Proposición no de Ley relativa al impulso de la supresión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono con el fin de preservar la actividad industrial y el empleo asociado a la misma

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX solicita al Gobierno español que, en el marco de la Unión Europea, promueva la supresión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Según sus autores, estos instrumentos aumentan los costes de energía y producción, afectan a más de 10 000 empresas y ponen en riesgo el empleo industrial. El objetivo es eliminar dichos mecanismos para reducir la carga financiera sobre la industria, evitar la deslocalización de la producción y preservar la competitividad y los puestos de trabajo.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 21 de enero de 2026: La proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• No se registran, en los documentos facilitados, debates, enmiendas, informes de comisiones, ni votaciones posteriores.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En la información disponible no aparecen resultados de votaciones, mayorías, abstenciones ni la posición de partidos o grupos parlamentarios más allá del propio Grupo Parlamentario VOX, que es el autor de la iniciativa.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según los datos entregados, la proposición se encuentra únicamente en la fase de presentación. No se ha informado de que haya sido remitida a comisión, debatida en pleno, votada ni aprobada o rechazada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién presentada, la iniciativa debe seguir el procedimiento legislativo habitual: será remitida a la comisión competente, donde se debatirá y, eventualmente, se elaborarán informes y posibles enmiendas. Si la comisión la aprueba, pasará al pleno del Congreso para su votación. Sólo tras una aprobación en el Congreso y, en su caso, en el Senado, podría convertirse en una norma o en una solicitud formal al Gobierno para que actúe ante la UE. En su estado actual, la proposición no produce efectos legislativos ni ejecutivos.