Proposición no de Ley relativa a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a centros sanitarios a realizar una interrupción voluntaria del embarazo, y garantía de los derechos del personal que trabajan en ellos

La proposición busca proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo y garantizar condiciones de trabajo dignas para el personal sanitario. Propone crear perímetros de seguridad alrededor de los centros, desarrollar protocolos preventivos coordinados, incluir indicadores de coacción en el cuestionario de notificación y evaluar regularmente la efectividad de las medidas. Se enfatiza la necesidad de soluciones estructurales no punitivas, dado que la vía penal ha demostrado ser insuficiente para prevenir la presión e intimidación que enfrentan las mujeres y el personal en estos entornos.

Resumen de la Proposición no de Ley 161/003137
“Garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a centros sanitarios a realizar una interrupción voluntaria del embarazo, y garantía de los derechos del personal que trabaja en ellos”
Comisión de Igualdad – Sesión del 16 de junio 2026 (núm. 589)

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1. Argumentos principales

Grupo parlamentario	Posición	Argumentos clave
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (proponente)	A favor	– El derecho al aborto está reconocido por ley, pero se ve vulnerado por presiones externas (carteles, rezos, ocupación de inmuebles frente a clínicas). – Propone medidas preventivas y estructurales: perímetros de protección, protocolos homogéneos y evaluación periódica. – Subraya que la garantía de derechos no implica limitar otros derechos (libertad de expresión, propiedad).
Grupo Plurinacional SUMAR (Rivera)	A favor	– Apoya la necesidad de perímetros de seguridad y protocolos porque el Código Penal resulta insuficiente y genera carga probatoria para las mujeres. – Defiende que el Estado debe garantizar el ejercicio libre del derecho al aborto sin acoso ni coacción, tanto para las usuarias como para el personal sanitario.
Grupo Parlamentario Socialista (Santana)	A favor	– Recuerda la reforma penal anterior que tipifica el acoso a mujeres en clínicas abortivas, aunque reconoce que no cubre todas las conductas (p.ej. compra de inmuebles). – Destaca la falta de apoyo suficiente de las comunidades autónomas y la necesidad de seguir reforzando la normativa y la recogida de datos.
Grupo Parlamentario Popular (Uriarte)	En contra	– Considera la iniciativa una restricción a la libertad de expresión y manifestación, al crear “perímetros de exclusión” alrededor de los centros. – Asegura que la medida “coarta” derechos ciudadanos y que la legislación ya protege adecuadamente.
Grupo Parlamentario VOX (Romero)	En contra	– Califica a Bildu de “cultura de la muerte” y acusa a la propuesta de ambigüedad y de buscar “amedrentar” a quienes no comparten su postura. – Defiende la vida desde la concepción y sostiene que la iniciativa es una forma de “totalitarismo” contra la vida humana.
Otros grupos (PP, Junts, etc.)	No intervinieron directamente en el debate de esta PNL (no aparecen intervenciones en el texto).	– No se registraron intervenciones de estos grupos en el fragmento analizado.

• No se presentaron enmiendas a la proposición; por tanto, el debate se centró exclusivamente en la defensa o el rechazo de la iniciativa tal como fue presentada.

2. Resultado de la votación

Votos (de 35)	Resultado
A favor: 18	Aprobada
En contra: 17
Abstenciones: 0

La proposición fue aprobada por una diferencia de un voto.

3. Acuerdos, desacuerdos y matices

• Acuerdo parcial: Los grupos Bildu, SUMAR y el PSOE coincidieron en que el actual marco penal es insuficiente y que se requieren medidas de protección específicas (perímetros, protocolos, seguimiento).
• Desacuerdo sustancial: VOX y el PP (representado por Uriarte) rechazaron la iniciativa por considerarla una limitación a la libertad de expresión y a la libre manifestación, argumentando que el Estado ya dispone de los instrumentos necesarios para proteger a las mujeres.
• Matiz importante: El PSOE subrayó que, aunque la reforma penal existente es un paso adelante, la falta de coordinación con las comunidades autónomas impide una aplicación eficaz; por tanto, su apoyo incluye la petición de mayor implicación autonómica.
• Cierre del debate: Al no haber enmiendas, la presidenta preguntó al grupo proponente si aceptaba alguna enmienda; la respuesta fue que “estamos hablando todavía”, sin que se llegara a un acuerdo sobre modificaciones.

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Conclusión: La proposición buscaba reforzar la protección de las mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y del personal sanitario frente a presiones externas. Fue apoyada mayoritariamente por los grupos de izquierda (Bildu, SUMAR, PSOE) que consideraron insuficientes las normas actuales, mientras que los grupos de derecha (VOX, Popular) la rechazaron por considerarla una restricción a la libertad de expresión y a la libre manifestación. Con 18 votos a favor y 17 en contra, la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Igualdad.

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó, el 16 de junio de 2026, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu que pide al Gobierno garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a centros sanitarios para una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y proteger los derechos del personal sanitario que los atiende.

Los principales puntos que la Comisión insta al Gobierno a adoptar son:

1. Perímetros de protección alrededor de los centros que realizan IVE, para asegurar que mujeres y profesionales accedan a los servicios de forma libre, segura, confidencial y digna.
2. Instrumentos de garantía de derechos fundamentales, orientados a eliminar los obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.
3. Protocolos claros y homogéneos, coordinados con las administraciones competentes, que eviten presiones, intimidaciones, hostigamiento o exposición forzada de las mujeres que solicitan el procedimiento.
4. Modificación del cuestionario de notificación de IVE para incluir preguntas sobre posibles coacciones, acoso o interferencias, de modo que el informe anual del Ministerio de Sanidad refleje datos reales sobre estas situaciones.
5. Evaluación periódica del impacto de las medidas adoptadas, con el objetivo de comprobar su eficacia, su proporcionalidad y su contribución a un acceso efectivo y libre de interferencias a los servicios de salud.

La proposición, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (serie D, nº 495, 17 marzo 2026), queda ahora aprobada por la Comisión de Igualdad y pendiente de debate y votación en el Pleno del Congreso para su posible remisión al Gobierno.