Proposición no de Ley relativa al abordaje integral de las adicciones y de la salud mental en el ámbito penitenciario

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR solicita al Gobierno la adopción de medidas para un abordaje integral de las adicciones y de la salud mental dentro del sistema penitenciario. Entre sus objetivos principales están: transferir competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, difundir el modelo de Unidades Terapéuticas y Educativas, reforzar la prevención y la reducción de daños, mejorar la coordinación entre prisiones, salud pública y servicios comunitarios, y aumentar la presencia de profesionales de salud mental. La finalidad es garantizar la continuidad asistencial, reducir la reincidencia y favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• Presentación: La iniciativa se presentó oficialmente el 3 de febrero de 2026, según el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Etapas posteriores: Hasta la fecha de la publicación no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones. El documento disponible corresponde al resumen ejecutivo de la propuesta y no incluye información sobre su tramitación posterior.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni del posicionamiento de partidos o grupos parlamentarios. Por lo tanto, no se pueden señalar apoyos ni rechazos concretos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según la información disponible, la proposición se encuentra en la fase inicial de trámite, sin haber sido sometida a votación ni haber recibido resoluciones de comisiones. Por tanto, sigue en trámite.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la iniciativa esté aún en trámite significa que debe pasar por las etapas habituales del proceso legislativo: examen en comisión, posible incorporación de enmiendas, debate y votación en el Pleno del Congreso y, en su caso, posterior tramitación en el Senado. Mientras no se apruebe o se archive, la propuesta no producirá efectos legales ni obligará al Gobierno a adoptar las medidas señaladas. Su avance determinará si podrá convertirse en normativa que modifique la gestión de adicciones y salud mental en el ámbito penitenciario.