Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer

La iniciativa propone reconocer oficialmente a las mujeres internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer (1941‑1985) como víctimas de la represión franquista. Se solicita la incorporación de esta condición en la Ley de Memoria Democrática, la creación de un derecho a indemnización económica y la puesta en marcha de una estrategia de difusión dirigida a las mayores afectadas. Además, se exige la elaboración de inventarios exhaustivos de la documentación y de los centros vinculados al Patronato, tanto en archivos públicos como en entidades religiosas, para garantizar la verdad histórica y la reparación integral de las víctimas.

Resumen de la Proposición no de Ley 162/000742 – “Reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer”
(Tipo de documento: Proposición no de Ley)

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1. Argumentos principales a favor

Grupo que defiende la posición	Principales argumentos presentados
Grupo Parlamentario Republicano (presentada por Estrems Fayos)	• El Patronato fue un instrumento de represión moral que, entre 1941 y 1985, internó a miles de mujeres y niñas sin juicio ni defensa. • Las víctimas sufrieron humillaciones, trabajos forzados, abusos médicos y la separación de sus hijos (incluidos casos de “niños robados”). • Ningún responsable político, judicial o religioso ha sido juzgado. • El Estado reconoce que no existe aún un mecanismo independiente para investigar el Patronato y que la investigación ha sido solo parlamentaria y simbólica. • Se cita al Relator de la ONU (2025) que insta a España a investigar, reconocer, reparar e indemnizar a las víctimas.
Grupo Parlamentario Socialista (intervención de Adrio Taracido)	• Señala que el Patronato continuó existiendo después de la muerte de Franco (hasta 1985) bajo gobiernos democráticos. • Reconoce los avances simbólicos (actos de reconocimiento, disculpas) pero insiste en que falta una política estructural con obligaciones jurídicas reales. • Propone que el Estado asuma la búsqueda de documentación, el inventario de los centros y la localización de las víctimas, y que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral (restitución, rehabilitación, satisfacción e indemnización).
Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (enmienda de Calvo Gómez)	• Acepta la necesidad de reconocer a las víctimas y de indemnizarlas, pero critica que la propuesta socialista solo hable de “estudiar” y no de “establecer indemnizaciones”. • Exige que la documentación de los centros del Patronato en Cataluña quede bajo la competencia de la Generalitat.
Grupo Parlamentario Popular (intervención de Franco González)	• Acepta la existencia del Patronato como parte del aparato represivo del franquismo y la continuidad en democracia. • Defiende la necesidad de verdad, reparación y reconocimiento, pero advierte contra la instrumentalización política del tema.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ‑PNV) (intervención de Vaquero Montero)	• Subraya que la violencia contra las mujeres es estructural y que las víctimas del Patronato son un caso de represión de género. • Pide acceso a la documentación, inventario de centros y una indemnización que tenga en cuenta el trabajo forzado no remunerado.
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (intervención de Pozueta Fernández)	• Señala que el número de víctimas es mucho mayor que el reconocido oficialmente. • Exige reparación material y jurídica, participación de las víctimas en el diseño de medidas y una sub‑comisión con recursos y plazos claros.
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (intervención de Gil de Reboleño Lastortres)	• Reitera la necesidad de documentación, verdad y reparación, y llama a que el Estado cumpla con la Ley de Memoria Democrática en este aspecto.
Grupo Parlamentario Gallego (intervención de Rego Candamil)	• Destaca la gravedad de los crímenes cometidos y la falta de una legislación que los incluya plenamente. • Propone revisar la Ley de Memoria Democrática para cubrir estas víctimas.
Grupo Parlamentario Catalán (intervención de Alvaro Vidal)	• Recuerda que el Patronato existió bajo diferentes regímenes (monarquía, República, franquismo y democracia) y que su continuidad muestra una “instrumentación de represión”. • Defiende la necesidad de reconocimiento y reparación.

2. Argumentos principales en contra o matices críticos

Grupo que plantea la objeción	Principales argumentos
Grupo Parlamentario VOX (intervención de Aguirre Gil de Biedma)	• Afirma que el Patronato no es exclusivo del franquismo; existió desde 1902 y bajo la Segunda República, por lo que la Ley de Memoria Democrática no puede aplicarse retroactivamente a todo el periodo. • Considera que la iniciativa sirve a intereses políticos del PSOE y sus socios, y que la “memoria” se está usando como arma ideológica.
Grupo Parlamentario Popular (intervención de Franco González)	• Acepta la necesidad de reparación pero advierte que la propuesta podría ser utilizada para fines políticos y que el Patronato también funcionó en democracia, lo que complica la atribución de responsabilidad exclusiva al franquismo.
Grupo Parlamentario Socialista (enmienda de Adrio Taracido)	• Propone “estudiar” la cuestión antes de establecer indemnizaciones, argumentando que la legislación aún no está suficientemente definida y que se necesita un análisis previo.
Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (enmienda de Calvo Gómez)	• Señala que la propuesta socialista no contempla la indemnización y que la documentación de los centros catalanes debe quedar bajo la jurisdicción de la Generalitat.
Grupo Parlamentario Popular (intervención de Franco González)	• Reitera que la iniciativa no debe convertirse en un “juego político” y que la investigación debe ser rigurosa y no instrumentalizada.

3. Acuerdos y desacuerdos entre los grupos

• Acuerdo amplio: La gran mayoría de los grupos (Republicano, Socialista, Junts, Popular, PNV, Bildu, SUMAR, Gallego, Catalán) coinciden en que las víctimas del Patronato necesitan ser reconocidas oficialmente, que se debe investigar la documentación y que debe existir una reparación (indemnización, restitución, rehabilitación).
• Desacuerdo sobre la forma de la reparación:
  • Junts y Bildu exigen la inclusión de una indemnización directa y la gestión de la documentación por las comunidades autónomas (Cataluña).
  • Socialistas prefieren primero “estudiar” la cuestión antes de fijar una indemnización.
  • VOX rechaza la idea de que la Ley de Memoria Democrática sea la base para la reparación, argumentando que el Patronato no es exclusivamente franquista.
• Matiz sobre la politización: Tanto Popular como VOX advierten que la propuesta podría ser usada con fines electorales o ideológicos; Socialistas y Republicanos responden que la falta de acción estatal justifica la iniciativa.
• Cuestión de competencias territoriales: Junts y Bildu piden que la documentación de los centros catalanes quede bajo la Generalitat, mientras que la propuesta original no especifica esa distribución.

4. Situación del debate en el documento

• La proposición fue presentada y debatida en el Pleno del Congreso el 14 de abril 2026.
• Se escucharon intervenciones de los grupos antes citados, así como de sus portavoces y de varios diputados que defendieron enmiendas.
• No se incluye en el fragmento el resultado de la votación; por tanto, no se conoce si la proposición fue aprobada, rechazada o quedó pendiente.

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En síntesis, la Proposición no de Ley 162/000742 busca reconocer a las mujeres y niñas que fueron internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, exigir al Estado la investigación y publicación de la documentación, y garantizar una reparación integral. La mayoría de los grupos parlamentarios apoyan la necesidad de reconocimiento y reparación, aunque difieren en el modo de implementarlo (indemnización directa vs. estudio previo) y en la distribución de competencias territoriales. Los grupos VOX y Popular expresan reservas sobre la posible instrumentalización política de la iniciativa. No se registra en el texto el resultado de la votación.

Enmienda de Junts per Catalunya

• Objeto: Modifica los apartados 1, 5 y 6 de la proposición original para precisar la naturaleza del Patronato y para establecer la forma de coordinación con las Comunidades Autónomas.

• Modificación(es):

  1. En el apartado 1 se incorpora la expresión «reconociendo expresamente que dicho Patronato constituyó un instrumento de represión de género y una estructura propia del nacionalcatolicismo destinada a imponer un modelo social basado en la sumisión y la negación de la libertad personal», manteniendo el resto del reconocimiento y los mecanismos administrativos.
  2. En el apartado 5 se añade que el inventario de documentación deberá elaborarse «en colaboración con las Comunidades Autónomas, garantizando su participación efectiva en la identificación, recopilación y gestión de dichos fondos documentales».
  3. En el apartado 6 se especifica que la localización y preservación de la documentación en centros gestionados por congregaciones religiosas u otras entidades privadas se realizará «en colaboración con las Comunidades Autónomas y garantizando que la documentación vinculada a centros ubicados en su territorio sea gestionada, custodiada y accesible desde instituciones competentes de cada Comunidad Autónoma, evitando su centralización».

• Efecto: La enmienda introduce una calificación explícita de carácter de género a la represión del Patronato, y condiciona la elaboración de inventarios y la custodia de la documentación a una coordinación estrecha con las administraciones autonómicas, evitando la concentración de los archivos en una única entidad central.

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Enmienda de Grupo Parlamentario Socialista

• Objeto: Modifica el apartado 3 para cambiar la naturaleza de la medida sobre indemnización, y añade nuevos apartados 8, 9 y 10 que crean un grupo de trabajo y establecen obligaciones de preservación, digitalización y políticas públicas.

• Modificación(es):

  1. En el apartado 3 se sustituye «Establecer el derecho a percibir una indemnización pecuniaria…» por «Estudiar, en el marco de estas modificaciones legislativas, el derecho de estas víctimas a percibir una indemnización pecuniaria…», pasando de una obligación directa a una fase de estudio previo.
  2. Se incorpora el apartado 8, que crea un grupo de trabajo específico dependiente de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, con participación de expertos, archivistas, representantes de víctimas y administraciones autonómicas, con la misión de fiscalizar, analizar y emitir recomendaciones sobre la documentación localizada.
  3. El apartado 9 dispone la preservación, digitalización y consulta pública de la documentación, garantizando el acceso a víctimas, investigadores y ciudadanía bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
  4. El apartado 10 impulsa políticas públicas de reconocimiento, reparación y memoria para las mujeres afectadas, incluyendo investigación histórica, memorialización y apoyo a las víctimas.

• Efecto: La enmienda transforma la propuesta de indemnización en una fase de estudio, introduce un órgano técnico‑experto para la gestión documental, y amplía el alcance del proyecto al garantizar la difusión y el acceso público a la información, así como la adopción de medidas de política pública orientadas a la reparación integral.

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Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Tras la incorporación de las enmiendas presentadas, la proposición queda estructurada de la siguiente manera: se reconoce oficialmente a las mujeres internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer como víctimas de una represión de género vinculada al nacionalcatolicismo, y se establecen los mecanismos administrativos necesarios para garantizar dicho reconocimiento. Se ordena la elaboración, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de un inventario exhaustivo de la documentación del Patronato y de la documentación conservada en instituciones religiosas o privadas, asegurando que su gestión sea descentralizada y autonómica.

En materia de reparación, la iniciativa plantea un estudio preliminar del derecho a una indemnización pecuniaria, siguiendo el modelo de la Ley de Memoria Histórica, sin imponer aún su concesión automática. Además, se crea un grupo de trabajo dependiente de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, integrado por expertos y representantes de víctimas, que supervisará la localización, preservación, catalogación y difusión de los fondos documentales.

Se garantiza la preservación, digitalización y acceso público a toda la documentación, facilitando la investigación y la participación ciudadana. Finalmente, se impulsan políticas públicas de reconocimiento, reparación y memoria que incluyen iniciativas de investigación histórica, memorialización y apoyo a las víctimas. En conjunto, la iniciativa pasa de un reconocimiento simbólico a un programa integral que combina reconocimiento jurídico, estudio de indemnizaciones, gestión documental colaborativa, difusión pública y desarrollo de políticas de reparación estructuradas.

Resultado iniciativa: Aprobación por el Pleno