Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal

Esta Proposición de Ley busca modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para abordar la ocupación ilegal de viviendas y la inmigración ilegal. Su objetivo principal es impedir que quienes ocupan ilegalmente inmuebles o residen sin permiso en España puedan inscribirse en el padrón municipal.

Los puntos clave incluyen la exigencia de justo título o autorización del propietario para empadronarse en un inmueble, y la anotación expresa de la situación de ilegalidad para quienes residen irregularmente en el país. Las inscripciones realizadas sin la debida legitimación serán declaradas nulas de pleno derecho, sin que otorguen derecho alguno a los afectados. La iniciativa se ampara en las competencias estatales para garantizar la igualdad y las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal (Expediente 122/000039)

En el Pleno del Congreso de los Diputados se debatió la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, que buscaba modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para alterar el padrón municipal en casos de ocupación ilegal de viviendas e inmigración irregular.

Argumentos a favor (Grupo Parlamentario VOX):

• El representante de VOX, el señor Hoces Íñiguez, argumentó que la proposición de ley pretendía terminar con los beneficios que, según su criterio, se otorgan a la inmigración ilegal y a la ocupación de viviendas.
• Señaló que España enfrenta un "trágico problema de inmigración ilegal" y un "grave problema de okupación", que importan inseguridad, delincuencia y deterioro de los servicios públicos, además de atentar contra la identidad y cultura españolas.
• Acusó a los grupos de la izquierda de negarse a establecer normas y políticas necesarias para acabar con las "políticas de efecto llamada" y su "extrema tolerancia con la okupación".
• Afirmó que en España "faltan casas, sobran inmigrantes ilegales y se multiplican los okupas", y que la legislación actual ampara, estimula y promueve situaciones de ilegalidad.
• Denunció que los empadronamientos de inmigrantes ilegales y okupas otorgan efectos positivos y acarrean mayores niveles de inseguridad y deterioro de los servicios públicos, con un coste estimado de 30.000 millones de euros para los españoles.
• VOX defendió la necesidad de "patria, seguridad y preferencia nacional", y propuso medidas para terminar con la inmigración ilegal, la inseguridad y la entrega de dinero público a la inmigración ilegal.

Argumentos en contra (Otros Grupos Parlamentarios):

• Grupo Parlamentario Mixto (señora Velarde Gómez): Cuestionó la terminología de "inmigración ilegal", señalando que no existe en el ordenamiento jurídico y que se refiere a personas en situación irregular. Criticó la iniciativa de VOX por considerarla una "pantomima" mal redactada y por suponer un desconocimiento de la obligación de empadronamiento para ciudadanos y administraciones. Argumentó que la propuesta invade competencias de la Administración General del Estado y es inconstitucional por afectar a derechos humanos.
• Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (señor Legarda Uriarte): Manifestó su voto contrario, reiterando argumentos de debates anteriores. Consideró que el ordenamiento jurídico no tiene la "grieta" que señala VOX respecto al padrón municipal, ya que la ley y el reglamento ya exigen la comprobación de la veracidad de los datos y la legitimidad de la ocupación de la vivienda. Criticó los discursos de VOX por considerarlos "tóxicos" y por asociar inmigración y delincuencia.
• Grupo Parlamentario Republicano (señor Salvador i Duch): Votó en contra, calificando la proposición de ley de "enmienda de máxima crueldad" que desprecia los derechos humanos y ataca a los más débiles. Argumentó que la ley castiga a cualquier persona sin contrato de alquiler formal y a familias pobres, negándoles derechos administrativos, sanitarios y educativos. Señaló que la propuesta incumple la propia Ley de Bases del Régimen Local, que obliga al empadronamiento.
• Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (señor Vidal Matas): Criticó la propuesta de VOX por ser un intento de perjudicar a los más débiles y hacerles la vida más difícil, asociando la inmigración irregular con la delincuencia. Señaló que la propuesta de marcar una casilla para personas irregulares es el primer paso hacia la discriminación y la exclusión.
• Grupo Parlamentario Socialista (señora Guijarro Ceballos): Votó en contra, calificando la proposición de ley de "despropósito racista" y de discurso de odio. Argumentó que ninguna persona es ilegal y que las migraciones son un fenómeno histórico. Criticó la falta de datos objetivos y el uso de bulos por parte de VOX, y señaló que la okupación es un problema menor (0,05% de las viviendas) y que la propuesta de VOX busca crear una "lista negra" de personas no deseadas.
• Grupo Parlamentario Popular (señora Acedo Reyes): Anunció el voto favorable, argumentando que la proposición de ley busca impedir que la inscripción en el padrón sea utilizada de manera fraudulenta tanto por okupas como por inmigrantes en situación administrativa irregular. Señaló que la ley en vigor ya establece que el empadronamiento no constituye prueba de residencia legal ni otorga nuevos derechos. Criticó al PSOE por no estar de acuerdo con estas medidas, interpretando que están de acuerdo con que los okupas utilicen el padrón.

Resultado de la votación:

La proposición de ley no se tomó en consideración por 169 votos a favor y 174 en contra.

Resultado iniciativa: Rechazada