Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones

Esta Proposición de Ley Orgánica busca modificar la Ley General Penitenciaria para otorgar el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. El objetivo principal es reforzar su autoridad y mejorar su seguridad ante el creciente número de agresiones registradas. La reforma propone que estos funcionarios sean considerados autoridad a efectos penales, que sus informes tengan presunción de veracidad y que se les proteja especialmente ante atentados. Además, se contemplan medidas para garantizar su separación de otros reclusos en caso de detención o ingreso en prisión. La iniciativa pretende dignificar la labor de estos profesionales y asegurar un servicio público penitenciario más eficaz y seguro.

A continuación, se presenta un resumen del debate de toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones (Número de expediente: 122/000081):

Resumen del Debate de Toma en Consideración:

El debate se centró en la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuyo objetivo es otorgar el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios mientras ejercen sus funciones.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Popular: Defendió la proposición argumentando que el reconocimiento como agentes de la autoridad es fundamental para reforzar la seguridad y la integridad de los funcionarios penitenciarios, quienes trabajan en entornos confinados y tensos, enfrentándose a situaciones de indisciplina, desobediencia y violencia. Señalaron que las agresiones a funcionarios han aumentado significativamente, y que este reconocimiento legal les equipararía a otros cuerpos de seguridad del Estado en términos de protección e indemnización por daños. También destacaron que el Secretario General de Instituciones Penitenciarias ha urgido a los grupos parlamentarios a aprobar esta medida.
• Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria): Votó a favor de la proposición, considerando que es una cuestión de importancia fundamental para el buen desempeño de la tutela penitenciaria efectiva. Apoyaron el reconocimiento como agentes de autoridad para elevar su protección laboral, reconocer sus riesgos e indemnizaciones en caso de agresión, y para otorgar presunción de veracidad a sus informes. Sin embargo, señalaron que esta medida no es la solución a todos los problemas del colectivo, como la atención a la salud mental o las carencias de personal y medios.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Anunció su voto favorable a la toma en consideración, señalando que llevan años considerando la conveniencia de reformar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Si bien consideran que el reconocimiento como agentes de la autoridad puede tener efectos simbólicos y prácticos para reforzar la autoridad y la estima de los funcionarios, también apuntaron que, a efectos penales, la protección no variaría sustancialmente respecto a la figura de funcionario público ya existente. Manifestaron que presentarán enmiendas para considerar otros aspectos como el número profesional, la separación de otros detenidos y el principio de indemnidad.
• Grupo Parlamentario Socialista: Apoyó el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias para otorgarles una protección real y efectiva. Señalaron que sus propuestas van más allá, incluyendo la identificación por número de registro profesional, la separación de otros detenidos, la protección por parte de la Administración (resarcimiento de daños), la presunción de veracidad y la necesidad de formación reglada. Criticaron la repetición de la proposición por parte del Grupo Popular, considerando que ya se había tomado en consideración una propuesta socialista más completa en junio.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Presentó una enmienda a la totalidad, defendiendo la competencia exclusiva de Cataluña en materia penitenciaria y advirtiendo contra cualquier intento de recentralización o invasión competencial. Consideraron que la propuesta estatal invade competencias de la Generalitat y que las respuestas más adecuadas a las realidades locales surgen desde el territorio.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Votó en contra de la proposición. Argumentaron que los datos comparados con países nórdicos, donde los funcionarios penitenciarios no son agentes de la autoridad, muestran menos agresiones. Consideraron la medida simbólica y populista, y que no soluciona el fondo del problema, que reside en la reinserción y rehabilitación, así como en la carencia de medios sanitarios y de personal. Señalaron que los funcionarios ya tienen una protección especial y que la medida podría generar desconfianza y abuso de poder.
• Grupo Parlamentario Republicano: Votó en contra, calificando la medida de populista y oportunista, y que incide más en las percepciones que en la realidad. Expresaron reservas competenciales y una sombra de centralismo. Sostienen que convertir a los funcionarios en agentes de autoridad no va en la dirección de la reinserción y podría generar distorsiones y abuso de poder. Señalaron que la jurisprudencia ya considera las agresiones a funcionarios como delito contra la autoridad.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Señalaron que la proposición del PP era más limitada que la que ya estaba en tramitación y que ignoraba problemas más importantes del sistema penitenciario. Consideraron que la propuesta reforzaba una tendencia populista de autoritarismo y que no se centraba en los verdaderos problemas, sino en algo que ya se estaba tramitando.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Acuerdo en la toma en consideración: La proposición de ley fue tomada en consideración por una amplia mayoría (295 votos a favor, 40 en contra y 11 abstenciones).
• Matices y críticas: Si bien hubo un acuerdo general en la necesidad de mejorar la protección y el reconocimiento de los funcionarios penitenciarios, surgieron matices importantes respecto a la forma de abordar la cuestión. Varios grupos criticaron la duplicidad de iniciativas legislativas sobre el mismo tema, la lentitud en la tramitación de la propuesta socialista anterior y la posible invasión de competencias autonómicas. También se puso de manifiesto un debate sobre si la medida era realmente efectiva para reducir la conflictividad o si era más bien simbólica y populista. Hubo discrepancias sobre el enfoque: algunos abogaron por medidas más integrales que abordaran la salud mental, la falta de personal y medios, mientras que otros defendieron la necesidad de un reconocimiento legal explícito como agentes de la autoridad.

En resumen, la proposición de ley fue tomada en consideración, evidenciando un consenso sobre la necesidad de mejorar la situación de los funcionarios penitenciarios, aunque con diferentes visiones sobre la mejor manera de lograrlo y las implicaciones de la medida propuesta.

La Proposición de Ley Orgánica para reconocer a los funcionarios de cuerpos penitenciarios como agentes de la autoridad ha sido admitida a trámite, y su autor es el Grupo Parlamentario Popular.

Se ha acordado que la Comisión de Interior elabore un informe sobre la propuesta de ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Además, se abre un plazo de quince días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de modificación a esta ley.