Proposición de Ley Orgánica para garantizar el funcionamiento de las secciones de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias provinciales en materia de violencia sobre la mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados destinados en ellas

Esta Proposición de Ley Orgánica busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer garantizando el funcionamiento y la especialización de los órganos judiciales. Propone que las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia sean consideradas de naturaleza penal para la provisión de plazas, priorizando a jueces y magistrados con experiencia y formación específica. Se modifican artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para clarificar competencias y criterios de acceso a plazas especializadas. La iniciativa también insta al Gobierno a incrementar medios, personal y formación especializada para estos órganos y para el Ministerio Fiscal, con el objetivo de mejorar la eficacia judicial y la atención a las víctimas.

Aquí tienes el resumen del debate de toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica para garantizar el funcionamiento de las secciones de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias provinciales en materia de violencia sobre la mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados destinados en ellas (Número de expediente: 122/000149):

Resumen del Debate de Toma en Consideración

La Proposición de Ley Orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, buscaba garantizar el funcionamiento de las secciones judiciales especializadas en violencia sobre la mujer y la especialización de sus jueces y magistrados.

Argumentos a favor:

• Grupo Parlamentario Popular: Defendió la iniciativa argumentando que la violencia contra la mujer es la manifestación más cruel de desigualdad. Señalaron que los juzgados especializados son una herramienta eficaz, pero que muchos ya sufren una sobrecarga de trabajo. Criticaron la Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia del Gobierno, que, a su juicio, relega a los jueces no especialistas y podría provocar el colapso judicial y la desprotección de las víctimas al ampliar las competencias de estos juzgados sin los recursos necesarios. Subrayaron la necesidad de especialización y de más recursos, tal como recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Apoyó la toma en consideración de la iniciativa, aunque con matices. Reconocieron la necesidad de abordar la cuestión de los juzgados especializados y la problemática de los jueces que, al ser considerados "mixtos", quedan bloqueados en sus plazas. Si bien apoyaron la iniciativa por respeto a los profesionales de la justicia, señalaron que no contarían con su apoyo para modificaciones en el ámbito competencial o para otras cuestiones que planteara la proposición.
• Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: Compartió la preocupación por el déficit de los juzgados especializados y el riesgo de colapso derivado de la ampliación de competencias. Señalaron que la ley de eficiencia aprobada previamente carecía de estudios de impacto y previsiones presupuestarias, y que la situación actual es inasumible, especialmente en áreas pobladas como Barcelona o Girona. Apoyaron la iniciativa para dar solución a los problemas de la justicia, aunque manifestaron que la ley aprobada previamente no era la solución.
• Grupo Parlamentario VOX: Criticó la ley de eficiencia del Gobierno, calificándola de "disparate total". Argumentaron que la proposición del PP buscaba excluir delitos como matrimonios forzados, mutilación genital femenina y trata de seres humanos de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer para lograr una mayor especialización y descongestión. Vinculó la existencia de estos delitos a la inmigración y criticó la política del Gobierno, a la que acusó de priorizar la ideología sobre la protección de las mujeres. Consideraron que la violencia machista era un argumento "infantil" y que las leyes de género y del "solo sí es sí" habían fracasado.

Argumentos en contra:

• Grupo Parlamentario Mixto (BNG): No apoyó la iniciativa, a pesar de estar de acuerdo en la necesidad de especialización. Consideraron que la proposición suponía dar pasos atrás respecto a lo ya incorporado en la Ley de Eficiencia, que permitía juzgar de forma integral todas las violencias contra las mujeres, incluyendo los delitos de carácter sexual.
• Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu: Votó en contra de la toma en consideración. Señalaron que la proposición del PP era un "mundo al revés" y que venía de un partido que pactaba con "negacionistas". Consideraron que la ley de eficiencia suponía avances en la atención a las víctimas y que la ampliación de competencias, aunque pudiera generar saturación, era necesaria para una respuesta integral.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: Votó en contra de la iniciativa, calificándola de "hipócrita" y "partidista". Señalaron que la propuesta llegaba tarde y que el problema de la especialización ya estaba siendo abordado por otras vías. Criticaron al PP por haber votado en contra de una enmienda similar en el Senado y acusaron al partido de utilizar la violencia machista con fines partidistas.
• Grupo Parlamentario Socialista: Votó en contra de la proposición. Argumentaron que el PP llegaba tarde y que su solución de quitar competencias a los juzgados especializados era "ridícula". Defendieron que la solución pasaba por más recursos y por la especialización, algo que el Gobierno ya estaba impulsando. Criticaron al PP por su contradicción y por poner en duda el Convenio de Estambul y la ampliación del concepto de violencia de género.

Acuerdo/Desacuerdo:

Hubo un desacuerdo generalizado en la toma en consideración de la proposición de ley. La mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo el Grupo Socialista, SUMAR, Euskal Herria Bildu y el BNG, votaron en contra, argumentando que la iniciativa llegaba tarde, era insuficiente, o incluso contraproducente, y que las soluciones propuestas por el PP no abordaban adecuadamente el problema o contradecían avances legislativos recientes. El Grupo Vasco (EAJ-PNV) apoyó la toma en consideración por respeto a los profesionales de la justicia, pero con importantes reservas. El Grupo Popular defendió su propuesta como necesaria para corregir lo que consideraban una "chapuza legislativa" del Gobierno, mientras que VOX criticó la ley de eficiencia y la política del Gobierno en materia de violencia de género.

Resultado de la votación:

La proposición de ley fue rechazada con 149 votos a favor y 196 en contra.

Resultado iniciativa: Rechazada