Proposición no de Ley relativa al seguimiento del expediente de regulación de empleo planteado por Majorel/Teleperformance y a la protección del empleo en el sector de los centros de atención al cliente

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno que supervise y garantice la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa Majorel/Teleperformance, que afecta a 329 trabajadores – mayoritariamente mujeres de 35 a 55 años en la provincia de Salamanca. La iniciativa propone cinco medidas:

1. Fortalecer el periodo de consultas con mediación obligatoria.
2. Proveer asistencia y recomendaciones para planes de recolocación y formación.
3. Activar la Inspección de Trabajo para validar causas y documentación del ERE.
4. Crear un plan conjunto de acompañamiento y recualificación con las comunidades autónomas.
5. Constituir una Comisión de seguimiento con agentes sociales para minimizar el impacto social y económico.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 24 de marzo de 2026: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Hasta la fecha no se ha registrado su remisión a comisión, debate en pleno, presentación de enmiendas ni votación.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones o posiciones de partidos en los documentos proporcionados. Por tanto, no se pueden señalar apoyos ni rechazos.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Se encuentra en fase de presentación y publicación. No ha sido remitida a comisión ni sometida a debate ni votación, por lo que sigue en trámite.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar recién publicada, la iniciativa debe ser remitida a la comisión competente (probablemente la Comisión de Trabajo, Asuntos Sociales y Seguridad Social) para su estudio. Si la comisión la admite, se abrirá el periodo de debate y posible enmienda; posteriormente se someterá a votación en el Pleno. Sólo tras una aprobación en el Congreso y, en su caso, la correspondiente tramitación en el Senado, la propuesta podría convertirse en normativa o en una orden del Gobierno que obligue a la supervisión del ERE. Mientras tanto, la iniciativa no produce efectos legales.