Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana

Esta Proposición de Ley Orgánica busca reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para equilibrar libertades y seguridad. Propone un enfoque garantista, priorizando los derechos fundamentales como la reunión y la expresión, y guiando la actuación policial por principios de derechos humanos. Se introducen mejoras en la identificación de personas, se amplían las garantías en el derecho de reunión y se revisa el régimen sancionador. Se reduce la gravedad de algunas infracciones, como la tenencia de drogas, y se ajustan las cuantías de las multas. Se fomenta la mediación y la reparación del daño, y se incorporan criterios de capacidad económica para la graduación de sanciones. Además, se busca mejorar la protección de colectivos vulnerables y se actualizan disposiciones relativas a extranjeros y controles fronterizos.

El grupo parlamentario que ha retirado su firma es: Grupo Parlamentario Republicano.

Esto significa que dicho grupo deja de ser coautor de la proposición y ya no respalda oficialmente su contenido, aunque la iniciativa puede continuar si otros grupos mantienen su apoyo.

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, en su número 74 de la XV Legislatura, correspondiente al martes 29 de octubre de 2024, recoge el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana (expediente 122/000131).

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la necesidad de reformar la ley actual, argumentando que limita el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y manifestación. Señalaron que la ley actual nació como respuesta a la contestación social y fue impulsada por el Partido Popular para controlar la crítica social. Argumentaron que la reforma busca no criminalizar el derecho de huelga, ampliar el derecho de manifestación, mejorar la transparencia de las fuerzas de seguridad y regular adecuadamente el rechazo en frontera.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Consideró la reforma una urgencia democrática para garantizar más libertades y mayor seguridad humana. Criticaron al Partido Popular y a la ultraderecha por recortar derechos civiles y libertades públicas bajo la apariencia de liberalismo. Destacaron que la nueva ley busca un modelo de seguridad más humano, orientado a la convivencia y a la solución alternativa de conflictos. Señalaron que se eliminarán sanciones injustificadas, se clarificarán otras y se introducirá un nuevo modelo de graduación de sanciones económicas basado en la capacidad económica del administrado.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Calificó la ley actual como un instrumento de represión ciudadana y un recorte de libertades. Argumentaron que la reforma busca ser un instrumento de garantía de las libertades ciudadanas y que la ley actual fue aprobada en solitario por el Partido Popular en un contexto de recortes sociales. Señalaron que la reforma busca dotar de mayor objetividad a los artículos sobre faltas de respeto y desobediencia, así como la sustitución progresiva de las pelotas de goma y la prohibición de las devoluciones en caliente.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Consideró la ley de seguridad ciudadana una "mala ley", gestada como respuesta autoritaria y de control ante el malestar social. Argumentaron que la ley hace prevalecer un concepto extensivo de seguridad sobre la protección de los derechos ciudadanos y libertades civiles. Señalaron que la ley traslada parte del derecho penal al derecho administrativo sancionador, con consecuencias graves para la ciudadanía.
• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): Apoyó la proposición para cooperar en una ágil tramitación, considerando que incorpora cambios significativos y válidos como punto de partida. Sin embargo, señalaron que la ley no representa una derogación plena de la ley del PP y que trabajarán en la tramitación para incorporar aspectos que garanticen el ejercicio de derechos democráticos esenciales.
• Grupo Parlamentario Republicano: Celebró que el PSOE haya entendido las demandas de Esquerra Republicana y otros grupos sobre la reforma necesaria de la ley. Consideraron que la ley mordaza fue una "canallada" o "purga política" y que el PP la endureció para reprimir movimientos populares. Señalaron que la ley actual es una "aberración política" y que el pecado original de la ley es que surge de la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (intervención de Alonso Cantorné): Criticó la concepción centralista del Partido Popular y su negación de la pluralidad. Señalaron que el PP votó a favor de la ley que ahora quiere modificar y que su iniciativa busca provocar confrontación política.
• Amnistía Internacional: Se menciona que esta organización envió una carta a todos los grupos parlamentarios pidiendo la aprobación de la toma en consideración, calificando la reforma como un paso en el buen camino, aunque no suficiente.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Criticó al Gobierno por estar "agotado" y "podrido", y por alquilarse al mejor postor para mantenerse en el poder. Acusaron al Gobierno de ceder ante Bildu en la rebaja de la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señalaron que la reforma supone un mayor riesgo para los agentes y que el Gobierno está dispuesto a pagar ese precio por seguir en sus cargos. Argumentaron que la ley vigente fue calificada por el Tribunal Constitucional como conforme a la Constitución y que no existe una "mordaza" inexistente. Consideran que la reforma pone "grilletes" a los servidores públicos y entrega la llave de estos a quienes más han atacado a la ciudadanía y al orden democrático.
• Grupo Parlamentario VOX: Calificó la proposición como la "ley de inseguridad ciudadana de los herederos políticos de los terroristas". Argumentaron que la ley abandona a su suerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y abona el terreno para más inseguridad, delincuencia y degradación. Señalaron que la ley es contradictoria con el precepto constitucional que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad la protección de los derechos y libertades. Consideran que la ley sacrifica la seguridad de los españoles y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el altar de Bildu y los separatistas.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

La proposición de ley fue aprobada en su toma en consideración por 176 votos a favor frente a 170 en contra.

Hubo un desacuerdo generalizado entre los grupos que defendieron la proposición (PSOE, SUMAR, EH Bildu, PNV, Mixto, Republicano) y los que se opusieron (PP, VOX). Los primeros argumentaron la necesidad de modernizar y garantizar derechos y libertades, mientras que los segundos criticaron la supuesta desprotección de las fuerzas de seguridad y la cesión a partidos nacionalistas.

Los grupos del PNV, EH Bildu, ERC y Junts per Catalunya expresaron matices, señalando que, si bien apoyaban la toma en consideración, consideraban la reforma insuficiente en algunos aspectos y anunciaron la presentación de enmiendas para mejorarla durante la tramitación parlamentaria. El PNV, en particular, expresó su desacuerdo con la forma en que se negoció el texto y se reservó el derecho a reconsiderar acuerdos.

La Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana ha sido admitida a trámite y sus autores son los Grupos Parlamentarios Socialista, Plurinacional SUMAR, Euskal Herria Bildu y Vasco (EAJ-PNV).

Se ha decidido que la propuesta de ley sobre protección de libertades y seguridad ciudadana sea estudiada por la Comisión de Interior. Además, se tramitará de forma urgente y se abre un plazo de ocho días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de modificación.

Resumen del Debate de Totalidad de la Proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana (Expediente 122/000131)

Este debate corresponde a la Proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana. Se presentaron dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo, una por parte del Grupo Parlamentario VOX y otra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Ambas enmiendas fueron rechazadas en la votación.

Argumentos principales a favor de la proposición de ley (implícitos en la defensa de la misma y en las intervenciones en contra de las enmiendas a la totalidad):

• Grupo Parlamentario Socialista: Defendió la necesidad de una ley que amplíe y proteja los derechos y libertades de la ciudadanía, al tiempo que dota de mayor garantía y seguridad jurídica a las fuerzas de seguridad. Se argumentó que la nueva ley pretende mejorar la protección de los ciudadanos y ofrecer un marco de certidumbre a las fuerzas de seguridad, con mecanismos más claros para su trabajo. Se destacó que la ley no elimina el material antidisturbios, sino que busca elementos menos lesivos, y que la desobediencia gana en claridad y objetividad. Se afirmó que el Gobierno socialista refuerza los derechos y medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a diferencia del Partido Popular.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Consideró que la proposición de ley supone un avance en libertades públicas y convivencia ciudadana, derogando la "ley mordaza". Se defendió la adecuación de la ley a estándares internacionales y la introducción de técnicas de persuasión y mediación para reducir el uso de la fuerza. Se argumentó que la ley busca el libre ejercicio de los derechos fundamentales y la preservación de la convivencia, en línea con las normas de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
• Grupo Parlamentario Mixto (representado por Catalán Higueras y Rego Candamil): Se mostró a favor de la derogación de la "ley mordaza" y de una ley que proteja los derechos de los ciudadanos y las libertades públicas. Se criticó la herencia "totalitaria y represiva" del Partido Popular y VOX.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Consideró positivo el avance en libertades y derechos, destacando la influencia de la proposición en organismos internacionales. Se defendió la necesidad de una ley que equilibre libertades y derechos, basándose en estándares internacionales.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Manifestó su voto en contra de las enmiendas a la totalidad del PP y VOX, considerando que la ley de seguridad ciudadana no combate ilícitos penales, sino administrativos, y que la lucha contra la criminalidad se rige por el Código Penal. Se señaló que la ley actual no se ha modificado sustancialmente en el pasado y se criticó la oposición del PP a la reforma.
• Grupo Parlamentario Republicano: Defendió el equilibrio entre seguridad y libertad como clave del debate y criticó la "ley mordaza" como una aberración democrática que produjo sufrimiento. Se apeló al PSOE a sumarse al "lado adecuado de la historia".

Argumentos principales en contra de la proposición de ley (defendidos por los grupos que presentaron enmiendas a la totalidad):

• Grupo Parlamentario VOX: Argumentó que la proposición de ley busca desproteger la seguridad ciudadana y las libertades de los españoles. Se criticó a los autores de la iniciativa, incluyendo al Gobierno y sus socios, acusándolos de odio a España, la libertad y el orden. Se afirmó que la ley pretende el control de las calles, limitar la autoridad de las fuerzas de seguridad, rebajar sanciones a comportamientos incívicos y delictivos (okupación, insultos a agentes, consumo de drogas en público), y abrir la puerta a la entrada irregular en Ceuta y Melilla. VOX presentó una enmienda para reforzar la devolución en frontera, la iniciación de expedientes de expulsión, elevar sanciones por obstrucción a las fuerzas de seguridad y okupación, y crear un protocolo de uso legítimo de la fuerza.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Calificó la proposición de ley como la "ley Otegi" y la "ley de Bildu", argumentando que favorece la inseguridad ciudadana y ataca a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se criticó la supuesta pérdida de autoridad de los agentes, el aumento de agresiones, la disminución de sanciones y la eliminación del uso de pelotas de goma. Se afirmó que la ley actual es constitucional y que no existe justificación para su reforma. El PP defendió la vigencia de la ley de 2015 y pidió reforzar la autoridad de los agentes.

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

• Desacuerdo total: Existió un desacuerdo fundamental entre los grupos que defendieron la proposición de ley (PSOE, SUMAR, Mixto, EH Bildu, PNV, ERC) y los que presentaron enmiendas a la totalidad (VOX y PP).
• Rechazo de las enmiendas a la totalidad: Ambas enmiendas a la totalidad, presentadas por VOX y el PP, fueron rechazadas en la votación, lo que permitió que la proposición de ley continuara su tramitación parlamentaria.
• Críticas cruzadas: Hubo fuertes críticas y descalificaciones entre los grupos, especialmente entre VOX y PP por un lado, y PSOE, SUMAR, EH Bildu y otros por el otro, en relación con la interpretación de la seguridad, la libertad, la actuación de las fuerzas de seguridad y la historia política de España.
• Matices en la defensa de la ley: Si bien la mayoría de los grupos que apoyaron la proposición coincidieron en la necesidad de derogar la "ley mordaza" y avanzar en derechos, hubo matices en cuanto al alcance de la reforma y la necesidad de seguir trabajando en futuras mejoras.

Resumen de la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana

Advertencia: Este es un resumen incompleto debido a la extensión del documento original y la imposibilidad de acceder a la totalidad de su contenido.

La Proposición de Ley Orgánica tiene como objetivo principal la protección de las libertades y la seguridad ciudadana, buscando actualizar y mejorar el marco normativo existente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía, al tiempo que se asegura la paz en la vida pública. Se concibe la seguridad ciudadana como un elemento esencial del Estado de Derecho, superando concepciones autoritarias y anclándose en el pleno respeto a los derechos humanos.

Puntos Clave:

• Objetivos:
  • Garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía.
  • Promover la paz en la vida pública y la convivencia ciudadana.
  • Superar concepciones autoritarias de seguridad ciudadana.
  • Establecer un marco normativo que facilite el ejercicio de derechos y libertades.
  • Remover obstáculos que impidan el libre ejercicio de derechos fundamentales.
  • Prevenir y sancionar ilícitos penales y administrativos.
  • Garantizar la transparencia en la actuación de los poderes públicos.
• Ámbito de Aplicación: La ley es aplicable en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas en materia de seguridad pública. Quedan fuera de su ámbito las normativas específicas de seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial, defensa nacional y estados de alarma, excepción y sitio.
• Estructura General / Propuestas destacadas: La iniciativa se estructura en capítulos que abordan disposiciones generales, identificación de personas, actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, potestades especiales de policía administrativa de seguridad y el régimen sancionador. Se destacan modificaciones para un enfoque más garantista, la inclusión de la lengua cooficial en el DNI, la posibilidad de entrada en domicilio para salvamento de animales, mayores garantías en identificaciones y controles, y una reforma del régimen sancionador con criterios de proporcionalidad y capacidad económica.
• Otros elementos relevantes: Se hace hincapié en la interpretación y aplicación de la norma de manera favorable a los derechos fundamentales, especialmente en los derechos de reunión, manifestación, libertad de expresión, libertad sindical y derecho de huelga. Se subraya el principio de proporcionalidad como equilibrio entre libertad y seguridad, primando la primera.

Resumen de Enmiendas:

Se han presentado numerosas enmiendas por parte de diversos grupos parlamentarios (Popular, VOX, Vasco - EAJ-PNV, Mixto - UPN, Mixto - BNG, Republicano, Plurinacional SUMAR, Junts per Catalunya, Socialista) que buscan modificar, suprimir o añadir disposiciones a la iniciativa original. Las enmiendas se agrupan en:

• Modificaciones de texto y redacción: Se proponen ajustes para mejorar la claridad, precisión y coherencia jurídica de diversos artículos, incluyendo aquellos relacionados con la identificación de personas, controles en vía pública, registros corporales, reuniones y manifestaciones, y el régimen sancionador.
• Cambios en el régimen sancionador: Se proponen modificaciones en la tipificación de infracciones (leves, graves, muy graves), la graduación de sanciones, la prescripción de infracciones y sanciones, y la aplicación de criterios de capacidad económica.
• Refuerzo de garantías y derechos: Varias enmiendas buscan fortalecer las garantías para el ejercicio de derechos fundamentales como la reunión y manifestación, la libertad de expresión, y la protección de datos. Se proponen medidas para evitar la discriminación en identificaciones y para mejorar la transparencia en la actuación policial.
• Supresión de preceptos: Un número significativo de enmiendas, especialmente del Grupo Popular, proponen la supresión de artículos y disposiciones introducidas por la proposición de ley, buscando mantener la vigencia de la Ley Orgánica 4/2015 en su redacción original.
• Modificaciones en materia de extranjería y fronteras: Se presentan enmiendas que afectan al régimen especial de Ceuta y Melilla y a la tramitación de solicitudes de asilo, buscando mayor alineación con el derecho internacional.
• Uso de material antidisturbios: Se proponen enmiendas para regular el uso de la fuerza y material antidisturbios, incluyendo la sustitución progresiva de las "balas de goma" y la prohibición de ciertos proyectiles.
• Otros aspectos: Se incluyen enmiendas sobre la cooperación interadministrativa, el valor probatorio de las declaraciones de agentes, la mediación policial, la transparencia en estadísticas de seguridad, y la modificación de otras leyes relacionadas.

Resumen Final:

La proposición de ley busca una modernización de la legislación de seguridad ciudadana con un enfoque más garantista y respetuoso con los derechos fundamentales. Sin embargo, la gran cantidad y diversidad de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios evidencian un amplio debate y divergencias significativas sobre el alcance y la orientación de los cambios propuestos, especialmente en lo referente al régimen sancionador, las facultades de identificación y control policial, y la regulación de reuniones y manifestaciones. La oposición, representada principalmente por el Grupo Popular y VOX, presenta enmiendas a la totalidad que buscan la supresión de la mayor parte de las modificaciones propuestas, defendiendo la vigencia de la ley de 2015.