Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda

La presente proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, busca reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística, un principio esencial del Estado de Derecho. Ante la alta frecuencia de anulaciones de planes por nulidad, la iniciativa propone medidas administrativas y procesales que simplifiquen los trámites, establezcan criterios claros de legalidad y reduzcan la arbitrariedad. Asimismo, se persigue impulsar el desarrollo urbano sostenible y facilitar la generación de vivienda, contribuyendo a la estabilidad económica y social del país.

Resumen del debate de toma en consideración – Proposición de Ley 122/000253
“Medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda”

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1. Objetivo del debate

En una toma en consideración el Pleno del Congreso decide si la iniciativa pasa a la fase de tramitación posterior. No se aprueba ni se rechaza el contenido definitivo; simplemente se decide si se abre el procedimiento legislativo. La votación final fue 178 votos a favor, 163 en contra y 6 abstenciones.

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2. Argumentos a favor (grupos que los defendieron)

Grupo	Principales argumentos a favor
Grupo Parlamentario Popular (PP) – portavoz Cruz‑Guzmán García	• La ley es la “más importante” de la legislatura porque soluciona la falta de acceso a la vivienda. • Acelera la obtención de licencias (plazos de tres meses) y elimina trámites “inútiles”. • Deroga la “zona de mercado tensionado” y otros controles de precios, que según el PP “no funcionan” (ej. en Escocia, San Francisco, Bilbao). • Busca devolver la confianza a propietarios, inversores y promotores para que vuelvan a construir. • Se basa en “diálogo y consenso” con ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos (CGPJ, Banco de España, FEDEA, FMI).
VOX – portavoz Chamorro Delmo	• Coincide con el PP en que la Ley 12/2023 (ley de vivienda del Gobierno de Sánchez) es un “desastre” que ha reducido la oferta y elevado precios. • Apoya la eliminación de la regulación de precios y de la “zona de mercado tensionado”. • Defiende que la medida permitirá construir más viviendas y que la falta de oferta no se debe a la falta de regulación sino a la política del Gobierno.
Esquerra Republicana (ERC) – portavoz Estrems Fayos	• Sostiene que la propuesta es “profundamente ideológica” y que el modelo actual de mercado libre ha generado la burbuja inmobiliaria de 2008. • Defiende la necesidad de más vivienda pública y de regular el mercado para evitar la especulación de fondos buitre.
Partido Nacionalista Vasco (PNV) – portavoz Vaquero Montero	• Apoya la iniciativa siempre que se respeten competencias autonómicas (ej. Ceuta y Melilla) y se mantenga la participación de los ayuntamientos.
Otros grupos que mostraron apoyo parcial o condicional (e.g. Junts per Catalunya, Republicanos)	• Reconocen la necesidad de simplificar los procedimientos, pero piden garantías de protección social y medioambiental.

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3. Argumentos en contra (grupos que los defendieron)

Grupo	Principales argumentos en contra
Grupo Parlamentario Mixto – Micó Micó (y otros diputados del Mixto)	• La ley “asegura la seguridad jurídica” solo para los propietarios y el lobby inmobiliario, no para los inquilinos. • Eliminar la zona de mercado tensionado y los controles de precios favorecerá a los fondos buitre y a los grandes promotores, empeorando la crisis de alquiler.
Bildu – portavoz Matute García de Jalón	• La iniciativa es “instrumento al servicio del lobby de la construcción y de los fondos buitre”. • Deroga la normativa que protege a los inquilinos y reduce la intervención pública, lo que favorece la especulación y la “aprofobia”.
Junts per Catalunya – portavoz Madrenas i Mir	• La simplificación no debe suplantar la competencia autonómica; la ley vulnera la capacidad de los gobiernos locales para planificar.
Republicanos – portavoz Estrems Fayos	• La medida favorece la liberalización del mercado sin crear vivienda pública; la eliminación de la regulación de precios no reducirá los alquileres porque la oferta seguirá siendo controlada por grandes fondos.
SUMAR – portavoz Recas Martín	• La propuesta “desmantela la protección de los vulnerables” al bajar el umbral de vulnerabilidad (IPREM) de 1,5 a 0,9 × IPREM, dejando sin ayuda a familias con ingresos muy bajos.
VOX (aunque apoyó la iniciativa, también lanzó críticas a la gestión del Gobierno)	• Señala que la ley del Gobierno ha “aniquilado cientos de miles de viviendas” y que la medida del PP es necesaria, pero también advierte que la eliminación de controles podría “destruir la seguridad jurídica”.
Socialistas (aunque no se opusieron directamente a esta ley, sus intervenciones resaltaron la necesidad de mantener la protección de los inquilinos y de la vivienda pública, criticando la visión del PP).
Otros grupos (Euskadi Bildu, PNV, etc.)	• Piden que la reforma respete competencias autonómicas y que se mantengan los instrumentos de control ambiental y de planificación urbana.

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4. Matices y puntos de convergencia

• Acuerdo parcial sobre la necesidad de simplificar trámites: varios grupos (PP, PNV, algunos miembros del Mixto) coincidieron en que la burocracia actual retrasa la construcción.
• Desacuerdo profundo sobre el impacto social: la mayor parte de la izquierda (Bildu, ERC, SUMAR, PSOE) y algunos regionales (Cataluña, País Vasco) advirtieron que la eliminación de controles de precios y de la zona de mercado tensionado beneficiará a grandes propietarios y fondos, empeorando la situación de los inquilinos y de los hogares vulnerables.
• Preocupación por la pérdida de competencias autonómicas: PNV y otros grupos regionales exigieron que la norma respete la capacidad de Ceuta, Melilla y otras comunidades para gestionar su ordenación territorial.
• Cuestiones medioambientales: varios interlocutores (Bildu, ERC) señalaron que la ley debilita la evaluación de impacto ambiental y la protección del entorno.
• División política clara: el voto final mostró una corte casi equitativa entre la mayoría del PP y sus aliados (aprobaron) y la oposición de la izquierda y algunos regionales (rechazaron), con un pequeño número de abstenciones.

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5. Resultado de la votación

• Votos a favor: 178
• Votos en contra: 163
• Abstenciones: 6

Con este resultado la proposición de ley pasó a la fase de tramitación (se “toma en consideración”), pero quedó claramente dividida la Cámara, lo que anticipa un proceso legislativo con intensos debates y posibles enmiendas.

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En síntesis:
El PP defendió la iniciativa como la solución técnica y urgente al déficit de vivienda, argumentando que la simplificación administrativa y la eliminación de controles de precios devolverán la confianza a los promotores y permitirán construir un millón de viviendas. La oposición (Bildu, ERC, SUMAR, PNV, Junts, etc.) advirtió que la misma medida favorece al sector inmobiliario y a los fondos buitre, debilita la protección de inquilinos y vulnerables, y vulnera competencias autonómicas y medioambientales. La votación reflejó una Cámara dividida, con la propuesta aprobada para seguir su tramitación legislativa.

La iniciativa ha sido admitida y fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Se ha decidido que la propuesta de ley pasará a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, que tendrá la competencia plena para debatirla y aprobarla. Además, se abre un plazo de 15 días hábiles (hasta el 22 de mayo de 2026) para que diputados y grupos parlamentarios presenten enmiendas. Finalmente, se ordena su publicación oficial según el reglamento del Congreso.