Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles

Esta Proposición de Ley busca agilizar y hacer más eficaces los procesos de desocupación de inmuebles ilegalmente ocupados. Propone modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir desalojos urgentes en 48 horas, considerando los delitos de ocupación como flagrantes y facilitando el enjuiciamiento inmediato. Se busca diferenciar claramente estos casos de los desahucios por impago de alquiler. Además, se modifica un Real Decreto-ley para suspender temporalmente los lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2025, bajo condiciones específicas. La iniciativa también suprime la competencia del Tribunal del Jurado en allanamientos de morada y ajusta la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar dilaciones indebidas en la recuperación de la posesión.

Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles (Expediente 122/000150)

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles, presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.

Argumentos a favor:

• Junts per Catalunya (Grupo proponente): Defendió la necesidad de la proposición para abordar el grave problema de la ocupación ilegal de inmuebles, que afecta especialmente a Cataluña, y que genera inseguridad y problemas de convivencia. Se destacó que la legislación actual es ineficaz y lenta. La propuesta busca agilizar la recuperación de la posesión del inmueble por parte del propietario, equiparando las medidas a las de otros países europeos, y sin aumentar las penas, sino mejorando los mecanismos penales y civiles para una recuperación rápida. Se enfatizó que la vivienda debe ser una nueva pata del estado del bienestar, y que los poderes públicos deben garantizar el acceso a ella, sin que la protección de la vulnerabilidad recaiga únicamente en los particulares.
• Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García): Se coincidió en que nadie tiene derecho a ocupar la vivienda de otro y que existen grupos organizados que se lucran con estas prácticas. Se subrayó la necesidad de que la justicia tenga herramientas para combatir la usurpación y el allanamiento de morada, y que se debe compatibilizar el derecho a la vivienda con el derecho del propietario, asumiendo la Administración pública la responsabilidad cuando no puede dar respuesta a familias vulnerables.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Sr. Legarda Uriarte): Se apoyó la proposición al considerar que el ordenamiento jurídico actual no tiene una respuesta ágil y eficiente para la recuperación de inmuebles. Se destacó la preocupación ciudadana y la necesidad de revisar el ordenamiento jurídico, protegiendo el derecho a la propiedad privada sin desatender la situación de vulnerabilidad de los ocupantes, cuya responsabilidad recae en los poderes públicos.
• Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Sra. Agüera Gago): Se criticó la parálisis del Gobierno ante la ocupación ilegal, afirmando que existe una ley del Partido Popular lista para ser debatida y aprobada que acabaría con el problema. Se señaló que la ocupación ilegal afecta a propietarios, vecinos, la convivencia y la seguridad, y que los okupas actúan con impunidad, sintiéndose amparados por las leyes y la izquierda. Se destacó que la ocupación ilegal afecta al mercado del alquiler por la inseguridad que genera y que el Gobierno no está tomando medidas eficaces.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (Sr. Matute García de Jalón): Se votó en contra de la proposición, argumentando que busca generar un estado de temor y ansiedad en la población, sobredimensionando un problema que afecta a un porcentaje mínimo de la población. Se señaló que la iniciativa pretende equiparar el allanamiento de morada con la usurpación y que el problema real es la falta de vivienda y la precariedad en el acceso a ella. Se criticó que la propuesta prima el negocio sobre el derecho a la vivienda y que interfiere con la Ley de Vivienda del Parlamento Vasco.
• Grupo Parlamentario Republicano (Sra. Estrems Fayos): Se expresó que la proposición es una maniobra de distracción del problema real, que es la solución a la crisis de acceso a la vivienda. Se afirmó que la ley ya contempla mecanismos para desalojar en 48 horas, pero que el sistema judicial está colapsado. Se consideró que la propuesta equipara la violación de domicilio con la usurpación de viviendas vacías, lo cual no es correcto, y que la verdadera solución pasa por políticas de vivienda y regulación de alquileres.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (Sr. Pisarello Prados): Se rechazó la proposición, calificándola de mezquina y cínica, y argumentando que busca enfrentar a pobres contra pobres para ocultar la desigualdad y la concentración de riqueza. Se señaló que la ocupación ilegal ya está tipificada como delito y que el principal problema de la vivienda son los desahucios anuales protagonizados por bancos y fondos buitre. Se criticó que la propuesta no aborda el uso antisocial de la propiedad y que se centra en el problema de la ocupación en lugar de en la falta de vivienda.
• Grupo Parlamentario VOX (Sr. Hernández Quero): Se criticó el negacionismo de la izquierda sobre la ocupación, afirmando que ha destrozado el mercado de alquileres y ha llevado a una situación límite a los barrios humildes. Se cuestionó la falsedad de los datos que maneja la izquierda y se señaló que la ocupación afecta a los vecinos, generando vandalismo, problemas de convivencia y entornos tomados por las mafias. Se argumentó que la tolerancia con la ocupación lleva al desplome de la oferta de pisos y que el Estado que no garantiza la propiedad no es digno de tal nombre. Se criticó la falta de medidas estructurales y la priorización de la propaganda sobre soluciones reales.
• Grupo Parlamentario Socialista (Sr. Hita Téllez): Se reconoció la importancia de proteger el derecho a la propiedad privada, pero se señaló que la proposición no es una solución en sí misma al problema de la vivienda. Se afirmó que el delito de allanamiento y usurpación ya están contemplados en el Código Penal y que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan de forma urgente. Se defendió la Ley de Vivienda como una medida eficaz y se criticó la postura del PP y VOX de "cuanto peor, mejor".

Acuerdo, desacuerdo o matices relevantes:

La proposición de ley fue aprobada en su toma en consideración por 300 votos a favor frente a 44 en contra.

Hubo un amplio consenso en la necesidad de abordar el problema de la ocupación ilegal de inmuebles, aunque existieron profundas discrepancias sobre las causas, la magnitud del problema y las soluciones propuestas.

• Los grupos de derecha y extrema derecha (PP, VOX, Junts per Catalunya) enfatizaron la gravedad del problema, la necesidad de medidas urgentes y la protección del derecho a la propiedad privada.
• Los grupos de izquierda (Euskal Herria Bildu, Republicano, SUMAR, Mixto) cuestionaron la magnitud del problema, lo vincularon a la crisis de la vivienda y criticaron la orientación de la propuesta, pidiendo un enfoque en políticas sociales y de acceso a la vivienda.
• El Grupo Parlamentario Socialista apoyó la toma en consideración, pero matizó que la proposición no era una solución completa al problema de la vivienda y que debía compatibilizarse con el derecho de acceso a la misma.

En resumen, si bien hubo acuerdo en la necesidad de debatir la cuestión, las diferentes visiones sobre cómo abordar el problema de la ocupación ilegal de inmuebles marcaron un debate con posturas encontradas.

La Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles ha sido admitida a trámite, y su autor es el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.

Se ha decidido que la Comisión de Justicia estudiará la propuesta de ley sobre ocupación ilegal de viviendas. Además, se abre un plazo de 15 días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten sus propuestas de modificación a esta ley.