Proposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Esta Proposición de Ley busca reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar el acceso a la función pública. El objetivo principal es adecuar los procesos selectivos al desempeño práctico de las tareas del puesto, especialmente para personas con discapacidad intelectual. Se introduce la figura de la 'prueba de situación' como método de evaluación, permitiendo valorar las habilidades y destrezas necesarias para el puesto. La reforma pretende garantizar el principio de igualdad y no discriminación, adaptando los criterios de mérito y capacidad a la diversidad funcional y asegurando una mayor eficacia en la selección del personal.

Resumen del Debate de Toma en Consideración de la Proposición de Ley de reforma parcial del Estatuto Básico del Empleado Público

Iniciativa: Proposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. (Número de expediente: 125/000008).

Tipo de documento: Debate de toma en consideración.

Resultado de la votación: Se aprueba la toma en consideración por 344 votos a favor.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Por Andalucía (representado por Dña. Esperanza Gómez Corona):

  • La proposición busca adaptar la normativa de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual, que actualmente se enfrenta a dificultades con las pruebas teóricas.
  • Se propone sustituir las pruebas teóricas por pruebas de situación o prácticas que valoren las competencias reales para el desempeño del puesto de trabajo.
  • El objetivo es cumplir con la reserva de plazas del 2% para personas con discapacidad intelectual y garantizar que el acceso se base en el mérito y la capacidad, adaptado a sus capacidades.
  • Se destaca que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía.

• Grupo Parlamentario Socialista (representado por Dña. María del Pilar Navarro Rodríguez):

  • La iniciativa defiende el principio de igualdad y busca hacer justicia social, adaptando las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual.
  • Se considera lógico y de sentido común cambiar el sistema de exámenes memorísticos o tipo test, que son muy complicados para este colectivo, por pruebas que evalúen las aptitudes para el puesto concreto.
  • Se argumenta que esta medida abrirá un horizonte de esperanza para las personas con discapacidad intelectual, permitiendo un gran avance en la efectividad de sus derechos.

• Grupo Parlamentario Popular de Andalucía (representado por D. Antonio Martín Iglesias):

  • La iniciativa se presenta como un ejemplo de consenso y sentido común, nacida para solucionar problemas de personas vulnerables.
  • Se busca eliminar barreras, ya que las pruebas de acceso actuales son un muro para las personas con discapacidad intelectual, no por falta de talento, sino porque las pruebas no se idearon teniéndolas en cuenta.
  • Se busca adecuar las pruebas respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, asegurando que nadie se quede fuera por cuestiones ajenas a su valía.
  • Se señala que Andalucía ya aplica esta medida en su función pública, y se busca exportarla al resto de España.

• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (representado por D. Legarda Uriarte):

  • Se apoya la toma en consideración porque la finalidad de la iniciativa es un avance hacia procesos selectivos más adecuados a las características de los aspirantes con discapacidad intelectual, sin menoscabo de los principios de mérito y capacidad.
  • Se reconoce que este tipo de pruebas prácticas ya se realizan en otras administraciones públicas.
  • Se señala que contemplar estas pruebas en el EBEP despejaría posibles dudas sobre las adaptaciones.

• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (representada por Dña. Rivera Arias):

  • Se apoya la propuesta, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, y que nace de la sociedad civil organizada.
  • Se busca adecuar las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual, de modo que no supongan una barrera más, sino una oportunidad laboral.
  • Se destaca la importancia del empleo como pilar para construir un proyecto de vida autónomo y la necesidad de una sociedad inclusiva.

Argumentos en contra o con matices:

• Grupo Parlamentario Mixto (representada por Dña. Velarde Gómez):

  • Se apoya la iniciativa, pero se critica que algunos grupos parlamentarios aspiran a una sociedad más injusta y basada en la desigualdad.
  • Se señala que, aunque se vote a favor, la aplicación efectiva de la ley en comunidades gobernadas por el Partido Popular puede ser un problema, citando ejemplos de falta de ejecución de leyes en Andalucía.
  • Se insta al Gobierno a vigilar y presionar en las comunidades donde gobierna el Partido Popular para que los avances se cumplan.

• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (representado por D. Legarda Uriarte):

  • Se plantean consideraciones sobre la imperatividad y exclusividad de las pruebas de situación, señalando que en Andalucía es una facultad potestativa y no un mandato imperativo.
  • Se cuestiona si una prueba de situación exclusiva sería hábil en todos los casos para la dimensión competitiva de un proceso selectivo y para cuerpos funcionariales que cubren distintas tareas.
  • Se sugiere que la reforma podría tener mejor ubicación en el artículo 59 del EBEP (dedicado a personas con discapacidad) en lugar del artículo 61.

• Grupo Parlamentario VOX (representado por D. Del Valle Rodríguez):

  • Se anuncia el voto a favor de la toma en consideración, ya que el grupo parlamentario en Andalucía votó a favor de la iniciativa.
  • Se aprovecha la intervención para criticar al Gobierno y al Partido Popular en diversos aspectos de la gestión pública y la política.

• Grupo Parlamentario Socialista (representado por D. Losada Fernández):

  • Se apoya la proposición, pero se recuerda que el EBEP es básico y que las comunidades autónomas tienen competencias para legislar y concretar lo oportuno.
  • Se enfatiza que las reformas pendientes deben contar con el mayor acuerdo posible y diálogo social.
  • Se critica la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de discapacidad, sanidad y otras políticas sociales.

• Grupo Parlamentario Popular (representada por Dña. Ramírez Martín):

  • Se felicita la iniciativa y se destaca el compromiso del Partido Popular con la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
  • Se argumenta que la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública es una cuestión de justicia social y cohesión democrática.
  • Se critica la gestión del Gobierno central en materia de discapacidad y se mencionan reformas y logros del Partido Popular en este ámbito.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo general: Existe un amplio consenso y apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley, con la mayoría de los grupos parlamentarios mostrando su intención de votar a favor. Se reconoce la necesidad de mejorar el acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual.
• Matices y discrepancias:
  • El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) expresa su apoyo, pero plantea dudas sobre la imperatividad y exclusividad de las pruebas de situación, sugiriendo que las administraciones deberían tener más margen de decisión y que la reforma podría ubicarse en otro artículo del EBEP.
  • El Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista, si bien apoyan la iniciativa, critican la gestión del Partido Popular en Andalucía y la falta de aplicación de leyes en algunas comunidades, instando a la vigilancia y cumplimiento.
  • El Grupo Parlamentario VOX anuncia su voto a favor, pero utiliza la intervención para criticar al Gobierno y al Partido Popular en otros ámbitos.

En resumen, el debate se caracterizó por un fuerte respaldo a la iniciativa para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, aunque surgieron matices sobre la forma de implementación y la necesidad de garantizar su aplicación efectiva en todas las administraciones.

La Proposición de Ley de reforma parcial del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido admitida a trámite, y su autor es el Parlamento de Andalucía.

Se ha acordado que la Comisión de Hacienda y Función Pública se encargue de aprobar la propuesta de ley sobre el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, se abre un plazo de quince días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de modificación a esta ley.