Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, para dotar de carácter obligatorio al objetivo de alcanzar una inversión pública equivalente al 1% del PIB en el sistema universitario

1. ¿De qué trata la iniciativa?
La proposición del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR busca modificar la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario para establecer, de forma obligatoria, que la inversión pública en el sistema universitario alcance al menos el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB). El objetivo es eliminar la actual ambigüedad que permite a algunas comunidades autónomas tratar esa cifra como una recomendación y, de ese modo, reducir desigualdades territoriales en la financiación de las universidades públicas.

2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?

• 16 de diciembre de 2025: La iniciativa se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
• No se registran, en los documentos proporcionados, debates, enmiendas, informes de comisiones ni votaciones posteriores.

3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
En los documentos disponibles no aparecen resultados de votaciones ni desglose de apoyos o rechazos por partidos o grupos parlamentarios. Por tanto, no se dispone de datos cuantitativos sobre mayorías, abstenciones o negativas.

4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
Según la información disponible, la proposición se encuentra en trámite tras su publicación. No se ha informado de que haya sido aprobada, rechazada, archivada o retirada.

5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
El hecho de que la iniciativa haya sido publicada marca el inicio formal de su tramitación parlamentaria. A partir de este punto podrá ser remitida a la comisión competente para su estudio, recibir posibles enmiendas y ser sometida a debate y votación en el Pleno del Congreso. Si posteriormente obtiene la mayoría requerida, pasará al Senado para su examen y, en caso de ser aprobado en ambas cámaras, se convertiría en una ley que obligaría a destinar el 1 % del PIB al gasto universitario. En la actualidad, al estar todavía en trámite, la propuesta no ha generado efectos legales ni presupuestarios.