Proposición no de Ley relativa a la posición de España ante la agresión militar de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a través de la diputada Ione Belarra, pide al Gobierno español que condene la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela (iniciada el 3 de enero de 2026) y que exija la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Entre sus medidas principales se incluyen: romper las relaciones diplomáticas y militares con EE. UU., iniciar la salida de España de la OTAN, y promover en la Unión Europea y en foros internacionales acciones para detener la escalada militar y restablecer el Derecho Internacional. La propuesta también reafirma la solidaridad de España con el pueblo venezolano y con otras poblaciones afectadas por la política de intervención estadounidense.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 21 de enero de 2026: Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto de la proposición no de Ley y de su resumen ejecutivo.
• Hasta la fecha de los documentos proporcionados no se registran debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No se dispone de datos de votaciones, mayorías, abstenciones ni del posicionamiento de partidos o grupos parlamentarios en los documentos entregados.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según la información disponible, la proposición se encuentra en la fase inicial de trámite legislativo, sin haber sido sometida a votación ni haber recibido resoluciones de comisiones. Por tanto, sigue en trámite.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al estar aún en trámite, la iniciativa debe pasar por las etapas habituales: examen en comisión, posible presentación de enmiendas y posterior votación en el Pleno de la Cámara. Si fuera aprobada, el texto tendría carácter de proposición no de Ley, lo que implica que el Gobierno debería emitir un informe de respuesta y, en su caso, adoptar medidas ejecutivas, pero no generaría una norma con rango de ley. En caso de rechazo o archivo, la propuesta quedaría sin efecto. Actualmente, al no haber avanzado más allá de su presentación, la iniciativa aún no ha influido en la agenda legislativa ni en la política exterior española.