Proposición no de Ley de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda

Esta Proposición no de Ley busca asegurar el derecho a la vivienda mediante medidas fiscales, regulatorias y de ampliación del parque público. Ante la crisis de acceso y la especulación inmobiliaria, propone un impuesto a la acumulación de viviendas, un IVA del 21% a viviendas turísticas y recargos en el IBI para grandes tenedores. Busca eliminar privilegios fiscales a SOCIMIs, extender topes de alquiler a temporales y prohibir la compra a no residentes. Se insta a la transferencia inmediata de viviendas de SAREB y SEPES a administraciones locales y a garantizar recursos para aumentar la vivienda protegida hasta alcanzar la media europea en 2027.

Resumen de la Proposición no de Ley sobre medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda (Exp. 162/000580)

Este debate parlamentario se centra en una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, que busca establecer medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para garantizar el derecho a la vivienda.

Argumentos a favor de la PNL (Grupo Parlamentario Republicano y otros grupos que la apoyan):

• Vivienda como derecho, no como negocio: Se enfatiza que la vivienda es un derecho fundamental para una vida digna y no una mera mercancía sujeta a la especulación.
• Crisis habitacional: Se presentan datos que demuestran la dificultad de acceso a la vivienda, con familias destinando un alto porcentaje de sus ingresos al alquiler y jóvenes compartiendo piso por imposibilidad de emanciparse solos.
• Medidas propuestas:
  • Fiscalidad justa: Imponer impuestos a partir del tercer inmueble, eliminar beneficios fiscales a fondos de inversión especulativos y permitir a los ayuntamientos recargar el IBI a grandes tenedores y viviendas turísticas.
  • Regulación valiente: Extender los topes de precios a alquileres de temporada y por habitaciones, y prohibir la compra de vivienda a quienes no residan en España.
  • Más parque público: Transferir activos de la Sareb y SEPES a comunidades y ayuntamientos para destinarlos a vivienda asequible, y aumentar la financiación para ampliar el parque público hasta alcanzar el 5% en 2026 y el 9% en 2027.
• Crítica a la especulación: Se denuncia que el mercado de la vivienda está descontrolado por la especulación y que las políticas actuales benefician a los ricos y fondos de inversión en lugar de a la ciudadanía.
• Cambio de paradigma: Se aboga por un modelo donde la vivienda sea un derecho garantizado, similar a la sanidad o la educación pública.

Argumentos en contra o con matices (Grupos Parlamentarios que expresan reservas o críticas):

• Grupo Parlamentario Socialista:
  • Agradece la iniciativa y comparte la visión de la vivienda como derecho.
  • Señala que algunas medidas ya están en marcha (aumento de recursos para políticas de vivienda, traspaso de pisos de la Sareb a SEPES).
  • Diferencia su modelo del del Partido Popular, al que acusa de favorecer el negocio inmobiliario y boicotear políticas de limitación de alquileres.
  • Critica la falta de construcción de vivienda pública en comunidades gobernadas por el PP.
  • Reconoce que las medidas requieren tiempo y no son "magia", pero se comprometen a trabajar para que la vivienda sea el "quinto pilar del estado del bienestar".
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV):
  • Reconoce la vivienda como un reto social y un derecho básico, pero señala la complejidad de competencias y promesas incumplidas.
  • Destaca la experiencia de Euskadi en el uso de la fiscalidad para la política de vivienda (recargos a viviendas vacías, deducciones al alquiler joven, límites de renta).
  • Critica que la ley estatal de vivienda no ha logrado aumentar la oferta ni movilizar vivienda vacía, especialmente por no regular los alquileres de temporada.
  • Considera que el problema es de oferta y no solo de regulación, y que se necesita seguridad jurídica para el arrendador y gestión pública del alquiler.
  • Advierte sobre la dificultad de prohibir la compra a no residentes por incompatibilidad con el marco europeo.
  • Subraya la necesidad de agilizar la Ley del Suelo para aumentar la oferta.
  • No se opondrá a la iniciativa por coherencia con sus políticas en Euskadi.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya:
  • Comparte la preocupación por el problema de la vivienda y la dificultad de acceso para los jóvenes.
  • Critica que muchas de las políticas aplicadas a raíz de la ley de vivienda española "no han funcionado".
  • Expresa preocupación por la falta de publicación de datos recientes sobre el mercado de la vivienda en Cataluña por parte del PSC.
  • Señala que los precios siguen subiendo y que la situación empeora debido a una combinación de falta de oferta y demanda creciente, así como a la inseguridad jurídica generada por la "excesiva regulación".
  • Cuestiona la viabilidad de alcanzar el objetivo de vivienda pública en los plazos propuestos, calculando los altos costes y tiempos de ejecución.
• Grupo Parlamentario VOX:
  • Acuerda que la especulación es una causa del problema, pero la atribuye a las políticas restrictivas sobre el suelo y a la inmigración masiva que genera una demanda artificialmente alta.
  • Critica la ley de vivienda por haber provocado el "boom del alquiler de temporada".
  • Considera que los "buitres" son un síntoma de la enfermedad del mercado, causada por las políticas del gobierno.
  • Cuestiona la facilidad de compra para ricos frente a la dificultad para la clase media y trabajadora debido a los impuestos.
  • Critica la propuesta de limitar la demanda extranjera por ser incoherente con su visión internacionalista.
  • Señala la falta de construcción de vivienda protegida por parte del gobierno y la lentitud en la adquisición de viviendas.
  • Aconseja a Esquerra Republicana que en lugar de una moción, traigan una disculpa por el daño causado al mercado residencial.
• Grupo Parlamentario Popular:
  • Coincide en que la vivienda es un gran problema, pero atribuye su agravamiento a quienes han gobernado en Cataluña y apoyado al gobierno central.
  • Critica el aumento de precios y la dificultad de acceso a la vivienda, señalando que la preocupación por este tema ha escalado significativamente bajo el gobierno actual.
  • Argumenta que el problema principal es la falta de oferta, citando la necesidad de setecientas mil viviendas según el Banco de España.
  • Denuncia la inseguridad jurídica como freno a la construcción y a la incorporación de viviendas al mercado.
  • Presenta datos sobre la caída de la oferta de alquiler y el aumento de candidatos por piso en Barcelona.
  • Critica las políticas intervencionistas y propone soluciones como la tramitación de la ley del suelo, la ley antiokupación, la bajada del IVA e ITP, bonificaciones y deducciones fiscales para propietarios que saquen viviendas al mercado.
  • Solicita la derogación de la ley de vivienda.
  • Cuestiona la postura de Esquerra Republicana ante la corrupción en el gobierno que apoyan.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR:
  • Apoya la PNL al completo, considerándola la línea correcta a seguir, aunque sea una proposición no de ley.
  • Critica la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y del Partido Popular, por oponerse a la intervención del mercado de la vivienda.
  • Argumenta que los fondos buitre no ponen viviendas en el mercado por interés propio, lo que justifica la intervención y el tope de precios.
  • Rechaza la idea de que los migrantes o el debate generacional sean los culpables de la crisis, señalando que las élites son las beneficiadas por las políticas actuales.
  • Considera que las ayudas directas a jóvenes son insuficientes si no se topan los precios del alquiler, ya que el dinero iría al bolsillo del propietario.
  • Aboga por el alquiler indefinido y medidas sociales para garantizar el derecho a la vivienda.

Acuerdo, desacuerdo y matices relevantes:

• Acuerdo general: Existe un consenso generalizado en la Cámara sobre la gravedad del problema de la vivienda y la necesidad de abordarlo. La mayoría de los grupos reconocen que la vivienda es un derecho y que el acceso a ella es un desafío importante para la ciudadanía.
• Desacuerdo fundamental: El principal punto de divergencia radica en el enfoque para solucionar el problema.
  • Los grupos que apoyan la PNL (Republicanos, Sumar, y con matices el PNV y EH Bildu) abogan por una intervención activa del mercado a través de medidas fiscales, regulatorias (topes de precios) y un aumento significativo del parque público.
  • Los grupos de la oposición (PP, VOX) critican estas medidas intervencionistas, argumentando que empeoran el problema al reducir la oferta, generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión privada. Proponen soluciones basadas en la liberalización del suelo, la seguridad jurídica para los propietarios y la reducción de trabas burocráticas y fiscales para la construcción y el mercado de alquiler.
  • El PSOE se posiciona en un punto intermedio, defendiendo medidas ya en marcha y comprometiéndose a seguir trabajando en políticas de vivienda, pero reconociendo la necesidad de tiempo y la complejidad del problema, sin llegar a las propuestas más intervencionistas de otros grupos.
• Matices relevantes:
  • La competencia autonómica en materia de vivienda es un punto recurrente, especialmente para el PNV, que defiende su modelo vasco y critica la ley estatal por invadir competencias o ser ineficaz en la práctica.
  • La regulación de los alquileres de temporada es un aspecto específico que genera debate, con algunos grupos señalando que la ley actual no lo aborda adecuadamente.
  • La transferencia de activos de la Sareb y SEPES es una medida concreta que genera acuerdo en su objetivo, pero con diferencias sobre la agilidad y efectividad de su implementación.
  • La prohibición de compra a no residentes genera dudas por su posible incompatibilidad con el marco europeo.
  • La efectividad de la ley de vivienda de 2023 es cuestionada por varios grupos, que señalan que no se está aplicando o que sus resultados son limitados.

En resumen, mientras hay coincidencia en la gravedad del problema de la vivienda, existe una profunda división sobre las causas y, sobre todo, sobre las soluciones a implementar, oscilando entre la intervención estatal y la liberalización del mercado.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista

• Objeto: Modificación de varios puntos de la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • Punto 1: Se solicita impulsar la tramitación de iniciativas sobre arrendamientos de temporada y habitaciones, asegurando su coherencia con la Ley 12/2023, y reforzar el parque de vivienda social y asequible a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
  • Punto 2: Se propone actualizar la imputación inmobiliaria del IRPF 2025 para desincentivar las viviendas vacías, introduciendo progresividad por tramos.
  • Punto 3: Se plantea modificar la tributación de las SOCIMI, incrementándola si la inversión no se destina a vivienda asequible y reduciéndola en caso contrario.
  • Punto 4: Se propone extender las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas no declaradas tensionadas.
  • Punto 5: Se solicita modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que los alojamientos turísticos tributen al tipo general del 21%.
  • Punto 6: Se insta a reforzar el control de precios en zonas tensionadas, dentro del marco de la Ley 12/2023, e incorporar medidas para evitar el uso fraudulento de contratos de temporada o de habitaciones.
  • Punto 7: Se propone crear un nuevo impuesto para gravar las compras de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes.
  • Punto 8: Se plantea articular convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la cesión en usufructo de bienes transferidos de SAREB a SEPES, destinados a planes de vivienda asequible.
  • Punto 9: Se solicita impulsar, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la dotación de recursos para la adquisición de vivienda mediante tanteo y retracto y la promoción de vivienda social y asequible, estableciendo objetivos verificables.
• Efecto: Esta enmienda busca afinar y complementar las medidas propuestas originalmente, introduciendo aspectos fiscales más detallados (IRPF, SOCIMI, IVA, nuevo impuesto a extracomunitarios), reforzando la coordinación con la legislación vigente (Ley 12/2023) y especificando el papel de los planes estatales de vivienda y la colaboración interadministrativa.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

La proposición no de ley, tras la incorporación de la enmienda presentada, se consolida como una propuesta integral para abordar la crisis de acceso a la vivienda. Se mantiene el enfoque en la necesidad de una agenda legislativa que penalice la especulación y regule los alquileres, pero se detallan y amplían las medidas fiscales. Se introduce la actualización de la imputación inmobiliaria del IRPF para desincentivar las viviendas vacías y se propone una tributación diferenciada para las SOCIMI en función de su destino a vivienda asequible. El Impuesto sobre el Valor Añadido se modifica para que los alojamientos turísticos tributen al tipo general del 21%, y se contempla la creación de un nuevo impuesto específico para las compras de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes.

En el ámbito regulatorio, se refuerza el control de precios en zonas tensionadas y se buscan mecanismos para evitar el uso fraudulento de contratos de temporada, garantizando así la seguridad jurídica de los inquilinos. Se amplía la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas no declaradas tensionadas.

En cuanto a la ampliación del parque público de vivienda, se mantiene la idea de transferir bienes de SAREB y SEPES, pero se articula a través de convenios de cesión en usufructo con las administraciones autonómicas y municipales, vinculándolo a planes de desarrollo de suelo y vivienda asequible. Se impulsa la dotación de recursos para la adquisición y promoción de vivienda social y asequible a través de los Planes Estatales de Vivienda, estableciendo objetivos verificables y reforzando la colaboración interadministrativa. En conjunto, la iniciativa se perfila como un instrumento más detallado y con un enfoque fiscal más preciso para garantizar el derecho a la vivienda.

Resultado iniciativa: Rechazada