Proposición no de Ley relativa al cumplimiento por parte del Gobierno de las obligaciones de financiación del POSEI adicional en Canarias

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular solicita al Gobierno el pago inmediato de los 24,9  millones de euros pendientes del POSEI (Plan de Ordenación del Sector Eólico e Insular) adicional destinado a Canarias, correspondiente a las campañas 2022‑2024. Además, pide la compensación de los anticipos ya entregados a la comunidad canaria y la inclusión en el presupuesto de 2026 y años posteriores de una partida suficiente para cubrir los 21  millones de euros ordinarios del POSEI y los incrementos aprobados, garantizando la estabilidad de la ayuda al sector primario. Finalmente, la iniciativa insta a que en el Marco Financiero Plurianual 2028‑2034 se mantenga la financiación comunitaria del POSEI sin recortes y con independencia de la Política Agrícola Común (PAC).

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 16 de diciembre de 2025: La proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• Hasta la fecha no se ha registrado su remisión a comisión, debate en pleno, presentación de enmiendas ni votación alguna.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?

• No existen datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni de la posición de partidos o grupos parlamentarios, ya que la iniciativa aún no ha sido sometida a votación.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?

• La proposición se encuentra en la fase inicial de trámite legislativo, a la espera de ser remitida a la comisión correspondiente para su estudio y posterior debate.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?

• Al estar recién presentada, la iniciativa aún no ha generado efectos vinculantes. Su tramitación futura determinará si el Gobierno deberá efectuar los pagos solicitados y si se incorporarán las partidas presupuestarias propuestas. Si la proposición avanza y es aprobada en las distintas fases (comisión, pleno y, en su caso, Senado), podría traducirse en la asignación de los recursos económicos demandados y en la incorporación de los criterios de financiación al Marco Financiero Plurianual. En caso de ser rechazada o archivada, la solicitud de pago y de ajustes presupuestarios no tendría efecto legislativo.