Proposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva

Esta Proposición no de Ley subraya el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Ante resistencias discursivas y posibles retrocesos, insta al Gobierno a reforzar las políticas públicas en esta materia.

Se busca garantizar el acceso universal, gratuito, digno y seguro a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se pide al Ejecutivo que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, coordine acciones para que la objeción de conciencia no impida el ejercicio de estos derechos fundamentales. El objetivo es consolidar avances y asegurar que la igualdad y la autonomía de las mujeres no se vean mermadas.

Este documento del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados corresponde a la Toma en consideración de proposiciones de ley y Proposiciones no de ley.

Proposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva (Número de expediente: 162/000333)

• Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la proposición, destacando que España es uno de los países con mayores cotas de igualdad y que la igualdad es una condición de posibilidad de la democracia. Expresó preocupación por la polarización que la causa de la igualdad ha generado y criticó las acciones de la extrema derecha y del Partido Popular en relación con los derechos de las mujeres, mencionando el "latido fetal" en Castilla y León y la jornada antiavortista en el Senado. Subrayó que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho a la salud y que las leyes que lo regulan evitan la clandestinidad y el sufrimiento. Instó al cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la educación sexual, la anticoncepción y la planificación familiar. También señaló que el acceso a este derecho es difícil en algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, debido a la falta de actualización del registro de objetores de conciencia.

• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Votará a favor de la toma en consideración, pero considera la proposición limitada y tardía. Señaló la necesidad de mayor concreción y garantías, cuestionando si el servicio de la entidad de resolución de conflictos será gratuito y dónde estará ubicada. También planteó la importancia de los derechos lingüísticos y la necesidad de que las administraciones revisen e inspeccionen las reclamaciones. Además, el BNG reclamó la simplificación de la factura eléctrica, la eliminación de cargos no relacionados con el consumo, la rebaja del IVA a la luz y la modificación del sistema de determinación del precio de la energía.

• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Votará a favor de la proposición, que considera una propuesta literal de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley de Hidrocarburos realizada por la CNMC. Destacó la importancia de que los consumidores estén informados y protegidos, y que tengan acceso sencillo a los mecanismos de resolución alternativa de litigios. Señaló que, a pesar de la posibilidad de resolver litigios a través de estas entidades, la información es desigual y el uso de estos mecanismos es reducido.

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Presentó una enmienda a la totalidad, argumentando que la proposición invade competencias exclusivas de Cataluña en materia de consumo. Criticó la tardanza en la transposición de la directiva europea y la falta de aplicación de la legislación existente por parte de las empresas energéticas y los sucesivos gobiernos. Consideró que los cambios propuestos son mínimos y que se trata de una "operación de maquillaje".

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Defendió la proposición, comparando la situación de los consumidores con la de los afectados por la alarma de ocupaciones. Señaló que la CNMC también denuncia la falta de transparencia y las prácticas engañosas de las comercializadoras energéticas. Abogó por la implementación del ADR como paso obligatorio antes de litigar para aliviar la carga de los tribunales y advirtió contra la conversión de estos mecanismos en un servicio de atención al cliente a cargo de fondos públicos.

• Grupo Parlamentario VOX: Criticó la proposición por ser breve, tener poco sentido y ser una "nimiedad" que debería ser una enmienda a otro proyecto de ley. Consideró que la iniciativa es "teatro" y "paripé" para aparentar que se legisla, cuando la legislatura está bloqueada. Argumentó que el intervencionismo del Gobierno genera incertidumbre y afecta negativamente a la competitividad de las empresas. Propuso derogar tres leyes por cada una que aprueben y abogó por normas sencillas, claras y que se cumplan. Criticó los impuestos confiscatorios y la gestión del Gobierno, pidiendo elecciones anticipadas.

• Grupo Parlamentario Popular: Se mostró de acuerdo con ampliar los mecanismos de arbitraje, pero cuestionó la elección de una proposición de ley en lugar de una enmienda a un texto ya en trámite. Criticó la política energética del Gobierno, el precio de la electricidad, la negativa a implementar el IVA reducido y la exclusión de ciertos gastos de la factura. Señaló la alta incidencia de hogares en situación de pobreza energética y la situación de la industria electrointensiva. Criticó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la dependencia del gas ruso.

• Grupo Parlamentario Republicano: Votará en contra de la proposición, considerándola una medida populista y oportunista que incide más en las percepciones que en la realidad. Manifestó una reserva competencial y una sombra de centralismo. Defendió el modelo penitenciario catalán enfocado en la reinserción y criticó las declaraciones del nuevo conseller de Justicia de la Generalitat. Sostuvo que convertir a los funcionarios en agentes de autoridad no soluciona nada y podría generar distorsiones y abuso de poder. Señaló que la jurisprudencia ya considera las agresiones a funcionarios como delito contra la autoridad.

• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Votará en contra. Consideró que la proposición es una medida simbólica y populista de derechas que no soluciona el problema de fondo. Argumentó que los países nórdicos, donde los funcionarios de prisiones no son agentes de autoridad, tienen menos agresiones. Señaló que los funcionarios de prisiones ya tienen protección especial y que la ley penal penitenciaria reconoce su figura. Indicó que el problema real es la carencia de medios sanitarios y de salud mental en las prisiones.

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Señaló que la proposición es similar a otra ya en trámite y que, de prosperar, deberían acumularse. Reiteró la defensa del modelo penitenciario catalán y la oposición a la recentralización de competencias.

• Grupo Parlamentario Socialista (enmienda): Presentó una enmienda para que el Gobierno denuncie las asociaciones e iniciativas antiavorto. Criticó la polarización y el debate sobre un derecho adquirido. Señaló que la extrema derecha busca cercenar la igualdad y la autonomía de las mujeres. Criticó al PP por permitir un debate antiavortista en el Senado. Instó al Gobierno a garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública y a actualizar el registro de objetores de conciencia.

• Grupo Parlamentario Republicano (enmienda): Presentó una enmienda para que el Gobierno denuncie las iniciativas antiavorto. Consideró que la proposición no de ley es poco trabajada, pero que tiene sentido ante la cumbre antiavortista en el Senado. Criticó que se debata un derecho adquirido y advirtió sobre la influencia de la ultraderecha. Solicitó al Gobierno explicaciones sobre las bajas por dismenorrea o aborto.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (enmiendas): Presentó dos enmiendas para abordar el problema de los registros de objetores de conciencia y para introducir el aborto como derecho fundamental autónomo en la Constitución. Defendió la autonomía de las mujeres y el derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos.

• Grupo Parlamentario Popular (enmienda): Criticó la ley del "solo sí es sí" y la gestión de la ministra de Sanidad. Defendió que la proposición del PSOE falta a la verdad sobre la situación en Castilla y León. Señaló que la ley de salud sexual y reproductiva fue redactada sin consultar a los profesionales sanitarios y que el registro de objetores cercena un derecho constitucional. Criticó la gestión del Gobierno en sanidad y la falta de agilidad en la tramitación de leyes.

• Grupo Parlamentario Mixto (BNG - enmienda): Defendió el aborto como un derecho y la necesidad de que sea prestado en la sanidad pública sin trabas. Señaló que la objeción de conciencia no debería ser un impedimento y que las comunidades autónomas deben regular el registro de objetores. Criticó la falta de protocolo del Ministerio de Sanidad.

• Grupo Parlamentario Mixto (EH Bildu - enmienda): Compartió la preocupación por la situación del ferrocarril y la necesidad de inversión. Criticó la falta de concreción de la moción de VOX en cuanto a Aragón. Señaló la deficiente gestión de las líneas ferroviarias y la necesidad de mejorar las obligaciones de servicio público.

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (enmienda): Criticó la presentación de proposiciones no de ley por parte del Gobierno, considerándola incoherente y propagandística. Señaló que la vivienda es competencia exclusiva de la Generalitat y los municipios, y criticó la ignorancia de la distribución de competencias.

• Grupo Parlamentario Republicano (enmienda): Propuso debatir sobre la muerte del general Prim en lugar del 23-F. Consideró la moción sobre el 23-F repetida y cansina, y dudó de la voluntad del Gobierno de desclasificar documentos. Criticó la gestión del Gobierno y la falta de transparencia.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (aceptación de enmiendas): Aceptó las propuestas presentadas por el Grupo Socialista.

• Grupo Parlamentario Mixto (Podemos - moción): Pidió la desclasificación de toda la documentación sobre el 23-F, basándose en nuevas revelaciones sobre el papel del rey emérito. Criticó la respuesta de la ministra de Defensa y la ley de secretos oficiales de la dictadura. Señaló que la desclasificación permitiría despejar dudas sobre el papel del monarca y la Transición.

• Grupo Parlamentario Socialista (enmienda a la moción): Presentó una enmienda para impulsar la actualización de la normativa sobre información clasificada, conforme a estándares europeos y con consenso parlamentario. Destacó el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno y la voluntad política de reformar la ley de secretos oficiales.

• Grupo Parlamentario Vasco (PNV - fijación de posiciones): Votará a favor de la moción, no por los audios recientes, sino por el paso del tiempo. Cuestionó la tardanza de Podemos en presentar la iniciativa y la falta de acción del Gobierno. Señaló que la desclasificación de documentos es una cuestión de voluntad política y criticó la lentitud en la reforma de la ley de secretos oficiales.

• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (fijación de posiciones): Señaló la facilidad con la que algunos medios obtienen actas secretas y la dificultad para el Congreso de desclasificar documentos. Reflexionó sobre la presencia de militares con posiciones franquistas o progolpistas en 2006 y el papel del rey Juan Carlos I en el 23-F. Criticó la ley de secretos oficiales de carácter franquista.

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya (fijación de posiciones): Cuestionó el papel del rey Juan Carlos I en el 23-F y la falta de desclasificación de documentación. Señaló que la ley de secretos oficiales franquista impide una investigación transparente. Criticó la falta de voluntad política para reformar la ley y la actitud del Gobierno socialista.

• Grupo Parlamentario Republicano (fijación de posiciones): Propuso debatir sobre la muerte del general Prim en lugar del 23-F. Consideró la moción repetida y cansina, dudando de la voluntad del Gobierno de desclasificar documentos. Criticó la gestión del Gobierno y la falta de transparencia.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (fijación de posiciones): Señaló que el relato oficial del 23-F es falso y edulcorado. Mencionó la violencia política y policial de la época y la falta de consenso en la Transición. Cuestionó el papel de la monarquía y la falta de desclasificación de documentos.

• Grupo Parlamentario VOX (fijación de posiciones): Argumentó que se sabe todo o casi todo sobre el 23-F. Consideró que la moción obedece a una obsesión de la izquierda para atacar al Ejército y al Partido Socialista. Mencionó la participación de socialistas y comunistas en la lista de ministros de Armada. Criticó la "memoria hemipléjica" de la izquierda y la idolatría a la República. Preguntó por la desclasificación de documentos del CNI sobre la financiación de Podemos. Defendió la Monarquía como forma de gobierno histórica de la patria.

• Grupo Parlamentario Popular (fijación de posiciones): Cuestionó la lógica de la moción de Podemos y la falta de coherencia. Afirmó que la verdad del 23-F es evidente: el rey paró el golpe. Criticó el revisionismo de Podemos para tapar la corrupción actual. Defendió la Monarquía moderna y ejemplar como símbolo de unidad y fortaleza institucional.

• Grupo Parlamentario Mixto (Podemos - respuesta a alusiones): Aclaró que la Audiencia Nacional ha dictaminado que no existe financiación extranjera a Podemos y acusó al PSOE de recibir financiación de Irán.

• Grupo Parlamentario VOX (moción): Condenó la inacción dolosa del Gobierno ante la gota fría, exigiendo el decreto de la situación de interés para la seguridad nacional y la movilización de las Fuerzas Armadas. Expresó gratitud a las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, voluntarios y Gobiernos extranjeros. Acusó al Gobierno de abandono, omisión del deber de socorro y vileza moral.

• Grupo Parlamentario Vasco (PNV - fijación de posiciones): Expresó solidaridad con los afectados por la DANA y reconocimiento a los servidores públicos y voluntarios. Consideró que no es momento para buscar culpables, sino para normalizar lo básico y dar respuesta a las consecuencias de la catástrofe. Votará en contra de la moción por considerar que busca la búsqueda de culpables y el desprestigio de la clase política.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (fijación de posiciones): Expresó pésame a las víctimas de la DANA y agradecimiento a los equipos de emergencia y voluntarios. Señaló que la moción de VOX extiende bulos, pone en duda las competencias autonómicas y pretende romper la cadena de mando. Defendió el patriotismo del pueblo organizado y criticó el uso de la tragedia para desgastar al Gobierno.

• Grupo Parlamentario Socialista (fijación de posiciones): Honró la memoria de las víctimas de la DANA y envió un abrazo a sus seres queridos. Criticó la manipulación y el oportunismo político de VOX y el PP. Señaló que las comunidades autónomas son responsables de la dirección y coordinación de emergencias, y que la Generalitat Valenciana, en manos del PP y VOX, recortó el presupuesto de emergencias. Destacó el liderazgo de la delegada del Gobierno y la movilización de la UME, Guardia Civil y efectivos. Criticó la estrategia de desinformación del PP y VOX.

• Grupo Parlamentario Popular (fijación de posiciones): Expresó condolencias a las víctimas y agradecimiento a los españoles solidarios y a las fuerzas de seguridad. Señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez falló antes, durante y después de la tragedia, declarando la emergencia nacional tardíamente y con cálculo político. Criticó al ministro Marlaska por no declarar la emergencia nacional y a la ministra Robles por considerar que el Ejército no puede estar a todo.

• Grupo Parlamentario VOX (moción): Pidió medidas para garantizar los servicios ferroviarios, criticando la gestión del Gobierno y la falta de inversión en cercanías y corredor mediterráneo. Solicitó la revisión del plan de refuerzo de la seguridad ferroviaria y un nuevo protocolo de comunicación para viajeros. Señaló la mala planificación y improvisación en las obras de reforma de estaciones y la falta de alternativas. Criticó el descuido y deterioro del mantenimiento y la inversión en cercanías. Pidió la reprobación del ministro Puente.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (fijación de posiciones): Compartió la preocupación por la situación del ferrocarril, atribuyendo los problemas a la falta de inversión y a la congestión por la liberalización del servicio. Defendió la movilidad como un derecho fundamental y exigió que esta sea la legislatura del ferrocarril. Criticó a VOX por olvidarse de Aragón y por su discurso crítico y exigencia de responsabilidades.

• Grupo Parlamentario Socialista (fijación de posiciones): Desmontó los puntos de la moción de VOX, destacando las inversiones históricas en la red ferroviaria, la compra de nuevos trenes y el aumento de kilómetros de alta velocidad. Señaló que el plan de acción de seguridad ferroviaria está actualizado y que existen canales de comunicación para incidencias. Defendió la ampliación de servicios ferroviarios y la puntualidad de los trenes de larga distancia. Criticó la moción por inoportuna y por pedir la reprobación del ministro Puente.

• Grupo Parlamentario Popular (fijación de posiciones): Demandó tres cuestiones en materia de transportes: la corrección del error en las ayudas a damnificados no residentes, la consideración de causa de fuerza mayor para los billetes de alta velocidad y la financiación de infraestructuras dañadas. Criticó la incapacidad del Gobierno para atender las necesidades de los afectados y la huida de responsabilidades del presidente y ministros. Desmontó los argumentos del ministro Puente sobre la gestión ferroviaria y la manipulación de estadísticas.

Votación de las proposiciones de ley:

• Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre armonización de información en materia de resolución alternativa de litigios en el sector eléctrico y de hidrocarburos: Se tomó en consideración por 176 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones.
• Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios: Se tomó en consideración por 295 votos a favor, 40 en contra y 11 abstenciones.

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, en su número 82 de la XV Legislatura, correspondiente al Pleno y Diputación Permanente del 21 de noviembre de 2024, recoge el debate y votación de diversas iniciativas.

En relación con la Proposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva (Número de expediente: 162/000333), el Diario de Sesiones indica que se sometió a votación una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y el Grupo Parlamentario Republicano.

Resultado de la votación:

• A favor: 178 votos
• En contra: 33 votos
• Abstenciones: 138 votos

Conclusión: La proposición no de ley, en los términos de la enmienda transaccional, fue aprobada.

No se mencionan en este fragmento del Diario de Sesiones los argumentos específicos a favor y en contra de cada grupo parlamentario, ni si hubo acuerdo, desacuerdo o matices relevantes más allá del resultado de la votación.

Enmienda del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

• Objeto: Añadir un nuevo punto a la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • Se introduce un nuevo apartado 3 que insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
  • El objetivo de la modificación es que el registro de objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la interrupción del embarazo sea de cada centro sanitario del sistema público de salud, en lugar de ser de ámbito autonómico o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
• Efecto: Busca mejorar la gestión y el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, centralizando el registro de objetores a nivel de centro sanitario para evitar posibles obstrucciones derivadas de registros de mayor ámbito.

Enmienda del Grupo Parlamentario Republicano

• Objeto: Añadir un nuevo punto a la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • Se introduce un nuevo apartado 3 que insta al Gobierno a rechazar los planteamientos, congregaciones y asociaciones antiabortistas.
  • La justificación para este rechazo es que dichas entidades ponen en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y promueven el odio hacia quienes deciden acceder a este derecho, así como hacia los profesionales que lo garantizan.
• Efecto: Incorpora una postura explícita de rechazo a los movimientos antiabortistas, reforzando la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la labor de los profesionales sanitarios.

Enmienda del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

• Objeto: Sustituir el texto original de la proposición no de ley.
• Modificación(es):
  • Se mantiene el punto 1 original, con una ligera variación en la redacción ("políticas públicas adecuadas" en lugar de "políticas públicas destinadas").
  • Se sustituye el punto 2 original por dos nuevos puntos:
    • Un nuevo punto 2 que insta al Gobierno a culminar el trabajo iniciado por el Ministerio de Sanidad en la redacción del protocolo de personas objetoras de conciencia, implementando las medidas recogidas en él para garantizar un acceso inmediato, en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad, a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud.
    • Un nuevo punto 3 que insta al Gobierno a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para culminar el camino hacia la garantía pública inexcusable del derecho al aborto, mediante su reconocimiento como derecho fundamental en la Constitución Española.
• Efecto: Refuerza significativamente la proposición original. Por un lado, prioriza la implementación del protocolo de objeción de conciencia y la garantía de acceso al aborto en el sistema público. Por otro lado, eleva la ambición al proponer el reconocimiento del aborto como derecho fundamental constitucional.

Enmienda del Grupo Parlamentario Popular

• Objeto: Modificar los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley original.
• Modificación(es):
  • En el punto 1, se modifica la redacción para instar al Gobierno a "desarrollar las políticas públicas adecuadas" en lugar de "continuar desarrollando políticas públicas destinadas".
  • En el punto 2, se modifica sustancialmente la redacción para instar al Gobierno a coordinar e impulsar las acciones pertinentes "desde el pleno consenso con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la aprobación de los consejos de colegios profesionales y las sociedades científicas". Se añade el concepto de "calidad asistencial" junto a igualdad, dignidad y seguridad, y se mantiene la mención a que la objeción de conciencia no sea una obstrucción.
• Efecto: Introduce un matiz de mayor consenso y colaboración institucional en el punto 2, enfatizando la necesidad de acuerdo con las comunidades autónomas y los colegios profesionales. La modificación en el punto 1 es menor, centrada en la formulación.

Resumen Final de la Iniciativa tras las Enmiendas

Tras la tramitación de las enmiendas, la Proposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva, queda configurada con los siguientes puntos clave:

En primer lugar, se reafirma el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y se insta al Gobierno a desarrollar políticas públicas adecuadas para garantizar la igualdad de género, prestando especial atención a la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

En segundo lugar, se insta al Gobierno a culminar el trabajo ya iniciado en la redacción del protocolo de personas objetoras de conciencia, previsto en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El objetivo es implementar las medidas de dicho protocolo para asegurar un acceso inmediato, en condiciones de igualdad, dignidad y calidad asistencial, a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público de salud.

En tercer lugar, se insta al Gobierno a continuar rechazando los planteamientos, actuaciones y asociaciones contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo, reconociendo que estas ponen en riesgo el libre acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el libre ejercicio de los profesionales sanitarios que realizan estas intervenciones.

Finalmente, se incorpora una aspiración a largo plazo: la de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para culminar el camino hacia la garantía pública e inexcusable del derecho al aborto, mediante su reconocimiento como derecho fundamental en la Constitución Española.

En conjunto, la iniciativa aprobada con modificaciones refuerza la protección de los derechos sexuales y reproductivos, prioriza la implementación de medidas para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público y establece el objetivo de su reconocimiento constitucional, al tiempo que mantiene una postura de rechazo a las iniciativas antiabortistas.

Resultado iniciativa: Aprobación por el Pleno