Proposición no de Ley sobre el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y la eliminación de los obstáculos que limitan la acción de las entidades locales en la política de cooperación internacional para el desarrollo

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurxnacional SUMAR busca reforzar la cooperación descentralizada en España, integrándola plenamente en la normativa vigente (Ley 1/2023 y el Plan Director 2024‑2027). Su objetivo es eliminar los obstáculos burocráticos y financieros que limitan la actuación de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas en la cooperación internacional para el desarrollo, potenciar la Conferencia Sectorial como órgano de coordinación y garantizar una financiación adecuada para que la acción local contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• Presentación: La iniciativa fue presentada ante el Congreso el 3 de marzo de 2026 por el grupo parlamentario SUMAR.
• Etapa actual: Tras la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la proposición se encuentra en la fase de admisión y asignación a la comisión competente. No se han registrado debates, enmiendas ni votaciones hasta la fecha.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
Hasta el momento no se ha celebrado ninguna votación. Por tanto, no existen datos de mayorías, rechazos ni abstenciones, ni de la posición de partidos o grupos parlamentarios.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La proposición está en trámite: ha sido presentada y publicada, pero aún no ha sido debatida ni votada en comisión ni en el Pleno del Congreso.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al encontrarse en la fase inicial, la iniciativa debe ser examinada por la comisión correspondiente, donde podrá ser modificada o rechazada antes de pasar a debate en el Pleno. Si el Congreso la aprueba, la propuesta modificaría la normativa existente sobre cooperación descentralizada, facilitando la participación de entidades locales en proyectos internacionales y alineándola con los ODS y la Agenda 2030. En caso de ser rechazada o archivada, la situación actual de la normativa permanecería sin cambios.