Proposición no de Ley para la activación del reglamento contra la coerción económica de la UE en el caso de las sanciones impuestas por EE.UU. a miembros de la Corte Penal Internacional y a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley solicita al Gobierno español que, a través de la Comisión Europea, se declare que las sanciones impuestas por Estados Unidos a jueces de la Corte Penal Internacional y a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, constituyen “coerción económica” según el Reglamento (UE) 2023/2675. Con ello se pretende activar los mecanismos de respuesta de la Unión Europea para mitigar los efectos de esas sanciones sobre ciudadanos y residentes en España y reafirmar el compromiso del país con la CPI y la ONU.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• Presentación: La iniciativa fue presentada ante el Congreso el 17 de marzo de 2026 por varios grupos parlamentarios.
• Primer registro: Fue incluida en el Boletín oficial de las Cortes Generales el mismo día, con un resumen que describe su objetivo y alcance.
• No se menciona en los documentos disponibles que haya habido debates en pleno, asignación a comisión, presentación de enmiendas o votaciones preliminares.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En la documentación facilitada no aparecen resultados de votaciones, mayorías, abstenciones ni la posición de partidos o grupos parlamentarios. Por lo tanto, no se dispone de datos cuantitativos sobre apoyos o rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según la información disponible, la proposición se encuentra registrada y a la espera de iniciar su tramitación legislativa (asignación a comisión, debate y votación). No se ha informado de que haya sido aprobada, rechazada, archivada o retirada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la iniciativa esté registrada significa que ha ingresado formalmente al procedimiento parlamentario. El siguiente paso será su remisión a la comisión competente, donde se debatirá y, eventualmente, se someterá a votación en el Pleno. Si la proposición fuera aprobada, el Gobierno tendría la base política para solicitar a la Comisión Europea la activación del Reglamento contra la coerción económica, lo que podría desencadenar medidas de la UE para contrarrestar las sanciones estadounidenses. En caso de ser rechazada o archivada, la solicitud no avanzaría y no se activarían dichos mecanismos.