "reduflación" (pagar más por menos cantidad de producto sin ser consciente de ello). Señaló que esta práctica es engañosa, deteriora la confianza del consumidor y afecta especialmente a los hogares de menores ingresos. Propone obligar a las empresas a informar claramente cuando se reduzca la cantidad de un producto preenvasado, manteniendo el mismo envase, y sugirió que esta indicación se muestre en el punto de venta durante un periodo mínimo. Destacó que la información es un derecho básico para que los consumidores tomen decisiones informadas y que la política de consumo debe ser una herramienta para un mercado más justo, seguro y sostenible.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): La señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, aunque señaló que la iniciativa llegaba tarde, votaría a favor de la toma en consideración. Consideró que la medida, aunque no resuelve todo el problema, es bienvenida para erradicar prácticas que afectan a los consumidores y que se pueden combatir con más y mejor información, evitando la publicidad engañosa.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: El señor Ruiz de Pinedo Undiano expresó su acuerdo con la propuesta, destacando que la ley del consumidor ya exige información correcta y comparable. Señaló que la "reduflación" es una estrategia para ocultar el encarecimiento y obtener más beneficios, y que las grandes empresas agroalimentarias están desbocadas. Abogó por una intervención más integral que incluya la ley de la cadena alimentaria y un reparto más justo de las plusvalías.
• Grupo Parlamentario Republicano: El señor Salvador i Duch consideró la reduflación un ataque directo contra las clases populares y una forma de estafa que debe combatirse con contundencia. Si bien la consideró imprescindible de controlar, señaló que sin una política económica valiente la ley sería insuficiente. Propuso medidas adicionales como un régimen sancionador contundente, un índice de reduflación, listas de malas prácticas y cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: El señor Alonso Cantorné, si bien consideró que la propuesta llegaba tarde y que las medidas debían ser más ambiciosas, votaría a favor. Señaló que la práctica de la reduflación es un fraude legal y que las empresas deberían estar obligadas a cambiar el envoltorio o a usar indicaciones claras y visibles. Criticó la falta de acción del Gobierno y la tendencia a ir a remolque de las grandes cadenas.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: El señor Cruset Domènech indicó que, aunque la propuesta no era suficiente para garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos, votaría a favor de la toma en consideración para abrir el debate, pero no presuponía un voto afirmativo al texto final. Señaló que España es un país de "conductas tramposas" y que la propuesta de un simple etiquetado no es suficiente sin un sistema de inspecciones y sanciones.

Argumentos en contra de la toma en consideración:

• Grupo Parlamentario VOX: El señor González-Robatto Perote criticó la propuesta, calificándola de "pócima envenenada" y argumentando que la "reduflación" gubernamental, que consiste en subir impuestos y encarecer la producción, es la verdadera causa del problema. Señaló que la propuesta de etiquetado es una "pegatina" inútil y que el Gobierno debería centrarse en una gestión responsable y eficiente, no en la propaganda.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: La señora Prieto Serrano criticó la iniciativa, calificándola de "incoherente e hipócrita" y señalando que el Gobierno no ha actuado cuando debía. Argumentó que la regulación actual ya protege a los trabajadores y que las recomendaciones del Consejo de Europa no son vinculantes. Criticó la gestión del Gobierno en materia económica, la subida de impuestos y la falta de cumplimiento de las promesas.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo general en la toma en consideración: La proposición de ley fue tomada en consideración por una amplia mayoría (311 votos a favor frente a 33 en contra), lo que indica un acuerdo generalizado en la Cámara sobre la necesidad de abordar la práctica de la reduflación.
• Críticas sobre la oportunidad y suficiencia de la medida: Varios grupos, como el Socialista, el Vasco, el Republicano y SUMAR, aunque votaron a favor, señalaron que la propuesta llegaba tarde o que era insuficiente para abordar el problema de manera integral, reclamando medidas más contundentes y una política económica más valiente.
• Diferencias en las propuestas de solución: Mientras el grupo proponente y otros grupos de izquierda abogaban por medidas de información, sanciones y revisión de salarios, grupos como VOX y el Partido Popular criticaron la gestión del Gobierno y propusieron soluciones diferentes, centradas en la bajada de impuestos y la crítica a las políticas gubernamentales.
• Críticas a la gestión del Gobierno: Grupos como VOX y el Partido Popular utilizaron el debate para criticar la gestión económica general del Gobierno, la inflación, la deuda pública y la política energética, argumentando que estas políticas son la causa subyacente de la reduflación.
• Énfasis en la protección del consumidor: El Grupo Socialista y otros grupos de izquierda enfatizaron la importancia de la información y la transparencia para proteger el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente los más vulnerables.

La Proposición de Ley para prevenir la reduflación y proteger a los consumidores ha sido admitida a trámite, siendo el Grupo Parlamentario Socialista su autor.

Se ha acordado que la Comisión de Derechos Sociales y Consumo se encargará de aprobar la propuesta de ley para modificar la Ley de Consumidores y Usuarios, con el objetivo de prevenir la "reduflación" y proteger a los consumidores. Además, se abre un plazo de quince días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de mejora (enmiendas).